El régimen sancionador de la ley de vivienda es uno de los compromisos que el PSC adquirió con los comunes a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Cinco meses después de convertirse en el jefe de Gobierno, se ha cumplido esta condición sine qua non dentro del plazo que los comunes habían puesto, que terminaba a finales de enero, y que debía permitir negociar los presupuestos –aunque ERC se ha descolgado y el ejecutivo ya asume que este año no habrá presupuestos–. Lo ha anunciado la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa este lunes por la tarde después de celebrar una reunión en la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica con la titular del Departamento y también portavoz del ejecutivo , Silvia Paneque. Se han pactado nuevas multas "muy graves" de entre 90.000 y 900.000 euros para aquellos propietarios que esquiven de forma flagrante el tope en el alquiler que fija la ley.