En plena crisis de la vivienda, el Govern ha hecho de la vivienda de protección oficial (HPO) uno de sus proyectos bandera. Este viernes el PSC y los comunes han presentado una proposición de ley para acelerar la creación de vivienda de protección oficial que incluye cinco medidas, una de las cuales es dar la opción de convertir locales comerciales, oficinas y hoteles en pisos protegidos a los propietarios que estén interesados. Según fuentes próximas a la negociación, "si todo fuera bien y todo el paquete de medidas funcionara" podría servir para incorporar hasta 20.000 pisos. "Era una prioridad ineludible ampliar el parque de vivienda protegido y garantizar que la vivienda cumpla su función esencial de ser un hogar", ha defendido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentación conjunta de esta normativa junto a la líder de Comuns, Jéssica Albiach.

La falta de vivienda asequible no sólo preocupa a Barcelona. También afecta a su área metropolitana, donde la imposibilidad para encontrar piso a un precio aceptable se extiende como una mancha de aceite. Con un mercado inmobiliario disparado, la capital catalana y los 35 municipios que le rodean sólo disponen de un 1,8% de alquiler social, una proporción que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lleva años trabajando para incrementar e intentando reactivar un sector que se encogió a raíz de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. "Estamos en el 20% de lo que se producía antes", remarca el gerente del AMB, Ramon Torra.

"Las personas interesadas en participar en el procedimiento de adjudicación tendrán que cumplimentar el modelo de solicitud y enviarlo a la dirección de correo electrónico. A medida que se vayan recibiendo las solicitudes el promotor realizará un listado, ordenando -los estrictamente por orden de entrada". Estas dos frases están extraídas de un anuncio de venta, una promotora privada, unos pisos de protección oficial (VPO). La empresa promotora asegura, en conversación con el ARA, que "siguió las bases de adjudicación que marca la Generalitat".