Miquel ha ganado Goliat. Un concejal de un pequeño pueblo del Pirineo ha vencido al Estado. Lo ha vencido en los tribunales, donde ha llevado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para retirarle la pensión por cobrar una remuneración a tiempo parcial como concejal. Y lo ha logrado defendiéndose él mismo después de sacarse la carrera de derecho con 66 años. El Estado le retiró el pago de la prestación por incapacidad permanente total, de 943 euros, al considerar que era "incompatible con un cargo público representativo con carácter retribuido", de acuerdo a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Miquel Dalmau es uno de los concejales en el gobierno que menos cobran en Catalunya. El Ayuntamiento de Cava (Alt Urgell) le ha otorgado en este último semestre 240 euros, que representan 40 euros al mes. Sólo cobra dietas en concepto de kilometraje por desplazamientos. "Salgo perdiendo dinero porque Cava es un pueblo con tres núcleos diseminados y el Ayuntamiento está en Ansovell, que está a 9 km de mi casa, con un desnivel de 600 metros", dice resignado. El concejal de ERC ha optado por acogerse al régimen de asistencias y renunciar a la dedicación parcial que tenía desde que entró en el gobierno, en agosto del 2023. Todo ello para no perder la pensión.