La Generalitat no ha impuesto ninguna multa contra pisos vacíos desde la aprobación de la medida hace tres años, según ha avanzado La mañana de Catalunya Ràdio. En marzo del 2022, el Parlamento modificó la ley de vivienda para capacitar al Gobierno para multar a los grandes tenedores que tuvieran pisos vacíos durante, al menos, dos años. Sin embargo, desde entonces ni el ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) ni el actual de Salvador Illa (PSC) han hecho uso de esta potestad, según ha informado el matinal de la radio pública. Ayuntamientos como el de Barcelona, ​​por el contrario, sí han impuesto sanciones por viviendas no ocupadas.

Lo hemos visto con la Casa Orsola. Un episodio más, esta vez con final feliz para los inquilinos y muchas preguntas sobre el futuro de las otras Casas Orsola que hay en Barcelona. Una flor no hace verano. Explicamos cada día una crisis residencial con muchas aristas, con una amplísima casuística. Hoy mismo recogemos la triste realidad de un estudiante de FP –un muy buen estudiante– de origen marroquí que ha tenido que vivir en la calle: la ayuda de los profesores le ha salvado y ahora está pendiente de una solución más estable. Es un caso extremo. Otros mucho más cotidianos y menos dramáticos, pero igualmente preocupantes: muchos jóvenes de familias de clase media (entendida como un amplio cajón de sastre) que no pueden emanciparse porque los precios están disparados. Los topes de las zonas tensionadas han frenado el alza, pero no es suficiente. La oferta no crece. El turismo y los inversores extranjeros siguen tensando el mercado al alza. Y se mantiene un importante volumen de pisos vacíos.