La fiscalización del padrón se ha convertido en uno de los principales brazos armados de los ayuntamientos que pregonan un discurso más duro y radical contra la inmigración. Ripoll es un ejemplo paradigmático, con el gobierno de extrema derecha de Silvia Orriols, que ha promovido medidas muy estrictas para restringir el acceso al empadronamiento a personas recién llegadas, acusándolas de querer acceder de forma fraudulenta a los servicios básicos. Pero no es el único caso a la orden del día. En 2024, este Ayuntamiento dio de baja hasta 804 personas. desempadronamiento se realizó mediante una intensa campaña de control de los "agentes verificadores" del consistorio, realizando visitas puerta a puerta para comprobar el domicilio de todas las personas que, según el gobierno municipal, presentaban indicios de fraude. Esta operación masiva de bajas en el padrón, aunque ha sido presentada por el consistorio como una iniciativa muy positiva para regular el domicilio y el acceso a los servicios de todos los habitantes de la ciudad, ha generado muchas críticas entre el tercer sector.