Juntos continúa con la cuestión de la seguridad entre ceja y ceja. Es el principal caballo de batalla de los alcaldes y concejales del partido de Carles Puigdemont, quien, a año y medio de las elecciones municipales, focalizan sus esfuerzos en combatir la delincuencia en los municipios. Este lunes por la mañana, varios cargos del mundo local de la demarcación gerundense, entre ellos la vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, y el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, se han reunido para hablar de inseguridad y multirreincidencia. "Es un tema que la ciudadanía nos pide que abordemos. Hay que hablar desde el rigor y sin caer en el alarmismo. Que te puedan robar el móvil o estirar el bolso en la calle genera mucha sensación de inseguridad", explica Gemma Geis, ante la nueva comisaría del barrio gerundense de Santa Eugenia.

El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, un cargo relevante a escala municipal de Junts, atiende al ARA para abordar las problemáticas de las ciudades medias de Catalunya y hablar también de la política nacional y estatal.

Paso adelante por trasladar la estación de tren del centro de Figueres, a donde llegan los trenes de Cercanías y media distancia, hasta el emplazamiento actual de la alta velocidad, en la frontera con Vilafant. Este lunes, el departamento de Territorio y el ministerio de Transportes, junto a los ayuntamientos de Figueres y de Vilafant y Adif, han firmado el protocolo que formaliza el acuerdo de la nueva infraestructura, que ya se pactó el pasado febrero en el marco de la Comisión Bilateral de Infraestructuras Estado-Generalitat. El proyecto prevé unificar en una única estación intermodal los servicios de alta velocidad, Cercanías y media distancia y permitir así el desmantelamiento de las vías que actualmente atraviesan el centro urbano. El protocolo firmado es el paso previo a la formalización del convenio de financiación ya la licitación de las obras, prevista para este otoño, cuya inversión total superará los 150 millones de euros.

La fiscalización del padrón se ha convertido en uno de los principales brazos armados de los ayuntamientos que pregonan un discurso más duro y radical contra la inmigración. Ripoll es un ejemplo paradigmático, con el gobierno de extrema derecha de Silvia Orriols, que ha promovido medidas muy estrictas para restringir el acceso al empadronamiento a personas recién llegadas, acusándolas de querer acceder de forma fraudulenta a los servicios básicos. Pero no es el único caso a la orden del día. En 2024, este Ayuntamiento dio de baja hasta 804 personas. desempadronamiento se realizó mediante una intensa campaña de control de los "agentes verificadores" del consistorio, realizando visitas puerta a puerta para comprobar el domicilio de todas las personas que, según el gobierno municipal, presentaban indicios de fraude. Esta operación masiva de bajas en el padrón, aunque ha sido presentada por el consistorio como una iniciativa muy positiva para regular el domicilio y el acceso a los servicios de todos los habitantes de la ciudad, ha generado muchas críticas entre el tercer sector.