En esta legislatura española ha habido varias cesiones competenciales en Cataluña, pero existe una pactada este año que también puede tener un impacto significativo: la competencia de gestión integral de los secretarios e interventores municipales. Por un lado, la acordaron Junts y el PSOE el pasado viernes de mayo con una enmienda transaccional, a través de una nueva disposición adicional a la ley de bases de régimen local en la tramitación de la ley estatal de función pública. Sin embargo, la Generalitat ya había arrancado el compromiso de traspaso en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de febrero, aunque debe concretarse a lo largo del año.

Todos nos quejamos de la burocracia administrativa y tendemos a cargar las culpas contra la idea del funcionario perepuñetas o contra el político torpe. Y nos quedamos bien descansados. Pero, si somos honestos, también conocemos buenos servidores públicos que hacen un trabajo callado y poco visible, y sin los que las cosas saldrían aún peor. La administración que tenemos más cerca, la municipal, suele ser el burro de los golpes. En Cataluña, además, existe un minifundismo administrativo municipal, con 947 ayuntamientos. Son muchos. Seguramente demasiado. A efectos de eficacia y economía de escala, habría que agrupar algunos. Se intentó hace 25 años con el llamado Informe Roca, pero los partidos no se atrevieron y ha persistido la política de campanario. Con las consiguientes disfunciones y carencia endémica de recursos y profesionales. Cuesta mucho hacer rodar bien todos los engranajes de una administración, y cuando es muy pequeña no puede hacerlo todo.