En un momento de transformación global acelerada, donde la innovación tecnológica, la transición ecológica y los nuevos modelos económicos redefinen las relaciones entre ciudadanos, la arquitectura legal que sustenta nuestras sociedades a menudo se convierte en una rémora más que una herramienta útil. En Cataluña crece el debate sobre la necesidad de revisar, actualizar o incluso eliminar aquellas leyes que han quedado obsoletas o que impiden el desarrollo productivo y el aprovechamiento del talento. Es una cuestión de racionalidad jurídica pero también de justicia social, eficiencia administrativa y competitividad económica.