Fue un compromiso adquirido por el gobierno de Salvador Isla pactado con los comunes. Y este fin de semana ha entrado en vigor: el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPi AJD), que grava las transacciones mobiliarias e inmobiliarias de segunda mano, se encarece para los inmuebles de más de 600.000 euros y se duplica, hasta el 20%, para las compras de edificios y de grandes tenedores, como fondos o grandes inmobiliarias. La norma catalana entiende como grandes tenedores a quienes tienen más de 10 inmuebles o una superficie construida por viviendas de más de 1.500 metros cuadrados, pero se rebaja a partir de más de cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas por la Generalitat, es decir, donde se regulan los precios. En Cataluña existen 271 municipios con esta regulación, entre ellos Barcelona. Estos incrementos se incluyeron en un decreto del pasado marzo convalidado en mayo y que preveía su entrada en vigor a los tres meses, es decir, a partir del pasado viernes, 27 de junio.