Hay una empresa vasca que en las últimas horas ha copado la actualidad política en Madrid: Tubos Reunidos, una compañía de Álava fundada en 1982 que se dedica a fabricar tubos de acero sin soldadura. En verano de 2021, en el marco de la pandemia de coronavirus, recibió un rescate del gobierno español de 112,8 millones de euros con el mismo fondo del que se beneficiaron, por ejemplo, Air Europa o Plus Ultra. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, relata que el grupo que integraban Leire Díez, Vicente Fernández –presidente de la SEPI entre 2018 y 2019– y Antxon Alonso –empresario vasco relacionado con Santos Cerdán– habría llevado a cabo acciones para "facilitar" que la empresa recibiera el rescate. Y ahí incluye un acercamiento al PNB que "podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento [de la ayuda]". Por las gestiones que el grupo hizo antes y después del rescate, habría recibido comisiones por valor de 247.000 euros en diferentes pagos canalizados por diversas vías.

Las siglas SEPI han formado parte en los últimos días de muchos titulares sobre el caso de presunta corrupción que salpica al exmilitante socialista Leire Díez, investigado bajo secreto por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Se trata de la abreviatura de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad pública adscrita al ministerio de Hacienda que gestiona la participación del estado español en numerosas empresas estratégicas de los sectores energético, de defensa, de infraestructuras o de telecomunicaciones, entre otros. La SEPI, de alguna forma, actúa como brazo inversor del gobierno español, y si aparece relacionada con la trama Leire Díez es por la propia naturaleza de la causa, que tiene varios contratos públicos bajo la lupa.

Cinco detenciones conocidas en 24 horas incrementaron la presión sobre Pedro Sánchez. Los arrestos, realizados en el marco de operaciones diferentes, revelaron la existencia de otras dos investigaciones judiciales por presunta corrupción que afectan a personas y empresas con conexiones con el gobierno español. Los más recientes, que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este jueves, han sido los del propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y del director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por Efe, la actuación se enmarca en una investigación por presunto blanqueo de capitales dirigida por el juzgado de instrucción 15 de Madrid. ¿Por qué acosa al presidente del gobierno español? Plus Ultra fue rescatada por el Estado con 53 millones de euros en el 2021 en una operación que generó polémica por las dudas sobre su viabilidad y por los presuntos vínculos con el chavismo.

Antxon Alonso Egurrola es un empresario de Elgoibar que conoció a Santos Cerdán hace casi veinte años en Milagro (Navarra), donde el exsecretario de organización del PSOE era concejal. Un primer negocio compartido no funcionó, pero la amistad y la colaboración entre ambos apenas empezaba. Unos años después, Santos y el gipuchi, es decir, el guipuzcoano, vuelven a encontrarse. Si debemos creer el informe de la UCO, el hoy preso en Soto del Real cogió dos buenas ruedas políticas: María Chivite y Pedro Sánchez. En paralelo, Antxon habría levantado los negocios de ambos. Luego, según el relato policial, se les sumaría Koldo García, el traidor que lo grabó todo.