El Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias a las que ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valenciano, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Miembros de las autodenominadas "patrullas ciudadanas" ultranacionalistas polacas protestan desde hace días en la frontera entre Alemania y Polonia contra la devolución en caliente en Polonia de migrantes que las autoridades alemanas consideran que han entrado ilegalmente en su territorio desde el país vecino. Ante la presión de los ultras, el gobierno polaco restableció este lunes los controles temporales en la frontera con Alemania y Lituania para combatir la inmigración irregular y pidió permiso a la Comisión Europea para suspender temporalmente el espacio Schengen. Se suma así a los 10 estados europeos que ya lo han hecho y que en estos momentos mantienen interrumpida la libre circulación de personas en algún punto de sus fronteras.