He aquí 10 reflexiones concretas para discutir sobre la financiación:

Hoy tenemos una noticia con sustancia y dos anécdotas que en las últimas horas se han elevado a la categoría de noticia.

El acuerdo sobre el modelo de financiación singular que acordaron PSC y ERC con ocasión de la investidura del presidente Illa daba una gran importancia a lograr una financiación autonómica que respetara para la Generalitat de Catalunya el principio de ordinalidad; o sea, que ninguna comunidad autónoma recibiera menos recursos públicos que las comunidades que habían aportado menos. Implícitamente, también significa renunciar a recibir más recursos públicos que las comunidades que más han aportado. El principio es simple y puede calcularse muy bien. Se trata de asegurar que las aportaciones de recursos públicos a la caja central del Estado no cambien de orden cuando se redistribuyen. El concepto recursos públicos es fundamental. Con ocasión de la negociación del modelo de financiación del 2009, y cuando el ministro Solbes era todavía el responsable económico del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, Solbes le tranquilizó sobre la aplicación del principio de ordinalidad que tanto reclamaba la Generalitat, asegurándole que el PIB per cápita no se modificaba tras la aplicación del modelo de financiación. Esto era mezclar manzanas y peras, dado que los recursos privados no entran en juego a la hora de hablar de la ordinalidad en la distribución de recursos públicos. Se deben comparar las aportaciones de recursos públicos con su redistribución. La redistribución es progresiva cuando las diferencias entre más aportadores y menos aportadores se reducen, pero esto no es lo que ocurre en España: las comunidades autónomas más aportadoras quedan muy por debajo en financiación pública respecto a muchas comunidades que menos han aportado.

Los gobiernos español y catalán discrepan en un punto clave del nuevo sistema de financiación, el criterio de ordinalidad, que estaba incluido en el acuerdo ERC-PSC para investir a Salvador Illa y que recibió en su día el aval del PSC. Ahora el gobierno español se desentiende y afirma que no lo asume, porque es algo que debería discutirse entre todas las comunidades autónomas. ¿Pero qué es exactamente y qué significaría la aplicación del criterio de ordinalidad?