La investigación sobre Cristóbal Montoro toma vuelo a los juzgados de Tarragona. Un informe de 249 páginas de la Agencia Tributaria, al que ha tenido el acceso el ARA, detalla al dedillo cuál era la operativa a través de la cual las gasísticas intentaban disimular los pagos que realizaban a Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro, que en ese momento era ministro de Hacienda, a cambio de el impuesto sobre actividades económicas. Establecieron "tres velos iniciales". Primero, el importe total que habían pactado se fragmentaba entre distintos pagadores. Después, el importe que le correspondía a cada empresa se fraccionaba en "pequeñas cantidades" para dificultar su rastreo. Por último, el ingreso se hacía en, al menos, "dos cuentas bancarias distintas". Además, los pagos tenían lugar con un diferimiento bajo la cobertura formal de una "prima de éxito" para distanciarlos de su origen real. Eso sí, los pagos "coincidían temporalmente" con los avances de las modificaciones legislativas.

Justo se habían celebrado las elecciones españolas y el PP iba a aterrizar de nuevo en la Moncloa, cuando el futuro jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, concertó un encuentro con cargos intermedios del gobierno de la Generalitat. En aquella época estaba Artur Mas en la presidencia –hacía poco más de un año que había llegado al Palau y la crisis económica ya era galopante– y Martínez Rico aprovechó los contactos que tenía en el equipo económico del gobierno catalán para ofrecerles los servicios de Equipo Económico (EE). Según diversas fuentes consultadas por el ARA, el ofrecimiento no se concretó en un servicio concreto, pero se entendió de la conversación que contratando el despacho fundado por Montoro, la relación con el futuro gobierno del PP fluiría mejor. Martínez Rico, que en ese contacto llevaba el sombrero de Equipo Económico, ya sabía que iría a parar a Hacienda y al equipo del ministro, que también estaba claro en ese momento que sería Montoro. El departamento de Economia pilotado en ese momento por el conseller Andreu Mas-Colell declinó su contratación.

El caso que afecta la presunta corrupción del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha dado un nuevo paseo. El juez de Tarragona que investiga la trama ha dejado claro en varias resoluciones, que han trascendido este jueves, que no ve delito en que Montoro, ahora imputado por múltiples delitos, recibiera correos de su equipo con datos fiscales de políticos de distintos partidos, incluidos adversarios. Así, deniega la personación como perjudicados del exministro del PP Rodrigo Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, porque no ve ninguna ilegalidad en esa sustracción de datos suyos, ya que estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibirla, según el juez. Por contra, ha aceptado la personación del PSOE, la única que ha validado, mientras que ha rechazado la de un periodista.