La justicia no debe matar. Esta idea forma parte del consenso jurídico europeo construido alrededor de los derechos humanos. En los 46 estados del Consejo de Europa no se ejecuta a nadie desde 1997, cuando hubo en Ucrania la última ejecución. La abolición es hoy una condición para pertenecer a él. La excepción en el continente es Bielorrusia, fuera del Consejo de Europa, que mantiene la pena capital. Pero este consenso jurídico convive con una cierta erosión social. Según la Encuesta de Valores Sociales de Barcelona de 2025, el 35,7% de los barceloneses consideran que la pena de muerte se puede justificar siempre o en algunas circunstancias; entre los jóvenes de 15 a 24 años, el porcentaje llega al 47%. La tendencia no es solo local. En diversos países de la Unión Europea, el apoyo a la pena capital se sitúa en torno al 50% o por encima. En el Reino Unido, en los últimos meses, formaciones de extrema derecha han planteado restablecerla, apelando también a encuestas de opinión. Todo ello se inscribe en un contexto más amplio en el que la derecha populista europea defiende políticas penales cada vez más duras.

Juan Bautista Peset (Godella, 1886 - Paterna, 1941) quizás se hubiera podido salvar de morir fusilado. Médico y rector de la Universidad de Valencia, Franco le condenó a 30 años y un día, pero algunos de sus compañeros de la facultad no tuvieron suficiente. Hicieron una segunda denuncia y, para convencer a los franquistas, enviaron una conferencia en la que el único párroco fusilado tras la Guerra Civil defendía el republicanismo. A Peset le enterraron en el nicho de su hermano pequeño, que había fallecido con tan sólo 2 años. Hasta la llegada de la democracia nadie se atrevió a poner su nombre en el cementerio.