En los últimos meses, conceptos como “despensa militar”, “presupuesto de defensa” y “servicio militar” parece que han vuelto a formar parte de nuestro vocabulario habitual. En un momento en que Europa parece haber recuperado viejos fantasmas y los tambores de guerra resuenan con una intensidad que no veíamos desde hace décadas, el movimiento pacifista catalán se encuentra en una encrucijada política y social. “Cataluña históricamente ha sido un gran promotor de la paz, un país antimilitarista”, destaca Montse Santolino, miembro de Lafede, la federación de referencia de las entidades catalanas que trabajan en los ámbitos de la paz, los derechos humanos y el desarrollo. La prueba de que el movimiento pacifista catalán aún está vivo es el colectivo Dones x Dones, que, cada primer jueves de mes, se manifiesta en silencio en la plaza Sant Jaume desde hace cuatro años para protestar contra las guerras.

Hace cinco años, en el Parlament de Catalunya, se llevó una propuesta de ley para la creación de un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. El proyecto, impulsado por Lafede y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, proponía crear, a través de un decreto ley, un órgano que asegurara que se cumple la ley de acción exterior del 2014, que obliga a que toda actividad y dinero que salga de Catalunya garantice los derechos humanos. Pese a que se empezó a hablar en 2015 y se llevó al Parlament por primera vez en 2020, los continuados cambios de legislaturas han ido retrasando el proyecto, que ahora ha sido admitido a trámite por tercera vez –la segunda fue en 2021– con los votos a favor de PSC, Comuns, ERC, Junts y la CUP. La idea de los impulsores es "que se apruebe antes de fin de año".