Alrededor de un tercio de los catalanes están cubiertos por un seguro de decesos. El año pasado eran unos 2,5 millones de personas, casi un tercio de la población. Se trata de usuarios sujetos a una póliza con una prima que cubre los gastos relacionados con su entierro o incineración y el de familiares y los servicios que van asociados a ello. Los precios pueden ir desde los 20 o 35 euros al año, para personas de 30 a 40 años, hasta los 600-800 para quien tiene más de 70 años. A más edad, más precio. También están las primas niveladas (una cuota constante solo actualizada con la inflación, desde unos 30 euros al año, para personas de entre 30 y 40 años, hasta más de 300 para las mayores de 65). Y, finalmente, existe la prima única, para gente de más de 65 años que no tenía seguro, y que puede ir de más de 4.000 a 6.000 euros.

Las mutualidades de previsión social supervisadas por la Generalitat superaron el año pasado a los 1,1 millones de asegurados, lo que las sitúa al nivel del 2017, cuando tocaron techo esta década. Las 23 entidades que supervisa la dirección general de Política Financiera del ejecutivo catalán alcanzaron a 1.101.761 asegurados, el 12,5% de la población, con un crecimiento de más del 20%. La diferencia respecto a hace ocho años es que entonces existían 37 mutualidades bajo la vigilancia de la administración catalana y ahora son 23, como el año anterior, que dan cobertura a prestaciones de asistencia sanitaria, decesos y vida, principalmente, según los datos de la dirección general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat. También recuperaron socios, con 95.208, un 2,24% más que el año anterior.