“Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña, y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España”. Esta fórmula transitiva resumía el pensamiento político de Pasqual Maragall y de su partido, en los años del llamado espíritu olímpico. Unidad de acción, beneficio mutuo. Cataluña es España a condición de que España sea Cataluña. Pasión compartida gracias al éxito deportivo. Els segadors y la Marcha real sonando de forma consecutiva cuando el rey Borbón entra en un estadio con nombre republicano. Es un planteamiento que entronca con la tradición federal. Un doble antídoto contra el asimilismo y contra el independentismo. Y una alternativa al proyecto pujolista, que era hacer de Cataluña, poco a poco –como quien no quiere la cosa– una especie de pseudoestado.Pero el éxito olímpico pasó, y los sueños de Maragall y de Pujol se revelaron imposibles. Maragall, como presidente, vio cómo su España catalana se convertía en un espejismo. Y la reforma fallida del Estatuto dejó claro que Cataluña no podría alcanzar un poder político real sin plantear un envite directo al Estado. El alejamiento emocional entre Cataluña y España no solo se expresaba en el auge del soberanismo, sino también en los lamentos del PSC: Montilla habló de “desafección”, y el mismo Maragall, jugando a invertir los términos, alertó en un célebre artículo que “Madrid se va”. A pesar de las advertencias, el choque de trenes fue inevitable.Los años del Procés dejaron al PSC muy malparado. Sus dirigentes se prometieron que nunca más permitirían que una sobredosis de catalanismo pusiera en peligro su relación con el PSOE. Vino el 155, la represión y la caída del PP de Rajoy. Cuando volvieron a coincidir dos presidentes socialistas en Cataluña y en España, Salvador Illa prometió centrarse en la gestión y dejarse de disquisiciones identitarias. Pero tenía planes. Illa, al estilo de Pujol, es decir, sin estridencias, ha ejecutado una estrategia en favor de su versión del ideal olímpico, aquello de “Cataluña es España y España es Cataluña”, con la finalidad de disolver el muro mental y político entre ambas realidades; su objetivo último es que, a ojos de los catalanes, Estado y Generalitat sean dos extensiones de un mismo cuerpo –es decir, de una misma realidad política y emocional.Illa ha sido lo bastante hábil para sacar adelante esta política a pesar de depender de los votos de los independentistas. Por ejemplo, Junts arrancó el compromiso de catalanizar la segunda cadena de TVE; los socialistas la bautizaron como 2Cat (un nombre nada inocente) y la utilizaron para retransmitir los partidos de la roja en catalán. ERC exigió el traspaso del servicio de Rodalies, y el resultado ha sido un consorcio paritario que englobará, bajo una nueva marca, todos los servicios ferroviarios, tanto los que van bien como los que son un desastre. Así, la gestión y la responsabilidad quedan diluidas. La misma fórmula se aplica al nuevo consorcio tributario, y sirve para las grandes infraestructuras, los equipamientos culturales, la política exterior... Cataluña es España, España es Cataluña. La mejor manera de amansar a los catalanes es darles una muestra de poder real: ya lo decía, hace cuatro siglos, el conde duque de Olivares.La cuestión es si esta apuesta estratégica, que es también una política de partido, podrá sobrevivir a la actual coyuntura, con Pedro Sánchez acorralado y la derecha españolista al acecho. Si el PP llega al poder, tendrá dos opciones con Cataluña: seguir sus propios instintos (y los de Vox) o bien, en un rapto de lucidez, mantener esta relación consorciada con el gobierno catalán, que es la mejor vía para fortificar la presencia del Estado en Cataluña sin que se note el cuidado.

Las persistentes desigualdades creadas por la globalización y los cambios tecnológicos, y las estrecheces de un estado del bienestar que se resiente del envejecimiento de la población, del aumento de las migraciones y de unas infraestructuras caducas nos han traído un nuevo orden mundial regido por dirigentes políticos tan populistas, antidemocráticos, arbitristas y corruptos como los de hace un siglo, que provocan guerras, tildan a sus oponentes de traidores y culpan a los extranjeros del caos económico que siembran ellos mismos. En este contexto de vértigo, en el que la política interna se encuentra extremadamente polarizada y la crispación domina el escenario de forma asfixiante con el auge imparable de la ultraderecha, parece que no hay nunca tiempo –ni ánimo– para hacer balance del autogobierno y del grado de descentralización política en el Estado, una cuestión que parece haber pasado a un segundo plano detrás de la corrupción o las posibilidades de alternancia política en el Estado. Sin duda, los veinte años de la aprobación del Estatuto son una invitación a hacerlo, aunque continúe la fatiga de estos últimos años motivada por la defensa de un Estatuto desautorizado por el TC y por el dolor provocado por la respuesta coercitiva del deep state a raíz del referéndum del 1-O.Y es que, a pesar del reconocimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la existencia de un conflicto político –por necesidad o por convicción–, y los intentos de desjudicialización por la vía de la amnistía y de un diálogo efectivo, lo cierto es que a estas alturas el 61% de los políticos no han sido amnistiados y el 97,5% de los policías sí, según datos de Alerta Solidària, y que sobre la cuestión de fondo, salvo una propuesta no nacida de mejora de la financiación, hace tiempo que no se habla: la posibilidad de dirimir el futuro en las urnas, con la cadencia necesaria, teniendo en cuenta los errores no forzados del pasado y la perspectiva de países pacientes pero intransigentes como Quebec o Escocia.

Los 50 años de la muerte del dictador han llevado al primer plano el recuerdo de las luchas antifranquistas más directas, con sus héroes y víctimas. De modo que a las nuevas generaciones –ya los desmemoriados– les puede haber quedado la impresión de que la mayoría de la sociedad catalana –y española– era antifranquista. Y no es verdad. Lo que fue mayoritario fue lo que se llamaba "franquismo sociológico". Es lo que permitió que el dictador siguiera matando, con cinco ejecuciones dos meses antes de morirse en cama. Es lo que toleró dócilmente el restablecimiento de una monarquía históricamente corrupta, ya la que hace cincuenta años que se le dobla la espalda y se le hacen genuflexiones. Y también fue el apoyo popular lo que hizo posible lo que algunos todavía alaban como modélico: una Transición sin ruptura con el régimen anterior que ha permitido venerar a franquistas conspicuos –Adolfo Suárez allí, Juan Antonio Samaranch aquí–, sin que nunca nadie haya tenido que pasar por los tribunales.