Las persistentes desigualdades creadas por la globalización y los cambios tecnológicos, y las estrecheces de un estado del bienestar que se resiente del envejecimiento de la población, del aumento de las migraciones y de unas infraestructuras caducas nos han traído un nuevo orden mundial regido por dirigentes políticos tan populistas, antidemocráticos, arbitristas y corruptos como los de hace un siglo, que provocan guerras, tildan a sus oponentes de traidores y culpan a los extranjeros del caos económico que siembran ellos mismos. En este contexto de vértigo, en el que la política interna se encuentra extremadamente polarizada y la crispación domina el escenario de forma asfixiante con el auge imparable de la ultraderecha, parece que no hay nunca tiempo –ni ánimo– para hacer balance del autogobierno y del grado de descentralización política en el Estado, una cuestión que parece haber pasado a un segundo plano detrás de la corrupción o las posibilidades de alternancia política en el Estado. Sin duda, los veinte años de la aprobación del Estatuto son una invitación a hacerlo, aunque continúe la fatiga de estos últimos años motivada por la defensa de un Estatuto desautorizado por el TC y por el dolor provocado por la respuesta coercitiva del deep state a raíz del referéndum del 1-O.Y es que, a pesar del reconocimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la existencia de un conflicto político –por necesidad o por convicción–, y los intentos de desjudicialización por la vía de la amnistía y de un diálogo efectivo, lo cierto es que a estas alturas el 61% de los políticos no han sido amnistiados y el 97,5% de los policías sí, según datos de Alerta Solidària, y que sobre la cuestión de fondo, salvo una propuesta no nacida de mejora de la financiación, hace tiempo que no se habla: la posibilidad de dirimir el futuro en las urnas, con la cadencia necesaria, teniendo en cuenta los errores no forzados del pasado y la perspectiva de países pacientes pero intransigentes como Quebec o Escocia.

Los 50 años de la muerte del dictador han llevado al primer plano el recuerdo de las luchas antifranquistas más directas, con sus héroes y víctimas. De modo que a las nuevas generaciones –ya los desmemoriados– les puede haber quedado la impresión de que la mayoría de la sociedad catalana –y española– era antifranquista. Y no es verdad. Lo que fue mayoritario fue lo que se llamaba "franquismo sociológico". Es lo que permitió que el dictador siguiera matando, con cinco ejecuciones dos meses antes de morirse en cama. Es lo que toleró dócilmente el restablecimiento de una monarquía históricamente corrupta, ya la que hace cincuenta años que se le dobla la espalda y se le hacen genuflexiones. Y también fue el apoyo popular lo que hizo posible lo que algunos todavía alaban como modélico: una Transición sin ruptura con el régimen anterior que ha permitido venerar a franquistas conspicuos –Adolfo Suárez allí, Juan Antonio Samaranch aquí–, sin que nunca nadie haya tenido que pasar por los tribunales.