El Tribunal Supremo ha anulado por un error de forma el decreto con el que el gobierno español quería frenar los "chiringuitos universitarios", es decir, la norma para endurecer los criterios para permitir crear centros privados que no cumplieran con los estándares de excelencia. En concreto, el tribunal no ve justificado que se tramitara por la vía de urgencia. Poco después de hacerse pública la sentencia, el ejecutivo ha anunciado que trabaja para restaurar el decreto "lo antes posible". También se han pronunciado los rectores de universidades del Estado, y han incidido en el hecho de que se trata de un error de forma y no de fondo y que hay que mantener la calidad del sistema universitario.

La oferta académica de las universidades en el Estado sigue priorizando las preferencias de los estudiantes a las necesidades del mercado laboral, y si bien la formación superior ha reducido la tasa de paro a la mitad en una década, el hito se empaña por el aumento de la precariedad de estos graduados, según la decimoquinta edición del informe La universidad española en cifras, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El 17,5% trabaja con contrato a tiempo parcial durante todo el año (21% en el caso de las mujeres), frente al 8,3% en la OCDE, lo que refleja la "persistente precariedad del mercado laboral español".