Las asociaciones y entidades vecinales que llevan seis años impulsando el procedimiento judicial por la contaminación del aire derivada de la planta incineradora de residuos del Besòs pidieron que, en el juicio del caso, el jefe de explotación de la planta, FR, se exponga a una condena de cuatro años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente con riesgo grave de perjuicio por la salud. Con una petición calcada a la de la Fiscalía, la plataforma Airenet sostiene que FR –que ostentaba la dirección técnica y operativa de la planta Tersa– "permitió y consintió que la planta operara de forma sistemática al margen de los parámetros exigidos por la normativa ambiental y toleró un funcionamiento anómalo de las instalaciones que generó un riesgo grave para las personas que generó un riesgo grave".