Cuando se aprobó la ley de Alta Montaña, Cataluña no formaba parte de la Unión Europea. En ese momento (en 1983) la norma se aprobó pensando en abordar problemas como la falta de hospitales, escuelas y bibliotecas en los pueblos de alta montaña o el déficit de infraestructuras y de comunicación. Ahora, más 40 años después, el Gobierno considera que las prioridades de estos territorios han cambiado y, por tanto, la ley necesita un lavado de cara.