Hamid Hmata ha tenido que esperar cuatro años por ver cómo multaban con 10.000 euros a la agencia inmobiliaria de Mataró que se negó a alquilarle una vivienda, aunque su nómina está por encima de la media catalana. Al final, más que de dinero, se ha demostrado que fue una cuestión de apellido y origen étnico distintos a los hegemónicos. Este caso es un ejemplo de manual de racismo inmobiliario, una suma de prácticas discriminatorias que van mucho más allá del comportamiento individual y que fluyen sobre todo por unas leyes y por unos intermediarios que canalizan a las personas racializadas –extranjeras pero también gitanas– hacia viviendas de peores condiciones.