El 2 de junio se vivirá una situación histórica en el Estado: por primera vez en democracia, un expresidente del gobierno español declarará ante un juez en calidad de investigado. Será José Luis Rodríguez Zapatero, de quien el magistrado José Luis Calama tiene indicios de que encabezaba una "red" corrupta de tráfico de influencias. Será el primero si asumimos que la democracia española se reinicia en 1977, con las primeras elecciones después de la muerte del dictador. Pero durante la Segunda República ya se había puesto en marcha un sistema de democracia primigenia —en 1933 pudieron votar por primera vez las mujeres— y un expresidente ya había sido imputado: en 1934 la Audiencia de Barcelona —por delegación del Tribunal Supremo— investigó a Manuel Azaña como presunto colaborador de la proclamación del Estado Catalán.

Comienzo un poco lejos, pero la cosa va de Trump... Manuel Azaña fue la figura política española más vilipendiada y odiada por la derecha durante los años republicanos. Simbolizaba las reformas progresistas y el anticlericalismo. No era, ni de lejos, un radical, pero lo pintaban como si lo fuera. Como jefe de gobierno y presidente, fue el objetivo principal de la propaganda conservadora, que lo consideraba el último responsable de la "destrucción" del orden tradicional, es decir, de la desigualdad secular a favor de unos pocos. Hace unos años, en una operación de reescritura, algunos ideólogos y publicistas fachas quisieron apropiarse del Azaña patriótico, dejando en segundo término el progresismo que tanto habían denostado sus padres y abuelos intelectuales. Se trataba, así, de desacreditar a Zapatero y Sánchez, unos supuestos antipatriotas que buscaban resolver el sempiterno desencaje de Cataluña. Por fortuna, la reescritura de la historia tiene sus límites.