El panorama político hace ser poco optimista respecto a la posibilidad de que el Congreso de los Diputados pueda aprobar la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el ministerio de Hacienda. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se había convocado el pasado 29 de julio para debatirla se tuvo que cancelar ante la negativa de las comunidades gobernadas por el PP o por los populares y Vox a acudir al encuentro. Ahora se ha vuelto a fijar una reunión para el próximo 4 de septiembre, pero solo el mismo gobierno español y el de la Generalitat están de acuerdo en la propuesta. Ni siquiera el ejecutivo socialista de Asturias está a favor y mucho menos el de Castilla-La Mancha del crítico Emiliano García-Page. En todo caso, esto no impediría que pueda salir adelante por parte del consejo de ministros. Otra cosa es conseguir suficientes apoyos para que pase el examen en la cámara baja. Y más teniendo en cuenta la polarización existente, con política de trincheras y el escenario preelectoral casi perpetuo en el que vivimos.

La Generalitat volvió el año pasado a batir un récord de gastos que pasan de un año a otro. Esta práctica, consecuencia de la insuficiencia presupuestaria, es decir, de unas cuentas públicas previstas que no permiten cubrir todo el gasto real, se disparó en 2025 hasta los 5.295 millones, un 12% más que el ejercicio anterior y más de la décima parte de todo el gasto no financiero del ejercicio.

Desde hace unos días la ofensiva de la oposición consiste en hablar de la existencia de un infierno fiscal. El PP, que insiste en la necesidad de bajar los impuestos, utiliza últimamente el concepto con frecuencia. Y es una expresión que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que se volverá a presentar para un tercer mandato en las elecciones que ha convocado para el 18 de mayo, dio a conocer durante la presentación del Libro verde sobre la fiscalidad en Cataluña en 2024. Él mismo la considera "acertada" y dice que perdura actualmente.