La empresa de defensa Santa Bárbara, filial de la norteamericana General Dynamics, mantiene la batalla judicial en la Audiencia Nacional contra el reparto de una parte de los contratos del gobierno español para reforzar la industria militar y de la defensa en el Estado. Este miércoles la compañía ha presentado ante la Audiencia Nacional el recurso sobre las resoluciones que adjudicaron dos contratos de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del gobierno español: el contrato ATP Ruedas y el contrato ATP Cadenas, según han explicado fuentes de la compañía. Ambos contratos ascendían a 7.240 millones de euros y fueron a parar a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

El Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara para que se suspendieran dos préstamos para programas especiales de modernización de armamento (PEM) de 3.000 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), según ha informado este lunes el alto tribunal.