Si alguien quiere encontrar casa de alquiler en Figueres, lo tiene difícil. El lector puede comprobarlo de primera mano: si entra en un portal inmobiliario como Idealista, encontrará solo dos pisos de alquiler en toda la ciudad y a un precio elevado: 1.100 euros al mes en un chalé en el centro o 1.800 en el barrio de la Oliva Gran. No es porque sea una ciudad de lujo, sino porque simplemente no hay oferta. Este es solo un ejemplo de los retos que la capital del Alt Empordà arrastra desde hace tiempo junto con el aumento de la población, la percepción de inseguridad, la saturación de los servicios públicos o la pérdida de poder adquisitivo. Un cóctel que en las pasadas elecciones al Parlament se tradujo así: la extrema derecha sumó hasta el 21,92% de los votos. Vox fue tercera fuerza, con el 11,87%, y Alianza cuarta con el 10,05%, en unos comicios que ganó Junts (25,80%), seguidos del PSC (23,18%). El resultado dista de las municipales de 2023, cuando Jordi Masquef (Junts) consiguió la mayoría absoluta con un liderazgo que genera muchos adeptos en el municipio –sacó el 49,81% de los votos– frente a los detractores que lo acusan de comprar el marco de la extrema derecha.