Paso histórico para eliminar el legado tóxico originado por el crecimiento urbanístico e industrial en Cataluña. Este miércoles el Parlament ha aprobado por unanimidad la ley que fija el horizonte del 2032 para erradicar los cerca de cuatro millones de toneladas de amianto que todavía quedan en las construcciones del país. La norma establece las bases para la retirada progresiva de un material prohibido desde el 2002 pero que continúa presente en miles de edificios, infraestructuras y redes de suministro.