L’anunci de la licitación de la Generalitat para una nube pública soberana catalana es una señal de que la lucha por una digitalización más democrática empieza a dar sus frutos. Con la ayuda inestimable, hay que decirlo, del mal ejemplo que Trump, Musk y sus aliados han dado al mundo, mostrando que aquello que desde hace años decimos las defensoras de los derechos digitales no era una fantasía distópica sino una posibilidad muy real. La dependencia tecnológica de infraestructuras, proveedores, jurisdicciones y decisiones ajenas a los derechos fundamentales se puede convertir, de un día para otro, en un problema democrático de primer orden.