Censurar una decena de los artículos de su web y una sanción de 7.000 euros. Esta es la pretensión de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha incoado un expediente a la publicación Directa por una serie de reportajes en los que revelaba la identidad de agentes de la Policía Nacional infiltrados en movimientos sociales. Cuatro miembros del cuerpo han apelado a este organismo y, después de que se desestimara su demanda, un recurso de reposición ha conseguido que tire adelante con esta propuesta de resolución.