El Parlament acaba de aprobar la ley 13/2026, de modificación del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. Lo ha hecho con un consenso muy amplio. Esta ley culmina un largo proceso de adaptación del derecho civil catalán a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y ha sido presentada como una de las transformaciones sociales más importantes de los últimos años. Es fácil, por tanto, dejarse llevar por el optimismo. Pero las grandes reformas no se miden por lo que prometen, sino por lo que consiguen transformar.Históricamente, el derecho respondió a las dificultades para conocer o respetar la voluntad de la persona con discapacidad mediante instrumentos de representación y protección. Estos instrumentos intentaban facilitar la gestión de las situaciones de la vida cotidiana que implican la toma de decisiones. Ahora bien, también es cierto que dieron lugar a menudo a prácticas demasiado restrictivas, y muchas personas quedaron relegadas a una posición pasiva en la gestión de su vida.Durante los últimos años se ha extendido, en cambio, la tendencia a identificar la autonomía con la ausencia de cualquier forma de representación, como si respetar a la persona exigiera necesariamente prescindir de toda actuación en su nombre. Sin embargo, esta manera de entender la autonomía resulta poco coherente con la Convención.La autonomía que inspira la Convención y la nueva ley es esencialmente relacional: se desarrolla a partir de la interacción entre la persona y su entorno. Las personas ejercemos nuestra autonomía también cuando otorgamos poderes, designamos personas de confianza o tomamos decisiones destinadas a producir efectos en el futuro. Una de las aportaciones más valiosas de la nueva ley es, justamente, la apuesta por los instrumentos voluntarios de apoyo, tales como los apoyos preventivos, y por las formas de asistencia constituidas por vía notarial, que permiten abordar o planificar situaciones de vulnerabilidad y anticipar quién deberá prestar apoyo y con qué criterios.Ahora bien, el éxito de la reforma no dependerá solo del diseño legal. Dependerá sobre todo de su aplicación. Precisamente este curso hemos finalizado una investigación inclusiva, desarrollada en colaboración con personas con discapacidad, sobre la percepción que tienen las personas que reciben apoyo respecto al apoyo que efectivamente reciben. Una de las primeras constataciones es tan simple como inquietante: para muchas de estas personas, el cambio legislativo iniciado con la abolición de la incapacitación judicial en el año 2021 ha sido prácticamente imperceptible.