El Defensor del Pueblo investiga las condiciones de los migrantes en Canarias

MartorellEl Defensor del Pueblo se ha presentado este lunes por sorpresa en las instalaciones del puerto canario de Arguineguín, donde se han llegado a reunir más de 2.000 personas llegadas en patera o rescatadas por Salvamento Marítimo durmiendo en el suelo. Un equipo del organismo encabezado por el titular, Francisco Fernández Marugán, se ha trasladado hasta el centro de primera acogida improvisado por el gobierno español en verano para "recoger información sobre el terreno y analizarla para elaborar un informe", han confirmado al ARA fuentes de la institución española, que sobre la mesa ya tiene varios expedientes abiertos por cómo se trata a los migrantes, con denuncias, por ejemplo, de separación de bebés y madres.

En paralelo, la ACNUR y la Organización Internacional para las Migracions (OIM), las dos agencias de Naciones Unidas, han empezado una visita de tres días en Canarias también para conocer sobre el terreno la situación de la acogida de migrantes, y se han comprometido a ayudar en la gestión a partir de enero.

A finales de agosto el gobierno español pidió a la Cruz Roja que gestionara un improvisado campamento en el muelle de Arguineguín, al sur de la isla de Gran Canaria, para hacer la primera acogida de las personas llegadas. Un punto para darles la información básica sobre sus derechos y ofrecerles asistencia sanitaria e higiénica –que incluye las pruebas PCR por el covid– después de días de un viaje en alta mar en una de las rutas migratorias marítimas más largas y peligrosas.

La lista de las denuncias por la vulneración de derechos es larga y proviene tanto de las ONG humanitarias como de los abogados de la isla, pero también por parte del juez de control del CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) y de las autoridades políticas locales, que acusan al ejecutivo de Pedro Sánchez de dejarlos solos ante esta crisis humanitaria.

El ministro del Interior ha salido al paso de todas las críticas y ha asegurado que el gobierno español reubicará "próximamente" a los inmigrantes en cinco áreas militares, cedidas al ministerio del Interior y al de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. "No convertiremos Canarias en el Lesbos español", ha manifestado Fernando Grande-Marlaska en declaraciones a Antena3. El ministro ha subrayado que ninguno de los inmigrantes supera las 72 horas en el interior del campamento, el máximo que fija la ley de extranjería española para retenerlos en una comisaría al ser detenidos.

Las "mentiras" de Marlaska

Para Coalición Canaria, la formación del gobierno insular, las palabras de Marlaska son "mentiras". Desde Amnistía Internacional se considera que el ministro "falta a la verdad", mientras que para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una deducción: el ministro "miente" porque se hace difícil creer que "desconozca la realidad" denunciada por diferentes actores. Uno de los más contundentes ha sido el juez del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz-Tejera, que ha alertado de que ha tratado con personas que han sido retenidas tres semanas "con la misma ropa, sin ducha y comiendo un bocadillo en cada comida".

Lo mismo subraya Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía, cuando dice que hay testigos que aseguran haber "pasado más de 20 días" en el muelle, durmiendo directamente en el suelo y sin suficiente espacio para mantener las distancias de seguridad mínimas que exige la prevención del coronavirus. Son personas a quienes no se ha dado asistencia legal con información clara sobre su situación y los trámites para pedir el asilo, explica esta investigadora, que denuncia muchos casos en los que todo el proceso se ha hecho sin la presencia de un abogado, cosa que supone otro flagrante incumplimiento de la ley.

También el portavoz de la CEAR, Txema Santana, cita casos que reportan haber pasado más de las 72 horas en el campamento y, a pesar de indicar que es una situación "grave", añade que el problema es que el muelle tampoco "es el lugar adecuado para una primera asistencia" ni para pasar una cuarentena. En este sentido, señala que positivos por coronavirus han estado en la misma tienda que no positivos, con el riesgo que esto conlleva, antes de transferirlos a algunos de los hoteles de la isla que, como están cerrados por el coronavirus, se han abierto como centros de alojamiento para unas 5.000 personas.

Álvarez y Santana reclaman más "transparencia" por parte del gobierno español, que prohíbe la entrada de periodistas y de entidades humanitarias en el centro. "Todavía no es Lesbos –afirma Santana en relación a las palabras de Marlaska–, pero sí es la misma dinámica de la política migratoria de retener a la gente en una isla, que no olvidemos que es europea".

Una ruta mortífera

Debido a los choques con los guardacostas libios, los migrantes han vuelto a recuperar la ruta canaria, que en los últimos años había decaído. El año pasado ya se notó un aumento de llegadas que se ha consolidado en 2020. En lo que llevamos de año han llegado más de 17.000 personas, pero la mitad lo ha hecho desde octubre. El motivo son las guerras y conflictos latentes en África, pero también la falta de perspectiva de muchos jóvenes que hasta ahora se dedicaban a la pesca o al turismo en sus países. Las dos actividades han caído en picado. La primera por los acuerdos de la Unión Europea con los países africanos que priorizan las empresas comunitarias, y la segunda por la pandemia. Tanto el OIM como la Cruz Roja señalan que es la ruta más mortífera, puesto que se calcula que entre el 5% y el 8% de los que salen de la costa del Sáhara no llegarán a Canarias. En total, unas 600 personas.

A las Baleares este año ya han llegado casi el triple de migrantes en patera que en 2019. Las autoridades han detectado 106 embarcaciones con 1.369 migrantes, mientras que el año pasado se localizaron 41, que habían llevado a 507 personas. En 2019 ya superó todos los registros históricos de la Delegación del gobierno español, con un incremento del 154% en comparación con 2018.