"Los niños han quedado invisibilizados durante la pandemia"

BarcelonaUn millón y medio de personas quedaron durante la pandemia relegadas al "ámbito privado" y no fueron consideradas "sujeto de derecho". Son todos los niños y niñas y adolescentes, que, según ha alertado el Síndic de Greuges, "quedaron invisibilizados durante la pandemia" porque las administraciones hicieron una "gestión adultocéntrica" de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el covid-19. "Hemos tomado medidas para adultos y explicadas por adultos, y la participación y escucha de los niños han esado ausentes", ha lamentado Rafael Ribó, después de presentar el Informe sobre els drets de l'infant 2020 en el Parlament. El resumen de Ribó ha sido muy crítico con los gobiernos: "El derecho primordial del niño, que se tenía que haber respetado, y las medidas que se han tomado han ido en la dirección contraria de lo que se tendría que haber hecho".

El informe recuerda que los derechos de los niños (movilidad, educación, salud mental...) se vieron afectados de un día para otro, porque se les suprimieron sus actividades necesarias, como ir a la escuela o el ocio, y se los situó "como un posible agente transmisor del virus", hecho que Ribó ha recordado que es "absolutamente falso". "Sus derechos no aparecen especificados en los textos del estado de alarma y ha faltado una ponderación clara y rigurosa de las medidas que afectaban a los niños", ha dicho el Síndic. Apenas hace una semana, el ARA publicó un dossier especial en el que explicábamos que jóvenes y adolescentes se habían sentido olvidados e injustamente culpabilizados por el aumento de los contagios, y que se sentían arrinconados y superados por una pandemia que los ha obligado a hacerse mayores aislados y encerrados en casa, justo al contrario de lo que marcan sus necesidades sociales y evolutivas en una etapa clave para su crecimiento personal.

Una de las consecuencias de esta gestión ha sido el incremento de la pobreza infantil, que incluso antes de que el virus cambiara nuestras vidas ya había registrado la tasa más elevada de la última década: en 2019 el 31,1% de los niños de Catalunya eran pobres. Una cifra que obviamente se agravará por el incremento de la precariedad económica de muchas familias que ya eran vulnerables. Llueve sobre mojado, pues, para muchas familias que, al margen de la vulnerabilidad económica, se enfrentan ahora a situaciones de inestabilidad y efectos psicológicos y de salud mental debido al covid-19. Para estas familias, el Síndic ha reclamado un sistema integral de prestaciones económicas para combatir la pobreza infantil "estructural", porque si bien las ayudas crecieron un 23%, los indicadores de pobreza se mantienen. A la vez también es necesario incrementar la provisión de programas y servicios de atención directa para acompañar a las familias en situaciones más difíciles.

Deficiencias en el plan de apertura de las escuelas

En el ámbito educativo, la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, Maria Jesús Larios, ha aplaudido que el Govern haya apostado por las clases presenciales, tal como pidió el Síndic, a pesar de que ha alertado de deficiencias en el plan de reapertura, como las dificultades de los niños y niñas con enfermedades crónicas, a quienes "también se tiene que garantizar la escolaridad" a pesar de que no puedan ir a clase; las desigualdades en el acceso a las tecnologías (no se ha resuelto la brecha digital que se evidenció en el primer confinamiento) o la bajada del 35% en las actividades extraescolares y del ocio educativo, que puede hacer aumentar las situaciones de desigualdad.

Y dentro de la invisibilización de todo el colectivo de niños y adolescentes, el Síndic alerta de lo que se puede considerar una doble invisibilización: la violencia y los casos de maltrato infantil. Si bien la situación de confinamiento hizo aumentar la probabilidad de sufrir estos maltratos, las denuncias pasaron de 30 mensuales de media a 9 casos en abril, según el Registro Unificado de Maltrato Infantil-Salud. También la unidad de detección de la DGAIA abrió muchos menos expedientes, de los 246 durante el mes de febrero de 2020 a 52 en abril, en pleno confinamiento. "No se han puesto suficientes recursos para abordar la situación de emergencia social y no se ha hecho un seguimiento lo suficientemente cuidadoso como para detectar situaciones de violencia hacia niños y adolescentes que hayan podido quedar invisibilizados", sentencia el documento.