Es bastante desalentador que, nada más aparecer la noticia de la detención de Jonathan Andic como acusado (pero no culpable, ni juzgado ni sentenciado) de la muerte de su padre, la reacción de muchos compatriotas fuera preguntarse cuándo haría Carles Porta un capítulo de Crims. El interés popular (si no, el que se podía constatar en Twitter) llegó al punto de que el mismo Porta se vio obligado a publicar un tuit recordando a la buena gente que esto sería precipitarse (pero también anunciaba que “intentarán hacer el caso Andic”, porque efectivamente el programa consiste en hacer recreaciones documentales y dramatizadas de casos reales de crónica negra). Tampoco debemos escandalizarnos de cosas que son más que sabidas. El crimen es morboso, los parricidios son morbosos, los crímenes y los parricidios de los ricos y los muy ricos son más morbosos aún (porque sí, al populacho le entusiasma que los poderosos caigan en el mismo fango que el resto de los mortales: de eso van las tragedias clásicas), y todo este morbo, cuando da en la tecla adecuada del éxito, vende siempre enormes cantidades de lo que sea: entradas, ejemplares, descargas, espectadores. Ahora bien, el crimen no es un asunto banal. Es triste y sórdido, como sabemos por Dostoievski, que en Crimen y castigo narra un crimen entre pobres. También es filosófico y escalofriante, como nos enseña Tolstoi en La sonata a Kreutzer, donde un marido mata a su esposa, en un matrimonio de posibles, porque no puede soportar el acto sexual. Liberador y abismador, como leemos en La infanticida de Víctor Català, o vengativo y tenebroso como en El barril de Amontillado, de Edgar Allan Poe. Todavía puede ser, además, hilarante, como demuestra Thomas De Quincey en El asesinato entendido como una de las bellas artes. Puede convertirse en una fuente de entretenimiento cuando se plantea en forma de rompecabezas que hay que resolver, como en la infinidad de relatos (literarios, cinematográficos, televisivos) que responden a los esquemas de las historias de Sherlock Holmes, Hercule Poirot o el comisario Maigret. Debemos añadirle naturalmente la aspereza y la turbiedad del hard-boiled norteamericano, la frialdad del polar francés o las iluminaciones mediterráneas del giallo italiano.La cosa se vuelve menos interesante cuando cae en el sensacionalismo, en el oportunismo o en una especie de catarsis para ciudadanos de comunidades nacionales decaídas (“¿Es que nosotros, si nos ponemos, también somos capaces de matarnos, oiga”). Hay dos referentes más, las novelas A sangre fría de Truman Capote y El adversario de Emmanuel Carrère, que se han convertido en justificaciones fáciles para todo tipo de programas, pódcasts y más novelas de lo que se conoce como true crime, una denominación donde lo que tiene verdadero poder de atracción es más el true que no el crime: un público deseoso de consumir recreaciones de crímenes reales, con su sangre y su hígado, para poder irse a dormir calentito a continuación. Y que, cuando les llega la noticia de un crimen sonado, ya imaginan pavlovianamente la narración que hará su programa de cabecera. No deja de ser, también, una imagen de país.

Elaborado por un grupo de economistas de renombre, el Informe Fénix sin duda es una contribución relevante a la conversación pública. Quienes opinamos en los medios a menudo atribuimos a algo llamado el modelo económico una buena parte de los problemas que tenemos como sociedad, y no pocas veces escribimos o decimos que es necesario un cambio, o cambios, en este modelo. Pues bien, el Informe Fénix presenta una exploración y un diagnóstico —solventes, rigurosos y sin rodeos— del modelo económico vigente en Cataluña durante el primer cuarto del siglo XXI. Del año 2000 al 2025, Cataluña no ha hecho más que perder sábanas (puntos de PIB) en cada lavada; es decir, en las comparaciones con las regiones de Europa, o de América, con las que tradicionalmente solía competir o se solía espejar Cataluña, y que permitían expresiones complacientes o triunfalistas del tipo “Cataluña, la Baviera del sur de Europa” o “Cataluña, la Massachusetts europea”. Este tipo de efusiones hace tiempo que no se estilan, y en su lugar se oye un coro de voces resentidas y fantasmagóricas que predican repliegues nacionalistas o, directamente, discursos de odio dirigidos muy especialmente contra la inmigración. Efectivamente, los flujos migratorios que han llegado a Cataluña no han hecho más que crecer durante estos veinticinco años, y han propiciado una transformación demográfica profunda, que se resume en el tránsito de la Cataluña de los seis millones a la de los ocho millones de habitantes (el Informe Fénix incorpora la previsión de que sean diez millones en el año 2050). No es ninguna casualidad que, desde el año 2000 hasta ahora, Cataluña, y especialmente Barcelona, haya hecho su economía cada vez más dependiente del turismo de masas y de la especulación inmobiliaria, dos fenómenos estrechamente ligados, a menudo en forma de causa y efecto. En estos aspectos, se puede decir que Cataluña —especialmente Barcelona— se ha baleearizado, dado que las Baleares son, lamentablemente, un referente en este modelo económico centrado en actividades de baja productividad, de trabajos no cualificados y salarios bajos, en el cual se fija el Fénix. Y es cierto, como indican sus autores, que los trabajadores con salarios demasiado bajos no cotizan para cubrir los servicios que utilizarán a lo largo de sus vidas, con lo cual “contribuyen” al deterioro del tejido económico y al empobrecimiento del conjunto del país.

Las elecciones andaluzas confirman que la derecha española se aboca a vivir dentro de eso que Moreno Bonilla y Feijóo habían insistido durante toda la campaña que querían evitar: el lío (en versión original "el lío", una terminología heredada de Rajoy). El lío es tener que gobernar con Vox, y eso es exactamente lo que tendrá que hacer el PP andaluz en esta nueva legislatura, una vez ha perdido la mayoría absoluta. En las negociaciones autonómicas con el Partido Popular, Vox actúa como un partido que no conoce el significado de expresiones como lealtad institucional o proporcionalidad. Aparentemente, ni siquiera entienden qué significa exactamente negociar: para Vox solo existe la posibilidad de imponer sus consignas y sus obsesiones ideológicas, o romper el juego. No son socios de gobierno: tutelan gobiernos. Últimamente, la consigna de Vox se dice prioridad nacional, que significa institucionalizar el racismo, el supremacismo y la xenofobia, y convertirlos en elementos transversales en la acción de gobierno. Después de eso, sigue una lista de odios (el feminismo, el ecologismo, etc.) en cuya cima está la lengua catalana y cualquier cosa que el nacionalismo ultraderechista español identifique como “catalana”. Este es “el lío” con el que tendrá que enfrentarse Moreno Bonilla, que no sale exactamente indemne (5 escaños menos y pérdida de la mayoría absoluta) del escándalo de los cribados de cáncer de mama, a pesar de que había motivos de sobra para que el desgaste fuera más acusado.Por su parte, la pregunta que se puede hacer el PSOE andaluz es si ya ha tocado fondo y si todavía le quedan sábanas por perder en próximas lavadas electorales. A toro pasado es fácil decirlo, pero lo cierto es que difícilmente podían elegir los socialistas una peor candidata que María Jesús Montero, una mujer que es andaluza de nacimiento pero que lo es poco o nada de hecho, mucho más ligada a Madrid, a Pedro Sánchez y al aparato partidista que no a la discusión política andaluza, que es intensa, densa y vibrante. La vieja táctica de enviar “a provincias” a políticos que han “triunfado” en Madrid como ministros (Pilar Alegría en Aragón, María Jesús Montero en Andalucía), que han utilizado tantas veces tanto el PP como el PSOE, indistintamente, no da resultados a Pedro Sánchez.La importante subida de la izquierda soberanista de Endavant Andalusia, liderada por José Ignacio García, frente al bloqueo que ha sufrido la confluencia de Sumar, Podem y Esquerra Unida que es Per Andalusia, con Antonio Maíllo de candidato, confirma que “loo que importa a la gente” también es ideológico, y que el soberanismo tiene sentido (y votantes) cuando se presenta como una forma de mejoramiento democrático, unido a las reivindicaciones de los derechos y las libertades de las personas, tanto individualmente como colectivamente. Que Endavant Andalusia haya sido más votada que Vox en circunscripciones como Cádiz o Sevilla también es relevante. Por bloques, las derechas suman 68 escaños, frente a los 41 de las izquierdas. Comienza en Andalucía el enredo que ya conocemos en Baleares o en el País Valencià.

Dado que puede pasar desapercibida entre polémicas florentinas, hay que llamar la atención sobre la impresionante manifestación que lideró Escola Valenciana el viernes en Valencia. El adjetivo histórico está quemado por los metalenguajes del fútbol y de la política, pero hay hechos que ciertamente lo son, de históricos, no solo como recurso enfático sino porque permanecerán en la memoria colectiva como referente. Esta manifestación del viernes en Valencia por la educación pública y de calidad y en catalán (o en valenciano, como lo quieran decir) creo que es uno de estos hechos, y no lo escribo con más rotundidad porque a los hechos históricos, por definición, les hace falta siempre la validación del tiempo.Una verdadera marea verde hecha de muchos miles de personas (los juegos de cifras son irrelevantes ante la evidencia) colapsó el centro de Valencia en un gran día en las calles que se encuadra dentro de una huelga –hay que subrayarlo– indefinida. De la protesta se derivan una serie de cosas a apuntar: por un lado, el movimiento de Escola Valenciana es una de las herramientas más potentes con que cuenta la sociedad civil valenciana y es también uno de los movimientos civiles más importantes que hay en los Países Catalanes. Por otro lado, la gran manifestación del viernes no brota de la nada, sino que es el fruto maduro de muchos años (no solo los de esta legislatura) de trabajo continuo de los valencianos para proteger derechos fundamentales como el de la educación pública y el derecho a vivir en la lengua propia. Más: contra los que se permiten afirmar, a menudo desde el prejuicio y el desconocimiento, que el País Valenciano está desmovilizado o perdido, esta manifestación multitudinaria es —hago servir palabras de un tuit de Gustau Muñoz— “una bocanada de aire fresco, alegre, imaginativo, valenciano, cívico, crítico y festivo”. En todo caso, se puede objetar que a esta energía ciudadana le falta una canalización política más eficaz, capaz de ser ganadora en las urnas. Pero esta misma objeción, con las variables que correspondan, la podemos aplicar también a Cataluña y las Baleares. En Cataluña la huelga y las protestas educativas tienen también una gran fuerza y se hacen eco de un malestar antiguo y muy largo, y el escándalo de las infiltraciones policiales ha acabado de cargar de razones a los docentes, si era necesario. En Baleares no hay de momento movilización docente, porque el PP recuerda todavía con temor la marea verde de hace trece años y ha procurado atemperar los ánimos, aunque las agresiones contra la escuela pública y el catalán se siguen produciendo en forma de goteo.En Valencia la demostración de fuerza del viernes sirvió de respuesta a una consellería de Educación y a un gobierno de la Generalitat Valenciana que desde que comenzó esta legislatura han hecho de la hostilidad frontal contra maestros y profesores, contra la escuela pública y contra el valenciano una bandera ideológica. Este lunes deben volver a hablar, pero es dudoso que el Consell de Pérez Llorca, heredero del todavía impune Mazón, sea capaz de hacer algo para rebajar la tensión.

Las huelgas de docentes que hay en curso en Cataluña y en el País Valenciano son hechos trascendentes, en el sentido de que van más allá de su dimensión gremial (por otra parte también fundamental y, por descontado, del todo respetable) y ponen en medio de la conversación pública cuestiones que nos afectan a todos. Cuestiones como ahora qué tipo de sociedad queremos tener, y también de qué manera queremos que se gobierne esta sociedad, y de acuerdo con qué valores y con qué idea de futuro. Por descontado, apuntan también qué futuro queremos, como ciudadanos de los Países Catalanes, para nuestra lengua y cultura, y para nuestra viabilidad como comunidad cultural en el mundo de los tecnofascismos.La escuela pública universal hasta los dieciséis años, y en catalán, es una conquista reciente que ha comportado un gran avance para una sociedad que se define a ella misma bien mayoritariamente como democrática. No tan solo eso, sino que –tanto en Cataluña, como en el País Valenciano, como en las Baleares– esta sociedad ha tenido como nervio central la conciencia de ser una democracia todavía frágil en masa aspectos (el peso de una Guerra Civil, una dictadura militar fascista y una democracia nacida con toda clase de servidumbres al régimen anterior es pesado) y, como respuesta a esta fragilidad, la voluntad de profundizar, precisamente, en la democracia. Esto quiere decir en el conocimiento, la defensa y el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Para avanzar en este profundización democrática, la escuela pública en catalán ha tenido un papel fundamental.Hoy en día el tiene más que nunca, porque la voluntad de vivir en democracia se encuentra por primera vez seriamente cuestionada. Por eso es un error grave, o una mala fe demasiado oscura, que los gobernantes electos presenten a los maestros y a los profesores como los enemigos (así lo hacen el PP y Vox en el País Valenciano) o como un colectivo extremista que presenta exigencias descabelladas (como lo hace el gobierno socialista en Cataluña). Intentar reducir o caricaturizar sus reivindicaciones como una simple cuestión de tantos dinero al mes o al año, además de irrespectuoso, es tergiversar el contenido de unas protestas que recogen un malestar que viene de atrás y en el cual tienen una parte de responsabilidad todos los gobiernos –autonómicos y estatales– que ha habido hasta ahora. Menospreciar a los docentes o querer salir del paso con un acuerdo con sindicatos grandes pero minoritarios dentro del sector, o –mucho peor aún– infiltrar policías en las asambleas y después pedir medias disculpas, son gestos entre la falta de respeto y el autoritarismo.

Palantir Technologies es, digamos, una tecnológica con ideología (las otras tecnológicas también tienen, de ideología, pero la esconden más). Ultracerecha, naturalmente. Palantir se dedica al análisis de datos masivos, o big data. Provee servicios a gobiernos y también a grandes compañías como Airbus, Panasonic, Merck u otras. Está valorada en 380.000 millones de dólares, fue fundada en el año 2004 y su nombre hace referencia a las piedras mágicas que aparecen en la novela El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien (que pueden leer en catalán, por cierto, en la excelente traducción de Francesc Parcerisas). Sus dos jefes más visibles son Peter Thiel y Alex Karp, dos caballeros singulares. Thiel, ciudadano alemán nacionalizado americano que también fue cofundador de PayPal, es un tiburón ultracapitalista, especializado en fondos de inversión de riesgo. Su teoría es que la democracia es incompatible con la libertad; si no, con la libertad económica. Thiel es un supremacista del dinero por encima de todo otro valor.Alex Karp, por su parte, viene de las humanidades: es hijo de una familia californiana progresista, estudió filosofía en Alemania y fue discípulo de Jürgen Habermas, el filósofo defensor de la democracia. Le fascina la literatura y adora El señor de los anillos: a pesar de estas características, o justamente por ellas, Thiel vio en Karp (se habían conocido, de jóvenes, en la Universidad Stanford) a alguien que entendía mejor que nadie la idea de Palantir, y por eso le empujó hasta convertirlo en CEO de la compañía. La idea de Palantir: dominar el mundo a través de los datos generados en internet (unos 400 millones de terabytes al día) y de la inteligencia artificial. Lo explica Karp en un libro que publicó el año pasado, La república tecnológica, que se considera el manifiesto de la compañía. Karp dice que se acaba la era de la disuasión atómica y que emerge una nueva era, la de la disuasión basada en la inteligencia artificial. Karp considera que esta disuasión es imprescindible para proteger los valores de Occidente (ya no habla de democracia, sino de un “estilo de vida” que hay que salvaguardar). Palantir se dedica a esto.Karp no oculta, más bien al contrario, la estrecha colaboración de su compañía con los gobiernos de EE. UU. y de Israel. Los programas de Palantir están detrás de operaciones como la detención de Maduro o el inicio de la guerra en curso en Irán y Oriente Medio. No cree que corresponda a Palantir definir los límites del uso que se haga de sus programas. Esto lo deja a los clientes: la CIA, el FBI, el Mossad o incluso los ICE americanos. Palantir también trabaja con otros gobiernos como los de Canadá, Francia, Alemania, Ucrania, los Emiratos Árabes o Arabia Saudita. O España, que le adjudicó en 2023 un contrato del ministerio de Defensa por 16,5 millones de euros, con el encargo de implementar un software de inteligencia militar bautizado como Gotham. Sí, es el nombre de la ciudad donde vivía Batman. Sí, el futuro está en manos de personas altamente disfuncionales.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, se queja de que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha “ridiculizado” y le ha “llevado al meme” por su teoría de las ratas nadadoras que podrían escapar del crucero MV Hondius y diseminarse por territorio canario mordiendo a diestro y siniestro a la sufrida ciudadanía, una idea que sostenía en una captura de pantalla cogida de una IA. Tal vez Clavijo no se dé cuenta, pero ha sido él mismo quien se ha puesto en ridículo y quien se ha ofrecido como protagonista de memes, al haber aportado la sinopsis de una película de serie B a un operativo sanitario extremadamente delicado y con una fuerte repercusión internacional. La risible —que no graciosa— sobreactuación de Clavijo no ha podido evitar que Pedro Sánchez haya vuelto a llevarse aplausos en la comunidad internacional: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el de la ONU, António Guterres, y también el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, han elogiado la gestión que el ejecutivo español ha hecho de la situación. El portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster ha apostillado: “Qué miedo, cuando la OMS te elogia, mala cosa debe ser”. Porque como sabemos, la OMS es uno de los objetivos preferidos de las mentiras y las visiones conspirativas de la ultraderecha mundial. Quizá por todo ello, Clavijo ha anunciado la posibilidad de llevar al gobierno de España a los tribunales por la gestión del hantavirus (de hecho, la llegada del barco ya ha sido objeto de resoluciones judiciales: el viernes, la Audiencia Nacional rechazó paralizar de urgencia el desembarco, y al día siguiente, el Tribunal de Instancia de Madrid confirmó la imposición de una cuarentena a los pasajeros del crucero). Cuando les falla el mecanismo del miedo (la teoría de la invasión de las ratas anfibias, por mucha broma a la que haya dado pie, no era más que un intento de sembrar el miedo entre la población), siempre les queda la carta de llevar las cuestiones, sean cuales sean, a los tribunales. No siempre ganan (muchas veces sí), pero como mínimo ya han conseguido empantanar la discusión.”Expertos en esparcir falsedades y judicializar, la entidad ultra Abogados Cristianos ha puesto el grito en el cielo porque quieren evitar que el papa León XIV, en su visita de aquí a un mes a Barcelona, visite el estadio Lluís Companys porque, aducen, bajo el mandato de Companys “murieron asesinadas más de ocho mil personas”. Se refieren a las persecuciones de religiosos por parte de la FAI durante la Guerra Civil, pero omiten precisamente eso: que había una Guerra Civil causada por un levantamiento militar y fascista, que contó con el apoyo de la Iglesia. Proponen que, en vez del estadio Lluís Companys, el pontífice vaya al Valle de los Caídos, como ellos lo llaman todavía. Se ve que bajo el mandato de Franco no debió morir nadie, empezando por las 33.833 personas (12.000 de las cuales no identificadas) que el dictador hizo enterrar en su túmulo de Cuelgamuros: la fosa común más grande de una España fascista a la que algunos quieren volver así como sea.

En el caso de las dos agentes de los Mossos infiltradas en una asamblea de docentes, hablar de mal mayor no es ningún juego de palabras con la graduación de Trapero, sino una descripción objetiva de un grave abuso de poder cometido desde las instituciones. En democracia es un mal mayor que la policía, y por tanto el gobierno, actúen contra el derecho a libre reunión: muy al contrario, lo que deben hacer la policía y el gobierno en lo que respecta a la libertad de reunión es garantizarla. No vigilarla. Solo deberían ser vigiladas y perseguidas las reuniones de delincuentes, y no vemos que se infiltren con policías las reuniones de determinados políticos con especuladores y directivos de fondos buitre, por ejemplo. Por otra parte, existe otro requisito democrático que hay que exigir a los gobernantes, y es que no se ponga en cuestión la escuela pública. Los docentes no son ni pueden ser nunca el enemigo de los gobernantes, y si llegan a serlo, o a ser vistos como tales, entonces el error es de los gobernantes, nunca de los docentes. El trabajo de maestros y profesores es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática, y el colectivo de los docentes debería ser muy especialmente escuchado en sus reivindicaciones, respetado en sus decisiones y remunerado por el trabajo decisivo que lleva a cabo. La escuela pública no puede ser un espacio de conflicto y de inseguridad, y menos aún un espacio infiltrado por policías de paisano. Ni en las asambleas de docentes ni, por supuesto, en las aulas.El mal menor es el que parecen haber elegido los partidos que apoyan al Gobierno, y también, desde la oposición, Junts. ERC, Comuns y CUP coinciden en pedir el cese o la dimisión del susodicho Trapero, y no van más allá las peticiones de responsabilidades (podrían hacerlo, porque el escándalo es, repitámoslo, grave). Junts sí pide que caigan las consejeras Paneque, Parlón y Niubó, pero son peticiones rutinarias, que no esperan ser atendidas. El Gobierno, por otra parte, ha cerrado filas en torno a Trapero y piensa, en un primer momento, salir del mal paso sin que caiga nadie del organigrama. Illa es un político de una vieja escuela con un axioma: no se cortan cabezas más que cuando ya no hay otro remedio. Desde esta perspectiva, el riesgo de que la situación se pudra es menor comparado con el peligro de mostrar vacilaciones o debilidad por parte del Gobierno. Se opta otra vez, por lo tanto, por un mal que se considera menor (está por ver que lo sea: la putrefacción genera infecciones).En los limbos de los males, en la zona media pero no menos tóxica, está el enjambre conspiranoico ultra, que estos días ha tenido material de sobra para llenar las redes con toda clase de delirios, amenazas y vaticinios alucinados: el hantavirus, el asesinato de una mujer (inmigrante, por cierto) en Esplugues y, ahora, el escándalo de las asambleas de docentes infiltradas por policías. Si esta gente llegan al poder ni que sea con una pequeña parte de su arsenal de mentiras y realidades alternativas, es posible que los bandazos que predican se conviertan en profecías autocumplidas.

La frase del título la dice uno de los pasajeros del crucero MV Hondius, el del hantavirus, en un vídeo que se ha convertido, precisamente, en una de las historias más vistas en las redes sociales esta semana. El pasajero se llama Jake Rosmarin y hace una llamada a quien sea que vea su vídeo para no ser olvidados. Llora, mientras lo dice, y se ve que tiene miedo, un miedo objetivo y justificado porque está dentro de un barco donde ya han muerto tres personas. Pero después hay otro miedo que también le hace llorar: el de no poder contar con el apoyo ni con la empatía de los demás, de nosotros que vemos su vídeo. De convertirse, como él dice, en una historia, que en el lenguaje de las redes sociales es un vídeo o una imagen que circula durante un tiempo efímero y después, simplemente, desaparece.Jake Rosmarin expresa este miedo desde el otro lado del espejo negro de la pantalla. Él también es usuario de las redes, como todo el mundo, y él también seguramente ha visto vídeos similares a los que él mismo ha grabado: personas que sufrían, que se encontraban en situaciones terribles, desesperadas. Seguramente Jake Rosmarin había mirado estos vídeos con indiferencia o con un breve escalofrío (de compasión, de rabia, de asco: esto ya depende de la emoción concreta que cada vídeo busque excitar), y después no había pensado más. No es, ni de lejos, ningún reproche a Jake Rosmarin: es como nos comportamos más o menos todos como usuarios, o como consumidores, de las redes sociales. Lo que nos pide Jake Rosmarin, pasajero del crucero del hantavirus, es que no hagamos esto con él y con sus compañeros de infortunio. Que no nos detengamos brevemente ante sus lágrimas para después pasar a otro vídeo, quién sabe, de famosos en una alfombra roja, o de animales haciendo gracia, o de cuñados formulando teorías conspirativas.El precio de Jake Rosmarin llega, seguramente, tarde. Hace tiempo que estamos acostumbrados a contemplar personas sometidas a dolores extremos en las pantallas de nuestros móviles. Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a ver gente que llora mientras cenamos delante de la televisión: víctimas de bombardeos, inmigrantes acribillados dentro de las pateras, ancianas desahuciadas por fondos buitre, cuerpos vejados o violados o reventados. El sensacionalismo, la banalidad, el algoritmo y el afán de hacer dinero fácil (vamos, eso que llamamos "tecnocapitalismo") se juntan para ayudarnos a convertirnos en espectadores –más pasivos, más abúlicos que nunca– de la desgracia de los demás. Personas que lo pasan mal como moscas atrapadas dentro de un cristal, que es el de la pantalla.El horror consiste en pasar de ser el espectador a ser la mosca. Jake Rosmarin se rebela, con motivo, ante este espanto, pero sus lágrimas previsiblemente tendrán el mismo recorrido que las de tantas y tantas personas que salen llorando cada día por las pantallas. Nos conmoveremos, eso sí, si de aquí a un tiempo se estrena una película, o una serie, narrando la peripecia del crucero del hantavirus, con el correspondiente reclamo “Basado en hechos reales”.

Que el Partido Popular tiene una concepción patrimonialista de la justicia (de las instituciones en general, pero de la justicia en particular: recordemos a Ignacio Cosidó en su etapa como senador, presumiendo que el partido controlaba –es solo un ejemplo– la sala segunda del Supremo “por la puerta de atrás”) es un hecho sabido. Esta semana, sin embargo, el PP ha dado, en su condición de acusación popular, un paso en este camino inédito hasta ahora: dictar cuál debe ser la pena de prisión que le corresponde a un acusado por un juicio en curso. Y acusar a la Fiscalía de estar “sometida al gobierno” cuando se niega a cumplir su dictado.Es lo que ha pasado con el empresario (aceptamos empresario como eufemismo) Víctor de Aldama. El PP hizo saber a la ciudadanía que considera que la pena adecuada para este personaje serían cinco años de prisión, una condena que le permitiría precisamente eludir el ingreso en una institución penitenciaria esgrimiendo un par de tecnicismos (tecnicismos, y perdón por la broma). La Fiscalía contestó de inmediato que no, que pide siete, de años, como ya había establecido en su escrito. La réplica del PP, en boca de Feijóo en persona, es que la Fiscalía ha tirado así por tierra el derecho de toda persona que colabora con la justicia a obtener beneficios penales a cambio de esa colaboración.La “colaboración” del tal Aldama con la justicia ha consistido hasta ahora en plantarse ante los jueces y encender durante siete horas un ventilador que esparcía mentiras, fabulaciones, medias verdades y algún hecho cierto, todo mezclado de cualquier manera, con un tufillo de relato de parte y prefabricado que tira de espaldas, y verbalizado con un lenguaje impresentable y tabernero. Que sea Feijóo (y no alguien de rango inferior dentro del partido) quien salga en su defensa quiere decir que Aldama es un vip, una pieza considerada clave dentro de la estrategia que tiene diseñada el PP para acosar y tumbar al odiado Pedro Sánchez, y con él su gobierno. Aldama, recordemos, es un acusado en un juicio en curso: que desde un partido político se llegue al extremo de indicar cuál ha de ser la pena que se le puede imponer es un intento grave de interferir la justicia.Debemos suponer que no viene de aquí: en el caso en que está acusado Aldama, el exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por unos delitos muy parecidos a los que cometió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que no tan solo no ha ido a prisión sino que hizo caer al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y recibió una indemnización de diez mil euros por los perjuicios causados a su honor. Las conclusiones salen solas, y los socialistas no tienen derecho a lamentarse mucho, porque la práctica de la guerra sucia judicial viene de muy atrás y el PSOE hizo muy poco para impedirla.Sea como sea, que un partido se atreva a decir cuáles han de ser las penas que se han de sentenciar en un proceso judicial todavía abierto, aunque sea como acusación popular, es algo más que preocupante. Si este es un partido que se dice de gobierno (y lo es), las maneras de su gobierno futurible solo podrán ser autoritarias.

El día 9, en Bruselas, tendrá lugar la última etapa del Correllengua Agermanat, una movilización que ha conseguido unir los Países Catalanes, de cabo a cabo, en una carrera popular que en realidad es una declaración de estima colectiva a la lengua catalana. La Flama de la Llengua ha ido pasando, de relevo en relevo, de mano en mano, por pueblos, ciudades e islas, dibujando de manera simbólica una comunidad cultural y ciudadana que se reconoce por la lengua catalana. En todas partes (en Cataluña, en el País Valenciano, en las Islas Baleares, en L'Alguer), la participación ha sido multitudinaria y ha hecho del Correllengua Agermanat un acto de autoafirmación con una capacidad de movilización verdaderamente masiva. Y con un tono –como en el verso de Estellés– festivo, alegre y combativo, resultado del trabajo excelente de la organización, que también ha recogido el relevo de la historia de los diferentes Correllengües, celebrado por primera vez en Mallorca en el año 1993.Justamente el domingo pasado la Flama llegó a Palma, y la acogida de la ciudadanía volvió a ser entusiasta y multitudinaria, como en el Sí a la lengua de hace dos años. Las canciones del grupo Música Nostra (con el canto de La balanguera como final de fiesta) y los discursos de los organizadores –nada rutinarios, ciertamente potentes– dieron el tono de una gran afirmación ciudadana de un sentimiento, pero sobre todo de un derecho: el derecho inalienable a vivir plenamente en la propia lengua y, por tanto, a ser el país que somos y no otro. Tan exitosa fue la convocatoria palmesana que al día siguiente el portavoz del partido de Marga Prohens, Sebastià Sagreras, salió a felicitar a los organizadores del Correllengua Agermanat y a intentar poner buena cara. Naturalmente, el Partido Popular (que gobierna en Baleares no con el apoyo sino a las órdenes de Vox) había hecho oídos sordos a la convocatoria exactamente hasta el momento de ver (una vez más) los miles de personas clamando en la calle por la lengua. La política lingüística del gobierno PP-Vox en Baleares consiste en suprimir o arrinconar el catalán de la vida pública (en la sanidad, en las administraciones, en la enseñanza), aunque al mismo tiempo intentan hacer el equilibrismo de rehuir lo que llaman “la confrontación lingüística”.Hagan lo que hagan los gobernantes, el Correllengua Agermanat deja un mensaje decisivo: hay una ciudadanía y una sociedad civil vivas, despiertas y capaces de organizarse, con una gran base de personas jóvenes que tanto son hijos de familias arraigadísimas como de inmigrantes llegados hace poco, dispuestos a defender el catalán y la cultura catalana como una forma de vivir y de estar en el mundo, y que no permitirán que se lo arrebaten. Esta constatación no debe servir para caer en ningún triunfalismo (la misma existencia de gobiernos con Vox en los Países Catalanes deja bien clara la magnitud del problema), pero sobre todo anula los discursos catastrofistas y los discursos de odio que quieren presentar el catalán como una lengua semimuerta a causa de la inmigración. Basta de lloriqueos y de señalamientos, y mucha más Llama.

Después de atacar verbalmente a la diputada de ERC Najat Driouech, el también diputado Alberto Tarradas, de Vox, efectuó una recogida de cable y balbuceó una confusa petición de perdón “si mi declaración ha podido ofender”, al mismo tiempo que decía alguna imbecilidad sobre el humor (los fascistas, cuando amenazan, a menudo dicen que hacían una broma, para no tener que afrontar las consecuencias). El discurso de odio del tal Tarradas contra una diputada musulmana causó consternación, con motivo, y hizo que muchos exclamaran que un hecho así no tenía precedentes en el Parlament de Catalunya. En esto, se equivocan: de precedentes, los hay, y los más recientes se encuentran en la trayectoria y el legado político, nunca suficientemente lamentados, de Ciudadanos. El estilo agresivo, frontal, desafiante, de personajes como Arrimadas o Carrizosa, basado siempre en mentiras o tergiversaciones, llevando las premisas del discurso hacia conclusiones aberrantes, eran formas de discurso de odio, entonces contra el independentismo catalán y las izquierdas. Ciudadanos construyó una gran pista de aterrizaje para la ultraderecha, sobre la cual han aterrizado cómodamente Vox y Aliança Catalana con sus soflamas racistas y xenófobas, y con su fobia contra el progresismo —que ellos llaman woke—. Ahora no solo están en el Parlament de Catalunya, sino que sus perspectivas (sobre todo en lo que respecta a AC) son de incrementar su presencia de forma importante.En Baleares no es un diputado cualquiera, sino el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, que también preside la delegación isleña de Vox, quien está pendiente de un juicio por delito de odio por haber roto una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, asesinadas por el fascismo la noche de Reyes de 1937. Pero la causa judicial contra Le Senne —curiosamente— no acaba de avanzar, y pronto hará dos años de los hechos sin que haya tenido que asumir tampoco ningún tipo de consecuencia política. El motivo es el apoyo que le ha dado y le da el gobierno del Partido Popular, presidido por Marga Prohens. Lo menciono a modo de ejemplo de un hecho que es bastante visible: a pesar de la multitud de voces que lamentan que el PP se haya “dejado arrastrar” o condicionar por Vox, como si hubiera sufrido un viraje dramático en su trayectoria, la realidad es que el apoyo del PP a Vox en todos los lugares donde tienen acuerdos es total. No solo eso: las, digamos, recaídas del PP en discursos y actitudes supremacistas, xenófobas, frontistas, guerracivilistas y demagogas tampoco son ninguna novedad, sino que son una constante bien destacada en la historia del partido.Todo esto lleva a este momento oscuro en que los discursos de odio se airean con una arrogancia que pone en peligro cualquier idea de cohesión social. No ayuda en nada la izquierda cuando también cae en populismos de la peor especie, como el gesto de señalamiento que Rufián hizo en el Congreso contra los diputados de Junts. Querer luchar —por estrategia o por pura soberbia— contra la ultraderecha con las armas de la ultraderecha no es una forma de audacia, sino un camino directo hacia el embrutecimiento y el fracaso.

Este fin de semana pasado volví a ver Gran Torino, una de las mejores películas que ha dirigido Clint Eastwood (y eso es decir mucho, tratándose como se trata de uno de los mejores directores del Hollywood de los últimos cincuenta años). Coincidió con la publicación de la encuesta de YouGov para este diario, con el dato de que un 66% de los catalanes, una mayoría incontestable, se muestran partidarios de restringir el acceso de los inmigrantes al país. Esta misma mayoría se muestra, al mismo tiempo, a favor de garantizar la igualdad de derechos entre todos los residentes. Sin embargo, un 30% se declaran a favor de la aplicación de la prioridad nacional que defienden Vox y Aliança Catalana (y que el Partido Popular ha asumido). Estrenada en 2008, el film de Eastwood ya habla abiertamente de inmigración, y es un canto a la diversidad y a la cohesión social de un país (los EE. UU., pero podría ser Cataluña, podrían ser los Países Catalanes) formado históricamente por inmigrantes. Que sea un canto, sin embargo, no quiere decir que sea acomodaticio ni bienpensante: se ve cómo los negros tienen prejuicios contra los asiáticos, los asiáticos contra los blancos, los italianos contra los chinos, los chinos contra los hispanos, los polacos contra los irlandeses. Se retrata el supremacismo de los blancos sobre todo el resto, así como el resentimiento y la xenofobia que las minorías profesan por los blancos, etc. Hay violencia, armas (estamos en los EE. UU.), conflictos lingüísticos, culturales y religiosos y banderas americanas hechas polvo en los porches de casas destartaladas de barrios degradados. Pero Eastwood toma partido claramente por la capacidad de las personas para acoger y para convivir. Es una capacidad basada en la tolerancia, la empatía y la inteligencia, cualidades que nos definen como seres humanos antes que como patriotas.

Se han vuelto frecuentes los intentos de asociar la escuela pública con la idea de conflicto y de espacio no seguro para los alumnos. Lo intenta la derecha del PP y Vox en Baleares y en el País Valenciano, presentando los centros de primaria y secundaria como escenarios de una pugna lingüística, donde los docentes, según ellos, quieren “adocrinar” a los alumnos en el aprendizaje de la lengua catalana. El mensaje es que vayan a la privada y a la concertada, donde ni los alumnos ni los padres tendrán que afrontar ningún tipo de disyuntiva: en caso de duda, vayan siempre con el más fuerte.En Cataluña es un gobierno que se dice progresista, del PSC, el que plantea poner policías de paisano en escuelas e institutos. No dentro de las aulas, puntualizan. No para ejercer la docencia, puntualizan. Menos mal. Son policías formados en mediación, aclaran, que solo tendrán que actuar cuando sea necesario (¿cuándo es, exactamente, eso?). Se entiende que no irán armados y que su función no será punitiva. Cuantos más matices ponen, todavía suena peor.No lo explicaré mejor de como ya lo ha explicado David Fernàndez, pero querría subrayar que la sola idea de introducir los cuerpos policiales dentro de la escuela pública es una aberración. La policía solo debe hacer acto de presencia en los centros de enseñanza en casos muy concretos, pero no tiene ni debe tener ningún papel dentro de la comunidad educativa, y menos aún en el día a día de las escuelas y los institutos. La idea que se transmite vuelve a ser que la escuela pública es un lugar no fiable. Tan peligroso, de hecho, que requiere vigilancia policial. El mensaje vuelve a ser el mismo: padres, evitad a vuestros hijos estos lugares no seguros. Mientras tanto, hay en curso una gran huelga educativa con una larga lista de reivindicaciones (algunas tan antiguas como los ratios), entre las cuales no figura ninguna que ni remotamente se parezca a tener policías de paisano en las escuelas y los institutos.Un buen maestro, o profesor, ejerce, dentro del aula, una forma muy especial de autoridad, que no tiene nada que ver con la del policía. Los buenos maestros y profesores de la pública, que son la mayoría, enseñan a poner en cuestión, y al mismo tiempo a respetar, la autoridad (la suya propia y, por extensión, todas las formas de autoridad). Es un equilibrio delicado, difícil, finísimo. La función social del docente y la del agente de policía no son complementarias. No suman. Por supuesto que la policía hace un papel necesario en la sociedad, pero su presencia en la escuela no hace más que desvirtuar, distorsionar y degradar el ecosistema educativo con una grave sombra de sospecha.Tal vez si todos los gobiernos de todos los colores no hubieran caído en la tentación de ir superponiendo leyes educativas a lo largo de los años no se habría llegado a este punto. En cualquier caso, la función de un gobierno democrático –especialmente si se dice progresista– es velar, por encima de todo, por los servicios públicos, para que haya sanidad y escuela para todos y de calidad. Esto se hace escuchando a los profesionales y multiplicando los recursos. No enviándoles la policía.

Más allá de politiquerías y estrategias de partido (en Junts deben estar muy seguros de adónde van, votando lo que votan), cualquier debate sobre vivienda debería partir de este principio: el derecho de las personas a una vivienda digna es superior y debe prevalecer sobre otros derechos, como el de la propiedad privada y su explotación dineraria. Aún podemos hacerlo más amplio: como principio general, allí donde los derechos individuales colisionan con el bien común, aquello que debe retroceder es el derecho individual. Jamás el bien común ni el interés de la sociedad. En una situación de emergencia habitacional, un particular —sea individuo, empresa inmobiliaria o fondo de inversión— no tiene “derecho” a especular con los precios del alquiler y la venta de viviendas. En una situación de crisis climática, nadie tiene “derecho” a destruir el medio ambiente en nombre de la productividad económica, y tampoco a cuestionar sin argumentos válidos las evidencias científicas. En una situación de epidemia, o pandemia, nadie tiene “derecho” a no vacunarse, si no es asumiendo que su decisión pone en peligro la salud y las vidas de las personas a su alrededor (y que le es indiferente). Son solo algunos ejemplos.Algunos tildarán el párrafo anterior de comunista, pero no lo es: es simple socialdemocracia y sociedad del bienestar, tal como las entendíamos no hace tanto tiempo. El principio es sencillo: para que las sociedades avancen deben hacerlo colectivamente. Si solo se benefician unos pocos y muchos salen perjudicados, no hay progreso: hay involución. Los discursos iliberales, o turbocapitalistas, no son una evolución del liberalismo clásico, sino su degradación. El mercado, por sí mismo, no pone a cada uno en su lugar, especialmente cuando el mercado está dopado, inflado y falseado en favor de intereses bien concretos y descriptibles. La retracción de la democracia deja al descubierto otro proyecto, un nuevo orden pensado y comandado por oligarcas globales con sirvientes locales en cada país, que imponen a los gobernantes y las poblaciones una especie de selección natural basada en el dinero. No es ninguna novedad en la historia humana, pero si durante algunas décadas nos hemos enorgullecido de que Occidente era la zona más avanzada del planeta, era justamente porque se había trabajado en la dirección contraria a todo esto.Intentar encarnar esta ideología en la figura del buen catalán (o el buen mallorquín) que ha currado toda la vida como una bestia y ahora tiene derecho a hacer lo que quiera con las casas y pisos que ha heredado de los abuelos, o que ha comprado especulando, es, como mínimo, una falsedad indecente. Cataluña, precisamente, ha sido pionera por haber sido un país construido sobre la idea firme (y esta sí, liberal) de la distribución de la riqueza y el mejoramiento colectivo. En Mallorca esta idea no ha existido nunca, y por eso se ahoga en un turismo masivo y sin alternativas a la vista (y vendiendo las casas y pisos de los abuelos al mejor postor, que curiosamente son los fondos buitre). El derecho a la vivienda digna, repitámoslo, debe prevalecer por encima del derecho a la propiedad.

La enorme, y tristemente demostrada, capacidad destructiva de Donald Trump no le priva de una innegable vis cómica. Funciona, pero, de manera inversa: cuando Trump se cree gracioso no tiene ni pizca de gracia, porque todo su supuesto humor se basa en denigrar personas o instituciones que generalmente no se pueden defender, y también en ese recurso tramposo de los más zafios que consiste en querer ser políticamente incorrecto (según ellos “ya no se puede decir nada”, pero, en cambio, bien que los oímos y los leemos cada día de cada día). En cambio, cuando no se propone ser divertido, su propia naturaleza grotesca hace que Trump pueda llegar a hacernos reír.Eso es lo que volvió a pasar durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y el intento de atentado que, supuestamente, volvió a sufrir el actual presidente de los EUA, unos hechos que, en lugar de la gravedad de un drama, tuvieron los ingredientes de una opereta bufa. La periodista Antonia Hitchens, del New Yorker, por ejemplo, lo cuenta con el tono distendido de quien ha presenciado una bufonada y no un momento de grave crisis de las instituciones democráticas. La misma cena de corresponsales, de hecho, es una costumbre que, con el paso de los años, ha adquirido un cierto ceremonial, pero que sobre todo se basa en el buen humor: es justamente por eso que Trump la había evitado hasta ahora, porque su talante de niño malcriado no tolera las bromas ni las críticas. Él puede insultar, amenazar o ridiculizar, pero si alguien lo trastoca o se burla de él, su reacción es enfadarse y hacer el ridículo. Es lo que pasó al día siguiente del incidente, cuando la periodista Norah O'Donnell, de la cadena CBS, leyó a Trump un fragmento del manifiesto que el supuesto terrorista, un tal Cole Thomas Allen, había hecho público antes de intentar disparar contra él y en el que acusaba al líder republicano de ser un violador, un pederasta y un traidor. La reacción de Trump fue estallar en cólera contra la periodista e insultarla gravemente ante la propia cámara (cuando, hasta aquel instante, había estado haciendo la comedia del líder entendido, e incluso compasivo, que cuando recibe una agresión se preocupa por el bienestar de las personas). El efecto, en este caso, fue de una comicidad involuntaria, al estilo de Aterriza como puedas.Sin embargo, fueran ciertas o formasen parte de un montaje para intentar hacer remontar la muy decaída popularidad de Trump, las palabras del tirador eran muy presuntamente ciertas: Trump ya ha sido condenado por haber desviado fondos de la campaña electoral para silenciar los servicios sexuales de una actriz porno y los indicios que apuntan a que pueda ser un violador y un pederasta son muchos y consistentes. Casi todos los análisis del papel de Trump en conflictos como Gaza, Venezuela o Irán incluyen la necesidad que tiene el actual presidente de los EE. UU. de distraer la opinión pública de los escándalos que pesan sobre él, comenzando por el caso Epstein. En cuanto a la acusación de traidor, no hace falta ni dudarlo: tan solo es una garrapata de la patria, como tantos otros que presumen de patriotismo. En los EE. UU. y en todas partes.

Al final, la citación de Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional ha sido una especie de capricho negro (un capricho de Goya, que ya denunciaba los abusos de poder de la España de su tiempo) del tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, que no se ha molestado en disimular mucho su complacencia al hacer pasar al expresidente catalán por este episodio esperpéntico. “El tribunal no quiere caer en el edadismo”, soltó, en evidente tono de mofa. En Madrid han corroborado aquello que ya se había determinado en Barcelona: que Pujol no estaba en condiciones físicas ni psicológicas de comparecer ante un tribunal. “Era imprescindible el contacto personal”, ha insistido el juez De Prada, a años luz de reconocer que él y el tribunal habían cometido aquello que en lenguaje jurídico se conoce como una cagada monumental. El sentido común más elemental avisaba que la maniobra, además de fea, no tenía ningún sentido ni contenido, más allá de una exhibición gratuita de poder a mayor abundancia de la España ultranacionalista. Pero el sentido común más elemental es algo que no se le puede ni se le debe pedir a la cúpula de la magistratura española, porque está exenta de él.El episodio recuerda varias cosas sobre la justicia en España. Una, que la justicia lenta no es justicia y que cuando se tardan diez, doce o catorce años en juzgar las cosas puede pasar, por ejemplo, que uno de los acusados (sobre el cual, por otra parte, no se ha probado nada de nada) ya sea muerto o tenga una salud demasiado precaria, como en este caso. En cambio, a los protagonistas de la trama Kitchen, que se juzga en la misma Audiencia Nacional, el retraso les ha ido bien para abonar los ataques de amnesia fingida con que se presentan a declarar. La mención a la Kitchen nos conduce a las siguientes cuestiones: las diferentes varas de medir de la justicia española son, también, políticas. Y esto explica que De Prada y su tribunal se diviertan haciendo escarnio de Pujol, mientras en la sala de la Kitchen la magistrada Teresa Palacios se ocupa de interrumpir o desautorizar las preguntas que puedan incomodar a Rajoy, De Cospedal o Sáez de Santamaría, que no solo no reciben ningún tipo de trato vejatorio sino que llegan y se van con la cara bien alta. Poner la justicia al servicio o en contra de unos u otros intereses políticos es una de las peores formas de perversión del estado de derecho.Este episodio ha sido también un recordatorio de que lo que llamamos el conflicto Cataluña-España es el resultado de la suma de dos debilidades: la de España, que no ha conseguido nunca completar, ni siquiera con la Guerra Civil, su proyecto nacional jacobino y homogeneizador (un estado, una nación, una bandera, un rey, una lengua), y la debilidad de Cataluña, que no solo no ha conseguido salir de este proyecto nacional de España, sino que en gran medida tampoco quiere salir de él. El españolismo es fanfarrón; el catalanismo es victimista; ambos son resentidos y rencorosos. Nada avanza nunca, o avanza muy poco. De todo ello Jordi Pujol es una completa personificación.

Mariano Rajoy ha sabido sacar siempre un rendimiento extraordinario de su personaje público. Hace tiempo que consiguió hacerse, también entre sus detractores, una imagen amable, para muchos incluso entrañable, de hombre despistado, un poco lento, con ocurrencias un poco estrambóticas pero que hacen reír, más interesado en el fútbol que en la política (tristemente, tanto en España como en Cataluña, el fútbol funciona como un blanqueador social perfecto para cualquier bribón), hecho a la antigua, en el fondo un buen tipo.Todo esto, no hace falta decirlo, es falso. Se trata de una fachada, medio casual y medio construida de forma estudiada, que le ha dado, decíamos, muy buenos resultados. Rajoy siempre marca una distancia bien visible entre lo que sucede a su alrededor y su persona, como si las cosas no fueran nunca con él, como si no existiera ninguna relación de causalidad entre los cargos que él ha ocupado en el Partido Popular y en el gobierno de España y los delitos que se cometían dentro del partido o dentro de los ejecutivos que presidía. Tanto da si se trata de la trama Kitchen, de la policía patriótica, de las cargas policiales del 1 de Octubre o de cualquier otro escándalo. Él no estaba, no sabía nada, era ajeno, su desconocimiento era absoluto. Rajoy también posee una sangre fría notable, que le permite mentir ante un tribunal y restar impávido. Aún más si la presidenta del tribunal le ayuda, como hizo la magistrada Teresa Palacios el jueves pasado durante las declaraciones de Rajoy y Cospedal en la Audiencia Nacional, precisamente por el caso Kitchen.A Rajoy, esto sí, le pasa como a los malos actores, que se acaban aburriendo de hacer el mismo papel y entonces sobreactúan. En esta ocasión negó hasta que conociera los alias por los cuales era conocido dentro de los círculos delincuenciales organizados dentro de la cúpula de su partido: aseguró desconocer los motes deel Asturiano, el Barbas, etc. “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe”. Otro de los recursos preferidos de Rajoy son las obviedades y las tautologías, con las cuales a menudo consigue provocar la sonrisa de la audiencia y facilitar los chistes de los monologuistas e imitadores.La realidad es que la etapa de Rajoy en la presidencia fue una de las más oscuras de la democracia española, y ya es decir. Son unos años de patrimonialización descarada de las instituciones, de negación de cualquier diálogo con la oposición, de impulso al ideario ultra que finalmente se ha hecho hegemónico dentro de la derecha española (ahora nos exclamamos, pero Rajoy ya tenía ministros que cantaban El novio de la muerte en las procesiones de la Semana Santa de Málaga), de beligerancia constante contra cualquier forma de diversidad (sobre todo contra la diversidad lingüística, sobre todo contra el catalán) y, por supuesto, de corrupción organizada e institucionalizada a todos los niveles de la administración pública. Quizás sería necesario que las próximas veces que Rajoy esté ante un tribunal no sea para volver a burlarse de la justicia y la ciudadanía, y marcharse tan contento.

El lema de la prioridad nacional, como casi toda la retórica de la derecha ultranacionalista española, es una copia de parte del arsenal doctrinario del trumpismo. En este caso, el original es el America First, que fue uno de los eslóganes que llevaron a Trump a la presidencia de los EE. UU., junto con el Make America Great Again que Trump lleva incrustado en las viseras de sus deprimentes gorras de béisbol, y que con sus iniciales da nombre al movimiento MAGA. Nada nuevo bajo el sol de las ideologías y los discursos reaccionarios: cierre exterior e interior, repliegue, odio o suspicacia hacia aquello y aquellos que vienen de fuera, y exaltación de un puñado de valores tradicionalistas que funcionan como el cromo de una prosperidad supuestamente perdida, pero que en realidad nunca existió.Eslogans com “primero los de aquí” son subproductos de la política, tergiversaciones burdas del liberalismo, en que las ideas han sido sustituidas por las emociones: el miedo, la rabia, el odio. De esto viven las ultraderechas, y este es el género averiado que el Partido Popular ha comprado (ha vuelto a comprar) a sus socios y adversarios de Vox. La aceptación, ni que sea con matices y tira y afloja, de la prioridad nacional representa, como explica el editorial de este diario, una concesión muy importante, diríamos que definitiva, del PP a los discursos xenófobos, racistas y supremacistas. Desde el PP, siempre saben encontrar algún eufemismo para atenuar su genuflexión ante Vox y, en este caso, discuten (hacen ver que discuten) para vincular la prioridad nacional al arraigo y no a la nacionalidad. Pero el trasfondo no cambia: lo que hace el PP es dar cobertura y legitimación a una propuesta racista y xenófoba de la extrema derecha.A partir de aquí hay quien finge sorpresa o hace trampas con paralelismos inexistentes. Hay que decirlo: ni Bildu, ni Podemos, ni ERC ni Sumar representan de ninguna manera, dentro de la izquierda, nada equivalente a lo que representa Vox desde la derecha: una formación que reivindica, por ejemplo, el legado del franquismo y que hace propuestas frontalmente anticonstitucionales, como esta de la prioridad nacional, que desafía también los Tratados de la UE. Si queremos saber cómo se relaciona (y es previsible que se siga relacionando) el PP con Vox, basta con repasar cómo lo hace en las comunidades autónomas donde ya tienen tratos: ahora mismo, en Extremadura y Aragón, después de obstruir la gobernabilidad durante medio año, han accedido a formar gobiernos a cambio de facturas políticas draconianas que el PP tendrá que pagar poco a poco. En el País Valenciano y en Baleares, el PP lleva dos años de gobiernos con apoyo, desde dentro o desde fuera, de Vox: cada votación que se quiere llevar adelante en el Parlament balear o en las Cortes Valencianas exige una negociación desde cero, con los precios políticos y los intereses disparados. És lícito pensar que, si el PP mantiene un socio tan difícil (tiene alternativas en la mayoría de las comunidades y ayuntamientos) es porque, en el fondo, el proyecto polític del PP y el de Vox son indistinguibles.

El Ayuntamiento de Calvià, en Mallorca, vuelve a celebrar este año (ya lo hizo el año pasado) una festividad llamada Saint George, que viene a ser Sant Jordi pero dirigido exclusivamente a los turistas y a los residentes británicos, muy abundantes en este bello lugar de la sierra de Tramuntana. El Ayuntamiento de la villa, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, considera (son palabras textuales de su página web, traducidas del castellano) que les corresponde “poner en valor la importante presencia británica en el municipio, y fomentar la convivencia a través de la cultura, la música y el ocio compartido”. A tal efecto, y en la localidad costera de Palmanova, “tendrá lugar esta jornada festiva que incluye una extensa programación de actividades para todas las edades en un ambiente familiar y multicultural”. Las susodichas actividades “resaltan la identidad inglesa y la vitalidad de este colectivo con una importante presencia en el municipio”. Los gobernantes de Calvià han descubierto el multiculturalismo de blancos con blancos, lo que vendría a ser el multiculturalismo turístico. Esta bella celebración no tendrá lugar en la festividad de Sant Jordi, sino este próximo domingo 26 de abril, para favorecer que la gente pueda salir a pasear tranquilamente con los niños. Si los británicos están de humor, quizás podrán saludarlos y hacerse una foto. Las “actividades culturales” incluyen conciertos de tributo a los Beatles y a Freddie Mercury, talleres de pintarse la cara, mercado “artesanal”, y pasacalles “temáticos” sobre la leyenda —aquí la traducción es imposible— de San Jorge y el dragón.El Saint George de Calvià, no hace falta casi ni decirlo, prescinde de cualquier referencia a Sant Jordi y a la cultura y la lengua propia de Calvià, de Mallorca y de las Baleares, que son la lengua y la cultura catalanas. Forma parte de una visión política que considera la isla un enclave español, y si conviene también británico, y que al mismo tiempo no se descuida de trabajar en la proyección turística del municipio (la única y verdadera obsesión de unas élites con una relación patológica con el dinero fácil) bajo el signo de la desestacionalización, un concepto que antaño reivindicó el progresismo pensándose que se trataba de repartir mejor el turismo y su impacto a lo largo del año, pero que ha acabado queriendo decir masificación y colapso tantos meses como sea posible. Hace tiempo que Calvià tiene gobiernos municipales ultraderechistas que se han de enfrentar también, cada año, a un dilema: Jaume I y sus tropas desembarcaron en Mallorca el 10 de septiembre de 1229 en Santa Ponça, justamente dentro del término de Calvià, y les resulta un problema celebrar la efeméride porque entonces han de hacer equilibrios para esconder que aquellos cristianos que mataban moros (bien) eran catalanes (muy mal).El día antes de Saint George, el sábado 25, se celebrará en Calvià el Día del Libro, con puestos de este producto. Quizá es a tiempo de pasarse el escritor Mendoza, que encontrará en Calvià una celebración alternativa a Sant Jordi muy similar a la que él exigió hace unos días.