El Likud, liderado por Benjamin Bibi Netanyahu, fue el partido más votado en las elecciones israelíes del martes, pero recibió sin embargo un importante castigo electoral y quedó muy lejos de poder formar gobierno, incluso sumando a los socios ultraortodoxos, sionistas y ultraderechistas que le han apoyado en los últimos años. Entre todos sumarían un total de cincuenta escaños, cuando la mayoría en la Knesset es de sesenta y uno (en la pasada legislatura, Netanyahu y sus socios sumaban sesenta y tres). Existe coincidencia entre los analistas al señalar que Netanyahu ha pagado en las urnas el radicalismo de su último mandato, que muchos atribuyen precisamente a las posiciones extremas de sus socios. Dos ministros, en particular, el fanático titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de la formación de extrema derecha Otzma Yehudit, y el cínico responsable de Finanzas, Bezalel Smotrich, del Partido Sionista Religioso, también de extrema derecha y ultranacionalista, han personificado el radicalismo antipalestino y son el motivo directo de la fuerte movilización que han mostrado en estas elecciones los votantes árabes israelíes, que han acudido a las urnas en masa. Si no se fuerza una repetición electoral, los partidos árabes serán clave en la formación de un nuevo ejecutivo encabezado por Gadi Eisenkot y su partido Yashar (que se autodefine de centroderecha, aunque esta es una etiqueta bastante elástica) y que podría incluir fuerzas de derecha laica como Israel Beitenu, o de centroizquierda como Los Demócratas. Pase lo que pase, sin embargo, Netanyahu puede perder la inmunidad que le ha dado impunidad, y tener que rendir cuentas pendientes por corrupción ante la justicia israelí. O ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, por el genocidio de Gaza.

Mientras el recuento de víctimas subía despiadado, salieron a hacer declaraciones el ministro de Fomento, Óscar Puente, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Puente se esforzó por dar explicaciones técnicas, y las dio, pero introdujo en ellas una palabra maldita, una palabra inadmisible en momentos de desesperación, y también en una campaña, o precampaña, electoral salvaje: es la palabra “inexplicable”. Que el ministro reconozca que la catástrofe se ha producido por un error “inexplicable” (que desde el centro de control se diera la orden de reanudar la marcha a un tren en una línea parada, en un sistema de alta velocidad que presume de ser de los más avanzados del mundo) es inaceptable por insuficiente. Pedro Sánchez, por su parte, dio una explicación más política, en la que dio a entender que rodarán cabezas y que quien haya cometido un error o una negligencia lo pagará caro. A la vez, también verbalizó una evidencia maldita, y también inaceptable tanto para las víctimas como para un contexto de enfrentamiento político a todo o nada: dos accidentes extremadamente graves en la línea de alta velocidad –dos catástrofes ferroviarias– en el mismo año. De hecho, con tan solo siete meses de diferencia. Esto tampoco es aceptable.

La líder del partido fascista Alianza Catalana, Sílvia Orriols, animó a sus votantes hace unos días, en una entrevista en Ràdio 4, a votar a Vox en las elecciones españolas. Cuando le preguntaron si veía contradicciones entre votar a Vox en las elecciones españolas y a Alianza Catalana en las elecciones al Parlamento de Cataluña, respondió: “Creo que no. Ellos [los electores], en el marco de las elecciones españolas, depositan su confianza en quien crean conveniente, y en el marco del Principado de Cataluña depositan su confianza en nosotros porque consideran que nuestro proyecto, que comporta la restitución del estado catalán, es el más apropiado o idóneo para llegar al estado del bienestar que ellos anhelan”. El mismo día, en una entrevista a La Vanguardia, Santiago Abascal afirmaba que su partido está dispuesto a “colaborar con Alianza Catalana para defender la identidad catalana” frente al califato (él lo llama “la amenaza musulmana”). El cortejo está a la vista, la declaración de principios es diáfana por ambas partes.

Las movilizaciones que se producen alrededor del mundo (de Bangladesh a Barcelona, pasando por Milán, París o Madrid) pueden tener evidentemente elementos en común, empezando por el hecho de tratarse de movilizaciones en las calles de estas ciudades que surgen de forma simultánea, protagonizadas por jóvenes. Pero también hay diferencias que aconsejan no mirarlos como partes de un mismo conjunto. Aquí hay de todo: protestas, revueltas y manifestaciones con motivaciones, objetivos y lemas más o menos claros. Y después también hay disturbios, ataques ciegos vandálicos y vacíos que como mucho crean alarma social y caos, sin contar los destrozos y el pillaje. Buscan confundirse con los otros movimientos, y de hecho esta confusión es su objetivo principal.

Hay consternación entre los lectores y escritores en lengua catalana por la muerte, hace unos días, de Jaume Pont, uno de los poetas más destacados de su generación. Pont había nacido en el año 1947, como Josep Piera, otro de los grandes poetas en lengua catalana de las últimas décadas: por estas dos muertes, es adecuado pensar en 2026 como un año aciago. Corre por las redes una foto preciosa en la que aparecen ambos, Piera y Pont, en la casa del primero en la Drova, a punto de darse un abrazo, felices de disfrutar del placer de la amistad verdadera. Eran maestros en el arte de hacer versos y en el de vivir, y así lo hacían patente, sin ni siquiera proponérselo, en cada cosa que hacían. Su condición de “periféricos” (Jaume Pont era de Lleida y Josep Piera de Beniopa, en la muy feraz comarca de la Safor) no era tan solo un dato sobre los respectivos lugares de nacimiento: la poesía, la alta poesía, es siempre un asunto periférico, y esto no quiere decir que no interese a nadie (bien al contrario: interesa a una multitud, interesa a las masas) sino que no se monetiza, no es venal, no se intercambia en euros ni en dólares, y, por eso, los que necesitan cuantificarlo todo y ponerle precio a todo, la encuentran sospechosa.

Algún malpensado podría llegar a creer que los magistrados del Tribunal Constitucional quedaron exhaustos después de enfrentarse con los del Tribunal Supremo por la ley de amnistía, y ya no les quedaron fuerzas para contradecirlos en un nuevo atropello, tanto o más grave democráticamente que el anterior. Se trata de las medidas cautelares que impuso el Supremo contra la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, que en la práctica dejan sin derecho a votar a los 163.020 nacionalizados en virtud de esta medida. El Constitucional (por amplia mayoría, pero con dos votos particulares discrepantes) ha desestimado —por “prematura”— la pretensión del Defensor del Pueblo, que había presentado recurso para dejar sin efecto la decisión del Supremo, dado que todavía está abierto el periodo de alegaciones que el Supremo dejó abierto para este caso. Algún malpensado, como decíamos, podría llegar a creer que los magistrados del Constitucional han preferido esconderse detrás de un tecnicismo que agravar el enfrentamiento que ya mantienen con los del Supremo (un enfrentamiento que también es un pésimo síntoma, en este caso de politización de la justicia y su reverso, que es la judicialización de la política).

Un grupo de científicos importante –en cantidad y calidad–, acompañado de una serie de nombres de la sociedad civil, ha firmado una carta abierta a los gobiernos de las dos Generalidades (la de Cataluña y la Valenciana) alertándoles de la necesidad de tomar medidas ante la amenaza del fenómeno meteorológico conocido como el Niño. Esta carta se integra dentro de la campaña internacional Alerta el Niño, y quien se tome la molestia de leerla, se dará cuenta de que hay poco espacio para las opiniones personales, y todavía menos para las discusiones de sobremesa o de barra de bar. De forma clara y concisa, en la carta se expone qué es el Niño, cuáles son sus causas, por qué esta vez es más peligroso que en ninguna otra ocasión, y cuáles pueden ser sus consecuencias. No se trata de crear alarmismo, sino de tomar conciencia de la realidad de nuestro entorno natural, que por descontado tiene y tendrá siempre primacía sobre cualquier otra consideración. Estamos en medio del Mediterráneo, una de las zonas del planeta donde el cambio climático tiene una incidencia más fuerte y más rápida. Además de conciencia, la carta insta a los gobernantes a tomar las medidas que está en su mano tomar: algunas son de aplicación inmediata, otras son a medio plazo, pero todas son necesarias. La autoridad y el prestigio de los científicos que han firmado la carta (como el investigador del CSIC Jordi Solé o la doctora en Física Olga Alcaraz) la convierten en un documento que hay que tomar muy seriamente.

Este hombre que se presenta por el PP, Alberto Núñez Feijóo, fue a Cataluña a explicar una cosa que llama Contrato con España y que vienen a ser las medidas más destacadas que piensa aplicar si España lo contrata a él como presidente del gobierno. Son una serie de cosas de derecha espantosamente rancia, que incluyen la defensa de la soberanía nacional (nacionalismo banal y no tan banal a espuertas), el “aligeramiento” del estado (recortes en los ámbitos laboral, social y cultural), “ordenar” la inmigración (barra libre a la xenofobia y la aporofobia), la “garantía” de las pensiones (las quieren privatizar), el “fortalecimiento” de la sanidad pública (la quieren recortar todavía más) y una medida estelar, fulgurante, sin la cual la gente de bien, que es a la que se dirige Feijóo, no puede vivir: garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña, y se entiende que también en el País Valenciano y en las Baleares, donde también hay indígenas que se empeñan en hablar (¡y en enseñar en la escuela!) la lengua catalana. En la cláusula del “contrato” referida a educación, figura también un compromiso que asume el candidato Feijóo y que no puedo dejar de reproducir, porque constituye un despropósito singular y enorme: “(...) la educación debe premiar el esfuerzo, incrementar la exigencia y reforzar la autoridad del docente. Los contenidos serán elaborados por las reales academias”. Las reales academias no hacen ni han hecho nunca ningún tipo de tarea educativa ni pedagógica, y los trabajos que elaboran no tienen nada que ver con la escuela primaria ni secundaria. Ya solo falta que los alumnos tengan que completar su formación con un año en el Juan Sebastián Elcano.

En relativamente poco tiempo, nos hemos tenido que hacer a la idea de que el cambio climático ha dejado de ser un aviso o una alarma y ha empezado (por lo que parece, solo ha empezado) a convertirse no solo en una realidad perceptible, sino directamente en una amenaza real. Algunos expertos dicen que el clima mediterráneo está experimentando un proceso de tropicalización, y que por este motivo son cada vez más frecuentes los aguaceros, las inundaciones y fenómenos nuevos, o hasta ahora insólitos o desconocidos, para los cuales hay que inventar nombres nuevos, como el medicán o huracán mediterráneo (a veces habrá que afinarlos un poco, estos nombres nuevos): intentos de denominar un fenómeno que se parece bastante a un huracán, en un lugar del mundo donde no había habido nunca, huracanes. Es solo un ejemplo, hay –habrá– a raudales.

En una entrevista a El Periódico y publicada este domingo, el candidato del PP a la presidencia del gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, decía que “el gobierno con Vox puede funcionar, ya lo hace en cuatro comunidades autónomas”. No hace tanto tiempo los dirigentes del PP, y especialmente Feijóo, evitaban hacerse fotos con los de Vox en las manifestaciones, para no ser relacionados con la extrema derecha. Eran los tiempos en que desde Vox llamaban “derechita cobarde” al PP, mientras les iban ganando terreno y electorado.

Las fuerzas políticas “a la izquierda del PSOE” tenían hasta este viernes para unificar esfuerzos y presentar alguna clase de propuesta conjunta que pudiera ilusionar, o como mínimo movilizar, a su electorado. Nos referimos a los partidos del llamado Frente Amplio (Sumar, Comuns, Más Madrid, IU) y a los dos partidos del Frente Rufianista-Monterista, o ERC-Podemos. Esto, sin embargo, no ha ocurrido. Los frentes que se han impuesto, por enésima vez, son el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular, tan inspiradamente descritos en La vida de Brian de los Monty Python, y su consuetudinaria, irritante, estúpida incapacidad para llegar a acuerdos de ningún tipo entre ellos. Salvo que haya, en tiempo de descuento, uno de esos fatigosos giros de guion, uno de esos infantiles golpes de efecto a los que se han abonado los políticos de nuestro tiempo, “la unidad de las izquierdas” no se volverá a producir, por culpa precisamente de aquellos y aquellas que se han pasado meses y años discurseando y gesticulando sobre la necesidad de la unidad de las izquierdas. El hecho de que la convocatoria de elecciones sorprendiera a todas estas fuerzas con los deberes sin hacer y completamente desorganizados ya fue bastante vergonzoso; que en las semanas siguientes no solo no hayan sido capaces de corregir esta situación sino que la hayan terminado de arruinar, es una calamidad. De las formas que podían, los electores pedían solo una cosa: una sola papeleta electoral, una sola lista para votar. Para eso no hacía falta ni siquiera “unidad de las izquierdas”, solo una cierta voluntad de entendimiento. Un poco de habilidad, de inteligencia, de cintura, de mano (izquierda, sí) y, sobre todo, una dosis importante de humildad, de autocrítica y de voluntad de servicio a la ciudadanía. No ha habido nada de todo eso. Ni “una sola papeleta” ni nada. Nada de nada.

El ya célebre "quien pueda hacer que haga" de Aznar ha llegado, como no podía ser de otra manera, a la monarquía española, y en estas están. Anunciada con semanas de antelación, la visita de los reyes de España, Felipe y Letizia, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no tiene otro contenido que el pleno apoyo de la casa real al futurible gobierno del PP y Vox. Al menos así es como lo interpretan la derecha y la ultraderecha españolas, porque es bastante difícil interpretar el gesto de cualquier otra manera, y aún más en días ya de plena precampaña electoral. “Vivimos días oscuros”, afirmó el monarca el pasado mes de febrero, en un discurso ante el Parlamento Europeo, con su característica ambigüedad: cada uno podía entender que la oscuridad de la que hablaba hacía alusión al auge de las extremas derechas en toda Europa, o bien a las maldades del sanchismo. En todo caso, Felipe VI y la Corona española no esconden sus preferencias, como mínimo desde el 3 de octubre de 2017.

Se ha convertido en un funcionamiento de rutina que las entidades cívicas –o directamente los partidos– de extrema derecha o ultranacionalistas españoles lleven a las altas instancias judiciales sus exigencias políticas, y que jueces y fiscales asuman el trabajo de convertirlas en sentencias o resoluciones de cumplimiento obligado para la ciudadanía o las instituciones. Es lo que se conoce como judicialización de la política, un mecanismo que se engrasó y afinó (“afinar” era una palabra clave) durante los años de persecución y criminalización del independentismo catalán, y que ahora ya ha cogido velocidad de crucero contra todos los enemigos de España que se pongan por delante, empezando si hace falta –como también ya hace unos años que vemos– por el mismo gobierno de España.

Rufián ha acabado convirtiéndose en una especie de candidato a medias entre ERC y Podemos, una idea que hasta no hace tanto habría podido parecer disparatada y que ahora pasa como una especie de solución de compromiso. De aquí al viernes falta ver si su maniobra consigue llevar al resto de partidos “a la izquierda del PSOE” que intentan constituir el llamado Frente Amplio –Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida– a presentar a las elecciones una sola papeleta, como piden muchos de sus votantes y algunos de los partidos que se quieren abonar pero sin diluir sus siglas (como pasó en 2023 con la creación de Sumar). Es el caso de Compromís, en el País Valenciano, y de Més per Mallorca y Més per Menorca, en las Baleares. Una sola papeleta sería el mensaje electoral más claro que podrían enviar las izquierdas a sus votantes, y para Gabriel Rufián supondría la validación de su tesis de la necesidad de unir a todos los que tengan la preocupación de frenar a la extrema derecha en España. Un mensaje y una tesis frontistas, inéditos en una candidatura a las elecciones generales de un partido independentista catalán. La otra cosa que evidentemente falta ver es cómo afecta esta nueva configuración a los resultados electorales que pueda obtener ERC en Cataluña. Como contrapartida en las negociaciones entre los dos partidos, Podemos ha renunciado a presentarse en Cataluña en beneficio de ERC, pero es poco previsible que el resto de los partidos del Frente Amplio con aspiraciones electorales en Cataluña quieran hacer lo mismo.

La noticia de que la poeta Anne Carson ha sido galardonada con el Nobel tiene un punto de profecía autocumplida: así como algunos Nobel recientes (como la también poeta Louise Glück, como Annie Ernaux, como Han Kang o como el de justo la edición anterior, László Krasznahorkai) constituyeron ligeras y agradables sorpresas, el de Anne Carson brilla por su contundencia. “Ah, claro, Anne Carson”, deben haber dicho los muchos miles de lectores de sus versos en todo el mundo. Cuando digo que los antes mencionados fueron “ligeras y agradables sorpresas” quiero decir que no eran del todo inesperados: figuraban en “las quinielas” del Nobel, en las listas de autores candidatos a recibir el galardón, pero tal vez en lugares menos visibles de estas listas. Anne Carson no: Anne Carson ya hacía años que estaba entre los nombres que las encabezan, y no está fuera de lugar imaginarla, en los últimos años, esperando la llamada de la Academia Sueca. Un poco como Paul Valéry, que estuvo entre los candidatos doce o trece años seguidos, y cada año, cuando llegaban las fechas del Nobel, se iba a dar largos paseos para desahogar los nervios. Murió sin recibirlo, justamente el año en que los académicos suecos se habían decidido –dijeron– a dárselo. Anne Carson ha declarado que ella también saldrá a pasear por el bosque, pero en su caso “para no tener que contestar al teléfono; después, disfrutaremos del silencio”.

Tenía escrito este título para el artículo cuando he visto que el actor irlandés Liam Cunningham le ha dedicado a Maricarmen Abascal el mismo epitafio en un tuit, solo que él ha sido más específico: “Murdered by greed”, ha escrito, asesinada por la avaricia. Sí, “asesinada” es más exacto. El caso de Maricarmen ha dado la vuelta al mundo y el icono se ha hecho global, porque la crisis de la vivienda se extiende por toda Europa, en forma de colapso y de emergencia. Por eso, y porque reaccionar ante la infamia es un comportamiento afortunadamente humano, salvo para los individuos que viven ya anestesiados por el cinismo. O por la misma avaricia. Maricarmen no ha resistido el trago de ser expulsada de su casa por un pelotón de policías que tiraron la puerta de su piso al suelo, como si fueran a enfrentarse con una delincuente peligrosa. Quien no comprenda que esta mujer ha muerto por eso no está en condiciones de comprender nada.

La amnistía total para los líderes y encausados del Procés es una noticia excelente que pone fin no ciertamente al conflicto político entre Cataluña y España, pero sí a uno de los episodios más oscuros de la actual etapa democrática española. La amnistía lo es para los que han sufrido persecución judicial, policial, política y mediática durante nueve años, pero es sobre todo una amnistía que el estado español se concede a sí mismo, después de que sus poderes hayan incurrido en el crimen de lesa democracia de perseguir a ciudadanos por razones ideológicas. Pegar a ciudadanos en la vía pública, encarcelar a dirigentes cívicos y políticos o hacerles ir al exilio, criminalizar las ideas, es incompatible con la democracia y, sin embargo, es exactamente eso lo que pasó en el estado español en el año 2017 y siguientes. Si hubo un golpe de estado en España fue, como se ha dicho y repetido, el que empezó en el año 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto y se dilató hasta este lunes pasado, cuando por fin se ha podido dar por cerrada la etapa de represión política contra el independentismo catalán. Un golpe de estado hecho desde el Estado y por parte de servidores del Estado, en todos los niveles de poder: desde la policía hasta la monarquía, pasando por los jueces y fiscales (Llarenas, Marchenas, Lamelas, Zaragozas, Madrigals) que han tomado parte activa en una larga y desgraciada historia de lawfare o guerra sucia judicial, pasando también naturalmente por todos los responsables políticos que de alguna manera han impulsado o dado cobertura al despropósito. El estado español se ha jugado su credibilidad democrática, ya de por sí bastante poco consistente, y llegó al punto de bajar a la categoría de democracia defectuosa (en vez de la de democracia plena, donde se encuentra habitualmente) en el año 2021 en el Índice de Democracia de The Economist. Que ahora los responsables de todo esto salgan con completa impunidad no deja de ser injusto, y da un barniz efectivamente melancólico al momento de la aplicación de la amnistía.

Una vez más debemos estar de acuerdo con José María Aznar, analista: las elecciones generales del 29 de noviembre no son unas elecciones cualesquiera. Según Aznar son “las más importantes en los últimos cincuenta años”: más “importantes”, debemos entender, por tanto, que las elecciones generales constituyentes de junio de 1977, donde fueron elegidas las Cortes que redactaron y aprobaron la Constitución de 1978, la misma contra la que Aznar escribía unos artículos profundamente furibundos y “liberales” en el diario La Nueva Rioja. Ahora, convertido desde hace tiempo en un Pelayo visigótico del autodenominado constitucionalismo, el expresidente de la guerra de Irak y de la España va bien nos advierte de la hecatombe: “Si la mayoría actual de gobierno continúa en el poder, el sistema constitucional y la monarquía parlamentaria se acaban”, ha avisado. Se debe reconocer que, según cómo, es un escenario tentador.

Pedro Sánchez apareció como un político de laboratorio construido en los talleres de Ferraz y propulsado a la primera línea política para pactar con Ciudadanos. Este plan inicial falló varias veces hasta que Sánchez se vio presidiendo un gobierno “con ministros de Podemos”, una situación que él había dicho que no quería porque “no le dejaría dormir”. De la misma manera, ha pasado de ser contrario a la amnistía de los independentistas catalanes a ser su principal valedor, etc. La hemeroteca de las contradicciones de lo que Sánchez había dicho es abundante.

La naturaleza humana es reactiva: se encoge ante el anuncio del peligro, y saca pecho, fanfarronea y se descuida cuando el peligro ha pasado sin causar grandes estragos. Este fin de semana era curioso ver, en las redes, que los que más aprensión mostraban ante los avisos por la anomalía climática que llegaba a Cataluña –minihuracán, medicán o huracán mediterráneo: todas las denominaciones son más bien feítas– después se reían de la alarma una vez había pasado lo peor, o lo parecía.