Trump asistió a la final más pesada de la historia no tanto a ejercer de anfitrión como a hacerse unos memes con su amigo Infantino. Fue con dos patatas calientes dentro de los bolsillos: su guerra en Irán (que pierde) y las elecciones de medio mandato del próximo noviembre (que también puede perder). Las dos patatas, claro, están fuertemente conectadas: por supuesto, la desastrosa gestión de la crisis del Golfo y sus consecuencias empeoran las expectativas trumpianas ante los comicios, en los que se juega la mayoría en el Congreso.En Irán Trump continúa aferrado a lo que la periodista del New Yorker Robin Wright ha definido como "ad-lib strategy", es decir, una estrategia que no es ninguna estrategia. Una forma de actuar basada en los volantazos, el capricho, la volatilidad y los cambios de rumbo, en la que tan pronto se ordenan bombardeos masivos como se anuncian supuestos éxitos diplomáticos que siempre son éxitos al estilo de Vance, Hegseth o Rubio: ideas que debieron parecer buenas en las reuniones del núcleo duro de la administración Trump pero que fracasan en contacto con la realidad. Haber reanudado el conflicto armado después de haber firmado, aunque fuera telemáticamente, un acuerdo de paz –ahora congelado desde Teherán, mientras Trump se iba al fútbol– solo se puede calificar de demostración de ineptitud y de debilidad. Es evidente que Trump y sus colaboradores menospreciaron la capacidad de resistencia del régimen de los ayatolás, que incluso han superado la decapitación de su cúpula y la han renovado sin demasiados problemas, al menos en apariencia. No ha sido un paseo como dar un golpe de estado en Caracas, secuestrar a Maduro, poner un gobierno títere en el país y robarle el petróleo. El barco pirata de Trump ha encallado en el Golfo, y aparte de los miles de vidas humanas ya consumidas por el conflicto, el paquidermo naranja se juega que el estrecho de Ormuz continúe cerrado. La consiguiente subida de los carburantes, y de los precios en general, es un efecto extremadamente impopular entre el electorado estadounidense. Este es uno de los factores que explican los bajísimos índices de popularidad que ya hace tiempo que arrastra Trump, y las magras expectativas que le dan las encuestas para las mid-termelections de noviembre.Por eso Trump ya hace días que recurre al manual de resistencia facha (también tienen uno) y apareció el pasado viernes en la Fox –ninguna otra cadena quiso emitirlo– con un comunicado alertando de un posible fraude electoral como el que, según él, ya se vivió en las elecciones del 2020, una mentira basada en tergiversaciones sobre la inmigración, la demografía y el censo. ¿Les suena? Es la misma canción que repite noche y día la ultraderecha de aquí, así la española como la catalana, empezando por el triste Feijóo. No era lo que quería Trump, pero recordar las elecciones americanas del 2020 fue una manera de recordarnos también que él fue el instigador del asalto al Capitolio del día de Reyes del 2021. Y que, en consecuencia, no le correspondería ser presidente, sino en la cárcel.

La semana pasada, la Guardia Civil detuvo, esposadas como si fueran delincuentes peligrosas, a dos jóvenes de la localidad mallorquina de Santa Maria del Camí por haber hecho pintadas contra la saturación turística y la especulación en la fachada de la oficina de una inmobiliaria alemana. Para la detención, fueron avisados varios medios de comunicación, que difundieron la imagen de las dos jóvenes siendo conducidas con las esposas puestas. También se difundieron imágenes grabadas ilegalmente con cámaras de seguridad de la misma inmobiliaria, en las que se las ve a ellas dos haciendo las pintadas. Al día siguiente, la Guardia Civil las acusó de pertenecer a una “organización criminal”. También Guardia Civil y Policía Nacional hicieron pública una amenaza: “Quien cometa delitos contra los intereses turísticos en Mallorca será detenido”.La desproporción es tan exagerada que ha causado indignación. Como se ha hecho notar en las redes, nunca se ha detenido a nadie en Mallorca por hacer pintadas fascistas, como las que ensucian regularmente —por ejemplo— el busto de Aurora Picornell. En todo caso, una pintada es un hecho anecdótico en una isla donde los ataques, las destrozos y los atropellos contra el medio ambiente, los espacios urbanos y las casas donde viven las personas se producen cada día, y a raudales. Y no a cargo de activistas que cuestionan el sistema, ciertamente, sino de un turismo de masas llevado al paroxismo, que tiene como consecuencia directa la presión demográfica y la crisis habitacional más fuertes de todo el estado español. La isla de Mallorca está siendo triturada y, al mismo tiempo, mercantilizada sin control ni medida. Muy al contrario, el gobierno actual de PP y Vox ha llevado adelante una ley ómnibus y una modificación de la ley agraria para desproteger el suelo rústico y los espacios naturales de la isla. Han creado un marco jurídico a medida para que cualquier abuso especulativo sobre una isla ya saturada y frágil sea no tan solo posible, sino perfectamente legal.Que las autoras de una pintada reivindicativa sean tratadas como delincuentes peligrosas es otro abuso, en este caso policial, del que deben responder el delegado del gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y el ministro Marlaska. El contexto es fácil de entender: para el próximo domingo 26 hay convocada una gran manifestación en Palma contra la saturación turística, y los poderes políticos y económicos que se consideran dueños de la isla intentan criminalizar la protesta y generar miedo, a fin de sofocar y diluir la convocatoria. Hay un precedente inmediato: la gran cadena humana del pasado 5 de julio, en protesta por la desprotección del Parque Natural es Trenc: se pensaron que sería poca cosa y se encontraron con una importante movilización ciudadana, que les escoció y que han intentado —también— criminalizar diciendo... que se habían hecho pintadas. Previsiblemente, usarán las viejas jugadas sucias, empezando por las infiltraciones de provocadores dentro de la manifestación. Es absolutamente necesario que la de este domingo que viene sea la protesta más grande jamás vista en Baleares.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un severo recordatorio de que el juicio del Procés fue una pantomima en la que se vio de todo: se dieron impunemente falsos testimonios que todo el mundo sabía que lo eran, se vieron fiscales que recitaban de memoria lo que debían decir los policías citados a declarar, los testimonios de la defensa eran cuestionados por el tribunal, las pruebas de la defensa no se pudieron mostrar para respaldar la veracidad de las declaraciones de los acusados, por primera vez la acusación particular fue ejercida por un partido de extrema derecha, las entidades de derechos civiles y derechos humanos sufrieron todo tipo de trabas para llevar a cabo su labor de supervisión, y un larguísimo etcétera de irregularidades que se saldaron con una sentencia que confirmó a España como un país con presos y exiliados políticos. No se buscaba justicia, sino venganza por una movilización (las urnas del 1-O) que dejó en evidencia las carencias democráticas de un estado que, ante la disidencia legítima, solo supo acudir a la represión.La sentencia, sin decirlo explícitamente, recoge todo esto. Y más cosas: España perdió la categoría de democracia plena en el índice de The Economist, y pasó a democracia defectuosa, precisamente por la respuesta que dio al independentismo catalán, una respuesta brutal en todos los aspectos: policial y judicial, pero también institucional y político (el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre, la aplicación –inventada sobre la marcha– del 155). Quedó claro que España tiene un grave problema interno: recuperó años después la etiqueta de democracia plena, pero el desarrollo de los hechos ha demostrado que es una expresión que le queda grande a un estado en el que la policía fabrica pruebas falsas contra los enemigos de la derecha ultranacionalista, en el que se espían ciudadanos con programas como Pegasus (recientemente hemos conocido los casos de David Fernàndez y Carles Riera), en el que un rapero lleva más de cinco años en la cárcel por una canción satírica, en el que la ley mordaza no se deroga nunca o en el que ayer mismo dos activistas en Mallorca que habían hecho pintadas contra la saturación turística han sido detenidas y acusadas por la Guardia Civil de pertenencia a banda criminal.O un estado, también, en el que la justicia no tan solo actúa de parte, sino que se niega a aplicar una ley vigente como la de amnistía, ahora reforzada también por la sentencia del TJUE. Previsiblemente, ahora el TC sentenciará a favor de los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas exiliados y condenados por malversación por la organización del referéndum del 1 de Octubre, y el Supremo intentará torpedearlo, porque la alta magistratura española ni tan solo intenta disimular las filiaciones políticas de jueces y fiscales. Los magistrados del TJUE obviamente también son conscientes del contenido político de su sentencia. Ellos, sin embargo, no tienen interés en dar la razón a unos partidos políticos o a otros: dicen más bien que lo que está en juego en España es la democracia misma, y el estado de derecho.

Siempre que la selección española de fútbol destaca en alguna competición –y ya no digamos si esta competición es el Mundial– se dispara el índice de esperpento en la vida política. Valle-Inclán estos días se habría hecho un frotis. La imagen de Felipe VI, la reina Letizia y las princesas –o como se diga su cargo– Sofía y Leonor sentadas en un sofá barato de dos plazas siguiendo el partido de España contra Francia en una tele pequeña que se aguantaba encima de una especie de bastidores, en un piso encharcado y oscuro, parecía una broma de mal gusto. Solo faltaba el concebido no nacido para acabar de hacer la estampa de una familia española ideal, pobre pero decente y unida. Intentar hacer pasar los Borbones por miembros de una especie de familia de clase trabajadora, que tienen un breve instante de felicidad cuando la roja gana, y que entonces se permiten saltar, bailar y abrazarse dentro del humilde comedor que es el escenario de todas sus alegrías y penas, es excesivo hasta para una casa real tan destartalada y burda como la española. Al menos podrían hacer el favor de no burlarse de los pobres disfrazándose como si lo fueran. Ahora bien: hay una cosa todavía peor en todo esto, y es que si lo hacen es porque quien cuida de su comunicación e imagen da por hecho que les funcionará. Que muchos ciudadanos darán por bueno el mensaje y sentirán simpatía por unos monarcas que son “como ellos”. Simultáneamente, M. Rajoy, un expresidente español a quien la justicia no investiga (al contrario: comparece ante los tribunales con una soberbia ostentosa y consentida), ha revivido un concepto de los años de sus mandatos, el de la Marca España. Dio un recital de ello cuando hizo la afirmación xenófoba de que la selección francesa jugaba “sin franceses”, y en una continuación en la que, lejos de rectificar, le venía bien para cargar contra el gobierno actual. La escritura de Rajoy (o de quien sea que redacta sus artículos, publicados, no hace falta decirlo, en un digital de la derecha dura) es pariente directa del lío de los Borbones: algo estrafalario, desordenado, impropio de una persona mínimamente formada. Cada aparición pública de Rajoy tiene siempre un punto estrafalario que en su caso es querido: Rajoy no se disfraza de pobre, sino de tonto, y cuando todo el mundo ríe consigue exactamente aquello que quería: en castellano existe el dicho “Ande yo caliente y ríase la gente”, que en catalán podría tener como equivalente –nunca más acertado– aquello de “Afarta'm i digue'm moro”.Rajoy, por cierto, dice que Sánchez hizo de “delator” ante los franceses, y desde el PP han afirmado que los éxitos de la selección española le van muy bien a Sánchez como cortina de humo. Si Feijóo y los suyos intentan presentar a la roja como agente del sanchismo, les puede salir todavía peor que comparar las bajas laborales con el cáncer. Por cierto, plantarse en un foro internacional a intentar vender que Sánchez es como Putin, Trump o Xi Jinping (“un presidente autoritario”) tampoco cuela. La euforia les hace perder el compás, y esto tiene consecuencias. No solo en el fútbol.

La normalidad en el estado español pasa por la hegemonía de la derecha ultranacionalista, se diga PP, se diga Vox o se diga una magistratura y unos poderes del estado entregados a la causa del sostenella y no enmendalla, el vivan las caenas y toda esta rica tradición. Si la respuesta es España, entonces ¿cuál es la pregunta?Los proyectos políticos que pueden poner en cuestión la hegemonía de la España negra, monolítica y autofágica (véase los pulpos, que se comen a sí mismos; véase el Goya de Saturno devorando a un hijo) requieren siempre mayorías difíciles de mantener debido a su propia composición interna. El independentismo catalán, para tener alguna fuerza, necesita hacer ir juntas todas las diferentes formas de independentismo democrático: centroderecha, centroizquierda, anticapitalista, etc. Y aún así, añadir otras fuerzas soberanistas y catalanistas. Lo que tuvo de interesante el Procés fueron principalmente dos cosas: por un lado, el hecho de surgir de abajo hacia arriba, a partir de la manifestación del 10 de julio de 2010. Por otro, haber conseguido esta suma de fuerzas procedentes de culturas políticas tan diferentes, unidas en el objetivo común de un referéndum de autodeterminación. Como no se consiguió se cayó en una moral de derrota que comportó ceder a todas las tentaciones autodestructivas, y ahora a la más autodestructiva de todas, que es incorporar a la ecuación un falso independentismo de extrema derecha. Pero eso ya es otra historia.En cuanto a la gobernanza de España, evitar el poder laminador de las derechas (“frenar la extrema derecha”, como se suele decir, y también la derecha que dice que no es tan extrema pero llega a acuerdos de gobierno con extrema facilidad, y ya me perdonarán el juego de palabras) es seguramente todavía más difícil. Pasa necesariamente por poner de acuerdo las izquierdas españolas con los mal llamados nacionalismos catalán y vasco (quien es verdaderamente nacionalista, y con todas las herramientas a su alcance, es el estado español), y todavía con otras “periferias” como Galicia, el País Valenciano, las Baleares, etc. Las “izquierdas españolas”, evidentemente incluyen el PSOE y el cajón de sastre que se suele simplificar con la expresión “a la izquierda del PSOE”. Los elementos que chirrían aquí son muchos, pero el más determinante es la tirria histórica, y mutua, entre el catalanismo y las izquierdas españolas. En los últimos años ha habido dos intentos de superar esta tirria: Sumar (ahora Movimiento Sumar), en horas bajas como se ha visto en su asamblea del pasado fin de semana, y el proyecto de Rufián, del cual no se puede decir nada en concreto porque de momento ni siquiera ha arrancado. De manera que todo queda, de momento, en el ámbito de las hipótesis, las desconfianzas y las rencillas (históricas). Curiosamente, la derecha y la extrema derecha españolas no tienen tantos problemas para identificar a sus adversarios, ni para presentarlos como enemigos a abatir, deshumanizándolos si es preciso. En efecto: son todos estos que no se ponen nunca de acuerdo entre ellos.

La historia del nacionalismo español de estado es una historia de represiones contra minorías. Uno de los frentes represivos más persistentes es el lingüístico: si imprimiéramos toda la jurisprudencia que se ha generado —solo en democracia: no hace falta que nos remontemos al Decreto de Nueva Planta— para desproteger el catalán y arrinconarlo del uso social, y para reforzar en cambio la presencia y el uso del castellano, tendríamos papel para empapelar el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y con toda seguridad aún sobraría.La nueva sentencia es del Supremo, y enmienda la plana al TSJC, que ha impuesto con diversas sentencias el 25% del castellano en las horas lectivas, incluso —o especialmente— en contra de la normativa lingüística fijada por la Generalitat. Pero la flamante sentencia del Supremo viene a decir que no son suficientes los afanes del TSJC: ahora también sentencian sobre la lengua en que se debe hacer la rotulación de escuelas y centros educativos. Como dicen ellos mismos, “la rotulación no es irrelevante”. La sentencia dice que la rotulación de las escuelas puede estar en la versión bilingüe castellano/catalán, pero lo que es seguro es que, como mínimo, debe estar en castellano. ¿Argumento para sostener esto? “El castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos". Es un argumento que se acerca mucho a la frase que sirve de titular a este artículo, un lema que el estado español difundió en Cataluña, en las Baleares y en el País Valenciano durante la dictadura franquista. Se asemeja quizá no tanto en la letra, pero sí en el espíritu.Que el castellano sea “la lengua oficial en toda España”, como recalca la sentencia, no es un hecho azaroso ni fruto de la gracia divina. Sin remontarnos a explicaciones históricas, el castellano es “la lengua oficial en toda España” porque así lo fija, en la actual etapa democrática, la Constitución del 78, en un artículo 3 que la sentencia también cita: el castellano es oficial en todo el estado español y es un deber para los ciudadanos españoles conocerlo, mientras que a las “otras lenguas” (no se mencionan por el nombre) se les reconoce el “derecho de ser usadas” y de ser “también oficiales en las respectivas comunidades autónomas” (no cooficiales, este es un término que aún rebaja más la presencia oficial del catalán y que incomprensiblemente muchos repiten como loros).Por tanto, la Constitución consagra un principio de desigualdad que sirve de argumento jurídico a una sentencia que es ideológica y política. Hay en esta sentencia un componente del día y otro de fondo. Del día: quien pueda que haga, es decir, bombardeo de sentencias que puedan hacer tambalear al gobierno de Sánchez vía su relación con los socios catalanes, especialmente Junts. De fondo: un nacionalismo sempiterno que tiene su razón de ser en la lucha contra la diversidad en todas sus formas. También (quizás especialmente) contra la diversidad lingüística y cultural.

Jordi Aragonès, que es el candidato a la alcaldía de Barcelona del partido triunfador del CEO, la ultraderechista Aliança Catalana, dio hace unos días una entrevista al diario Abc, para aquello de que no se juntan que no se parecen.El titular que escogió el rotativo fundado por Torcuato Luca de Tena causó impacto en las redes: “No debemos enfrentarnos catalanes y castellanos, el enemigo común es el califato”. El resto de la entrevista versaba sobre las propuestas del partido de Sílvia Orriols para la capital catalana. ¿Vivienda? Desregulación del mercado y construcción a granel. ¿Maragall o Pujol? Noucentisme, Catalunya ciudad, orden, disciplina, misa diaria y acostarse con las criadas (esto no lo decía la entrevista, pero era inherente al discurso del candidato). De la entrevista también se desprendía que los dirigentes de AC tienen tanta intención de llevar Cataluña a la independencia como de meter los dedos dentro de un enchufe. La independencia es, para ellos, la zanahoria para atraer votantes incautos, un añadido pegado al frontal de la gorra de béisbol trumpista. La revisten, la zanahoria, con un estucado etnicista que no la hace más viable, pero sí más tóxica.En su vertiente ideológica (además de candidato a Barcelona, Jordi Aragonès dice que es ideólogo del partido), Aliança Catalana recupera –no es ninguna novedad– una especie de fascismo pequeñoburgués, aquello que podríamos decir un fascismo cagado. No son propiamente fascistas: son cagaditos de fascista, con ínfulas intelectualoides y un horizonte mental de beata de pueblo. Son la estación de llegada de un largo itinerario de degradación que se ha autoinfligido el independentismo durante casi diez años de dar cuerda a fantasmas que imparten lecciones de patriotismo resentido y mediocre. Los dirigentes de AC aspiran a jugar en la liga del fascismo de baja o no tan baja intensidad, este que empieza a ser lo bastante fuerte en Europa (con figuras como Meloni en Italia, Alice Weidel y Tino Chrupalla en Alemania o Marine Le Pen en Francia) para imponer una aberración como el PEMA –el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio–, para enviar a los inmigrantes ilegales a campos de detención en países extracomunitarios. El enemigo cohesionador no puede ser España, precisamente porque es un país europeo y católico, porque esperan que pronto esté gobernado por sus correspondientes españoles (Vox y PP) y porque, mira tú por dónde, Cataluña sigue formando parte de él y bien habrá que hacer negocios ahí. El enemigo cohesionador, por lo tanto, será el de siempre: el pobre. Entre los pobres, el inmigrante. Entre los inmigrantes, el magrebí, el musulmán, el moro. El califato, que prepara secretamente la sustitución de los catalanes, otra zanahoria tóxica que apela al miedo y a la miseria humana, untada con desinformación y aporofobia. En esto sí que AC representa el viejo fascismo de siempre: el racismo, el supremacismo, el señalamiento del débil como enemigo y como amenaza. Es objetivamente desagradable tener que ver renacer esta mala hierba. Cuando empiece la gran sustitución, que los sustituyan a ellos los primeros.

Feijóo lo ha vuelto a hacer y, cuando parece que los vientos le soplan a favor (con la modesta ayuda de la magistratura, la Fiscalía, la Guardia Civil, la UCO, y una parte mayoritaria de los medios de comunicación españoles y españolistas, y del Ibex-35), consigue demostrar que todavía es capaz de dispararse en el pie. Y con puntería. Esta vez ha dicho que las bajas laborales remuneradas incentivan el "cáncer" del absentismo laboral y, por tanto, el fraude. Meteoro antifraude y anticáncer. Viendo el revuelo levantado, el portavoz Borja Sémper salió en las redes y por todas partes para intentar clarificar el mensaje: fue peor, porque en este caso el mensaje era la persona de Sémper. Hace poco, el portavoz más meloso de la derecha extrema tuvo que coger una baja laboral remunerada, justamente por un tratamiento de cáncer. Los intentos posteriores desde el partido de hacer ver que Feijóo no había dicho lo que sí había dicho tampoco han servido de mucho.Garamendi y Sánchez Llibre –pareja casi cómica de tacaños– apuntaron que Feijóo demuestra “sensibilidad” por un problema que “los empresarios” denuncian desde hace tiempo. Una sensibilidad exquisita. Habría que saber con más concreción, por otra parte, a qué “empresarios” se refieren. ¿Son el tipo de empresarios, quizás, que explotan a inmigrantes sin papeles mientras piden mano dura contra las pateras? ¿De los que obligan a los empleados a ser falsos autónomos? ¿De los que se niegan a pagar las horas extras? ¿De los que abusan de los empleados en prácticas? El trabajador absentista es un ser de la misma galaxia que el okupa que te quita la vivienda cuando te vas de vacaciones, el alumno catalán que no sabe hablar en castellano o el moro violador de jóvenes blancas, católicas y bien educadas y alimentadas. Son personajes que forman parte del imaginario de las derechas de ahora, creados a partir de medias verdades y de mentiras completas, que sirven para rellenar los cuentos de miedo que explican en sus actos públicos, en sus mítines, en sus artículos y tertulias y podcasts y todo lo que ustedes quieran. En cualquier caso, de denunciar el absentismo laboral a identificar los derechos laborales como “un cáncer”, y hacerlo desde un lugar tan identificado con el privilegio y el parasitismo como la clase política, hay un trecho.Feijóo afirma tener la cura para esta enfermedad: una reforma laboral (no negociada con los sindicatos) que incluya un recorte a los sueldos de los trabajadores que estén de baja. Por fuerza hace recordar la reforma laboral impulsada por su compatriota Rajoy, aprobada con el rodillo de la mayoría absoluta al grito de “Que se jodan”, proferido dentro del Congreso por la diputada Andreíta Fabra, hija del corrupto Carlos Fabra, el del aeropuerto de Castellón. Han pasado casi quince años y la doctrina del PP en materia laboral sigue allá donde estaba: ahora, si acaso, con el presupuesto de que la precariedad y las desigualdades crecientes (y eso que vivimos en una dictadura comunista, según ellos) justifican cualquier atropello contra los derechos laborales.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del gobierno español y ha tumbado la decisión del Gobierno Balear de derogar la ley de memoria democrática de las Baleares, cosa que se hizo en marzo pasado con los votos del PP y Vox. La derogación llegó después de muchas idas y venidas sobre esta cuestión (figuraba entre los ciento diez puntos del acuerdo de investidura de la presidenta Prohens, que Vox ha hecho pagar al PP sin perdonarle ni uno, y con intereses) y de algún escándalo como el protagonizado por el presidente del Parlament balear, de Vox, que durante una sesión en que se debatía precisamente sobre la memoria democrática desgarró enfurecido una foto de las Roges del Molinar, asesinadas por los franquistas en el año 1937. Por el momento, la derogación queda cautelarmente sin efecto a la espera de que el TC se pronuncie sobre su más que probable inconstitucionalidad. Es una noticia importante, a la que reaccionó de inmediato la entidad Memòria de Mallorca, que trabaja por el reconocimiento de las víctimas del fascismo en la isla (donde, al contrario de lo que aún creen o quieren creer algunos, hubo una verdadera masacre de personas ejecutadas a sangre fría), exigiendo que el ejecutivo de Prohens aplique la ley de memoria democrática: durante tres años de legislatura, antes de derogarla, la ha tenido en suspenso y ha evitado reunir la comisión que se encarga de su desarrollo. La decisión del TC también puede señalar el camino judicial para las leyes de memoria democrática del País Valenciano y Aragón, también derogadas por el binomio PP-Vox, siguiendo sus políticas negacionistas de los crímenes del franquismo.Vox ha reaccionado a la noticia con su retórica habitual de la dictadura comunista que sufre España y todo lo demás. Más preocupante es la reacción del PP: como explica Anna Mascaró en el Ara Balears, fuentes del grupo parlamentario de los peperos dicen que ya les parece bien que se suspenda la derogación, porque (como dijeron, remarcan) votaron a favor solo para tener el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos. Decir esto con tanta despreocupación y tanto cinismo es lo que realmente da pavor. Las leyes de memoria se encuentran entre las más delicadas y sensibles que puede gestionar un gobierno. También son una piedra de toque de la calidad democrática de un gobierno. Negociar con ellas con indiferencia y sangre fría indica que nos encontramos ante unos gobernantes de una credibilidad democrática más que dudosa, y ni siquiera son conscientes de ello.Hay cosas que se entienden mejor por comparación: si la derecha francesa o la alemana se avinieran no solo a gobernar con la extrema derecha (solo eso ya es impensable, porque practican la política del cordón sanitario, que naturalmente es imprescindible), sino también a derogar las leyes de memoria para aprobar unos presupuestos, el escándalo sería indescriptible. Por cierto, a los sabios de guardia que nos obsequian riñendo a mallorquines y valencianos por tener gobiernos del PP y Vox: guardaos el paternalismo, guardaos la arrogancia y no hagáis más el ridículo, por favor.

El Partido Popular tiene un armario lleno de banderas que va sacando al debate público a medida que encuentra que le pueden ser de servicio. Las saca a desfilar, las envuelve de ruido, fuerza con ellas falsas disyuntivas y debates igualmente falsos, y después saca la siguiente. Tanto da si es la inmigración, Cataluña y la lengua catalana, la organización territorial del Estado, la lucha contra la corrupción, los diversos negacionismos que arrastra o la defensa de lo que llama la unidad familiar. Todo consiste en conseguir hacer desfilar una bandera, o unas cuantas banderas simultáneamente, y hacer sonar la matraca.Ahora se trata del concebido no nacido, un concepto grotesco que pretende que un feto sea un miembro más de la ya mencionada unidad familiar. En este caso, la bandera sale de los telares de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, expertos en banderas victoriosas, que ya han legislado sobre la cuestión en la Asamblea de Madrid (qué nombre irónico, Asamblea de Madrid). Vox también quiere disputarla, esta bandera, porque les viene muy bien: al fin y al cabo, el antiavortismo y la negación de los derechos reproductivos de las mujeres ocupan un punto destacado del ideario fascista/neofascista que promulgan desde el partido de Abascal. Hay también un componente de machismo rancio y patriarcalismo: la criatura empieza a existir desde el momento en que el padre fecunda a la afortunada madre, o quizás ya cuando el padre se baja la cremallera. Por si todo ello no fuera suficiente, es un discurso que viene avalado también por el movimiento MAGA y el trumpismo. Así pues, el concebido no nacido es un hallazgo que está en sintonía con el aire de los tiempos y merece el nihil obstat del nuevo integrismo. Aceite en un crisol.La idea de contar un embrión como un miembro de la familia, a parte de macabra y aberrante, también es muy acertada. Hace unas semanas, a propuesta de Vox, se discutió sobre el concebido no nacido al Parlament balear –una cámara vanguardista, desde que la preside un energúmeno de ultraderecha con el apoyo del PP– y ya se vio que la idea es tan buena que deberían incluir también dentro la unidad familiar a los parientes muertos. Así tendríamos el concebido no nacido y el difunto ya enterrado: entre todos juntos formarían una unidad familiar ideal y bien completa.No hace falta decir que la ley aprobada en la Comunidad de Madrid bajo la mayoría absoluta de Ayuso, y que Feijóo promete introducir en una ley de alcance estatal en caso de gobernar, supone una involución alarmante en derechos y libertades. También plantea preguntas: ¿cómo concuerda el concebido no nacido con la prioridad nacional de Vox? ¿Y con la mayoría nacional de Aznar? Más concretamente: ¿un embrión de inmigrante es miembro de una unidad familiar? Y si es así, ¿esta unidad familiar, que cuenta sus fetos, merece formar parte de la mayoría nacional y, por tanto, recibir privilegios reservados a los ciudadanos de la prioridad nacional? Vox ya ha contestado que no. ¿O quizá alguien dudaba que, entre los embriones, también los hay de primera y de segunda? El problema de hacer desfilar tantas banderas a la vez es que tropiezan entre ellas y todo.

Este domingo, diez mil personas formaron una gran cadena humana en la playa de sa Ràpita, en el Migjorn de Mallorca –la convocatoria corría a cargo de las entidades GOB, Terraferida y Menys Turisme Més Vida–, para protestar contra los cambios legislativos introducidos recientemente por el Govern Balear. Resumido: mediante una polémica ley ómnibus, y modificando también la ley agraria vigente en Baleares con una serie de disposiciones, se desprotege hasta un 80% del territorio de Mallorca. La desregulación afecta al suelo rústico, pero también a espacios naturales importantísimos, como el Parque Natural es Trenc - Salobrar de Campos (que era el motivo de la protesta del domingo), la sierra de Tramuntana o las islas de Cabrera y sa Dragonera, que también gozan de altos niveles de protección legislativa. Si la voluntad del actual gobierno de PP-Vox va adelante, la destrucción de la isla en beneficio de los intereses de especuladores, fondos buitre y grandes empresas turísticas internacionales será un hecho. Para la ciudadanía quedarán el empobrecimiento, el aumento de las desigualdades sociales, la masificación, la emergencia habitacional, los problemas de convivencia y una isla mediterránea destrozada (excepto en las zonas ricas, claro).Es Trenc es un espacio emblemático. Su declaración como parque natural es una de las grandes victorias históricas del ecologismo, y la derecha mallorquina no ha podido soportar nunca no haber podido convertir aquella zona en un foco de turismo de masas al estilo de Magaluf o s'Arenal. La nueva ley ómnibus significaría dejar hasta 74.000 metros cuadrados del parque natural al capricho o a la voluntad del PP y Vox, mediante la aprobación de un simple decreto vía consell de govern.La reacción ciudadana ha sido masiva y contundente. Lo será aún más en la gran manifestación convocada el próximo 26 de julio. Se nota nerviosismo por parte de la derecha mallorquina. El comité de empresa de la cadena de radio y televisión públicas, IB3, denuncia que la información emitida sobre la cadena humana fue censurada y manipulada: “El texto aportado por el equipo presente en el acto fue modificado directamente por la dirección de informativos”, se lee en el comunicado. También que se quiso minimizar la estrafalaria aparición, durante la lectura del manifiesto de la protesta, de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (que ya declaró que “firmaría” para suprimir el Parque Natural de Es Trenc), para intentar sabotear el acto. Además del esperpento, lo que se vio allí fue una autoridad pública intentando impedir el derecho de libre manifestación. Un hecho insólito y muy grave, que da una idea clara del respeto que el PP actual siente por la ciudadanía y por los fundamentos mismos de la democracia.Como decíamos, vendrán más movilizaciones. Haría falta que el PP, IB3 y el Gobierno Balear –aparte de dar explicaciones y asumir responsabilidades por estos episodios vergonzosos– rectificaran y estuvieran a la altura de sus interlocutores, que son los ciudadanos de las Baleares. Es dudoso, sin embargo, que lo hagan: han decidido gobernar con los fascistas.

La “mayoría nacional” por la que se manifestó hace unos días José María Aznar tiene un antecedente bastante exacto durante el período de la República en la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que fue liderada por José María Gil-Robles –un personaje que ahora etiquetaríamos sin equivocarnos como ultraderecha– y que tuvo gran parte de responsabilidad en la construcción de un clima asfixiante, de polarización extrema y fractura social, en la España de los años treinta. ¿Les suena, esto? La CEDA era un conglomerado de partidos de derechas, con una fuerza mayor que marcaba el paso (Acción Popular, con implantación en toda España) y luego una multitud de fuerzas pequeñas que eran de alcance regional, centradas en el dominio de la ruralía (la mayoría llevaban la palabra agrario en su nombre: Acción Agraria y Ciudadana de Cuenca, Acción Agraria Riojana, Acción Agraria de León, etc.). Después se fueron añadiendo, sobre todo para obtener beneficios electorales, una amalgama o popurrí de fuerzas reaccionarias con otras de perfil más liberal o de centroderecha. Gil-Robles y su oscura pandilla aceptaban formalmente la democracia, pero en el fondo lo que querían era tumbarla o convertirla en un régimen hecho a medida de sus intereses y basado en el caciquismo de toda la vida. Se mostraban convencidos de que el estado era suyo (mejor dicho: que el estado eran ellos), sentían una profunda alergia por cualquier forma de diversidad –muy especialmente por la diversidad lingüística y cultural– y tenían un lema que era todo un inventario de sus prioridades: "Religión, familia, patria, orden, trabajo y propiedad". Cuando el Frente Popular de las izquierdas ganó las elecciones de febrero de 1936, la CEDA presionó activamente al gobierno saliente para que declarase el estado de guerra e impidiera que la izquierda accediera al poder. Sostenían que un gobierno de izquierdas abriría la puerta a la lucha de clases y al separatismo catalán y vasco, y que todo esto era “la anti-España”. El competidor electoral e ideológico más directo que acabó teniendo la CEDA, y donde acabó gran parte de su electorado, fue en el partido fascista Falange Española y de las JONS.¿Os recuerda algo, todo esto? LA CEDA se entendía bien con un partido de extrema derecha como Acción Española (liderada por José Calvo Sotelo, que fue ministro de Hacienda con el dictador Primo de Rivera y tío de quien fuera presidente del gobierno de España, Leopoldo Calvo Sotelo) porque compartían el ultranacionalismo y el nacionalcatolicismo (“¡Por Dios y por España!”) y porque consideraban a sus adversarios políticos enemigos de España que la llevaban a la perdición y a la ruina. Exactamente esta es la doctrina que sustenta la mayoría nacional de Aznar, en la que, como gran novedad, pueden tener cabida elementos procedentes de “la izquierda” (quieren decir el PSOE), a condición de que sean como Emiliano García-Page. El mensaje de Aznar (y de Ayuso y su perro Miguel Ángel Rodríguez) es que Feijóo no va por el buen camino, o no tiene el liderazgo necesario, para levantar esa mayoría nacional. Como se suele decir, veremos qué pasa.

Buenos descubridores de la sopa de ajo, nuestros trumpistas del señor Esteve señalan muy excitados que la tremenda inoperancia demostrada por los servicios públicos venezolanos a la hora de afrontar la tragedia del doble terremoto es una consecuencia directa de la corrupción del régimen chavista. Que el chavismo era, y es, corrupto hasta la médula es una verdad incuestionable; les agradecemos la clarividencia. Lástima que los acerados analistas de la derechita rancia olviden que Venezuela hace medio año que es una especie de protectorado de los EE. UU. y de la administración Trump, que suelen encontrar tan admirable. La incursión de tropas y fuerzas especiales norteamericanas el 3 de enero en Caracas fue un verdadero golpe de estado y una ruptura salvaje y descarada de la legalidad internacional, en la línea del rol de sheriff global que tanto le gusta interpretar a Trump.En estos seis meses, no es que el gobierno yanqui haya hecho nada para liberar a los venezolanos de la dictadura chavista: es que la ha mantenido tal como estaba, con la única diferencia de que de Nicolás Maduro no hemos sabido nada más (está encerrado, a la espera de juicio, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, o eso dicen) y que en su lugar ahora está quien fue su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ella y el resto del chavismo se mantienen intactos en el poder, solo que en el rol de marionetas de los EE. UU., cosa que a Delcy Rodríguez y a sus compañeros no les importa en absoluto porque desconocen por completo qué cosa pueda ser la dignidad. La otra gran diferencia —la única diferencia fundamental— es que ahora el petróleo de Venezuela está en manos de los EE. UU.: Venezuela ha cedido hasta unos 50 millones de barriles de crudo que comercializa directamente Washington, con unos beneficios de unos 2.800 millones de dólares. (Hay que reconocerle a Trump un momento divertido, cuando le hizo saber a María Corina Machado, ídolo de la derecha española y catalana, que no contaba con ella como presidenta del nuevo/viejo gobierno, un desprecio al que ella correspondió ofreciéndole compartir el premio Nobel de la paz, como si fuera una hamburguesa con doble de bacón.)Después de haber sido impetuosamente liberada de la dictadura, la ciudadanía venezolana continúa tan fastidiada, escarnecida y desamparada como siempre. Y cuando ha llegado la tragedia en forma de terremoto, la ayuda del gobierno de los EUA han sido migajas (al menos los venezolanos pueden agradecer que no les hayan enviado a J.D. Vance a empeorarlo todavía más). Sí que hemos sabido —lo podéis leer en este diario— que Trump ha incrementado su fortuna personal en 1.400 millones de dólares durante el primer año de retorno a la presidencia, gracias al negocio de las criptomonedas. Su émulo Milei también animó a los argentinos a invertir en una criptomoneda, y fue un fraude. Como imitan el movimiento MAGA hasta en el estampado de las cortinas, es cuestión de tiempo que alguno de los cerebros de la política española, pasado por algún máster de economía, intente desde las instituciones una criptopilotada. Qué malo que es el chavismo.

Que el Tribunal Supremo se permita ahora poner en cuestión la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el actual gobierno de España (el plazo para acogerse a ella acababa este martes) nos dice varias cosas. La principal, que el alto tribunal, con mayoría de magistrados del PP y de Vox, no tan solo está bien decidido a continuar la lucha por la salvación de España mediante la persecución de izquierdistas corruptos, o sospechosos, o señalados (“algo habrán hecho”), sino que también ha decidido impugnar las políticas de un gobierno elegido democráticamente. Esto no es ninguna novedad, sino que —decíamos ayer— lo sabemos como mínimo desde la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Ahora, sin embargo, con el independentismo deshecho, esparcido e intoxicado con discursos de odio y supremacismo/racismo (vencido, por tanto), ya no les hace falta ocuparse de las que los magistrados llamarían “cuestiones territoriales”. En vez de eso, ahora prefieren intervenir en la política inmigratoria: a cada momento, su debate.Las “dudas” del Supremo en relación al proceso de regularización de inmigrantes se ven suscitadas por las demandas presentadas por dos comunidades autónomas, Aragón y el País Valenciano, gobernadas por el PP y Vox, o por el PP con el apoyo de Vox. Son comunidades con gobernantes que sostienen —también lo dicen en Baleares, por ejemplo— que la regularización de inmigrantes causará problemas de trabajo y de vivienda a los españoles. Se ve que el turismo de masas y la especulación descontrolada no causan este tipo de problemas; en cambio, dar reconocimiento legal a las personas que ya viven aquí —sometidas a explotación laboral e inmersas en la economía sumergida— sí que causa problemas. ¿O quizás es que estos partidos también se han dado cuenta de que los discursos antiinmigración, de odio y racismo/supremacismo tienen, en efecto, un gran predicamento en nuestros días y se abonan a ellos con contumacia. Y con la seguridad jurídica del Supremo, que los acompaña de buen grado en este viaje.Para hacerlo, el Supremo mira, y esto sí que es nuevo, hacia Europa. Tradicionalmente, la justicia española desconfía y habla mal de los tribunales europeos, y los ha denigrado, insultado y ridiculizado cada vez que se han pronunciado a favor de independentistas o raperos exiliados. Ahora, sin embargo, buscan complicidad y amparo bajo el amparo del Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entró en vigor el día 12 de junio y que es uno de los documentos más vergonzosos que ha producido la Unión en toda su historia. Se puede intentar justificar con los subterfugios que se quieran, pero es la UE dándose luz verde a sí misma para hacer campos de detención donde los inmigrantes serán abandonados a una suerte incierta y a menudo fatal; eso sí: en países extracomunitarios, para que no se vea tanto. El Supremo se aferra a ello para profundizar en la deriva del estado español, según la cual los tribunales toman las riendas del gobierno como y cuando les interesa hacerlo. El Pacto de Migración y Asilo (el nombre ya es un sarcasmo) es, por su parte, un paso de gigante de la UE hacia su autodestrucción.

En su desesperación por obtener los apoyos que le permitan echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, el Partido Popular ahora hace su particular tites, tites a Junts. Los dirigentes del PP son conscientes de que su política con relación a Cataluña ha consistido no tan solo en un ultranacionalismo frontal (enriquecido con la energía radiactiva de Vox, socio y, de hecho, escisión del mismo PP), sino también en un populismo catalanófobo que es profundamente divisivo y, a menudo, directamente guerracivilista. Conscientes de que no acaban de ser credenciales muy buenas para pedir los votos de Junts, han decidido acogerse a la amnesia selectiva. El mantra es mirar al futuro y no “al pasado”, un lugar remoto que, en el PP, sitúan entre los años 2017 y 2018. Así lo han dicho y repetido estos días el portavoz “malo” y el “bueno” —el viscoso Miguel Tellado y el lobo con piel de cordero Borja Sémper— y también el curioso antilíder Núñez Feijóo, del todo metido en su papel de un hombre que no encuentra sus gafas. “No pensamos en la Cataluña del 2018, sino en la del 2026 y más allá”, han dicho. Los barcos de piolins, las hostias salvajes de la jauría policial del 1 de Octubre, el “más dura será la caída” del fiscal Maza, la aprobación del 155 y el desmantelamiento de las instituciones de autogobierno catalanas una mañana en el Senado, el juicio-farsa contra los líderes del Procés, con Rajoy y varios ministros y altos cargos —así como decenas de policías— dando falso testimonio, la persecución policial y judicial contra independentistas catalanes; todo esto era, según Sémper, “la posición útil y razonable que debe tener un partido de estado”.Es oportuno, de todas formas, que el PP proponga este ejercicio de desmemoria interesada justo cuando se cumplen veinte años de la aprobación del Estatut. ¡Qué tiempos! Eso ya debe ser la prehistoria, pero los viejos de la zona aún recordamos las mesas petitorias del PP por toda España pidiendo “una firmita contra los catalanes”, las acusaciones —ya entonces— de golpismo y terrorismo, alguna llamada no muy soterrada a la intervención militar, una avalancha de insultos y de fakes xenófobos y supremacistas contra “los catalanes” desde los medios de comunicación controlados por la derecha española y, no hace falta decirlo, la querella al Constitucional que se resolvió con la sentencia que laminó un Estatut votado por los ciudadanos y refrendado por el Parlament de Catalunya y las Cortes españolas, en un verdadero —este sí— golpe de estado judicial que aún hoy continúa con todo el ruido y la furia que conocemos bien.En resumen, el discurso del odio del PP contra Cataluña y todo lo que tiene que ver con ella tiene unas raíces un poco antiguas y es un poco difícil de disimular solo porque ahora estén dispuestos a hacer literalmente lo que sea por los votos de Junts. Por parte catalana, es urgente deshacerse de la gilipollez (la dijera Josep Pla o quien fuera) según la cual no hay nada más parecido a un español de derechas que un español de izquierdas. Es una broma para desahogarse en una sobremesa, pero sobre todo es un bumerán que siempre vuelve y que hace un surco cada vez más profundo.

La empresa Castilla Termal y el Ayuntamiento de Alfauir, en la Safor, tienen un proyecto urbanístico-turístico que prevé convertir la cripta familiar de Ausiàs March en un balneario de aguas termales. En un spa, si les gusta más. La cripta, en efecto, se encuentra en el monasterio de San Jerónimo de Cotalba, joya del ducado de Gandía, de la Corona de Aragón y del Siglo de Oro Valenciano (que es el siglo XV), testimonio del poder de la estirpe Borja, uno de los momentos más efervescentes de la historia de los Països Catalans y del sur de Europa. Ahora el Ayuntamiento de Alfauir y la familia Trénor –que tienen la propiedad desde hace más de cien años– se han decidido a dar a este lugar único en el mundo un “uso hotelero”. Lo llaman Plan Especial de Protección del Sector Norte (los especuladores, cuando se cargan algo, lo hacen diciendo que lo protegen) y les ha entrado prisa por sacarlo adelante, de modo que la tramitación del proyecto ha entrado en una fase que llaman de “aceleración”. El alcalde, por cierto, es de Compromís, pero compite con la derecha asfaltadora y hormigonadora de toda la vida en su capacidad de aceleración de “proyectos estratégicos”. Desde el punto de vista patrimonial, cultural e histórico, si este proyecto sale adelante (todavía se encuentra en fase de exposición) se habrá cometido una verdadera aberración.Ha explicado/denunciado ayer, en un artículo en el diario Levante, el poeta Joan Deusa (no os perdáis su Ítaca arrasada, libro excelente), de los Saforíssims, un grupo poético muy luminoso que cuenta con nombres como Maria Josep Escrivà, Àngels Gregori, Josep Lluís Roig, Isabel Canet Ferrer y Teresa Pascual. El maestro Josep Piera, fallecido hace poco y también de Safor, era un lector enamorado de Ausiàs March. Piera escribió sobre March y sobre los Borja (como también lo ha hecho Joan Francesc Mira: este es un artículo lleno de grandes nombres de nuestra cultura) y sin duda recibiría esta noticia con la sorna que le servía para defenderse de la consternación. Con sorna y dolor. En Sant Jeroni de Cotalba descansaban los restos de Alfons el Vell y de una docena de miembros de la familia de los March, entre ellos el padre de Ausiàs, Pere March; su hermana sorda, Peirona, y las dos esposas del poeta, Isabel Martorell (hermana de Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc) y Joana Escorna. He escrito “descansaban” porque hoy en día estos restos, después de ser catalogados, se conservan en la Universitat de València, a la espera de devolverlos después de que la capilla del monasterio haya sido debidamente musealizada. En vez de eso, quieren hacer un hotel de lujo con piscinas de burbujas.Ausiàs March es uno de los poetas esenciales de la literatura catalana y uno de los más importantes de la cultura europea en el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Cualquier verso suyo es infinitamente más importante para el País Valenciano, Cataluña y las Baleares que nuestra actual verborrea constante que supuestamente reflexiona sobre el ser y el no ser del país. Cualquier agresión a su memoria es un atentado que no podemos consentir. Tal vez el drama es tener que recordarlo.

Ha causado sensación un fragmento de un programa de La 2 de RTVE, presentado por el reconocido periodista Iñaki Gabilondo, sobre la imposición del castellano a los pueblos originarios americanos, víctimas del genocidio perpetrado principalmente por España y Portugal en lo que todavía llaman "la conquista de las Indias", hace ahora cinco siglos. En el programa, titulado La gran aventura de la lengua española, Gabilondo afirmaba, textualmente, lo siguiente: “La conquista española, en contra de lo que se ha dicho y aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios [sic] el aprendizaje del castellano, ni su utilización fue obligatoria en ningún virreinato, capitanía o audiencias del Nuevo Mundo [sic]. Tampoco proscribió la utilización de lenguas indígenas, sino que llevó a cabo la más importante tarea de conservación y salvamento que se haya producido en toda la historia de las colonizaciones. Constatación sorprendente, ¿no es así? Pero ya les decimos que incuestionable”.Es un discurso negacionista que podríamos esperar más bien de Vox, de Ayuso o de cualquier tertuliano o influenciador de la derecha ultranacionalista española. Oírlo en boca de Gabilondo, tradicional ejemplo de ecuanimidad, pluralidad y virtudes progresistas, puede causar rechazo y disgusto, pero no exactamente sorpresa. La construcción de España como identidad nacional y como estado nación (son dos cosas diferentes, aunque van juntas) demuestra desde siempre una fuerte incomodidad con su pasado colonial y, en particular, con el exterminio de los pueblos originarios americanos. Este proceso de colonización y genocidio tuvo, como es lógico, una política lingüística que fue especialmente dura contra las lenguas de estos pueblos. Historiadores y lingüistas están de acuerdo en calcular que cientos de lenguas, más de mil, fueron completamente abolidas y erradicadas del continente americano, en un lingüicidio masivo, para imponer el uso del castellano y del portugués. Solo en Brasil se sabe que, antes de la colonización, se hablaban cerca de 1.300 lenguas, de las cuales actualmente perviven solo unas 300. En cuanto al castellano, las órdenes de enseñarlo a los “amerindios”, como dice Gabilondo, especialmente a los niños, están documentadas en más de treinta cédulas reales (las disposiciones oficiales de la Corona española) entre 1550 y 1782.La historia es la que es y ya no se puede corregir, dirán algunos. Es cierto, pero ante los hechos históricos se pueden tomar diversas actitudes. Cuando se trata de masacres y genocidios, el reaccionario y el patriota reaccionan con supremacismo y con intentos de justificar lo injustificable (“les llevamos la civilización”). Del progresista se debe esperar el homenaje, aunque sea tardío, a la memoria de las víctimas, y una petición de perdón oficial y completa. Finalmente está el cínico, que niega la evidencia (como ya hizo en su día Juan Carlos I: “El castellano nunca fue lengua de imposición, sino de encuentro”, dijo) y todavía quiere hacer creer que aquello no fue ninguna colonización, sino una ganga. Sorprendente pero incuestionable.

Ha causado cierto escándalo que el portero del Sabadell Diego Fuoli celebrara el ascenso de su equipo a Segunda División entonando, desde el balcón del Ayuntamiento de Sabadell, un cántico insultante contra Pedro Sánchez, coreado por una parte de los seguidores que se encontraban en la plaza. No se acaba de entender la polémica: Fuoli y los aficionados cantores se encontraban en el típico ambiente tan propio del fútbol: celebración, distensión, comunión, sana camaradería, espíritu de equipo, ilusión compartida y una pizca –nada, apenas una chispa– de espirituosos, estupefacientes y testosterona. Todo sin malicia, naturalmente, porque el fútbol no entiende de las cosas de la política. El fútbol, ya se sabe, es la cosa más importante de las cosas nada importantes (gran sonrisa en el rostro de quien repite este tópico).Los cantos de Fuoli –que, curiosamente, son los de la derecha y la extrema derecha españolas, pero esto también es casualidad– son perfectamente coherentes con el tono general de la mayoría de noticias no estrictamente deportivas que llegan del fútbol, y, además, en todas sus categorías. Desde los padres que animan a sus hijos a matar al contrario o a agredir al árbitro (o que se danpalizas con otros padres) en los torneos escolares o infantiles hasta los jugadores, las aficiones y las directivas de las altas competiciones que hacen ostentación de un comportamiento impresentable tanto dentro como fuera del campo, el desfile de modelos para la juventud es constante. Ejemplos: Raúl Asencio (Real Madrid, procesado por dos delitos contra la intimidad), Álvaro Aguado (exRCD Espanyol, procesado por agresión sexual), Santi Mina (ex Valencia CF, condenado por abuso sexual), Dani Alves (ex-Barça, por violación: condenado, encarcelado y finalmente absuelto). La lista de violadores y agresores sexuales en el mundo del fútbol podría ocupar la extensión de un puñado de artículos como este. La lista de evasiones y fraudes fiscales, todo el diario. Alves, por cierto, una vez fuera de la cárcel se ha hecho predicador evangelista, una forma honesta de difundir la palabra divina. Messi visitó a Trump el pasado mes de marzo y se hizo unas fotos, bien sonrientes ambos. En París, la celebración de la Champions del PSG se saldó con caos en las calles, tres muertos y cerca de 800 detenidos. La complicidad de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino, con regímenes totalitarios, petrodictaduras y –otra vez– Trump es descarada hasta la obscenidad. Son el tipo de noticias habitualmente relacionadas con el fútbol (no con otros deportes, o no tanto), a menudo despachadas con cuatro bromas y algún comentario de rutina.Todos somos mayores y más bien difíciles de escandalizar, y por eso mismo, ya que la murga diaria y obsesiva con el fútbol debe ser inevitable (por las masas de dinero y de gente que mueve, no por el interés del juego en sí), al menos ahorrémonos las exclamaciones cada vez que un futbolista, un aficionado o un directivo descarrile o directamente cometa un delito. El fútbol es así, y mucho.

En un acto en Madrid Felipe VI hizo un llamamiento a “seguir confiando en la democracia, incluso en estos días un poco oscuros”. Qué lumbrera, la de la casa real española. Es cierto que, como en la canción de Bob Dylan, hay una nube larga y negra que desciende sobre todos nosotros, los ciudadanos de Occidente, y es la nube negra de las extremas derechas y los nuevos fascismos. Pero cada vez que el rey de España hace elogios de la democracia lo que hace es recordarnos que su cargo y su misma figura no son democráticos. La democracia representativa nació como respuesta al Antiguo Régimen absolutista, del cual las monarquías eran la forma política por antonomasia. En el caso de Felipe VI (y de su padre, Juan Carlos I) esta contradicción se agrava por el hecho de ser jefes de estado por mandato de su predecesor, el dictador Francisco Franco –líder de una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del siglo XX–, una maniobra que impidió retomar la república –esta sí– democrática que fue abortada por el golpe de estado fascista y militar de 1936, del cual harán noventa años el día 18 de julio.Si cuando habla de “días oscuros” el monarca quiere hacer alusión a la corrupción política tal vez haría bien de empezar por echar un vistazo a su casa. Juan Carlos I huyó de España para no tener que responder de sus delitos fiscales, y desde hace seis años vive instalado en Abu Dabi con un nivel de lujo que evidentemente es el mismo al que está acostumbrado el personaje. La justicia española (que, como dijo el mismo Juan Carlos, “es igual para todos”) archivó las causas contra él con tecnicismos y excusas: los delitos habían prescrito, o bien Juan Carlos quedaba exonerado gracias al blindaje que la misma Constitución del 78 proporciona a su figura, una protección exagerada hasta el punto de que Juan Carlos de Borbón es la única persona que sale mencionada por su nombre y apellidos en el texto constitucional (es en el artículo 57.1, que dice literalmente: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura y de representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona mayor a la menor”, un redactado que, como se ve, es todo un canto a la democracia.De todas formas, ya que insiste en “confiar en la democracia”, sería bueno que Felipe VI recordara que los Emiratos Árabes Unidos, donde reside su padre, es una dictadura teocrática que no reconoce los derechos humanos. Y por mencionar cosas más domésticas, que el Palacio de Marivent de Mallorca, donde irá a pasar pronto las vacaciones de verano, es en realidad la casa que el artista Joan de Saridakis legó a la ciudadanía mallorquina para que fuera un centro cultural abierto a todos. En vez de eso fue expoliado para convertirlo en la residencia de verano de la casa real española.

El Brexit es un ejemplo representativo de cómo una idea demagógica (menos que una idea, apenas un eslogan) puede llegar a condicionar una democracia antigua, estable y respetada como la británica, y por extensión, la política internacional. Más que cualquier otra cosa, el Brexit fue una estupidez enorme, colosal, y como pasa con las estupideces, sus efectos fueron —y son todavía— devastadores. Keir Starmer llegó a primer ministro con una vistosa mayoría absoluta laborista como hacía tiempo que no se veía, y ahora abandona el poder a mitad de legislatura, con un descrédito ganado a pulso: para hacer políticas neoliberales ya estaban los otros, no hacía falta un laborista tanto o más de derechas —y tanto o más antieuropeo— que los tories mismos. A Starmer le ha tocado vivir desde el poder el estallido de la extrema derecha en el Reino Unido, representada por Reform UK, el partido de Nigel Farage, un viejo populista que siempre había hecho un papel residual dentro de la política británica y que ahora tiene posibilidades sólidas de tocar poder.La dimisión de Starmer ha coincidido con la condena al exministro y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, y la derecha española suspira: que siga Pedro Sánchez el ejemplo de su colega Starmer, que al fin y al cabo también es de los suyos, dicen. A Starmer lo ha hecho dimitir, como él mismo ha reconocido, su propio partido. A Pedro Sánchez la derecha española le quiere hacer la jugada que ya conocemos por Lula da Silva en Brasil o António Costa en Portugal: montar un cerco judicial en torno a un presidente y a su gobierno (con causas ciertas y otras falsas, y con un uso arbitrario y discrecional de la administración de justicia) hasta conseguir que el presidente en cuestión abandone o acabe en la cárcel (este sería el desenlace más deseado con Sánchez).Los que irán a prisión, con sentencias que seguramente deben ser ajustadas a sus delitos, son Ábalos y Koldo. Hay que celebrar la ejemplaridad de la sentencia, y también la celeridad del proceso: ojalá el ejemplo se aplique también al PP, un partido que según la sentencia de la Gürtel está organizado para delinquir como mínimo desde el año 1988 y que ocupa una sede pagada con dinero negro, sin que pase nada. Las dos velocidades, las diferentes varas de medir: la Kitchen ha llegado a juicio con trece años de retraso, y parece que tampoco hay ninguna prisa por parte de la justicia con el caso Montoro, de una gravedad estructural para los poderes del estado. Nada que no conozcamos, por otra parte, desde la ofensiva de las togas contra el Procés. Finalmente, quien no irá a prisión será Víctor de Aldama, uno de esos personajes que parecen extraídos de las películas de Santiago Segura y que abundan y se mueven a gran velocidad entre los altos poderes madrileños. Un vividor, un delator, un mentiroso y un estafador casi confeso que se sale con la risa del sinvergüenza que triunfa. “Gracias a la justicia”, dice el sujeto, con todo el cinismo, y anima “a los que vienen detrás” a seguir su ejemplo. A la democracia española no le hace falta ningún Brexit, ya se lo hace cada día.