Tenía escrito este título para el artículo cuando he visto que el actor irlandés Liam Cunningham le ha dedicado a Maricarmen Abascal el mismo epitafio en un tuit, solo que él ha sido más específico: “Murdered by greed”, ha escrito, asesinada por la avaricia. Sí, “asesinada” es más exacto. El caso de Maricarmen ha dado la vuelta al mundo y el icono se ha hecho global, porque la crisis de la vivienda se extiende por toda Europa, en forma de colapso y de emergencia. Por eso, y porque reaccionar ante la infamia es un comportamiento afortunadamente humano, salvo para los individuos que viven ya anestesiados por el cinismo. O por la misma avaricia. Maricarmen no ha resistido el trago de ser expulsada de su casa por un pelotón de policías que tiraron la puerta de su piso al suelo, como si fueran a enfrentarse con una delincuente peligrosa. Quien no comprenda que esta mujer ha muerto por eso no está en condiciones de comprender nada.

La amnistía total para los líderes y encausados del Procés es una noticia excelente que pone fin no ciertamente al conflicto político entre Cataluña y España, pero sí a uno de los episodios más oscuros de la actual etapa democrática española. La amnistía lo es para los que han sufrido persecución judicial, policial, política y mediática durante nueve años, pero es sobre todo una amnistía que el estado español se concede a sí mismo, después de que sus poderes hayan incurrido en el crimen de lesa democracia de perseguir a ciudadanos por razones ideológicas. Pegar a ciudadanos en la vía pública, encarcelar a dirigentes cívicos y políticos o hacerles ir al exilio, criminalizar las ideas, es incompatible con la democracia y, sin embargo, es exactamente eso lo que pasó en el estado español en el año 2017 y siguientes. Si hubo un golpe de estado en España fue, como se ha dicho y repetido, el que empezó en el año 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto y se dilató hasta este lunes pasado, cuando por fin se ha podido dar por cerrada la etapa de represión política contra el independentismo catalán. Un golpe de estado hecho desde el Estado y por parte de servidores del Estado, en todos los niveles de poder: desde la policía hasta la monarquía, pasando por los jueces y fiscales (Llarenas, Marchenas, Lamelas, Zaragozas, Madrigals) que han tomado parte activa en una larga y desgraciada historia de lawfare o guerra sucia judicial, pasando también naturalmente por todos los responsables políticos que de alguna manera han impulsado o dado cobertura al despropósito. El estado español se ha jugado su credibilidad democrática, ya de por sí bastante poco consistente, y llegó al punto de bajar a la categoría de democracia defectuosa (en vez de la de democracia plena, donde se encuentra habitualmente) en el año 2021 en el Índice de Democracia de The Economist. Que ahora los responsables de todo esto salgan con completa impunidad no deja de ser injusto, y da un barniz efectivamente melancólico al momento de la aplicación de la amnistía.

Una vez más debemos estar de acuerdo con José María Aznar, analista: las elecciones generales del 29 de noviembre no son unas elecciones cualesquiera. Según Aznar son “las más importantes en los últimos cincuenta años”: más “importantes”, debemos entender, por tanto, que las elecciones generales constituyentes de junio de 1977, donde fueron elegidas las Cortes que redactaron y aprobaron la Constitución de 1978, la misma contra la que Aznar escribía unos artículos profundamente furibundos y “liberales” en el diario La Nueva Rioja. Ahora, convertido desde hace tiempo en un Pelayo visigótico del autodenominado constitucionalismo, el expresidente de la guerra de Irak y de la España va bien nos advierte de la hecatombe: “Si la mayoría actual de gobierno continúa en el poder, el sistema constitucional y la monarquía parlamentaria se acaban”, ha avisado. Se debe reconocer que, según cómo, es un escenario tentador.

Pedro Sánchez apareció como un político de laboratorio construido en los talleres de Ferraz y propulsado a la primera línea política para pactar con Ciudadanos. Este plan inicial falló varias veces hasta que Sánchez se vio presidiendo un gobierno “con ministros de Podemos”, una situación que él había dicho que no quería porque “no le dejaría dormir”. De la misma manera, ha pasado de ser contrario a la amnistía de los independentistas catalanes a ser su principal valedor, etc. La hemeroteca de las contradicciones de lo que Sánchez había dicho es abundante.

La naturaleza humana es reactiva: se encoge ante el anuncio del peligro, y saca pecho, fanfarronea y se descuida cuando el peligro ha pasado sin causar grandes estragos. Este fin de semana era curioso ver, en las redes, que los que más aprensión mostraban ante los avisos por la anomalía climática que llegaba a Cataluña –minihuracán, medicán o huracán mediterráneo: todas las denominaciones son más bien feítas– después se reían de la alarma una vez había pasado lo peor, o lo parecía.

Sucede pocas veces que una novela subyugue literalmente a sus lectores, quiero decir que durante unos días la vida pase a girar en torno a la atención que dispensamos a la lectura de una historia de ficción. Y que después, una vez acabada la lectura, pase a girar en torno al impacto que la novela nos ha dejado, de las emociones que nos ha hecho sentir o de las ideas que nos ha convocado, o hecho nacer, dentro del pensamiento. Esto me ha pasado recientemente con Antes de que venga la oscuridad, de Fausto Puerto Quetglas, que acaba de salir publicada por Angle Editorial. Me ha pasado, además, dos veces: cuando la leí en forma de original, hará un año, y ahora que la he releído ya como libro editado. El autor, no me esconderé, es un buen amigo mío, pero créanme que esto es del todo irrelevante: la novela sería magnífica igualmente aunque Puerto Quetglas y yo no nos conociéramos de nada, como es posible que les pase a muchos de ustedes, salvo que sean clientes de la librería Món de Llibres, de Manacor, que regenta el autor desde hace más de veinte años.

¿Ingobernable? A estas alturas, la insólita situación con dos decretos (dos paquetes de medidas que aspiran a ser votados como decretos) compitiendo entre ellos, por decirlo así, para ser aprobados en el Congreso, es más bien una fotografía de la política española: fragmentaria, crispada, contradictoria, difícil de gobernar. Pero también plural y diversa. Los dos decretos, o los dos aspirantes a decretos, son, al fin y al cabo, un retrato en forma de rareza legislativa de lo que es la mayoría que invistió a Pedro Sánchez. Un conglomerado de fuerzas que ideológicamente va de Junts hasta Podemos (ninguno de los dos son extrema derecha ni extrema izquierda, por cierto, pero sí que se complacen en el papel de socios incómodos y de huesos de difícil roer), pasando por ERC (que intenta superar el populismo posprocesista con el populismo rufianista), la derecha y la izquierda vasca (mucho más claros y sólidos que la irritada, e irritante, riña independentista catalana), más otro conglomerado, Sumar, que todo el mundo sabe que no ha funcionado, pero que incluye partidos importantes dentro de los Países Catalanes como Compromís o Més per Mallorca. Es aquello que la derecha española acostumbra a ridiculizar como el Frankenstein, una mayoría hecha de muchos trozos, se supone que de cadáveres políticos (el cadaverismo guerracivilista es un ingrediente muy presente en las recetas patrioteras de PP, Vox y derivados). Alguien también puede hablar de frontismo, de un frente de izquierdas frente a un frente de derechas.

La crisis política y social que ha explotado con el desahucio de Maricarmen, y que este martes ha llegado al Congreso, ha hecho olvidar en buena parte la crisis política y social causada por la entrada masiva de inmigrantes por Ceuta, los pasados días 30 y 31 de julio. De alguna manera, es como si una crisis hubiera tapado la otra y, frivolizando un poco, como si la de Ceuta fuera la crisis de verano, mientras que la de la vivienda fuera la de inicio de curso. En ambos casos, la opinión pública reacciona con la misma pregunta: ¿qué repercusión tendrán estos hechos sobre el curso electoral? Más en concreto: ¿tiene todavía alguna opción Pedro Sánchez de revalidar la presidencia? Si es Feijóo quien finalmente gobierna, ¿con qué pactos con Vox lo hará? En ambas opciones, lo que pase a continuación no será como el 2023: se producirá, previsiblemente, una redefinición del panorama político, en forma de batacazo profundo. Estas cuestiones son las que tienen en alerta a una gran parte de la opinión ciudadana, mucho más que la desdicha de los inmigrantes o la de los desahuciados. Esto, claro, también forma parte de la deshumanización de los pobres, una de las constantes de nuestros días.De esta deshumanización Ceuta ha sido y es un ejemplo bien representativo. Los inmigrantes que han quedado atrapados en la colonia (en la ciudad autónoma, en lenguaje administrativo), los que murieron los primeros días, los que han pasado hambre y sed y privaciones, han gozado de muy pocas contemplaciones. Se han incendiado campamentos de personas desvalidas, se han perpetrado cacerías de inmigrantes y se han hecho llamamientos abiertos al odio, al asesinato, a la cruzada y a la defensa de España por la vía más violenta posible. El inmigrante ha sido puesto literalmente en el punto de mira e incluso los niños hijos de inmigrantes han sido tachados de invasores que no merecen ningún tipo de consideración, incluso por parte de partidos y representantes políticos que se dicen a sí mismos liberales, centristas, moderados y demócratas. La gestión del gobierno de España ha sido lenta, farragosa y lastrada por la incomprensible servidumbre de los gobernantes españoles a los marroquíes; la del gobierno de Ceuta ha sido desleal e intoxicadora. Pero aún más preocupante que esto ha sido la apertura de las compuertas del odio para que salieran los viejos discursos que niegan a las personas su condición humana, el tipo de discursos que preceden a las matanzas o a las oleadas de ejecuciones.

Si dejamos de lado el griterío, la demagogia, la emotividad, las amenazas de los grupos y de los partidos neofascistas y las maniobras preelectorales de todos los partidos políticos, queda la cuestión esencial. Y la cuestión esencial es que el derecho de las personas a una vivienda digna es un derecho básico, también constitucional en el estado español. Un derecho, por tanto, previo a otros derechos, como el de la propiedad. Previo o superior, digámoslo como prefiráis. El derecho a la vivienda digna también es previo o superior a la ley de la oferta y la demanda. Como ha explicado el jurista Joaquim Bosch, en muchos países europeos no habría sido posible un desahucio como el de Maricarmen porque sus leyes priorizan el derecho de las personas a quedarse en su domicilio. Hablamos de países como Alemania, Francia, el Reino Unido y Dinamarca, reconocidas taifas comunistas y bolivarianas. Pero, como dice Bosch, anteponer la ley del mercado al derecho de las personas a una vivienda digna nos lleva tan solo al dominio de otra clase de ley: la ley de la selva, donde solo prospera el más fuerte. (En estos países, aunque sus policías sean tan bestias como cualesquiera otras en otras ocasiones, se habrían ahorrado un nuevo episodio de brutalidad policial, con agentes apaleando a los manifestantes que protestaban contra el desahucio).Todo ciudadano tiene derecho a una casa digna; nadie tiene derecho a acumular casas para especular con ellas. Esto vale para los fondos buitre, pero no solo para ellos. Los fondos buitre desplazan la lógica del mercado hacia sus extremos más iliberales, donde el capitalismo se convierte en el reverso oscuro del liberalismo, y en este desplazamiento se mueven todos los actores que operan en el mercado inmobiliario. No hace tanto hablábamos de grandes tenedores, una manera de referirse a las empresas o a los particulares con una cartera de viviendas que utilizan para explotarlas bajo la lógica del máximo beneficio. El alquiler turístico (al cual se abonaron enseguida una cantidad enorme de pequeños propietarios, muchos de ellos, también, votantes de izquierdas) es otro abuso que debe ser erradicado. ¿Por qué? Porque solo obedece al derecho a la propiedad y a la ley de la oferta y la demanda, mientras atenta contra el derecho de las personas a tener una vivienda digna. Porque infla una burbuja de precios que hace que personas que se lo deberían poder permitir (la Maricarmen con su pensión, por ejemplo) no puedan pagar un piso, ni siquiera el piso donde habían vivido toda su vida.

El decadente discurso que pronunció Benjamin Bibi Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, que incluyó insultos y falacias contra los delegados que abandonaron la sala en señal de protesta, tuvo el único valor de recordar a la comunidad internacional que el genocidio de Gaza, y la ocupación ilegal de Cisjordania por parte del gobierno ultraderechista e integrista de Israel, sigue su curso. La masacre del 7 y 8 de octubre de ciudadanos israelíes por parte de Hamás, un ataque sin precedentes por su violencia, con unos 1.400 civiles muertos, tuvo como respuesta inmediata un genocidio reconocido como tal por un comité y una comisión independientes de las mismas Naciones Unidas, además de Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y una lista con las más relevantes entidades y organismos internacionales. Han muerto más de 75.000 palestinos, de los cuales más de 20.000 son menores. En este caso no se puede decir que la matanza no tenga precedentes, porque las hostilidades del ejército israelí, entrenado con la idea de tratar a la población palestina como infrahumanos que deben ser exterminados de pequeños para que no lleguen a ser adultos asesinos, ya viene de lejos. De ambas cosas, de la matanza de Hamás y del inicio de la respuesta genocida de Israel, hará tres años dentro de pocos días. En Gaza, más del noventa por ciento de las viviendas han sido destruidas, se ha obstruido la llegada de ayuda internacional, se han asesinado médicos y periodistas y se ha sometido a la población a una crisis sanitaria y alimentaria (es decir, hambre y enfermedades infecciosas), entre otros crímenes de guerra. En Cisjordania, estos días hemos vuelto a ver las imágenes de las excavadoras sionistas arrasando campos de olivos, destruyendo de esta manera la principal fuente de ingresos de muchas familias palestinas.Netanyahu es la cara más visible de un gobierno de coalición que incluye ministros como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que brindó con champán en la Knéset tras aprobar la instauración de la pena de muerte para palestinos considerados terroristas, y que pide que cada noche se ejecuten en Gaza 30 o 40 personas, hasta “desocupar” la zona de su población palestina. O como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, que presume de que la Franja de Gaza es “una mina de oro inmobiliaria” que el gobierno de Israel se reparte con el de los EE. UU. Como Netanyahu se refirió a los delegados que abandonaron la sala de las Naciones Unidas como “cobardes morales”, debemos entender que sus depravados ministros y él mismo se consideran ejemplos de fortaleza moral. Invocar el derecho a la defensa, o mucho peor, la memoria de la Shoah, como justificación de estas atrocidades no hace más que intensificar su bajeza.Subrayemos que en este artículo nos hemos referido a los crímenes del gobierno de Israel. No “de Israel”, una confusión que el sionismo nuestro siempre intenta promover, aderezada con el inefable toque de victimismo indecente que pretende equiparar a Cataluña e Israel como pueblos hermanados en el infortunio. La decrépita, ofensiva estampa de Netanyahu en la ONU les sirve de espejo.

En la película Umberto D. (dirigida en 1952 por Vittorio de Sica, un director que osó retratar la pobreza, y protagonizada por Carlo Battisti) hay una escena durísima. El protagonista del film es un funcionario jubilado que no puede sobrevivir con la pensión ruinosa que le ha quedado y que se ve empujado a pedir limosna en la calle. Como le da vergüenza, el hombre deja a un perrito con su sombrero, que pide por él. A primera vista es una imagen tierna, pero por poco que uno se detenga, es devastadora. Retrata la pobreza de tantas personas que nunca se imaginaron que se verían abocadas a ella y que no saben cómo afrontar la situación, porque no pueden superar la estupefacción –la vergüenza, también– de encontrarse en ella.El mercado, dejado a su propia lógica sin ningún tipo de corrección, amplía incansablemente los espacios de la marginalidad o hace el umbral de la pobreza cada vez más alto, de manera que cae en él un sector cada vez más amplio de la población. Personas que en principio deberían encontrarse en condiciones de pagarse una vida digna (trabajadores asalariados o por cuenta propia, o que se jubilan después de cotizar durante toda una larga vida laboral) descubren de repente que no es así. Sus ingresos están por debajo de los precios, y si no cuentan con un entorno que les apoye, muy pronto se ven abocados a la pobreza.Esta semana, los casos de Maricarmen en Madrid (la mujer de 87 años, precaria de salud y de ingresos, que ha sido desahuciada de su casa mientras los manifestantes eran reprimidos en un nuevo episodio de brutalidad policial) y de Olga en Hospitalet de Llobregat (una mujer de 54 años, madre de dos hijas –una de ellas, menor–, que se ha suicidado porque no pudo soportar perder su casa), han llenado diarios, telediarios y redes, y han llamado la atención de todos sobre la llamada crisis de la vivienda, que en realidad no es más que un resultado de un sistema económico basado en dos cosas: la avaricia y la aporofobia. Dicho de otra manera: la relación patológica con el dinero que consiste en considerarlo un bien superior (en relación con los derechos de los ciudadanos, y también en abstracto, como una especie de deidad), y el odio a los pobres.Las personas tienen, o tenemos, miedo de ser pobres por muchos motivos, pero uno de los principales es que sabemos que pasaremos a ser odiados. No solo menospreciados, ridiculizados, humillados, violentados o perseguidos: también odiados. Por encima de todo, odiados. La imagen del pobre actúa como un reflejo de aquello que nunca queremos ser: por eso, cuando los encontramos por las calles, giramos la cara o aceleramos el paso. Nadie nos lo reprochará. El pobre es temible, es oscuro y es repugnante, porque personifica la negación de la prosperidad. El mensaje para quien no pueda pagar los precios impuestos por especuladores descontrolados es que, además de su casa y de sus bienes, ha perdido la dignidad y la consideración de ser humano. Los explotadores han existido siempre; ahora, sin embargo, se jactan de ser los líderes del nuevo capitalismo. Tienen muchas teorías autojustificativas, pero un único principio fundamental: odiar al pobre.

A día de hoy, la aplicación de la ley de amnistía tiene todavía más de 150 casos pendientes de resolución judicial. Según datos de Alerta Solidària, también ha habido 104 denegaciones explícitas de la amnistía (no, ciertamente, a los policías que apalearon a los ciudadanos por las calles: estos fueron los primeros que se beneficiaron de ella). La ley entró en vigor en junio de 2024, hace más de dos años. La justicia ha sido bastante menos diligente a la hora de amnistiar a independentistas catalanes que a la hora de exonerar al novio de Ayuso o de cargarse a un fiscal general del Estado. Cuestión de prioridades, tendremos que suponer.Finalmente, ha sido necesario forzar también la amnistía del delito de malversación (inexistente, dado que con los gastos del referéndum no se lucró ni benefició ninguno de los condenados/perseguidos por Marchena y Llarena). Los tribunales españoles, por cierto, menospreciaron el delito de malversación (que ellos mismos habían esgrimido como acusación) en los tiempos gloriosos en que los tertulianos patrióticos hacían chistes con el topónimo Schleswig-Holstein y algún periodista de su cuerda llamaba a bombardear cervecerías alemanas por haber “humillado a España” al no haber entregado a Puigdemont a instancias de los defectuosos requerimientos del susodicho Llarena. Son cosas que es bueno recordar para tener presente que el camino que nos ha llevado hasta aquí a lo largo de estos nueve años ha sido largo y proceloso, pero no lleno de conocimiento, como el camino hacia Ítaca que pedía Kavafis, sino lleno de ruido y furia, de arbitrariedades y abusos, de decisiones equivocadas y un etcétera tan inacabable como ignominioso.Por parte catalana, el espacio que los partidos políticos independentistas dejaron libre mientras se dedicaban a matarse estúpidamente entre ellos se ha ido llenando de charlatanes patrioteros, cada uno más absurdo y tóxico que los otros, hasta haber llegado al punto patético de que la fuerza “independentista” emergente, y destinada según todos a arrasar en las próximas elecciones, es un partido fascista que apoya a Vox para insultar la memoria del presidente Companys. Por parte española, el afán de revancha ha conducido al derrumbe de los delgados tabiques de la separación de poderes, en unas instituciones del estado pobladas de herederos ideológicos del franquismo y de ultraderechistas de nuevo cuño y de la última hornada. El Estado se amnistía también a sí mismo (sobre todo a sí mismo) de la persecución judicial perpetrada contra el independentismo, que, por otra parte, y como era de prever, se ha hecho extensiva a todo aquel que pueda ser sospechoso de traición a España, incluso aunque se trate del presidente del gobierno español. Pasados nueve años, la amnistía no contenta a nadie, y las versiones más oscuras del patriotismo, así el español como el catalán, se han adueñado del panorama. Pero lo más tenebroso de todo ello es que el poder judicial se haya acostumbrado a corregir, y a ejercer, las funciones del ejecutivo y el legislativo.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se encontró hace unos días con su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, con motivo de la U20 o Urban 20, una cumbre de alcaldes de 34 ciudades del G-20. Desde el momento mismo de la contundente victoria electoral que le llevó a la alcaldía de Nueva York, Mamdani se convirtió en un icono progresista global y en una especie de contrapoder anti Trump (aunque esto sea más de cara a la galería que otra cosa), y por tanto las fotos con él son muy preciadas por los dirigentes de la izquierda europea. Collboni tuvo su foto con Mamdani y algo más: el aval del primer edil de Nueva York a Mayors for Housing (Alcaldes por la Vivienda), una alianza internacional de alcaldes que se comprometan a impulsar políticas contra la crisis habitacional, que Barcelona ya ha liderado a nivel europeo y que ahora busca extenderse internacionalmente.No se puede decir que la U20 no fuera productiva para Collboni ni que se presentara con las manos vacías. Barcelona fue la única ciudad del estado español que participó y pudo aportar la regulación de los precios de los alquileres, la prohibición total de los alquileres turísticos o la expropiación de viviendas vacías, medidas que ciertamente se han aprobado (pero que no se aplican, o no lo suficiente, en una de las ciudades preferidas de los fondos buitre y los grandes especuladores, bancarios y no bancarios). La administración Mamdani ha aprobado, por su parte, la congelación de los precios de los alquileres de los pisos de renta controlada o la creación de supermercados públicos para garantizar el acceso de las familias pobres a los productos básicos; Collboni se comprometió a abrir el primero de estos supermercados dentro del año 2027 en el barrio barcelonés de la Marina.Todo esto viene a ser una especie de alianza de alcaldes contra la especulación y está muy bien. Pero es difícil mantener el espíritu que anima la asunción de estos compromisos con la desatención hacia las protestas de este pasado domingo contra la ampliación del aeropuerto, una gran movilización que también se produjo en Palma e Ibiza, donde tuvo dimensiones de manifestación histórica. Las protestas se basan en una constatación clara: las ampliaciones tanto de El Prat, como de Son Sant Joan, como de Es Codolar se hacen para incrementar la turistificación de Barcelona, Mallorca e Ibiza. Y el incremento de la turistificación de Barcelona, Mallorca e Ibiza va directamente ligado al descontrol en los precios y la especulación de la vivienda, que es, de hecho, una de las consecuencias directas. La fabulosa máquina extractiva que es Aena puede escudarse en la necesidad de contar con infraestructuras competitivas con otros grandes aeropuertos internacionales, pero esto no quita ni un ápice de gravedad a un fracaso del sistema —la crisis de la vivienda— que también ha adquirido dimensión internacional y que es especialmente asfixiante en las zonas intensamente turistificadas como Cataluña (muy especialmente Barcelona) o las Baleares (muy especialmente Mallorca e Ibiza). Los dobles discursos no sirven para paliar nada este fracaso.

Abro el Ara.cat y lo primero que veo son dos titulares que, yuxtapuestos, resultan aún más elocuentes que leídos por separado. “Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias”, dice el de la información firmada por Núria Orriols Guiu. “Mazón se sacude la responsabilidad y se niega a dar nuevas explicaciones en el Congreso sobre la dana”, dice el de la noticia que firma Andrea Zamorano.Además de tratar sobre la bituminosa política española, ambos tienen el elemento común del deber cumplido. El juez Peinado, convertido en icono de la justicia puesta al servicio de unos intereses políticos que no escaparían a la comprensión ni de un niño, se jubila el domingo y no quería hacerlo sin haber llevado a cabo el objetivo que se había propuesto (y, también podemos entenderlo así, al que se había comprometido): llevar a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, a juicio por una causa completamente inventada que ha tenido uno de los recorridos más estrafalarios y ridículos de la justicia española de los últimos diez años (y eso es decir mucho). Lo ha hecho tal como él quería: con un jurado popular, para incrementar la posibilidad de una sentencia condenatoria. La familia a la prisión: Begoña Gómez, David Sánchez y, si puede ser, Pedro Sánchez en persona. En su caso, por traidor a España. Este es el sueño húmedo actual de la derecha española, una revancha máxima contra unos agravios imaginarios. Es la misma derecha que de vez en cuando siente la necesidad de salvar España, aunque sea cargándose el estado de derecho o, directamente, a unos cuantos cientos de miles de ciudadanos como sucedió durante la Guerra Civil y la dictadura. Y es, también, la realización escrupulosa del mandato de Aznar: quien pueda hacer, que haga. Seguramente, Peinado no tendrá recompensa porque los esbirros no suelen tenerla, más allá de unas palmaditas en la espalda. Y la satisfacción del deber cumplido.También cumplió su deber Mazón, aguantando el escándalo de la desastrosa gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y de los 230 muertos que causó la negligencia de su gobierno, sin dimitir, sin convocar elecciones y propiciando una transición fácil con su segundo, Juanfran Pérez Llorca, de tal manera que la gestión de los treinta mil millones del Plan de Reconstrucción quedasen en manos del PP y de su gobierno. En contrapartida, le ha quedado un sueldo de expresidente, un escaño en las Cortes Valencianas donde puede ir a echarse la siesta si le apetece y una exculpación en toda regla del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que Mazón exhibía este lunes en su comparecencia en el Congreso como si fuera una licencia para matar. Y que abortó la investigación de la juez de Catarroja, como mínimo hasta que Mazón no pierda el aforamiento. El inepto y mentiroso tiene premio y protección; la mujer que hasta donde sabemos no ha hecho nada punible pero que está casada con el líder político equivocado corre el riesgo de ser condenada; el juez que la persigue tiene el aplauso de la horda neofranquista. La yuxtaposición explica bien, en efecto, el momento de degradación de la política y de la justicia en que nos encontramos.

El episodio de la supuesta traductora del catalán al castellano que no fue capaz de traducir ni un par de frases sencillas en el juicio contra los cuatro policías que le vaciaron un ojo al activista Roger Español, haciendo que los letrados catalanes tuvieran que autotraducirse o pasar directamente al castellano, no es de ninguna manera anecdótico. En el caso de un juicio político como este (es político un juicio en el que una víctima de violencia policial por razones políticas todavía tiene que pasar por el trago de ser revictimizada para reclamar el reconocimiento que se le debe), un hecho como este debe entenderse como una agresión añadida, o como mínimo sobrevenida, que se tenía que haber evitado por todos los medios. En vez de esto, la agresión se produjo con toda la crudeza y todo el esperpento que caracterizan el sempiterno desprecio de la justicia española por la diversidad lingüística, es decir, por cualquier lengua que no sea el castellano. Porque esta es la otra circunstancia que hace que la escena en el juicio contra los policías que mutilaron a Español no se pueda considerar un hecho aislado ni anecdótico: la lista no solo de desprecios, sino también de actuaciones judiciales en forma de resoluciones y sentencias, de la justicia española contra la lengua catalana es ya inacabable, incontable e inaceptable. Y llega exactamente hasta el día de hoy.Cabe esperar que se haya encontrado la manera de poder proseguir el juicio contra los únicos cuatro policías que habrán tenido que responder por la persecución contra el independentismo catalán en las condiciones adecuadas en lo que respecta al servicio de traducción. Pero eso no elimina el problema de fondo, y el problema de fondo es que las lenguas oficiales del Estado son exactamente eso, oficiales. No cooficiales, como quieren algunos y como se repite a menudo incluso desde los medios de comunicación catalanes, asumiendo, sin darse cuenta, una posición de subsidiariedad que no viene al caso. Son lenguas oficiales del Estado y, por tanto, los servidores del Estado –los jueces y los fiscales y todo el sistema judicial lo son– deberían conocerlas y respetarlas. Y, por tanto, se deberían poder celebrar juicios sin necesidad de servicios de traducción, repitiendo los estereotipos franquistas de los chistes con españoles perplejos cada vez que oían hablar una lengua distinta al castellano.Hablando de víctimas, en el juicio del que hablamos salió enseguida, por parte de los policías acusados, el victimismo según el cual actuaron de manera “absolutamente perfecta” porque se encontraron ante unas hordas extremadamente violentas de independentistas peligrosos. Todo el mundo sabe que eso es mentira, y tener que volver a oír esta comedia por parte (una vez más, los policías también lo son) de servidores públicos no hace más que profundizar en las heridas que dejó la represión contra el Procés. Heridas físicas, como en el caso de Roger Español, pero también heridas políticas, cívicas, sociales. Lo mínimo que puede hacer la justicia es evitar infectarlas, y esto obviamente se puede decir también pensando en la ley de amnistía.

Como no podía ser de otra manera, la ola iliberal que recorre el mundo ha fijado el punto de mira sobre el derecho de voto. Votar en libertad de conciencia es seguramente el acto cívico más relevante, el derecho más trascendente, que puede ejercer un ciudadano. Las urnas identifican a las democracias, por mucho que los regímenes autoritarios las falseen para disfrazarse de democracias: la Rusia de Putin, por ejemplo. Pero el voto, y en concreto la manipulación del voto en beneficio electoral propio, es el oscuro objeto de deseo de los políticos y los gobernantes autoritarios. Suelen acusar a los demás de incurrir en ello, porque cuando ellos están en el poder se vuelcan con glotonería.La tentación de manipular votos se agudiza. En Argentina, Milei ha impulsado una reforma electoral que, en caso de salir adelante, rediseñará de arriba a abajo las reglas del juego democrático. Entre otras cosas, el de la motosierra propone que las campañas electorales no sean pagadas por el Estado, sino patrocinadas por particulares y empresas, y quiere suprimir también los debates presidenciales e incluso las primarias obligatorias dentro de los partidos.Trump ha convertido las manipulaciones sobre el voto en una razón de ser de sus políticas, empezando por el hecho de haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como una supuesta rebelión contra unas no menos supuestas elecciones fraudulentas (que había perdido él y ganado Biden). Trump ha alimentado asimismo la sospecha de fraude sobre las elecciones de medio mandato del mes de noviembre (y lo intensificará a medida que se acerquen, porque teme perderlas), y hace unos días, en una convención en Dallas, en medio de un discurso errático y decadente, quiso soltar un cebo: cinco mil dólares para cada ciudadano estadounidense adulto en caso de que los republicanos ganen las elecciones. Una promesa como esta es indecente, ilegal y obviamente irrealizable, pero el tiro ya ha sido disparado: se trata de poner precio al voto y tratarlo como una mercancía más.En el Estado español, el Tribunal Supremo acaba de paralizar cautelarmente la llamada “ley de nietos” para impedir el derecho de voto de los descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la dictadura franquista. Esto equivale a arrebatar el derecho de voto a más de cuatrocientos mil ciudadanos españoles, con el argumento –esgrimido por el alto tribunal sin esconderse en absoluto– de que su participación en las votaciones podría “alterar el resultado deseado por los españoles” en los comicios. El “resultado deseado”, por si alguien se ha perdido, es que gane las elecciones la suma de PP y Vox. Ya que lo mencionamos, el partido de Santiago Abascal ha propuesto más de una vez (y amplios sectores del PP lo ven con buenos ojos) modificar la ley electoral para que “las minorías” no puedan concurrir a las elecciones como lo han hecho hasta ahora, ni “imponer su voluntad” en el Congreso o en el Senado. Esto, por si alguien se ha perdido también, va para los partidos de la izquierda, y también para los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

La Comisión Europea ha asumido que la crisis de la vivienda es una prioridad europea y, como primer paso para hacerle frente, dio a conocer la semana pasada la propuesta del affordable housing act, la ley europea de la vivienda asequible, cuyos detalles pueden leer en la crónica de Núria Sala Ventura para este diario. No es que en Bruselas haya habido un paso de bolivarianismo. Pero sí que han tomado conciencia de que el hecho de que un millón de europeos no tengan casa donde vivir, mientras un 20% del parque habitacional disponible dentro de la Unión Europea está vacío, es una situación de urgencia. El precio de compra de una vivienda en los países comunitarios ha subido, en los últimos diez años, más de un 60%, y los precios del alquiler, un 20%. Además de ser una situación de urgencia, es una situación insostenible, injusta... e ilegal: el derecho a la vivienda digna es un derecho social básico (en el estado español es un derecho constitucional) que a menudo se ve vulnerado, o negado, por las imposiciones del mercado. Esta ley europea de vivienda –impulsada por la exministra Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión, y por el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen– pretende precisamente aquello que se ha dicho tantas veces que no era recomendable (y según algunos, ni siquiera posible), y que ahora la realidad demuestra que es necesario: intervenir el mercado, ponerle límites y topes para evitar que caiga en inercias especuladoras.Por eso la ley propone medidas tales como limitaciones legales a la compra de segundas residencias o viviendas de carácter no habitual en aquellas regiones catalogadas como zonas tensionadas. También, imponer penalizaciones a los propietarios que mantengan pisos o casas vacíos, para forzar su salida al mercado. La nueva propuesta de ley insiste, eso sí, en impulsar la construcción de nuevas viviendas para aligerar el mercado (si bien es cierto que habla de promover operadores diferentes de los tradicionales, tales como cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, en vez de las grandes constructoras de siempre). Son más interesantes en este sentido avances como la ley ZAN (zero artificialisation nette), de Francia, que se propone no construir ni un metro cuadrado más de suelo rústico y trabajar, en cambio, en la rehabilitación, la reutilización y la transformación de todo lo que ya se ha construido.La propuesta europea sintoniza bien con la prohibición de los pisos turísticos por parte del Ayuntamiento de Barcelona, o con las penalizaciones por tener pisos vacíos vigentes en Cataluña desde hace cuatro años. En Baleares, por el contrario, el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento, Sebastià Sagreras, ha declarado que “no le cabe en la cabeza” que un mallorquín “no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio”. Dentro de la cabeza del portavoz no caben demasiadas cosas (el informe PISA deja a Baleares a la cola del estado español, que a su vez está a la cola de Europa en materia educativa, y eso se nota también en los gobernantes). Qué no dirá cuando se entere de que la mayoría de mallorquines no pueden ni pensar en comprarse una primera vivienda en ningún municipio.

La idea de que los humanos desarrollemos una tecnología capaz de acabar con nosotros –de uno en uno o en masa, o incluso como especie– viene de lejos. Ya en la Antigüedad imaginaban artefactos, a menudo enviados o forjados por los dioses, que eran capaces de hacer el trabajo: en las Argonáuticas, por ejemplo, aparece Talos, un gigante hecho de bronce que desde las costas de Creta lanzaba rocas a las naves invasoras para hundirlas. Prometeo, por su parte, roba el fuego del Olimpo con la pretensión de suplantar a los dioses y su capacidad de crear vida, una idea que encontramos recuperada en mitos como el del Gólem o Frankenstein.El temor a que las máquinas lleguen a tener algún tipo de conciencia que las lleve a rebelarse contra los humanos atraviesa toda la historia de la literatura, pero evidentemente es a partir de la Revolución Industrial cuando adquiere más fuerza. Los relatos de autómatas del siglo XIX o el ya mencionado Frankenstein de Mary Shelley anticipan el gran estallido del género de la ciencia ficción y de la distopía durante el siglo XX. La aparición del cine como forma artística y de entretenimiento también tiene una importancia determinante en el éxito de las historias de formas de vida artificial que se convierten en una amenaza para la vida humana. De 2001 a Blade runner o Gattaca, de Metropolis a Terminator o las fusiones de carne humana, prótesis y manipulaciones genéticas del cine de David Cronenberg, el repertorio es inacabable.Una característica de la inteligencia humana es que, al fin y al cabo, la distancia entre la imaginación y la realidad es muy corta. A veces, nula. “Si se puede imaginar, se puede hacer” es una frase motivadora, aspiracional, pero también puede girarse y convertirse en amenaza. Estos días, las declaraciones de ingenieros y otras personas relacionadas con grandes empresas de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI alertando de que los modelos de lenguaje pueden hacerse autoconscientes y planificar –y ejecutar– un exterminio en masa de la humanidad nos ha puesto no ante una fantasía, sino ante una posibilidad que alguno de estos ingenieros cuantifica por encima del diez por ciento.Hasta hace poco, estábamos convencidos de que los humanos éramos la única especie autoconsciente que habitaba el planeta. Después hemos sabido que algunas especies de animales también tienen autoconsciencia y ahora nos enfrentamos a la autoconsciencia de las máquinas. Hace tres años, la exposición IA: inteligencia artificial, del CCCB, mostró la historia de los grandes modelos de lenguaje y puso a debate sus pros y sus contras. Las previsiones más oscuras, como ya pasaba con el gigante Talos, vienen con los usos militares. La exposición hablaba, ya entonces (tres años en el mundo IA es mucho tiempo), de las armas autónomas letales, capaces de buscar objetivos por su cuenta y de tomar decisiones también de forma autónoma para eliminar estos objetivos. Robots asesinos, para entendernos. La especie humana sí que tiene una habilidad única a la hora de construir artilugios para masacrarse a sí misma. En eso, en efecto, no nos iguala nadie.

Que una jueza admita como acusación popular en un proceso judicial una asociación supuestamente formada por animales parece una broma de mal gusto y una exhibición de prepotencia. Es el caso de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha decidido investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, porque piensa que aquellos hechos pueden constituir un ataque contra la integridad territorial y la soberanía nacional del estado español. Contra la unidad de España, vaya. De lo que se trata ya lo sabemos porque además lo han verbalizado lumbreras patrióticas como Abascal y Ayuso, e incluso el siempre desvalido Feijóo: se trata de procesar a Pedro Sánchez por alta traición. Y para conseguirlo todo apoyo es bueno, incluso el de una asociación llamada Zeolandia, con una junta directiva supuestamente formada por cuatro perros y un gato. En su propia web aparece que quien se encuentra detrás es una entidad, la asociación Liberum, formada por juristas cercanos —oh sorpresa— a la ultraderecha españolista que ya se han personado como acusación popular en otros procesos contra el PSOE y/o el gobierno de España. La broma de los animalitos tiene el deje del humor bobo de la derecha rancia. Pero el objetivo no es ninguna broma: ya hace tiempo que la derecha española suspira por hacer con Sánchez como Bolsonaro y compañía hicieron con Lula en Brasil. Es decir, llevar a un presidente a la cárcel, arrastrado por una avalancha de acusaciones en las que se mezclan las mentiras, las medias verdades, los hechos probados y la capacidad de presión de un entorno de poder que patrimonializa el estado como cosa propia. En su escrito, la magistrada Tardón habla de “conductas delictivas que no solo han tenido como víctima directa e inmediata la ciudad de Ceuta y sus habitantes, sino el mismo Reino de España, ya que podían integrar un ataque contra la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro estado de derecho”. Son palabras muy gruesas. La supuesta entidad de gatos y perros ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el gobierno de España por “omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas en Ceuta” y “ocultación de información”.