Como no podía ser de otra manera, la ola iliberal que recorre el mundo ha fijado el punto de mira sobre el derecho de voto. Votar en libertad de conciencia es seguramente el acto cívico más relevante, el derecho más trascendente, que puede ejercer un ciudadano. Las urnas identifican a las democracias, por mucho que los regímenes autoritarios las falseen para disfrazarse de democracias: la Rusia de Putin, por ejemplo. Pero el voto, y en concreto la manipulación del voto en beneficio electoral propio, es el oscuro objeto de deseo de los políticos y los gobernantes autoritarios. Suelen acusar a los demás de incurrir en ello, porque cuando ellos están en el poder se vuelcan con glotonería.La tentación de manipular votos se agudiza. En Argentina, Milei ha impulsado una reforma electoral que, en caso de salir adelante, rediseñará de arriba a abajo las reglas del juego democrático. Entre otras cosas, el de la motosierra propone que las campañas electorales no sean pagadas por el Estado, sino patrocinadas por particulares y empresas, y quiere suprimir también los debates presidenciales e incluso las primarias obligatorias dentro de los partidos.Trump ha convertido las manipulaciones sobre el voto en una razón de ser de sus políticas, empezando por el hecho de haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como una supuesta rebelión contra unas no menos supuestas elecciones fraudulentas (que había perdido él y ganado Biden). Trump ha alimentado asimismo la sospecha de fraude sobre las elecciones de medio mandato del mes de noviembre (y lo intensificará a medida que se acerquen, porque teme perderlas), y hace unos días, en una convención en Dallas, en medio de un discurso errático y decadente, quiso soltar un cebo: cinco mil dólares para cada ciudadano estadounidense adulto en caso de que los republicanos ganen las elecciones. Una promesa como esta es indecente, ilegal y obviamente irrealizable, pero el tiro ya ha sido disparado: se trata de poner precio al voto y tratarlo como una mercancía más.En el Estado español, el Tribunal Supremo acaba de paralizar cautelarmente la llamada “ley de nietos” para impedir el derecho de voto de los descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la dictadura franquista. Esto equivale a arrebatar el derecho de voto a más de cuatrocientos mil ciudadanos españoles, con el argumento –esgrimido por el alto tribunal sin esconderse en absoluto– de que su participación en las votaciones podría “alterar el resultado deseado por los españoles” en los comicios. El “resultado deseado”, por si alguien se ha perdido, es que gane las elecciones la suma de PP y Vox. Ya que lo mencionamos, el partido de Santiago Abascal ha propuesto más de una vez (y amplios sectores del PP lo ven con buenos ojos) modificar la ley electoral para que “las minorías” no puedan concurrir a las elecciones como lo han hecho hasta ahora, ni “imponer su voluntad” en el Congreso o en el Senado. Esto, por si alguien se ha perdido también, va para los partidos de la izquierda, y también para los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

La Comisión Europea ha asumido que la crisis de la vivienda es una prioridad europea y, como primer paso para hacerle frente, dio a conocer la semana pasada la propuesta del affordable housing act, la ley europea de la vivienda asequible, cuyos detalles pueden leer en la crónica de Núria Sala Ventura para este diario. No es que en Bruselas haya habido un paso de bolivarianismo. Pero sí que han tomado conciencia de que el hecho de que un millón de europeos no tengan casa donde vivir, mientras un 20% del parque habitacional disponible dentro de la Unión Europea está vacío, es una situación de urgencia. El precio de compra de una vivienda en los países comunitarios ha subido, en los últimos diez años, más de un 60%, y los precios del alquiler, un 20%. Además de ser una situación de urgencia, es una situación insostenible, injusta... e ilegal: el derecho a la vivienda digna es un derecho social básico (en el estado español es un derecho constitucional) que a menudo se ve vulnerado, o negado, por las imposiciones del mercado. Esta ley europea de vivienda –impulsada por la exministra Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión, y por el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen– pretende precisamente aquello que se ha dicho tantas veces que no era recomendable (y según algunos, ni siquiera posible), y que ahora la realidad demuestra que es necesario: intervenir el mercado, ponerle límites y topes para evitar que caiga en inercias especuladoras.Por eso la ley propone medidas tales como limitaciones legales a la compra de segundas residencias o viviendas de carácter no habitual en aquellas regiones catalogadas como zonas tensionadas. También, imponer penalizaciones a los propietarios que mantengan pisos o casas vacíos, para forzar su salida al mercado. La nueva propuesta de ley insiste, eso sí, en impulsar la construcción de nuevas viviendas para aligerar el mercado (si bien es cierto que habla de promover operadores diferentes de los tradicionales, tales como cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, en vez de las grandes constructoras de siempre). Son más interesantes en este sentido avances como la ley ZAN (zero artificialisation nette), de Francia, que se propone no construir ni un metro cuadrado más de suelo rústico y trabajar, en cambio, en la rehabilitación, la reutilización y la transformación de todo lo que ya se ha construido.La propuesta europea sintoniza bien con la prohibición de los pisos turísticos por parte del Ayuntamiento de Barcelona, o con las penalizaciones por tener pisos vacíos vigentes en Cataluña desde hace cuatro años. En Baleares, por el contrario, el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento, Sebastià Sagreras, ha declarado que “no le cabe en la cabeza” que un mallorquín “no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio”. Dentro de la cabeza del portavoz no caben demasiadas cosas (el informe PISA deja a Baleares a la cola del estado español, que a su vez está a la cola de Europa en materia educativa, y eso se nota también en los gobernantes). Qué no dirá cuando se entere de que la mayoría de mallorquines no pueden ni pensar en comprarse una primera vivienda en ningún municipio.

La idea de que los humanos desarrollemos una tecnología capaz de acabar con nosotros –de uno en uno o en masa, o incluso como especie– viene de lejos. Ya en la Antigüedad imaginaban artefactos, a menudo enviados o forjados por los dioses, que eran capaces de hacer el trabajo: en las Argonáuticas, por ejemplo, aparece Talos, un gigante hecho de bronce que desde las costas de Creta lanzaba rocas a las naves invasoras para hundirlas. Prometeo, por su parte, roba el fuego del Olimpo con la pretensión de suplantar a los dioses y su capacidad de crear vida, una idea que encontramos recuperada en mitos como el del Gólem o Frankenstein.El temor a que las máquinas lleguen a tener algún tipo de conciencia que las lleve a rebelarse contra los humanos atraviesa toda la historia de la literatura, pero evidentemente es a partir de la Revolución Industrial cuando adquiere más fuerza. Los relatos de autómatas del siglo XIX o el ya mencionado Frankenstein de Mary Shelley anticipan el gran estallido del género de la ciencia ficción y de la distopía durante el siglo XX. La aparición del cine como forma artística y de entretenimiento también tiene una importancia determinante en el éxito de las historias de formas de vida artificial que se convierten en una amenaza para la vida humana. De 2001 a Blade runner o Gattaca, de Metropolis a Terminator o las fusiones de carne humana, prótesis y manipulaciones genéticas del cine de David Cronenberg, el repertorio es inacabable.Una característica de la inteligencia humana es que, al fin y al cabo, la distancia entre la imaginación y la realidad es muy corta. A veces, nula. “Si se puede imaginar, se puede hacer” es una frase motivadora, aspiracional, pero también puede girarse y convertirse en amenaza. Estos días, las declaraciones de ingenieros y otras personas relacionadas con grandes empresas de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI alertando de que los modelos de lenguaje pueden hacerse autoconscientes y planificar –y ejecutar– un exterminio en masa de la humanidad nos ha puesto no ante una fantasía, sino ante una posibilidad que alguno de estos ingenieros cuantifica por encima del diez por ciento.Hasta hace poco, estábamos convencidos de que los humanos éramos la única especie autoconsciente que habitaba el planeta. Después hemos sabido que algunas especies de animales también tienen autoconsciencia y ahora nos enfrentamos a la autoconsciencia de las máquinas. Hace tres años, la exposición IA: inteligencia artificial, del CCCB, mostró la historia de los grandes modelos de lenguaje y puso a debate sus pros y sus contras. Las previsiones más oscuras, como ya pasaba con el gigante Talos, vienen con los usos militares. La exposición hablaba, ya entonces (tres años en el mundo IA es mucho tiempo), de las armas autónomas letales, capaces de buscar objetivos por su cuenta y de tomar decisiones también de forma autónoma para eliminar estos objetivos. Robots asesinos, para entendernos. La especie humana sí que tiene una habilidad única a la hora de construir artilugios para masacrarse a sí misma. En eso, en efecto, no nos iguala nadie.

Que una jueza admita como acusación popular en un proceso judicial una asociación supuestamente formada por animales parece una broma de mal gusto y una exhibición de prepotencia. Es el caso de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha decidido investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, porque piensa que aquellos hechos pueden constituir un ataque contra la integridad territorial y la soberanía nacional del estado español. Contra la unidad de España, vaya. De lo que se trata ya lo sabemos porque además lo han verbalizado lumbreras patrióticas como Abascal y Ayuso, e incluso el siempre desvalido Feijóo: se trata de procesar a Pedro Sánchez por alta traición. Y para conseguirlo todo apoyo es bueno, incluso el de una asociación llamada Zeolandia, con una junta directiva supuestamente formada por cuatro perros y un gato. En su propia web aparece que quien se encuentra detrás es una entidad, la asociación Liberum, formada por juristas cercanos —oh sorpresa— a la ultraderecha españolista que ya se han personado como acusación popular en otros procesos contra el PSOE y/o el gobierno de España. La broma de los animalitos tiene el deje del humor bobo de la derecha rancia. Pero el objetivo no es ninguna broma: ya hace tiempo que la derecha española suspira por hacer con Sánchez como Bolsonaro y compañía hicieron con Lula en Brasil. Es decir, llevar a un presidente a la cárcel, arrastrado por una avalancha de acusaciones en las que se mezclan las mentiras, las medias verdades, los hechos probados y la capacidad de presión de un entorno de poder que patrimonializa el estado como cosa propia. En su escrito, la magistrada Tardón habla de “conductas delictivas que no solo han tenido como víctima directa e inmediata la ciudad de Ceuta y sus habitantes, sino el mismo Reino de España, ya que podían integrar un ataque contra la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro estado de derecho”. Son palabras muy gruesas. La supuesta entidad de gatos y perros ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el gobierno de España por “omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas en Ceuta” y “ocultación de información”.

En la Diada Nacional, y en vista de la cantidad de voluntarios que hay para llevar a cabo la ardua tarea de pensar el país, vaya desde aquí la humilde recomendación de fijarse en el País Valenciano y en las Baleares. “Debemos acercarnos más a Valencia”, dijo Josep Pla: allí, el sábado, hay una gran manifestación en defensa de la escuela pública en catalán y contra la pretensión de someterla a control ideológico y lingüístico. Es una lucha crucial para todos. En las Baleares, y en particular en Mallorca y en Ibiza, se plantean con crudeza las consecuencias de la turistificación: masificación, especulación, sobreexplotación de los recursos naturales, tensión y desigualdades sociales, expulsión de la ciudadanía por imposibilidad de acceder a una vivienda, unos resultados PISA a la cola de la cola de todo. La recomendación es mirarlos, al País Valenciano y a las Baleares, no para confirmar prejuicios ni arquetipos, ni para ejercitar la prepotencia ni el paternalismo, porque los problemas que allí se plantean son, en gran medida, los mismos que tiene Cataluña. Aena nos ordeña con idéntica voracidad; la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos nos pegan con la misma dedicación en las manifestaciones; la preocupación por el futuro (qué futuro y en qué condiciones) es, más o menos, la misma en todas partes de los Países Catalanes (y ya soy consciente de que no he mencionado a la Cataluña Norte, la Franja ni el Alguer; lo hago ahora).Otra recomendación si se quiere pensar el país es mirar al mundo. No es lo mismo que hace nueve años, cuando tal día como hoy hacía poco más de tres semanas del 17-A y faltaban poco menos de tres para el 1-O. Discutir sobre Cataluña al margen de la emergencia climática es exponerse a fabricar diagnósticos y prescripciones obsoletos de entrada. Pretender discutir sobre inmigración y minimizar al mismo tiempo la influencia de la extrema derecha —ignorando o dejando fuera de la discusión la involución democrática y la corrosión institucional que produce la extrema derecha en todo Occidente— es errar completamente el tiro. Todavía es más errado si se pierde de vista que Cataluña —y el País Valenciano, y las Baleares—, en tanto que país rico y pequeño del sur, y también su lengua y cultura, son verdaderos caramelos para los gurús de la ultraderecha global antieuropea, potenciales Ceutas o Groenlandias.Queríamos una república para tener voz propia en estos debates y que fuera una voz progresista, atrevida (me ahorraré el requemado adjetivo revolucionaria), abierta, profunda y radicalmente democrática, con una identidad construida sobre la lengua y la cultura catalanas que fuera capaz de recibir las lenguas y culturas de las personas que vienen a vivir aquí y beneficiarse de ellas. Que en vez de eso el debate público haya sucumbido a las provocaciones de cuatro salvapatrias, a la retórica masturbatoria de los discursos belicistas o al refrito de viejísimas trifulcas (de dónde eran los abuelos de cada cual, por ejemplo), es decepcionante. A pesar de ello, a pesar de la atmósfera viciada y la sensación de fin de los días, el futuro sigue estando hacia adelante. Viva Cataluña libre y buena Diada a todos, menos a los fascistas.

El curso escolar ha comenzado en el País Valenciano con una novedad que nos ha de poner a todos en alerta. El gobierno del PP y Vox de la Generalitat Valenciana ha aprobado la reforma de la ley que denominan "de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización", un enunciado átono detrás del cual hay la medida antidemocrática de implantar un sistema de vigilancia y control ideológico —con delaciones incluidas— en las escuelas y centros de enseñanza pública del País Valenciano.El Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca (el suplente de Mazón, que hoy en día vive espléndidamente ocupando un escaño de diputado enriquecido con una paga como presidente de una comisión parlamentaria que no se reúne) ha encargado por ley a la Inspección Educativa una tarea singular: “velar por la neutralidad ideológica” dentro de las aulas. Es decir: una supervisión estricta de las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos que se celebren en las escuelas, para evitar cualquier forma de “adoctrinamiento”. La reforma también incluye la creación de canales o buzones de denuncia anónima. Tal como lo leen: los padres que lo consideren oportuno podrán denunciar directamente, y sin dar nombre ni cara, a aquellos maestros y profesores que, según ellos, hayan infringido la “neutralidad ideológica”, hayan cometido “adoctrinamiento” o hayan roto otra cosa que el PP y Vox consideran fundamental: la “libertad lingüística”. Es decir, que tengan la pretensión de impartir las clases, o hacer las actividades o las pruebas académicas, en catalán. O en valenciano, como ustedes quieran. Recordemos que hablamos de los mismos gobernantes que también han producido una normativa para excluir a los escritores catalanes y baleares de las asignaturas de lengua y literatura, con el argumento —nada adoctrinador e ideológicamente neutral— de que “no son valencianos” y que “no escriben en valenciano”. Es la mezcla de autoritarismo y odio a la cultura y a la escuela pública que de toda la vida constituyen las señas de identidad de la extrema derecha. Ahora, sin embargo, convertida en ley, que pretende convertir la escuela pública en un escenario de conflictos y miedos que den una nueva dimensión a la triste expresión “guerra cultural”, en la que la libertad de cátedra, y con ella las libertades constitucionales, sean revocadas. Es una exhibición particularmente descarada del neofranquismo de la derecha española (PP y Vox, repitámoslo) y de la involución democrática que representa.Sindicatos y entidades docentes del País Valenciano ya han denunciado la voluntad de Pérez Llorca y su Consejo de atemorizar a los docentes y de imponer un pin parental encubierto o una policía ideológica dentro de las aulas públicas. Este sábado 12 hay convocada una gran manifestación en Valencia que dará el pistoletazo de salida a un curso que se prevé lleno de movilizaciones. Pero vuelvo al comienzo: este no es un problema “de los valencianos”, sino que nos afecta directamente a todos. Si esta es la muestra, es fácil prever por dónde irá la política educativa de un gobierno español controlado por Vox y el PP.

Aunque también empiece a tener –no hace falta decirlo– sus negacionistas, el informe PISA sigue siendo un instrumento fiable y de referencia en el ámbito educativo. Los pésimos resultados que ha obtenido el Estado español en la última edición, claramente por debajo de la media europea en lectura y matemáticas, confirman todos los temores. El malestar de los docentes se expresa con huelgas y protestas el primer día de clase: criticar y devaluar estas protestas es una tentación en la que incurren algunos políticos y opinadores, pero eso es caer en el error clásico de matar al mensajero. Con sus movilizaciones, maestros y profesores vienen a dar la misma mala noticia que el informe PISA: la situación de la enseñanza pública no es sostenible y hay que trabajar en ella de forma extremadamente urgente y seria. Hay que trabajar sobre la realidad y no sobre palabras, discursos ni consignas. Existe una relación inversamente proporcional entre la naturaleza sumamente delicada del sistema educativo y el alud de voces que se ven con ánimo de dar su opinión con pretensiones de pontificar. Quienes mejor conocen las aulas son los que trabajan en ellas día a día, y es a ellos a quienes hay que escuchar y seguir.El desbarajuste es generalizado en todo el estado español, y Cataluña no es ninguna excepción: ni siquiera con la desviación ocasionada por una muestra desviada que ha invalidado las pruebas (algo mucho peor que un simple error, en un Gobierno que ha hecho de una supuesta buena gestión de los servicios públicos su bandera), los resultados obtenidos por Cataluña no son significativamente mejores que en España. Cataluña, que ha destacado siempre por ser un país avanzado en cuanto a calidad educativa con relación a su entorno, sí que tiene motivos para hablar, en este caso, de decadencia, de caída libre o de cualquier metáfora de la derrota. Tampoco se salva el País Vasco, que era la otra nación de la Península que tradicionalmente había destacado en materia educativa.Se debe respetar el derecho a la educación, dice el presidente Salvador Illa. Y tanto, solo que este derecho tiene unos apellidos que no se pueden dejar de decir: se debe respetar el derecho a la educación pública y de calidad. Y en catalán. Las comunidades autónomas tienen transferida la competencia educativa, y en muchas –gobernadas por el PP o por el PP con Vox– se constata una ofensiva frontal contra la educación pública en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. En el País Valenciano y en las Baleares, y también en Aragón, la ofensiva es también contra la lengua catalana. Se pretende convertir la escuela pública en un espacio de conflicto, para asustar a las familias y redirigirlas a la concertada y la privada. En Cataluña la ofensiva política y judicial contra los que odian la escuela catalana viene de lejos y se añaden todo tipo de discursos y teorías que pretenden utilizar a los docentes y a los alumnos como conejillos de indias de toda clase de falsos debates. Dejad que los enseñantes enseñen, que los alumnos aprendan y respetad el derecho de huelga y el derecho a la educación pública, de calidad y en catalán.

Pues aquí estamos, discutiendo si el AfD (Alternativa para Alemania, el partido que ha ganado, con gran diferencia, las elecciones en el estado federal de Sajonia-Anhalt) es nazi, neonazi, ultraderechista, de extrema derecha, extremista... Digámoslo como queramos: ochenta y un años después de su derrota, los partidarios de Adolf Hitler han vuelto a ganar unas elecciones en Alemania. Ahora todo son exclamaciones, pero en realidad nos encontramos ante la enésima constatación del proceso de retorno del fascismo a Europa. Sobre este proceso, de hecho, no hace falta que especulemos más, porque ya es un hecho. Ahora hace falta que nos preguntemos si tiene posibilidades de volver a ser hegemónico, en Alemania y en el resto de Europa. La respuesta es que sí. Alguien objetará que de las palabras fascismo y fascistas se ha abusado hasta vaciarlas de sentido: es muy cierto y, si acaso, se puede añadir que el problema es que no solo se han banalizado estas dos palabras, sino también muchas otras de uso habitual en el debate público, algunas tan centrales como democracia, libertad o ciudadanía. Pero por mucho que se haya desgastado, desdibujado y trivializado el lenguaje político, eso no quita que el fascismo existe y vuelve a ser muy fuerte. Tiene diversas causas por las cuales afirma que planta cara, pero la principal sin duda son los movimientos migratorios y los cambios demográficos que se producen en todo Occidente. Ante esta realidad compleja, el fascismo y la extrema derecha tienen una receta sencilla: desconfianza en las instituciones (aunque ellos se presenten a las elecciones para gobernarlas), descrédito de la “clase política” (aunque ellos mismos sean, también, “clase política”), repliegue identitario, nostalgia de una imaginaria época pasada en la que todo iba mejor, negacionismo científico y enormes dosis de miedo y odio al diferente y, por encima de todo, al pobre.Se ha convertido en un lugar común señalar como culpables del auge de la extrema derecha y el fascismo a la socialdemocracia y, en particular, a las “izquierdas”, que no han sabido dar respuesta a las cuestiones que preocupan a la ciudadanía (de entrada, todo señalamiento del culpable es, en sí mismo, una victoria del fascismo y la extrema derecha, porque el señalamiento y la culpabilización son formas del miedo y el odio). Es posible, pero tampoco dan respuesta las derechas liberales tradicionales que intentan no ceder espacio a las extremas derechas por la vía de asumir su discurso: la CDU de Merz ha acabado cediendo, con su discurso antiinmigración, la mayor parte de su electorado de Sajonia-Anhalt a la extrema derecha.Los resultados de Sajonia-Anhalt son un espejo, y en España, donde se especula con un nuevo golpe de estado judicial para encarcelar al presidente del gobierno y donde el partido de la derecha y el de los fascistas suman abiertamente sus resultados en las encuestas, el espejo refleja una imagen especialmente preocupante. Alemania, año cero es el título de un film de Roberto Rossellini sobre la devastación material, pero sobre todo moral, que conllevan el fascismo y la guerra. Es muy recomendable revisarlo.

A estas alturas, el único interés de la figura política de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el de personificar la idea del poder banal: el poder en bruto que no tiene ningún otro objetivo ni propósito que el de mantener en funcionamiento el poder mismo –y beneficiarse de él, por supuesto, ella y un círculo formado por cómplices y usureros (a quienes hay que devolver los favores con intereses)–. Sus posicionamientos ideológicos son inconsistentes, vagos; incluso su anticatalanismo es rutinario, un capítulo del mismo libreto de instrucciones que incluye también el nacionalismo madrileño, la exaltación de las “raíces cristianas” de la cultura española (sea lo que sea que entiende esta gente por cultura española), la reivindicación del colonialismo español en América, el antifeminismo o el negacionismo del cambio climático y de la pandemia.La Comunidad de Madrid –un artefacto administrativo y político que debería ser discutido a fondo, empezando por su misma razón de existir– se ha convertido hace tiempo en un engranaje óptimo de esta manera de entender el poder, en la que la política, las finanzas, la justicia y los medios de comunicación configuran, en efecto, un estado dentro del estado, con unas leyes propias no escritas en ningún lugar pero conocidas por todos. Una oligarquía, si quieren llamarlo así. La escenificación más contundente de la eficacia y la afinación alcanzadas por este engranaje es el enfrentamiento de la Comunidad de Madrid con el gobierno de España presidido por Sánchez y con la Generalitat presidida por Illa, en tanto que poderes alineados dentro de la esfera socialista. El episodio –hasta ahora– más crudo y espectacular de este enfrentamiento lo han protagonizado a medias Ayuso y su asesor Miguel Ángel Rodríguez, un personaje que desmiente por completo el perfil de los spin doctors como cerebros escondidos en la sombra o detrás de la tramoya del poder. A Rodríguez, que es un bocazas, las cámaras, los micros y las redes sociales le entusiasman, y se permitió el lujo de anunciar paso a paso la caída de todo un fiscal general del Estado sin que el poder judicial que debía hacer efectivo el guion que Rodríguez iba anticipando –el Tribunal Supremo– tuviera ningún tipo de vacilación a la hora de llevar adelante una jugada tan burda y descarada. Al contrario, había una clara autocomplacencia en todo ello.Uno de los ingredientes más reconocibles de esta receta de entender el poder es la impunidad, que tiene efectos embriagadores, estupefacientes y afrodisíacos. Igual que hace de estado dentro del estado, al poder de la Comunidad de Madrid también le gusta hacer de partido dentro del partido, y Ayuso y su entorno se han hecho el mito de haber tumbado a un secretario general y candidato a la presidencia (Casado), y de tener al siguiente (Feijóo) en sus manos. Pero últimamente Feijóo se ha permitido dejar sola a Ayuso en el escándalo del ático y en la reunión del viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde acudieron todos los barones del Partido Popular, contra el desplante de Ayuso. La impunidad es una sustancia que tiene subidas potentes, pero también bajadas bruscas.

La visita de Aznar a Ceuta dio el pistoletazo de salida a la ofensiva “seria” de la derecha española. Hemos visto desde la Armada capitaneada por Marcos de Quinto —ídem en mano—, hasta las manifestaciones del miércoles por todas las Españas —con el personal gritando proclamas racistas y consignas contra un presidente a quien tratan de hijo de puta—, pasando por la quema de un campamento de inmigrantes y por la aparición fulgurante de un informe de la policía —vía filtración a El Español, del Villarejo del periodismo, Pedro J. Ramírez— que deja a Marlaska y Sánchez a los pies de los caballos. Y seguiremos. El poder tiene siempre una estética y un ambiente moral, y en estos últimos días de agosto y primeros de septiembre hemos tenido un adelanto bien aclarador de cuáles son la estética y el ambiente moral de la derecha llamada a gobernar pronto España, si no lo impide —es la única posibilidad que queda— la ineptitud de Feijóo. Se basan en la usurpación de los mecanismos fundamentales de la democracia —como el derecho de manifestación— para descargar un alud de consignas irracionales, odios desbocados, desinformaciones e intoxicaciones que ocupan todo el espacio del debate público.En el caso de Ceuta, todo esto lo alimenta, naturalmente, el incomprensible trato exculpatorio que el gobierno de España da al de Marruecos. Como es incomprensible —o hace falta una gran agudeza, volvamos a decirlo, para comprender que la entrada de más de setenta mil personas en dos días por un paso fronterizo no es posible sin una determinada dejadez policial por parte de Marruecos—, esta voluntad a ultranza de exculpar a Marruecos de la situación alimenta toda clase de conjeturas: las últimas —por parte de cabeceras de signo ideológico diverso, como Público e El Confidencial— sugieren que podría existir un chantaje de la monarquía autoritaria alauí sobre Pedro Sánchez, que tendría algún tipo de relación con el espionaje de Pegasus. Quizás sí o quizás no. Pero hay una cosa cierta, y es que la internacional derechista existe. No es ninguna paranoia de un presidente psicótico, como se dice y se repite de Pedro Sánchez desde los entornos del PP y de Vox —o, directamente, desde estos mismos partidos.La internacional derechista existe y sabe que hacer caer al gobierno de España es hacer tambalear a Europa. Slavoj Žižek últimamente prefiere Instagram a la filosofía, pero, aun así, lo ha resumido bien: el mundo, ahora, está dividido entre la barbarie americana (incluye la barbarie israelí), la barbarie rusa y una especie de fascismo blando que mantiene en apariencia las libertades civiles, pero que lleva al poder al nacionalismo fuerte o ultranacionalismo, que significa corrupción e involución democrática. En medio de todo esto, Europa —la Unión Europea— sigue siendo el último reducto de la democracia liberal. El objetivo de todos ellos, en efecto, es hacerla caer. Y, a menudo, esta internacional derechista cuenta con la ayuda de una cierta izquierda euroescéptica o antieuropea que acaba haciendo el papel —véase el artículo de Ignasi Aragay sobre el libro magnífico de Johann Chapoutot Los irresponsables (Angle Editorial, en traducción de Andreu Gomila)— de los idiotas útiles de la derecha.

Las bibliotecas de Barcelona están en huelga indefinida desde el 26 de mayo, aunque sus reivindicaciones ya habían comenzado antes. Este martes, 1 de septiembre, cerraron durante la mañana 33 de las 41 bibliotecas de la ciudad en una demostración de fuerza del colectivo, que pide —exige— al Ayuntamiento de Barcelona y al Consorcio de Bibliotecas abrir una negociación. Desde el Ayuntamiento y el Consorcio aseguran que la negociación está abierta y emitieron un comunicado en el que explicaban que se han ofrecido una serie de cosas al personal de las bibliotecas, pero una de dos: o no es del todo así o lo que se ofrece no satisface las demandas de las trabajadoras en huelga (la gran mayoría de personal de las bibliotecas, y del sector del libro, son mujeres). ¿Cuáles son estas demandas? Mejora de los horarios, mejora salarial y reconocimiento profesional. Son reclamaciones llenas de sentido: muchas bibliotecarias hacen jornadas dobles de once y más horas al día que hacen imposible la conciliación familiar y, por supuesto, su retribución está muy por debajo de la importancia de su tarea. De aquí la necesidad del reconocimiento profesional, que naturalmente se ha de traducir en el sueldo que perciben.Pero también es necesario un amplio reconocimiento social de su trabajo. Hay que extender entre la ciudadanía, de manera mucho más consistente que ahora, que las bibliotecas brindan un servicio público imprescindible para una sociedad democrática que quiera facilitar el acceso a la lectura de todos los ciudadanos —especialmente de los niños y los jóvenes, pero de todos— con independencia de su procedencia, clase social o poder adquisitivo. Hay que subrayarlo. Facilitar el acceso de los ciudadanos a la lectura: esta es la tarea de las bibliotecas, y no es un trabajo fácil. Se forman y se actualizan de forma altamente exigente para poder realizarla. Y hay que insistir en ello, porque el trabajo de las bibliotecarias no es de asistentes sociales, ni de dinamizadoras ni de técnicas en atención a las familias. Todos estos trabajos también son necesarios, pero no son los trabajos que debe hacer una técnica o técnico de bibliotecas. Una biblioteca pública tampoco debe ser un refugio climático, ni tantas otras cosas.Una biblioteca promueve la lectura entre los ciudadanos. Esto es de una importancia enorme. Para poner ejemplos, es infinitamente más importante el trabajo de una bibliotecaria que el de todos los futbolistas de Primera División, o el de todos los “políticos” que no se dedican a nada más que a repetir lo que les ordena su partido. El acceso a la lectura es un servicio público tan importante como el que dan los docentes y los profesionales sanitarios, que, por cierto, no es casualidad que estén luchando también por la dignificación de su profesión, en ambos casos. Vivimos días en los que se pretende negar la dignidad, la importancia y la viabilidad de los servicios públicos: por eso mismo, hay que defenderlos más que nunca. Ir contra los servicios públicos de primera necesidad —la biblioteca lo es— es ir contra nosotros mismos como ciudadanos.

Celestí Alomar ha fallecido a los 76 años y deja un vacío muy grande, como una época. Hizo y fue muchas más cosas, pero será recordado como el consejero que implantó la ecotasa en las Baleares. Esto lo hizo en su etapa como consejero de Turismo del primer gobierno del Pacte de Progrés, un gobierno que tuvo que aguantar las críticas más feroces durante su existencia —de los adversarios, pero también de los más cercanos— y que ahora, pasados veinticinco años, muchos valoran y echan de menos, y con motivo. El primer Pacte de Progrés de las Baleares gobernó del año 1999 al 2003. En poco tiempo, los fallecimientos del presidente Francesc Antich y del vicepresidente Pere Sampol, y ahora del consejero Celestí Alomar, suponen la desaparición prematura de tres personas clave en la historia política reciente del país. Escribo “prematura” porque, aunque los tres rondaban o pasaban los setenta años, la muerte de aquellos que trabajan de verdad por el bien común siempre es prematura.El Pacte de Progrés fue el primer gobierno progresista que tuvieron las Baleares y fue pionero en muchas cosas, aquí y en el estado español. El ecotasa que impulsó Celestí Alomar se adelantó a su tiempo al unir políticas turísticas con políticas medioambientales serias. Alomar entendía este impuesto como una herramienta de autogobierno y de cohesión social. Le valió una fatua, una guerra de los hoteleros, un sector económico con pretensiones más de casta que de lobby. En estos últimos años he tenido el gozo de conversar algunas veces con Celestí Alomar y de oírle explicar cómo uno de aquellos hoteleros le persiguió en las escaleras del Consolat de Mar mientras le gritaba: “¡No te pienses que volverás a trabajar en las Baleares! ¡Olvídate de ello!” Lo contaba riendo, porque Celestí Alomar era maestro de la ironía y del buen humor. Geógrafo de formación, se había profesionalizado en el turismo y no renegó de ello, pero reivindicó, de palabra y por escrito, que al turismo le hacen falta límites para impedir la turistificación, es decir, la masificación y la especulación. Señalaba que la excesiva dependencia de una industria como la turística conduce a una crisis de modelo económico, que es donde se encuentran en la actualidad las Baleares y buena parte del Mediterráneo.Socialista histórico, fue uno de los fundadores del PSI (después PSM, actualmente dentro de la coalición Més) y pasó después a militar en el PSIB-PSOE, del cual se dio de baja como respuesta a la aprobación del 155. Pensó y habló siempre por libre, y al mismo tiempo se mantuvo leal a un pensamiento progresista que se basaba en dos ideas irrenunciables: bien común y justicia social. No quería que se dejara de crear riqueza, lo que quería era que se distribuyera en favor de la comunidad, de la sociedad. Buenos servicios públicos para los ciudadanos: esta era su idea de país, de patria. Su legado es el de la razón frente a la fuerza, y el de la fuerza (de voluntad, de pensamiento) al servicio de la razón. Como me decía el director de Ara Balears, Jaume Perelló, puede parecer un tópico pero ya no hay personas así en política.

Ha vuelto también Pedro Sánchez al trabajo, y las cabeceras de la derecha mediática le pasan la factura de las vacaciones en forma de encuestas apocalípticas (para el PSOE), en las que los socialistas pierden bueyes y esquilones y la suma de PP y Vox —sus mismos propagandistas ya dan por hecha la suma, que hasta hace poco el PP aún intentaba disimular— supera los 200 diputados en el Congreso. Bien. Quizás sí. Estas mismas encuestas ya las hemos visto, en uno u otro medio, o en varios (pero siempre los mismos) en otros momentos. En las elecciones generales del 2023, en las que Sánchez acabó renovando el cargo como presidente de un gobierno de coalición. O en las catalanas del 2017, cuando ponían la foto de Inés Arrimadas con titulares que decían “Presidenta”.En fin, ya se verá. La derecha española sabe mucho de hacer aspavientos y armar jaleo, como se ha visto durante todo este mes de agosto con motivo de la crisis migratoria/humanitaria/política de Ceuta. El gobierno de España se lo ha puesto fácil, con una gestión lenta y farragosa de la situación, y ofreciendo incluso el espectáculo de ministros que discrepaban en público, como ha sucedido con Robles y Marlaska. La táctica del gobierno parece haber sido mantener un tono de calma y normalidad para no hacer de eco de las voces catastrofistas, y de paso proteger a Sánchez de quemarse con la crisis poniendo a los ministros sobre la parrilla, pero no ha ido bien. Con todo, seguramente lo peor para Sánchez y su gobierno es que se sienten atados de manos ante el gobierno de Marruecos y obligados a poner énfasis en la idea —que cualquier observador a simple vista se da cuenta de que es falsa— de que el régimen alauí no tiene nada que ver con el desbarajuste. Muy al contrario, es obvio que es el causante directo, si bien después haga gestos para que parezca que también forma parte de la solución. Pero la llamada a la entrada masiva la organizó alguien, y también alguien dio órdenes para que no hubiera apenas vigilancia por parte de la policía marroquí el día de la susodicha entrada masiva. Sin contar la evidencia de que un golpe como este se alinea a la perfección con el antieuropeísmo del trumpismo y de Israel, y también con el de Rusia. Qué saca (personalmente) Mohamed VI no lo sabemos, pero no es fuera de lugar sospechar que saca algo. Y lo mismo vale para su heredero, Mulai Hassan.En su entrevista de este lunes en la SER, Sánchez subrayó el “comportamiento cívico” y el “compromiso social y de convivencia” de los ciudadanos de Ceuta. Aquí acierta, porque la mayoría es efectivamente así. Los que van a quemar campamentos de inmigrantes y salen a las calles o infestan las redes con mensajes de odio son la minoría, por mucho que inflen encuestas. Son minoría y son unos perdedores, también los que se apuntan desde Cataluña, y desde las Baleares. Cuando se habla de acoger, salen con una pregunta: “¿Cuántos tienes tú en casa, de inmigrantes?”. Es una frase tan obtusa como “¿Qué pone en tu DNI?” o “Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva”. Este es su nivel y no debemos permitir que nos arrastren a él.

“Operación Parias Económico” es el título llamativo que han escogido Trump y su administración para nombrar su plan de ahogo económico contra Irán, que se anunció la semana pasada y que el mundo ha recibido con un global levantamiento de cejas. Muchos lo llaman “Operación Furia Económica”, en alusión irónica a la pomposa “Operación Furia Épica” que según Trump debía hacer caer el infierno sobre el régimen de los ayatolás. Es cierto que en la primera ofensiva EE. UU. e Israel consiguieron asesinar al líder supremo Ali Jamenei en un bombardeo. Pero después el régimen consiguió aguantar el golpe y Mojtaba Jamenei, hijo del finado, ha resultado ser un líder supremo con una determinación fanática tan dura como la de su padre (hemos leído recientemente en la New Yorker que su gobierno contrata asesinos extranjeros para liquidar a los críticos contra el régimen que hay esparcidos por el mundo). Este lunes hace quince días que se acabaron los sesenta días que EE. UU. e Irán se habían dado en junio para “acabar con la guerra”, de acuerdo con un llamado memorándum de entendimiento de catorce puntos, de los cuales no se ha cumplido ni uno. La guerra del Golfo de Trump ha constituido un fracaso, y el intento de estrangular a Irán mediante el bloqueo económico suena a pataleta y a gesto de desesperación. Más aún, cuando la citada “Operación Paria Económico” —que incluye un bloque de sanciones contra países que tienen relaciones comerciales con Irán— depende casi por completo de cómo se posicione China, compradora del 90 % del petróleo iraní, y desde Pekín ya se ha hecho notar que su respuesta puede ser dura en caso de que EE. UU. “haga extensivas de manera representativa” sus amenazas contra empresas chinas que comercien con Irán. A la espera de una nueva reunión entre Trump y Xi Jinping, la posibilidad de que la intemperancia del presidente norteamericano abra un nuevo enfrentamiento con la otra gran economía mundial es mal vista por todo el mundo. También por el electorado americano, harto de tener los combustibles y el precio de la vida por las nubes como consecuencia directa de la política exterior de Trump, tan belicosa y expansiva como errática y, en definitiva, contraproducente.Hace un año Trump presumía de haber acabado con siete u ocho guerras (según el día) y daba una murga inacabable para que le fuera concedido el premio Nobel de la paz. No lo obtuvo, pero sí que consiguió que su missus en Venezuela, María Corina Machado, se lo llevara como presente. A día de hoy al paquidermo naranja se le han bajado un poco los humos y tiene por delante —ahora, en noviembre— unas elecciones de medio mandato que le podrían costar el control sobre el Congreso. Un golpe así podría tener repercusiones interesantes en los trumpistas de todo el mundo: también en los entusiastas españoles de Trump, PP y Vox, que encaran el último año de legislatura como una especie de trampolín que les ha de impulsar a una victoria electoral que según ellos les fue escamoteada en 2023. Pero un revés electoral de Trump podría tener efecto también como revulsivo en Europa y en Latinoamérica.

El “quien pueda, que haga” bien entendido empieza por uno mismo, y de acuerdo con esta evidencia, el expresidente de España José María Aznar se ha materializado en Ceuta, adonde no volvía desde el año 2004, con el único propósito de intensificar la crispación y desgastar un poco más a Pedro Sánchez y su gobierno: no en vano, el mismo Aznar ha señalado varias veces al actual gobierno de España como el causante de una crisis institucional sin precedentes, ante la cual todos los medios son lícitos. Es curioso, por otra parte, que él también haya acabado haciendo como otros líderes de la derecha extrema y de la extrema derecha (no es un juego de palabras, o no solo) españolas: imitar a sus propios agitadores. Así, Aznar va a Ceuta a dar espectáculo, como un Vito Quiles o un Alvise Pérez de la vida. Esta táctica de hacerse presente en lugares sensibles para ejercer allí provocaciones burdas se convirtió en una herramienta política habitual de los Ciudadanos de Albert Rivera e Inés Arrimadas, y forma parte del legado tóxico que aquella formación de ultraderecha (no era otra cosa) dejó dentro de la política catalana y española.Hablando de legados, de alguna manera tiene sentido que Aznar vaya a Ceuta, ni que sea para cerrar un círculo que allí abrió hace veinticuatro años con la campaña por la soberanía del islote de Perejil. Aquel episodio fue tildado en su momento de grotesco por muchas voces, porque sin duda lo era. Pero se trataba del mismo tipo de grotesco que hoy comemos a cucharadas: el del patriotismo constitucional a la española, una manera elegante de llamar al ultranacionalismo de toda la vida, hoy convertido en espacio político que comparten / se disputan PP y Vox, así como una vasta colección de entidades civiles que levantan la bandera (constitucional o no) y también el brazo y la cara al sol con energías renovadas. El pionero de este retorno de la derecha española más rancia fue Aznar, primero desde el gobierno y después desde la FAES, un artefacto a medio camino entre el lobby y el think tank que ha ido construyendo el discurso y la doctrina del nacionalismo español más duro a lo largo del último cuarto de siglo. Una parte del PSOE también gravita allí (comenzando por otro expresidente, Felipe González; es curioso que las investigaciones sobre actividades y patrimonio de expresidentes españoles hayan comenzado por Zapatero y no por Aznar o González, ni tampoco Rajoy), y el mensaje principal es claro: cuando se trata de España (que para toda esta gente significa un sistema de enriquecimiento personal), no hay bromas. Cuando Aznar empezó a reivindicar el españolismo sin complejos, a poner banderas por todas partes y a ir a guerras de broma como la de Perejil o de verdad como la de Irak no podía imaginar que vendría una ola de extrema derecha en todo Occidente que daría mil caballos de fuerza a sus ideas. Pero la ola ha venido, y él y su entorno se han subido con entusiasmo. Aznar va a Ceuta a proclamar el orgullo de los herederos de los que ganaron la Guerra Civil, y a dejar claro que están dispuestos a volver a ganarla (y dar la culpa a los vencidos).

El episodio intolerable de brutalidad policial ocurrido en Elche, cuando unos agentes de policía apalearon a un seguidor del Barça que llevaba una estelada, han permitido constatar –sin sorpresa, dicho sea de paso– que algunos conciudadanos se indignan con más o menos intensidad según la comunidad autónoma de donde procede la víctima de la violencia policial. O según la bandera que levante.Hace justo un mes hubo más de veinte heridos a consecuencia de las cargas policiales –del todo injustificadas y desproporcionadas– contra la masiva manifestación en Palma que protestaba contra la turistificación, la especulación y la masificación. Y hace unos meses, durante las también multitudinarias, y admirables, movilizaciones de los docentes valencianos en defensa de la escuela pública y de la enseñanza en valenciano, una profesora fue agredida brutalmente por un agente de policía que la hizo caer de cara al suelo con un empujón por la espalda. Algunos de los que ahora se exclaman y se indignan –con toda la razón, por otra parte– por la agresión policial contra un joven aficionado del Barça que llevaba una estelada no encontraron motivo para decir nada ante los casos de brutalidad policial en Mallorca o en el País Valenciano. Al contrario, algunos consideran que a los mallorquines y a los valencianos ya nos está bien, con el argumento alucinante de que el PP (o el PP más Vox) ganen las elecciones en estas comunidades. Como diciendo: “Os lo merecéis, por votar mal”. Hay, en efecto, gente que se ve capacitada de decir a los otros cuándo votan bien o cuándo votan mal. Esto lo hacía el escritor Vargas Llosa y lo hacen también estos conciudadanos que digo.Para ellos, entre las víctimas de la violencia policial hay clases. Profesora valenciana (jubilada, además) que defendía la escuela pública y en catalán: bah. Manifestantes, activistas y periodistas mallorquines que protestaban contra la especulación con la vivienda, la destrucción del medio ambiente y la masificación: pse. Joven aficionado del Barça con estelada: ataque contra las libertades, agravio histórico y héroe nacional. Algunos de los que hacen estas diferencias después acostumbran a hacer también grandes proclamas patrióticas y a dar lecciones –nunca pedidas– sobre el país.Los policías que pegan no son tan maníacos, y ellos sí que tienen claro a quién pegan y por qué. En todos los casos, los cuerpos policiales –y, a su alrededor, los poderes políticos y mediáticos (y judiciales, cuando conviene)– se parapetan en una defensa corporativa aferrada de los policías violentos. Recurren también a la táctica de pervertir los roles y presentar a la víctima como agresor y al policía agresor como víctima. No faltan los sindicatos policiales, que atizan la crispación de acuerdo con una ideología política bien concreta y reconocible, que es la de la ultraderecha nacionalista española. Ante todo esto, sin embargo, algunos encuentran que hay que reservar la plena consideración de víctimas a unos y que, en cambio, no hay que concederla a otros. Es un comportamiento extraño, que se produce en la distancia que va entre el hecho de ser víctima y el de ejercer el victimismo.

No debemos perder de vista el desgraciado proyecto de convertir la cripta familiar de Ausiàs March en un jacuzzi, del cual ya hablamos aquí. Los restos de la familia del poeta reposan en el monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, en la comarca valenciana de la Safor, y el conjunto es una joya arquitectónica de un valor patrimonial, histórico y cultural excepcional. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alfauir quiere sacar adelante su Plan Especial de Protección del Sector Norte en la población, que más que de protección es un plan de turistificación y explotación que prevé, entre otras cosas, albergar un establecimiento hotelero con spa dentro del monasterio de Sant Jeroni de Cotalba. Hacer tal cosa supondría no tan solo una profanación del legado de quien es uno de los poetas europeos más importantes del siglo XV (un valenciano de Gandía que escribió su obra en catalán), sino también un grave atentado contra el paisaje y la cultura de un lugar particularmente sensible del País Valenciano.Hay una cosa que se puede hacer para detenerlo: presentar alegaciones contra el proyecto. Lo puede hacer todo el mundo, también vosotros que leéis este artículo. La manera más eficaz es a través de la página web de la sociedad literaria Saforíssims (Saforissims.org), que facilita las instrucciones para presentar las alegaciones. Se hace en menos de diez minutos, hay de plazo hasta el día 31 de agosto y es una excelente manera de ir más lejos en el activismo cívico que decir cuatro pestes en las redes sociales. De paso, si no los conocéis, tendréis la ocasión de entrar en contacto con los Saforíssims, uno de los grupos literarios más inquietos e interesantes de los Países Catalanes.La presión social (en la calle, pero también por vía administrativa y, si conviene, judicial) es efectiva, aunque haya quien lo niegue. La sensación de impunidad, de no recibir contestación ni resistencia, es lo que a menudo estimula a los malos gobernantes a cometer agresiones contra la cultura y el medio ambiente en favor de intereses nada ocultos: detrás del descalabro que se propone llevar adelante el Ayuntamiento de Alfauir, hay una empresa de hostelería especializada en turistificar lugares emblemáticos, y hay también, por tanto, un duro que ganar. Vivimos tiempos en que los salvapatrias se dedican a intentar dar miedo al personal denunciando grandes peligros para el país, para ver si así rascan cuatro votos por el camino fácil de echar las culpas a los inmigrantes (a los pobres, a los negros; insistiremos bastante en esto). Las grandes destrozos, sin embargo, a menudo vienen de cerca, vienen de dentro: de gobernantes que no trabajan para cuidar y proteger sino para estropear y especular; que no buscan la prosperidad de la sociedad, sino el dinero fácil para unos pocos; que intentan justificar sus abusos y atropellos con excusas y mentiras; gobernantes como los de Alfauir (que, por cierto, son de Compromís) son los que a menudo hacen el mal y ya no lo reparan. Pero los ciudadanos también tenemos el derecho y la capacidad –el poder, si queréis– de hacer algo al respecto. Presentamos alegaciones (¡es un momento!) y defendemos Sant Jeroni de Cotalba.

Putin ha cumplido este año (lo hizo en el mes de mayo) veintiséis años en el poder. Fue el segundo presidente de Rusia, y es el cuarto, y durante dos mandatos seguidos él y su leal Dmitri Medvédev se alternaron como presidente de Rusia y como primer ministro. Presidente de Rusia es el cargo que se creó para sustituir al de presidente del Sóviet Supremo, máxima autoridad rusa durante los años de la URSS. Lo ocupó, los primeros años, el dipsómano Borís Yeltsin, y después ya siempre Putin, directamente o a través de sus títeres: primero Medvédev y ahora Mijaíl Mishustin, que ejerce como primer ministro una vez Putin se ha asegurado (vía la reforma de la Constitución de 2020, conocida como la reforma “del contador a cero”) que puede continuar como presidente hasta el año 2036. ¿Cómo lo hizo? Reinició el cómputo de sus mandatos con una ley que “borraba” los dos anteriores. De esta manera ha mantenido la limitación de dos mandatos presidenciales, pero en la práctica le ha añadido dos más (de seis años cada uno) porque los dos primeros dejaron de contar.Para continuar en el poder le hace falta, eso sí, ganar las elecciones, pero es conocida la tendencia de sus opositores a morir prematuramente y en circunstancias tan espantosas como enigmáticas. Periodistas como Anna Politkóvskaia, Natàlia Estemírova o Paul Klébnikov, magnates exiliados como Borís Berezovski o su colaborador Aleksandr Litvinenko, el mercenario Ievgueni Prigojin o líderes políticos como Borís Nemtsov o Aleksei Navalni forman la lista de personalidades más prominentes presuntamente asesinadas por el régimen de Putin. Más allá de estos nombres famosos, las víctimas de la represión política en la Rusia de Putin se cuentan por decenas de miles, entre periodistas, activistas, escritores, políticos, etc.De estos veintiséis años, hace cuatro y medio que Putin dio la orden de invadir Ucrania, mientras en Occidente aún se decía que no se atrevería. En el año 2022 Putin afirmaba que la guerra duraría poco y que la llevaba adelante con el objetivo de “desnazificar” Ucrania, un argumento del cual ya no se acuerda ni el mismo Putin. La guerra ha generado cientos de miles de muertos en ambos bandos y millones de desplazados y refugiados, y hoy por hoy no se le ve un final cercano. Pero la invasión (esta sí que lo es) y la guerra de Ucrania se han convertido en actores geoestratégicos que ya no causan sorpresa ni escándalo, sino que están plenamente normalizados dentro de la política europea. Como el mismo Putin, que durante un cuarto de siglo ha cometido crímenes, vulneraciones y violaciones del derecho internacional ante la pasividad de Occidente, apuntalada en toda clase de intereses económicos, energéticos y logísticos. Europa ha comenzado en los últimos años una noche que será larga y extremadamente caliente (por el cambio climático y la violencia), rodeada de lobos que aúllan. Sería bueno que en algún momento alguien pensara en cómo la misma Europa, en lugar de intentar combatir a los lobos que ahora la acosan, se ha dedicado a alimentarlos.

Queda claro que nuestra sociedad está formada en una medida importante por personas blancas que se sienten, digamos, incómodas conviviendo con personas con otros colores o tonalidades de piel. Buena gente, sin duda, que se espanta cuando sale a la calle y se encuentra con que el barrio, o el pueblo, se les ha “llenado” –es la percepción que tienen– de gente de pigmentación gradualmente oscura. La presencia de estas personas les hace sentir inseguridad, aún más si son pobres. Esto tiene un nombre: se llama xenofobia o racismo, y también aporofobia. Aporófobo no es una palabra que se use con un sentido despectivo, pero racista o xenófobo sí, y por este motivo los racistas se enfadan mucho cuando se les dice que lo son. El hecho de ser muchos, por otra parte, hace que el racismo deje de considerarse anómalo y se convierta en una postura normal, incluso banal. Muchos no saldrían a perseguir inmigrantes ilegales por las calles, pero sí que les molesta que un inmigrante les vaya delante en la sala de espera del médico. O que sus hijos tengan que compartir aulas con los hijos de estos inmigrantes.En consecuencia, se multiplican las opciones políticas basadas en el racismo, la xenofobia y la aporofobia (de la gente llegada de fuera, también de etnias y religiones diferentes, pero con dinero, nunca se quejan). En España empieza un curso absolutamente electoral y el Partido Popular, en boca de Feijóo, ha adoptado el discurso antiinmigración de la extrema derecha más dura: ya pide expulsiones masivas con menores incluidos, una demanda que va directamente contra la ley –española y europea– y que ha descolocado a los barones del PP: así, mientras en Extremadura María Guardiola y su gobierno hablan de “cumplir la legalidad”, en Andalucía el moderado Moreno Bonilla se embarca en abstrusas disquisiciones para justificar su sumisión a los socios de gobierno de Vox. La petición de expulsar menores no es propia de ningún partido de centroderecha liberal, como insisten en presentarse Feijóo y su PP. Muy al contrario, la podría firmar sin problemas la neonazi Alternativa para Alemania, que por cierto está a punto de obtener en las elecciones del land de Sajonia-Anhalt del próximo 6 de septiembre una victoria que significaría un golpe muy duro y una regresión a los peores momentos de su historia tanto para Alemania como para el conjunto de la Unión Europea.Obviamente, lo que pase en España y en Europa influirá en la política catalana, que no entra en año electoral pero sí preelectoral. Junts, con declaraciones de su secretario general, Jordi Turull, se ha desmarcado de la ultraderechista y racista Aliança Catalana con una contundencia que se agradece. En el entorno de Junts, sin embargo, no son pocas las voces partidarias de normalizar AC dentro del sistema político catalán y llegar a acuerdos. Lo justifican apelando a la necesidad de hacer frente a la embestida de Vox y PP, una suma ultraespañolista que hasta ahora decían que era un espantajo pero que ahora les empieza a dar miedo. Olvidan, sin embargo, que AC no suma con el independentismo catalán: suma con PP y con Vox, especialmente con este último.