El PSOE asume un nuevo frente judicial en plena tormenta por el caso Zapatero

MadridUn paranoia recorre el PSOE. Esta es la sensación que este miércoles tenían los diputados socialistas que han acudido al Congreso a primera hora para asistir a la sesión de control y que se han visto sorprendidos por una noticia de El Confidencial que apuntaba a un registro en la sede del PSOE por una presunta trama de financiación irregular. El susto ha sido mayúsculo: no sabían qué estaba pasando y la sensación de estar completamente vendidos ante la sucesión de acontecimientos, en plena tormenta por el caso Zapatero, era absoluta. Después del shock inicial, ha llegado, entre comillas, una especie de respiro a pesar de la gravedad de las acusaciones: desde el partido han indicado que la Guardia Civil se había personado en la sede (ha estado doce horas) para pedir información sobre una nueva causa relacionada con Leire Díez: la Audiencia Nacional investiga ahora si ella y exdirigentes del PSOE intentaron entorpecer procedimientos judiciales que afectaban al partido o al gobierno español. Es decir, un caso que señala directamente a la estructura de partido socialista y que ha derivado en una nueva imputación de Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana Fuentes, entre otros.

"No tenemos nada que ocultar", ha reaccionado el presidente, Pedro Sánchez, desde Roma, justo después de que se reuniera con el papa León XIV antes de la visita del pontífice al Estado. Desde el patio del Congreso, hay quien lo veía como una tormenta perfecta en contra del PSOE después del nuevo quién pueda hacer que haga de José María Aznar. En Ferraz tienen la sensación de que el PP va por delante y tiene información judicial privilegiada, poniendo sobre la mesa el hecho de que Alberto Núñez Feijóo, que no se acostumbra a parar a hacer declaraciones antes del pleno, sí que ha querido hablar con la prensa en plena vorágine por la presencia de la Guardia Civil en la sede del partido. "Parece que nos quieran fuera por lo civil o lo penal", se lamenta un cargo socialista.

Para Pedro Sánchez, sin embargo, eso no altera los planes. Aunque ha recetado prudencia y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, este miércoles ha hecho una defensa a ultranza de la continuidad de la legislatura. No solo por la "estabilidad" que dice que necesitan los avances económicos, sino también por las "transformaciones" que asegura que está llevando a cabo a pesar de la dificultad del gobierno español de aprobar cualquier cosa en el Congreso. De hecho, Sánchez se ha permitido incluso bromear ante la petición de compañeros de filas (como el crítico presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page) sobre un adelanto electoral: "Tendría una mayoría parlamentaria más grande para gobernar más tranquilamente, pero yo no puedo convocar elecciones por interés partidista", ha ironizado para mantener la fecha del 2027.

En realidad, la expectación de la comparecencia de Sánchez este miércoles no era tanto por la reunión con el Papa ni porque se pronunciase sobre el caso Leire, como porque era la primera rueda de prensa después de conocer el sumario de la causa de Zapatero. En este sentido, ha admitido que ha leído la interlocutoria atentamente del juez José Luis Calama y el extenso sumario que señala al expresidente: "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia de Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero –ha dicho–. No hay motivos para cambiar esta posición", ha resuelto taxativo.

Registros en domicilios y en la Guardia Civil

Pero Ferraz no ha sido el único foco mediático del día, también la Guardia Civil ha realizado otros registros. El juez que lleva la investigación, Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado ir al domicilio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset. Paralelamente, según confirman fuentes de Interior, también se han personado en la dirección general de la Guardia Civil para requerir documentación sobre una información reservada que se abrió por posibles filtraciones a la policía.

A raíz de la operación de este miércoles, el juez amplía el perímetro de investigados de lo que se conocía como el caso de Leire Díez y de la SEPI. Es una investigación que inició el juez Antonio Piña y que ahora ha asumido Pedraz y que intenta aclarar si Díez y los otros señalados orquestaron una trama para entorpecer procesos judiciales contra el partido.

El grupo bajo el punto de mira inicial eran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, también imputado en el caso Cerdán. Formaban parte de un grupo autodenominado Hirurok (nosotros tres en euskera) que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas". Este núcleo duro se amplía ahora: incluye al mismo Cerdán, Javier Pérez Dolset, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana Fuentes, además de dos abogados, Jacobo Teijelo (letrado de Cerdán en otra causa) y Ismael Oliver (que llegó a defender a Koldo García), y un guardia civil, Juan Sánchez Yepes.

Pedraz interpreta que el grupo cobraba del PSOE para torpedear causas que afectaban al entorno del presidente español, Pedro Sánchez, como el de su hermano, David Sánchez, o su mujer, Begoña Gómez, a través de intentos de soborno a fiscales, policías u otros cargos de la administración. El magistrado interpreta que la actividad presuntamente delictiva investigada es "grave" tanto por las penas que pudieran imponerse, como por "el elevado importe" de las transacciones económicas objeto de investigación (se habla de pagos de 40.000 euros a Leire Díez y de 125.000 a Jacobo Teijelo). Un nuevo frente judicial para el PSOE, pues, que se suma al campo de minas que tiene por delante de ahora hasta 2027. Este mismo jueves comienza el juicio al hermano de Pedro Sánchez.