Las fisuras de la contratación de la hija de Sílvia Orriols

BarcelonaAlianza Catalana inició la semana con la moral por las nubes después de que una encuesta de El Periódico la situara como segunda fuerza en las próximas elecciones al Parlament. La formación islamófoba acaba la semana, sin embargo, con una nueva polémica relacionada con la gestión en la alcaldía de Ripoll que la ha puesto en el ojo del huracán: la contratación de la hija de Sílvia Orriols como interina de la policía local. Ahora la polémica no gira en torno a si su hija, Guinadell, reunía los méritos para la plaza, sino sobre si el procedimiento ofreció suficientes garantías de imparcialidad ante un posible conflicto de intereses.

"Me he abstenido absolutamente de participar en nada que afecte al proceso". De esta manera, Orriols defendía durante el pleno de esta semana que se abstuvo en el procedimiento y que no intervino en la evaluación de las candidatas. Los decretos municipales demuestran que la alcaldesa sí firmó actos relacionadas con la convocatoria, como la aprobación de las bases del proceso (con una prueba práctica y una entrevista) y el nombramiento del tribunal, integrado por una sargento y dos cabos de la policía local. Y la ley de régimen jurídico del sector público establece que en caso de tener una relación cercana o de parentesco, el responsable político debe apartarse de la convocatoria.

Por tanto, que el cargo público intervenga en cualquier fase cuando existe un conflicto de intereses puede vulnerar el deber de abstención y, en su caso, dar lugar a la impugnación del proceso o a responsabilidades administrativas. Cabe subrayar que la alcaldesa intervino en el proceso cuando ya sabía que su hija era candidata a la plaza porque la convocatoria se abrió el 11 de junio y ella firmó el 30 de junio el decreto de alcaldía, que resolvía elementos clave del proceso de selección. Paradójicamente, el decreto de nombramiento de Guinadell Orriols, que se hizo público el 17 de julio, a diferencia del decreto que establecía el proceso de selección, no lo firma la alcaldesa, sino el concejal delegado del área de Administración General, Gaspar Viñas.

En todo caso, la catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Josefa Montero, es tajante: "Si sabía que su hija participaba debía abstenerse para no viciar todo el proceso". El nombramiento del tribunal es, a su parecer, el principal punto de impugnación: "El tribunal no puede estar formado por miembros de un cuerpo que están bajo el mando de la alcaldesa y era necesario incorporar personal de otras administraciones para garantizar la imparcialidad". "En todos los procesos que afectan a la policía local, los tres miembros del tribunal siempre son tres mandos del cuerpo, por lo tanto, no ha habido ninguna intencionalidad de beneficiar a nadie tal como insinúa la oposición", defendió Orriols. Montero recuerda que la normativa catalana establece que deben ser cinco y que debe haber como mínimo un representante de la Escuela de Policía de Cataluña y un representante de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. También resta importancia al artículo 23.4 de la misma ley, que dice que el hecho de que "una autoridad no se abstenga no implica automáticamente que todos los actos sean nulos" y que "la validez de los actos debe analizarse caso por caso". "Si es un concurso de méritos y el tribunal no influye no se altera el procedimiento, pero en la entrevista, si hay discrecionalidad, puede ser un elemento relevante para invalidar el procedimiento", sostiene Montero.

El Ayuntamiento justificó el nombramiento por una "necesidad inajornable" de reforzar la Policía Local. Así, Orriols alegó "una infradotación de efectivos" –son aproximadamente diecisiete agentes para una población de unos 10.600 habitantes–, lo que, según el consistorio, comprometía la prestación eficiente del servicio. En este escenario, la legislación permite, en determinadas circunstancias, nombrar funcionarios interinos cuando existe una necesidad urgente e inajornable.

La oposición, en cambio, resalta que el proceso ordinario para cubrir la plaza había estado parado durante unos seis meses antes de reactivarse y que si era una necesidad tan urgente, cuesta explicar que no se acelerase el proceso cuando eran dos plazas que quedaron libres hace más de un año. Además, la convocatoria de urgencia se activó el mismo día que se reanudó el proceso ordinario, hecho que ha alimentado las sospechas sobre la oportunidad de recurrir a esta vía porque coexistía con otros procesos de selección ordinarios que avanzaban más lentamente. La oposición sostiene que, aunque la falta de agentes fuera real, la sucesión de los hechos obliga a examinar con especial rigor la justificación de la urgencia.

El departamento de Secretaría, así como los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ripoll han emitido unos comunicados este jueves para defender el proceso de selección y han asegurado que el procedimiento se ha tramitado con "escrupulosa observancia de la normativa vigente y de los principios constitucionales de acceso a la ocupación pública". Además, ha concluido que se han respetado los principios "de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Sea como sea, la actuación ha suscitado dudas legítimas sobre la ejemplaridad institucional porque en situaciones de posible conflicto de intereses a menudo se espera que el responsable político adopte todas las medidas necesarias para evitar cualquier apariencia de trato de favor. Esto no equivale, sin embargo, a afirmar que haya una irregularidad o una ilegalidad probadas. Que fuera al pleno con una camiseta de la Policía Local no ha servido para rebajar los reproches del resto de partidos que le acusan de nepotismo.

El gobierno municipal no informó al resto de grupos sobre el hecho de que una de las plazas sería para su hija y Orriols solo ha dado explicaciones una vez la controversia ya era pública. "El día del pleno justamente al momento de entrar algunos medios lo publicaron y la alcaldesa sacó el tema solo empezar", afirman fuentes de la oposición, que hasta entonces solo habían oído rumores por el pueblo hasta que el secretario se lo confirmó de forma privada el 15 de junio en un pleno extraordinario por el plan de barrios. Ni en la junta de portavoces ni en las comisiones informativas Orriols tampoco dijo nada, según las mismas fuentes. "De hecho, en la junta de portavoces, el secretario y la interventora informaron de que se había aprobado la incorporación de dos policías, pero no dijo sus nombres, a diferencia de las otras plazas en que sí se dijo sus nombres", revelan.

La comparecencia de Orriols al día siguiente del pleno ante los medios sin permitir preguntas y sus tuits posteriores demuestran el nerviosismo de la alcaldesa, que ha llegado a decir que si la quisiera enchufar la pondría "en un despacho y no en la calle a combatir delincuentes, borrachos y terroristas".