Entre 1984 y 2024, de forma invariable, el independentismo (o, más bien, el soberanismo) siempre tuvo mayoría en el Parlament de Catalunya. Pero el final del Procés hundió las perspectivas electorales de los partidos que lo habían impulsado y se desbrozó el camino para que Salvador Illa accediera al Palacio de la Generalitat. El tercer presidente socialista llegaba, además, con todas las cartas para romper la maldición de los presidentes de un solo mandato y, sin prácticamente oposición, se esperaba que pudiera consolidar su liderazgo.

Aunque no se vio por televisión, las esteladas llenaron las gradas del Camp Nou en el partido de hace dos semanas contra el Athletic Club. Una imagen que hacía tiempo que no se veía en el estadio azulgrana y que el independentismo ha reivindicado como uno de los brotes verdes de un nuevo inicio que algunos de sus ideólogos comienzan a vislumbrar a corto plazo. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), publicado en junio, rompió una preocupante dinámica para el sí: marcó el mejor porcentaje (45%) desde marzo de 2019, seis puntos más que unos meses atrás. Y esta misma semana, todos los presidentes de la ANC han dejado a un lado las desavenencias para fotografiarse juntos, reivindicando una Diada de unidad.

"Si presido la Generalitat, la consejera de Interior será Núria Parlon, que ha sido excelente en políticas de seguridad, y, como quiero profesionalizar la gestión en Cataluña, el director general de la Policía será Josep Lluís Trapero, que es un ejemplo de servidor público". El anuncio estrella del entonces candidato Salvador Illa en el último debate de la campaña electoral de 2024 fue situar al tándem Parlon-Trapero al frente de las decisiones de seguridad. A Illa (y también a Trapero) le advirtieron de las contraindicaciones de situar a un policía a hacer de político, pero, ya como presidente, el mensaje que quería transmitir era el de confianza plena en un experto condecorado –protagonista mediático y, hoy también cinematográfico, de la persecución de los terroristas de la Rambla– y, de paso, reparar la injusticia que percibía que había cometido el gobierno Aragonès destituyéndolo como jefe de los Mossos.

El nuevo modelo de financiación ha superado la primera votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el apoyo de Cataluña y las Islas Canarias (además del gobierno español) y el voto en contra de todas las autonomías gobernadas por el PP y por el PSOE. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), se muestra satisfecha.

Ya hace casi dos meses que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la amnistía, pero, de momento, todo sigue igual. Los tribunales españoles mantienen bloqueados numerosos casos, incluso los directamente afectados por la decisión del TJUE, como el de los CDR y el del Tribunal de Cuentas. La última decisión, de este jueves, llega del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que mantiene suspendida la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los responsables del segundo gobierno del 1-O. El TSJC presentó en 2024 una prejudicial a la justicia europea preguntándole si la malversación podía ser amnistiada. Como el TJUE todavía no ha respondido sobre esta cuestión, los magistrados Fernando Lacaba, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos –que firman el auto–, reafirman su decisión de seguir esperando.

Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, 10.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos en la última gran crisis migratoria —hasta la actual— en la ciudad autónoma. Coincidiendo con aquellas fechas, el teléfono móvil del presidente español, Pedro Sánchez, fue infectado con el software espía Pegasus. También lo fueron el de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura y antiguo embajador español en Marruecos, Luis Planas. ¿Quién les espió? Como en la entrada masiva de este verano en Ceuta, el gobierno español asegura que no tiene ninguna certeza, pero desde el primer minuto las investigaciones internas (y el sentido común) han apuntado a los servicios secretos marroquíes. Este jueves, desde el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para recordarlo: ¿Qué documento o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo de Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?".

La concejala de la CUP en Moyá, Lakshmi Roset Sala (Moyá, 1995), se plantó el viernes pasado cuando el vídeo en el que criticaba la ampliación del matadero acumuló cientos de mensajes machistas sobre su físico y su afiliación política.

El presidente de la Generalitat comienza este miércoles un viaje oficial que lo llevará a pasar 48 horas en Ucrania, acompañado del conseller de Exteriores, Jaume Duch, y también se encontrará con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Illa llegará a Kiev en un momento especialmente complicado, ya que hace seis días consecutivos que caen misiles en la ciudad, donde este martes murieron al menos 12 personas en un ataque ruso contra infraestructuras ferroviarias.

Pedro Sánchez cree que Felipe VI debe viajar a Ceuta y a Melilla. Pedro Sánchez constata que Felipe VI no ha ido nunca a Ceuta ni a Melilla. Pedro Sánchez anuncia que Felipe VI irá a Ceuta y a Melilla. Y Pedro Sánchez pide que sea la Casa Real la que responda si Felipe VI está de acuerdo con ir a Ceuta y a Melilla. Cuatro respuestas durante la entrevista en la Cadena SER de este lunes que evidencian las tensiones que hay entre la Moncloa y la Zarzuela en la gestión de la crisis de Ceuta. El presidente del gobierno español podría haberse limitado a tirar balones fuera –como hace en muchas otras cuestiones–, pero ha preferido dejar meridianamente clara la posición de su ejecutivo. Él ya ha decidido que el rey hará la visita y solo está en discusión cuándo será: "Cuando se den las condiciones".

La crisis humanitaria en Ceuta se ha enquistado un mes después de la llegada masiva de inmigrantes. Miles de personas continúan malviviendo en las calles y la tensión crece a medida que pasan los días. Ni se ha garantizado una salida a los inmigrantes –ya sea a España o devolviéndolos a Marruecos– ni se ha normalizado la situación tal como exigen los vecinos. Y eso que por Ceuta han ido pasando el presidente del gobierno español y muchos de sus ministros, y que también se ha convertido en un lugar de peregrinación de la oposición. La derecha y la extrema derecha, de hecho, se han instalado aferrándose a Ceuta como el posible detonante que haga caer definitivamente a Pedro Sánchez. La competición entre sus tótems, que pugnan por ser reconocidos como los referentes morales de la derecha, se parece cada vez más a las ridículas batallas de aura que comienzan a viralizarse en las redes.

"Les queremos convocar a todos a una movilización permanente", decía el entonces presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, subido al techo de un coche de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. Sus palabras quedaron incorporadas al informe policial que sirvió de base para su encarcelamiento y el de Jordi Sànchez (ANC) unas semanas más tarde. Según la policía, ellos dos controlaban a los miles de personas que estaban concentradas ante la consellería de Economía para protestar contra las primeras detenciones del Procés y "jamás" usaron este control para desconvocar la concentración. El informe policial obviaba que, segundos después, subido al mismo coche y con el mismo megáfono en la mano, Cuixart pedía acabar con la manifestación: "Les pedimos, en la medida de lo posible, de manera tranquila, que en pocos momentos disolvamos esta convocatoria". Las imágenes, grabadas por manifestantes, se visualizaron durante el juicio en el Tribunal Supremo.

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) atiende a ARA para explicar la especial protección de los menores inmigrantes que están en Ceuta bajo tutela de las autoridades españolas.

Aunque había sido impulsora, el 'Procés' cogió a Solidaritat con el pie cambiado. En 2012, el partido que se había hecho un hueco dos años antes proclamándose heredero de las consultas populares, quedó fuera del Parlament. Alfons López Tena (Sagunto, 1957) era el candidato. Este notario, hijo de notario, que pasó siete años (2001-2008) en el CGPJ a propuesta de CiU, continuó militando en el espacio hasta 2015, esperando ver hacia dónde tiraba el independentismo. Pero en 2014, con la consulta del 9-N, ya lo tuvo claro. En conversación con 'ARA' explica cómo lo que pasó a partir de entonces le hizo convencerse de que todo aquello fue "una farsa". De hecho, aquel mismo día, conjuntamente con un grupo de personas, empezaron a popularizar el concepto "processisme": aquel movimiento que dice que anhela la independencia, pero que, en realidad, no quiere que llegue nunca. Alejado de los partidos "processistas", ha acumulado críticas, por ejemplo, por participar en un simposio de Societat Civil Catalana en 2018 ("Fui a defender mi tesis de los populismos autoritarios que, también, detecto en el 'Procés'") o por decir en 2023 que votaría al PSOE para evitar que la extrema derecha llegue al poder en España.

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la amnistía, hay tribunales que todavía se niegan a aplicarla. Desde ERC, el vicesecretario general de organización, finanzas y lucha antirepresiva, Pau Morales (Vilassar de Dalt, 1994) nos explica cuál es la hoja de ruta de su partido para continuar presionando.

La primera muestra de que la aplicación de la amnistía no será fácil a pesar del aval de la justicia europea la ha dado el Tribunal de Cuentas, que se ha negado a aplicarla de entrada a pesar de ser uno de los señalados directamente en la sentencia de la semana pasada. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito a la Comisión Europea denunciando a España por el incumplimiento de la amnistía y alertando de la maniobra del Tribunal de Cuentas. En un escrito avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso el ARA, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía y que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Mónica Martínez Bravo es la primera consejera en saltar del ejecutivo de Salvador Illa. Hacía tiempo que era una de las que entraban en todas las quinielas, porque hace tiempo que el presidente prepara una remodelación de su gobierno para encarar la última fase decisiva de la legislatura. Son muchas las fuentes que apuntaban a una crisis de gobierno inminente, a pesar de que sorprende que se circunscriba solo a la consejera de Derechos Sociales.

Rubén Viñuales (Tarragona, 1983) abandonó Ciutadans hace seis años camino del PSC, con el que llegó a la alcaldía de Tarragona en 2023. Desde entonces, gobierna en minoría, pero ha sido capaz de aprobar, con cierta tranquilidad, los presupuestos cerrando pactos con diferentes formaciones. En esta entrevista realizada en la redacción del Diari ARA, habla de su ciudad, pero también de la extrema derecha, de los jueces y del uso del catalán.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es uno de los abogados de cabecera del Procés, el principal responsable de la estrategia jurídica del exilio y uno de los artífices de la ley de amnistía que acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El independentismo celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar el encaje europeo de la ley de amnistía. Una noticia que, en teoría, debería acelerar su aplicación por parte de todos los tribunales que hasta ahora se han negado. Pero hay uno que, de momento, no se siente aludido. El Tribunal Supremo seguirá sin amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes condenados por malversación, según explican fuentes consultadas por el ARA. ¿Qué margen tiene para hacerlo? Hoy por hoy, todo el que quiera, a pesar de que los servicios jurídicos de Junts y ERC denuncien que hace meses que está incumpliendo la ley.