Aunque había sido impulsora, el 'Procés' cogió a Solidaritat con el pie cambiado. En 2012, el partido que se había hecho un hueco dos años antes proclamándose heredero de las consultas populares, quedó fuera del Parlament. Alfons López Tena (Sagunto, 1957) era el candidato. Este notario, hijo de notario, que pasó siete años (2001-2008) en el CGPJ a propuesta de CiU, continuó militando en el espacio hasta 2015, esperando ver hacia dónde tiraba el independentismo. Pero en 2014, con la consulta del 9-N, ya lo tuvo claro. En conversación con 'ARA' explica cómo lo que pasó a partir de entonces le hizo convencerse de que todo aquello fue "una farsa". De hecho, aquel mismo día, conjuntamente con un grupo de personas, empezaron a popularizar el concepto "processisme": aquel movimiento que dice que anhela la independencia, pero que, en realidad, no quiere que llegue nunca. Alejado de los partidos "processistas", ha acumulado críticas, por ejemplo, por participar en un simposio de Societat Civil Catalana en 2018 ("Fui a defender mi tesis de los populismos autoritarios que, también, detecto en el 'Procés'") o por decir en 2023 que votaría al PSOE para evitar que la extrema derecha llegue al poder en España.

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la amnistía, hay tribunales que todavía se niegan a aplicarla. Desde ERC, el vicesecretario general de organización, finanzas y lucha antirepresiva, Pau Morales (Vilassar de Dalt, 1994) nos explica cuál es la hoja de ruta de su partido para continuar presionando.

La primera muestra de que la aplicación de la amnistía no será fácil a pesar del aval de la justicia europea la ha dado el Tribunal de Cuentas, que se ha negado a aplicarla de entrada a pesar de ser uno de los señalados directamente en la sentencia de la semana pasada. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito a la Comisión Europea denunciando a España por el incumplimiento de la amnistía y alertando de la maniobra del Tribunal de Cuentas. En un escrito avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso el ARA, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía y que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Mónica Martínez Bravo es la primera consejera en saltar del ejecutivo de Salvador Illa. Hacía tiempo que era una de las que entraban en todas las quinielas, porque hace tiempo que el presidente prepara una remodelación de su gobierno para encarar la última fase decisiva de la legislatura. Son muchas las fuentes que apuntaban a una crisis de gobierno inminente, a pesar de que sorprende que se circunscriba solo a la consejera de Derechos Sociales.

Rubén Viñuales (Tarragona, 1983) abandonó Ciutadans hace seis años camino del PSC, con el que llegó a la alcaldía de Tarragona en 2023. Desde entonces, gobierna en minoría, pero ha sido capaz de aprobar, con cierta tranquilidad, los presupuestos cerrando pactos con diferentes formaciones. En esta entrevista realizada en la redacción del Diari ARA, habla de su ciudad, pero también de la extrema derecha, de los jueces y del uso del catalán.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es uno de los abogados de cabecera del Procés, el principal responsable de la estrategia jurídica del exilio y uno de los artífices de la ley de amnistía que acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El independentismo celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar el encaje europeo de la ley de amnistía. Una noticia que, en teoría, debería acelerar su aplicación por parte de todos los tribunales que hasta ahora se han negado. Pero hay uno que, de momento, no se siente aludido. El Tribunal Supremo seguirá sin amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes condenados por malversación, según explican fuentes consultadas por el ARA. ¿Qué margen tiene para hacerlo? Hoy por hoy, todo el que quiera, a pesar de que los servicios jurídicos de Junts y ERC denuncien que hace meses que está incumpliendo la ley.

Desde la prisión, Oriol Junqueras fue el cabeza de lista de ERC en las elecciones catalanas de 2017, en las generales de 2019 y también en las europeas de ese mismo año. Desde Esquerra, de hecho, sentenciaron que, mientras durara la represión, Junqueras sería su número 1 en todos los comicios. Pero ya hace seis años que esto no es posible: a pesar de estar indultado y fuera de la prisión, el presidente de los republicanos está inhabilitado hasta 2031 a la espera de saber si se le aplica la amnistía. De esto depende, de hecho, la estrategia del partido pensando en 2028.

Aliança Catalana es el partido que más crece en las encuestas. En el barómetro del CEO se opone a la segunda posición en el Parlament y se queda cerca de liderar el bloque independentista. Miles de votos potenciales que deberán buscar alternativa en las elecciones generales. La líder del partido, Sílvia Orriols, se ha comprometido a incorporar en los estatutos de Aliança Catalana que nunca se presentarán a los comicios españoles. ¿A dónde irían a parar, pues, estos votos?

El PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament si se celebrasen hoy, a pesar de mantener una tendencia a la baja que lo llevaría de los 42 escaños que obtuvo en 2024 a una horquilla de entre 36 y 38. Ahora bien, la imagen más relevante que ofrece el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) que se hizo público ayer es la consolidación de Aliança Catalana en la derecha del arco parlamentario. El partido de Sílvia Orriols se eleva a 23-25 diputados (tiene 2, actualmente) y supera ya de forma clara a Junts per Catalunya, su principal rival, que perdería la mitad de los apoyos hasta una horquilla de entre 16 y 18 diputados. ERC es el otro partido que sube, y consolida la segunda posición que ya le pronostican otros sondeos, hasta los 24-26 diputados.

La noche del 23 de julio de 2023 el PP se quedó a 1.749 papeletas del decimoséptimo diputado en Madrid. Al cabo de una semana, lo obtuvo gracias al voto de los madrileños residentes en el extranjero (el PP superó al PSOE por 8.600 votos en este escrutinio). Fue la única incidencia del llamado voto CERA (censo electoral de residentes ausentes), que ahora el PP y Vox criminalizan con la vista puesta en la supuesta "trama" que Pedro Sánchez prepara para el año que viene.

El 12 de junio de 2023 el PSOE comenzó a dejar atrás la sensación de derrota. Aquel día, un desacomplejado José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Cope a defender el "espectacular" gobierno de Pedro Sánchez, se rió de las insinuaciones de pucherazo por parte del PP y sentenció que no esperaba nada más que la reedición de un gobierno liderado por el PSOE. Carlos Herrera le decía que ni los resultados de las municipales y autonómicas ni las encuestas hacían prever que fuera un escenario plausible. Zapatero comenzó la remontada.

Mariano Rajoy sabe lo que se espera de él y no duda en dárselo a sus seguidores. "En el fútbol, lo que importa de verdad es marcar más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas". Sí, el expresidente español vuelve a la crónica deportiva para el Mundial y, de nuevo, al medio digital El Debate, el que hace cuatro años —también por el Mundial y, después, por la Eurocopa— ya le abrió las puertas para que publicase los análisis de los partidos de la selección española. Rajoy lo hace sin cobrar y, de hecho, sin escribir: envía notas de audio cuando se acaban los partidos para que los redactores del medio las transcriban. Así lo hizo este lunes después del empate de la roja con Cabo Verde.

Una primera oleada en marzo o en abril; una segunda en julio y una tercera hacia noviembre. Hace tiempo que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) estableció esta periodicidad para publicar sus barómetros, las encuestas más robustas del instituto desde que arrancó en 2005 (del primer se encargó el Idescat en 2004). Pero a fecha de 15 de junio, este año aún no se ha publicado ninguna. ¿Qué ha pasado en el CEO? Como suele suceder cuando las cosas no van como se esperaba, la rumorología ha empezado a hacer de las suyas, especialmente en las redes. El hecho es que la lentitud a la hora de renovar el acuerdo marco para homologar las empresas que se dedican a recoger los datos ha retrasado cuatro meses el proceso de adjudicación de las encuestas. Una espera que acabará pronto, porque, según ha podido saber el ARA, el trabajo de campo del primer barómetro de 2026 ya está en marcha y el CEO tiene la intención de hacer pública la encuesta durante la primera quincena de julio.

Las joyas de la familia Zapatero son hoy el principal foco de tensión en la política española. El expresidente del gobierno acaba de ser imputado en una pieza separada de la que ya estaba instruyendo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La consecuencia inmediata, más allá de que le volverán a citar para declarar, es que tan pronto se han iniciado acciones judiciales sobre sus joyas, José Luis Rodríguez Zapatero ya no las puede regularizar. El artículo 305.4 del Código Penal establece que lo podría haber hecho antes de que el juez de instrucción comunicase formalmente la apertura de diligencias.

De aquí a un mes el gobierno de Salvador Illa tendrá aprobados los primeros presupuestos de la legislatura. Un acuerdo con Comuns y ERC que da aire al ejecutivo y que certifica que esta es hoy día la única mayoría viable en Cataluña. Republicanos y comunes ya invistieron a Illa y, a pesar de los tira y afloja de los últimos dos años, continúan siendo los socios que le dan estabilidad. Incluso para evitar comparecencias molestas del presidente en el Parlament. Este martes, por segunda semana consecutiva, ERC, Comuns y el PSC evitaron que la cámara citara a Illa. Junts quería hacerle comparecer para que explicara el papel de la Generalitat en la crisis abierta con los docentes de la escuela pública. Hace siete días los juntaires, de la mano del PP y Vox, reclamaban que el presidente respondiera por los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE (y que el juez no descarta del todo que tengan una derivada en el PSC).

La Agencia Tributaria ya tiene sobre la mesa toda una serie de peticiones de la Audiencia Nacional para revisar las cuentas del PSOE, pero, en cambio, no tendrá que hacerlo con las del PSC. El juez Santiago Pedraz ha excluido finalmente a los socialistas catalanes de los requerimientos fiscales, a pesar de que la Guardia Civil insistía en incluir al PSC en la investigación. Del PSOE, y de las personas imputadas en el caso Leire, el magistrado busca cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo y facturas.

"Una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE". La frase, escrita en X por la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, resume la estrategia de defensa que ha activado el partido para desvincularse de la trama que actuaba desde su sede en la calle Ferraz. El PSOE ya no niega que pudiera existir un grupo organizado que se dedicaba a intentar obtener información de investigaciones, policías, jueces y fiscales para presionarlos. "El sumario conocido hoy revela una suma de comportamientos intolerables de personas que usaron en falso y en vano el nombre del PSOE para beneficiarse o defender intereses oscuros", publicaba, también este miércoles, la cuenta oficial del partido. Lo que rechaza de plano la dirección socialista es que ellos estuvieran detrás, como, en cambio, sí sospecha el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. De hecho, la intención del grupo presuntamente encabezado por Santos Cerdán y Leire Díez era precisamente desactivar las causas judiciales contra el PSOE.

El mismo día que el juez autorizó a la Guardia Civil a presentarse en la sede del PSOE en Madrid, desde la calle Pallars de Barcelona, el PSC enviaba toda la documentación relativa a su campaña electoral de 2024. Aunque la petición iba dirigida al PSOE, los socialistas catalanes quisieron adelantarse remarcando que todo era transparente y estaba auditado por la Sindicatura de Comptes. Con esta información, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado no tiene suficiente y ha elevado una reclamación de información adicional a la Audiencia Nacional, que el juez Santiago Pedraz ha aceptado.