De aquí a un mes el gobierno de Salvador Illa tendrá aprobados los primeros presupuestos de la legislatura. Un acuerdo con Comuns y ERC que da aire al ejecutivo y que certifica que esta es hoy día la única mayoría viable en Cataluña. Republicanos y comunes ya invistieron a Illa y, a pesar de los tira y afloja de los últimos dos años, continúan siendo los socios que le dan estabilidad. Incluso para evitar comparecencias molestas del presidente en el Parlament. Este martes, por segunda semana consecutiva, ERC, Comuns y el PSC evitaron que la cámara citara a Illa. Junts quería hacerle comparecer para que explicara el papel de la Generalitat en la crisis abierta con los docentes de la escuela pública. Hace siete días los juntaires, de la mano del PP y Vox, reclamaban que el presidente respondiera por los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE (y que el juez no descarta del todo que tengan una derivada en el PSC).

La Agencia Tributaria ya tiene sobre la mesa toda una serie de peticiones de la Audiencia Nacional para revisar las cuentas del PSOE, pero, en cambio, no tendrá que hacerlo con las del PSC. El juez Santiago Pedraz ha excluido finalmente a los socialistas catalanes de los requerimientos fiscales, a pesar de que la Guardia Civil insistía en incluir al PSC en la investigación. Del PSOE, y de las personas imputadas en el caso Leire, el magistrado busca cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo y facturas.

"Una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE". La frase, escrita en X por la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, resume la estrategia de defensa que ha activado el partido para desvincularse de la trama que actuaba desde su sede en la calle Ferraz. El PSOE ya no niega que pudiera existir un grupo organizado que se dedicaba a intentar obtener información de investigaciones, policías, jueces y fiscales para presionarlos. "El sumario conocido hoy revela una suma de comportamientos intolerables de personas que usaron en falso y en vano el nombre del PSOE para beneficiarse o defender intereses oscuros", publicaba, también este miércoles, la cuenta oficial del partido. Lo que rechaza de plano la dirección socialista es que ellos estuvieran detrás, como, en cambio, sí sospecha el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. De hecho, la intención del grupo presuntamente encabezado por Santos Cerdán y Leire Díez era precisamente desactivar las causas judiciales contra el PSOE.

El mismo día que el juez autorizó a la Guardia Civil a presentarse en la sede del PSOE en Madrid, desde la calle Pallars de Barcelona, el PSC enviaba toda la documentación relativa a su campaña electoral de 2024. Aunque la petición iba dirigida al PSOE, los socialistas catalanes quisieron adelantarse remarcando que todo era transparente y estaba auditado por la Sindicatura de Comptes. Con esta información, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado no tiene suficiente y ha elevado una reclamación de información adicional a la Audiencia Nacional, que el juez Santiago Pedraz ha aceptado.

Tanto es que se le escuche despachando con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la necesidad de sacar trapos sucios de los principales líderes independentistas. Tampoco importa que hayan trascendido conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo hablando abiertamente de la operación Cataluña ("Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido", decía él en los audios). Ni tan solo que haya mensajes con su número 2 certificados por notario en los que hablan de la Kitchen. Hace años que Jorge Fernández Díaz interpreta el papel del ministro que no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor. Una estrategia de defensa que ha seguido al pie de la letra este jueves cuando ha declarado como principal investigado en el juicio sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha despertado con la visita de agentes de la Unidad de Acción Operativa de la Guardia Civil. Llevaban una orden judicial para que se les facilitara toda una serie de información vinculada a un caso bajo secreto que hace meses que investiga la Audiencia Nacional. En caso de que los socialistas se hubieran negado a facilitar la documentación a los policías, incluso tenían firmada una autorización para registrar la sede del partido. ¿Qué buscaba allí el juez Santiago Pedraz?

O Pedro Sánchez con Yolanda Díaz o Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal. Esta es la elección que los dos principales bloques estatales ofrecen para el 23-J, y parece que en Cataluña los electores tienen claro por quién decantarse. El PSC, con Meritxell Batet al frente, ganaría ampliamente las elecciones y podría ascender hasta los 16-18 escaños, doblando los resultados de quien acabe quedando segundo. Sería la primera victoria socialista en unas generales en Cataluña desde que en 2008 Carme Chacón consiguió los mejores resultados históricos del partido con 25 diputados. En todo caso, la victoria socialista en el Principado podría acabar siendo amarga si el PP domina en el conjunto del Estado. La última encuesta publicada, la del CIS, asegura que aún no hay nada decidido, aunque la mayoría de encuestas sitúan a los populares muy por encima de los socialistas. El CEO detecta, además, una predisposición a participar mayor que en otras ocasiones en las elecciones generales, hecho que podría reducir la abstención en estos comicios.

El ciclo electoral está teñido de azul. El PP ha avanzado con fuerza en todas partes, pero especialmente en Andalucía, en el País Valenciano y también en Madrid tanto en las autonómicas como en las municipales. Ahora confía en hacer lo mismo en las generales del 23 de julio, tal como pronostican todas las encuestas, incluso la del CIS. Son, con Cataluña, los territorios clave para allanar el camino hacia la Moncloa. Por eso, es en el Principado donde los socialistas se juegan buena parte de su crédito. Pedro Sánchez sabe que del diferencial que consiga con el PP en Cataluña puede acabar siendo decisivo, sobre todo si pierde empuje en otras autonomías. El PSC ganará las elecciones con amplia diferencia, según la encuesta que el Institut Opinòmetre ha hecho para el ARA. Con una horquilla de entre 14 y 16 diputados, los socialistas volverán a la primera posición quince años después. ¿Y cuál será el diferencial con el PP? Los populares, también al alza captando la mayor parte del voto de Cs, se quedarían con entre 5 y 7 diputados en las Cortes españolas.

Si hay algo que define el acuerdo de presupuestos entre ERC y el PSC es que su cumplimiento dependerá básicamente del gobierno español. En concreto, del hecho de que el PSOE continúe en la Moncloa. La línea de tren orbital, que debería financiar el ministerio correspondiente; el consorcio de inversiones para que Cataluña tenga capacidad de decisión; el cambio de estatutos en el Consorcio de la Zona Franca; la cogestión de los aeropuertos y, evidentemente, el traspaso del IRPF o la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómico.

El 2 de junio se vivirá una situación histórica en el Estado: por primera vez en democracia, un expresidente del gobierno español declarará ante un juez en calidad de investigado. Será José Luis Rodríguez Zapatero, de quien el magistrado José Luis Calama tiene indicios de que encabezaba una "red" corrupta de tráfico de influencias. Será el primero si asumimos que la democracia española se reinicia en 1977, con las primeras elecciones después de la muerte del dictador. Pero durante la Segunda República ya se había puesto en marcha un sistema de democracia primigenia —en 1933 pudieron votar por primera vez las mujeres— y un expresidente ya había sido imputado: en 1934 la Audiencia de Barcelona —por delegación del Tribunal Supremo— investigó a Manuel Azaña como presunto colaborador de la proclamación del Estado Catalán.

La respuesta corta al titular de esta noticia es no. La larga, admite matices, como por ejemplo, ¿con cuánto dinero e infraestructura cuenta el político o el partido que quiere manipular las elecciones? Para alterar los resultados, solo hay una opción remotamente viable y no es precisamente la que insinúan desde hace días tanto Vox como Isabel Díaz Ayuso. La vía sería la de comprar suficientes diputados electos para cambiar los resultados electorales. Pero, claro, el pucherazo sería extremadamente difícil de ocultar. ¿Se imaginan diez diputados del PSOE o del PP votando en contra de su candidato?

Quien tomara la decisión de camuflar a dos agentes de paisano entre los maestros que se reunían en el Institut Pau Claris no calculó los efectos que su descubrimiento tuviera, en plena crisis del Govern con los sindicatos mayoritarios de los docentes. Los socios de Salvador Illa apuntan indefectiblemente hacia el director de la Policía, Josep Lluís Trapero, como responsable y exigen su cabeza. Este sábado tanto ERC como Comuns, imprescindibles para la gobernabilidad, han elevado la presión hacia el ejecutivo socialista, que a partir del martes debe afrontar una nueva serie de huelgas en las escuelas e institutos públicos. "Si el director general no quiere dimitir, le tocará al president de la Generalitat cesarlo", ha subrayado el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde Tàrrega. La líder de Comuns, Jéssica Albiach, también ha pedido su destitución porque "la infiltración traspasa todas las líneas rojas".

Todavía no lo sabían, pero las elecciones de 1936 serían las últimas antes del estallido de la Guerra Civil, cinco meses después de los comicios. Las izquierdas, unidas a través del Frente Popular, donde había entre muchos otros partidos el PSOE, el Partido Comunista y ERC, obtuvieron la victoria. Pero el gobierno de la Segunda República no publicó nunca aquellos resultados íntegramente, y hasta ahora no eran accesibles. Esto cambia gracias al proyecto que tres investigadores catalanes publicaron ayer después de seis años de investigación. Ahora, cualquier interesado podrá saber qué votaron en su pueblo en aquellas elecciones, que todavía hoy hay historiadores que ponen en duda para justificar el golpe de Estado del general Franco.

Hay definiciones que permiten aproximarse al concepto de extrema derecha. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) la considera "la forma más iliberal que puede adoptar un partido de derecha" y destaca varias características, como la hostilidad hacia la democracia liberal, el nativismo, el autoritarismo y el populismo de sus postulados. Cuando, además, contempla el uso de la violencia, hablamos de ultraderecha. El politólogo holandés Cas Mudde explica que hoy en día es precisamente el nativismo (la forma xenófoba de entender el nacionalismo que adopta eslóganes del estilo "Primero los de casa") el principal rasgo que une a la extrema derecha mundial. Pero, claro, ¿cómo se mide el grado de nativismo, teniendo en cuenta, además, que hay partidos tradicionales que aplican políticas similares? ¿O el grado de populismo o de hostilidad hacia la democracia liberal? Conceptos abstractes llevan a valoraciones subjetivas y, en el caso de Cataluña, donde conviven dos partidos comúnmente considerados de extrema derecha, tenemos un ejemplo meridiano.

No hace ni dos años que Salvador Illa es presidente de la Generalitat y el oasis de tranquilidad que vivió en sus primeros meses empieza a parecer cada vez más un espejismo. A las dificultades para gobernar en minoría hace tiempo que se le han sumado las protestas en la calle, que tienen en los maestros uno de los actores más reivindicativos. La encuesta del ARA, elaborada por YouGov, detecta un cierto desgaste electoral del PSC, pero, a pesar de todo, los socialistas se consolidarían hoy en la primera posición en caso de que se adelantaran los comicios. No hay previsión de que esto pase, a pesar de que la negociación de los presupuestos con ERC continúa abierta, cosa que aporta un punto de imprevisibilidad al calendario. El PSC obtendría entre 36 y 42 escaños y vería cómo el segundo partido del Parlament ya no sería Junts, el principal damnificado en caso de elecciones, sino Esquerra (27-30).

Barreras más duras para acceder al país, pero igualdad de derechos para las personas que regularicen su situación. La teoría de la sandía, que predica controles fronterizos exhaustivos, pero derechos más inclusivos para los residentes, parece encajar a la perfección con la opinión de la mayoría de los catalanes. Así queda reflejado en la encuesta del ARA, elaborada por YouGov, que se publica este fin de semana. Un 66% de los encuestados son partidarios de que las condiciones para entrar y establecerse en Cataluña (y, por defecto, en el Estado, que es quien tiene las competencias en inmigración) sean más restrictivas, un porcentaje muy superior a los que opinan que se deben mantener como hasta ahora (17%) o que deben ser incluso más permisivas (9%).

Donald Trump es millonario, un magnate inmobiliario, tiene intereses directes en las empresas tecnológicas y... es Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos encarna en sí mismo todas las características del "enemigo" que este fin de semana ha señalado la izquierda reunida en Barcelona, con Pedro Sánchez como anfitrión, que se ha erigido en el referente del movimiento progresista internacional. "Cuando gobernamos los socialistas, los estados no se arrodillan ante las élites, las ponemos en su sitio", ha exclamado para cerrar las cumbres del fin de semana ante las 6.500 personas que llenaban el pabellón 8 de la Feria de Barcelona. El compromiso del líder español, pero también de los jefes de estado y de gobierno que se han reunido allí, es "resistir" ante el empuje de la ultraderecha, pero también "construir" juntos un nuevo mundo multilateral. "Les torceremos el brazo a los que se creen intocables. A los millonarios que explotan a la gente y juegan con la codicia; a los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente, y a los tecnólogos que se llenan la bolsa a costa de la salud de las democracias y la salud mental de nuestros jóvenes", ha reafirmado Sánchez, entonando desde el escenario el "No a la guerra" que ha seguido todo el auditorio.

Si Pedro Sánchez y Lula da Silva son los ideólogos de la cumbre progresista que se celebra este fin de semana en Barcelona, Stefan Löfven (Estocolmo, 1957) es uno de los principales organizadores. Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos y ex primer ministro sueco, atiende a ARA desde la Feria de Barcelona.

Una multitud de personas se desplazan al unísono por los largos pasillos del Pabellón 8 de la Feria de Barcelona como si siguieran a una estrella del rock. Nadie este viernes ha generado la expectación de José Luis Rodríguez Zapatero, el gran protagonista de la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM). "El progresismo debe estar unido, debe ser valiente. Nunca ganaremos quejándonos de lo que hace la derecha, sino convenciendo de nuestros valores y convicciones", ha subrayado el expresidente español justo antes de empezar a atender a sus seguidores. Algunos de ellos, lo bastante jóvenes para no recordarlo en la Moncloa, le han pedido que hiciera el gesto de la ceja que tanto explotó en campaña y él se lo ha concedido gustosamente.

Vox salió de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la alianza con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. Cuatro meses después de las elecciones, el PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar la llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. El gobierno de María Guardiola no ofrecerá nuevas plazas de acogida e intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tiene competencias para expulsar personas de su territorio.