Todos a las urnas. Pedro Sánchez ha acabado con la rumorología anunciando el punto final a una legislatura que será de choque hasta el último momento. Su gobierno ya hace tiempo que había perdido la mayoría para aprobar proyectos relevantes y la Moncloa resistía esperando un momento idóneo para plantear batalla a las derechas, las grandes favoritas a gobernar a partir de ahora. En el PSOE creen que el momento ha llegado con la crisis de la vivienda y que están preparados para afrontar los comicios con garantías. ¿Cómo llegan los partidos a esta convocatoria?

La última vez que se tomó unos días para reflexionar, Pedro Sánchez regresó con "más fuerza", dispuesto a "poner freno a la política de la vergüenza". Durante aquellos cinco días de abril de 2024 –en plena campaña electoral en Cataluña–, todo el mundo estuvo pendiente de su decisión, que entonces tenía que ver con los ataques que recibió su mujer, hoy a punto de ser juzgada por malversación y tráfico de influencias. Ahora la cosa es ligeramente diferente: nadie espera que dé un paso al costado, pero todo el mundo está pendiente de que tome una decisión. ¿Habrá elecciones antes de acabar el año? En el PSOE están preparados y cada día que pasa crecen las voces que apuntan a que la legislatura se ha acabado.

Parece que a Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) no le afectan los cantos de sirena. Ha recibido muchos desde que el viernes tomó la palabra en el Congreso de los Diputados para defender el segundo de los decretos de vivienda, el más similar a las propuestas del Sindicato de Inquilinas. Estos cantos le dicen que encabece la candidatura del Frente Amplio, la marca con la que los herederos de Sumar trabajan para las elecciones. Pero el ministro de Derechos Sociales hace tiempo que descartó ponerse ese sombrero. "No creo que sea el papel que deba asumir yo", decía en marzo. Y es que el del viernes no ha sido su único discurso viral, por su contundencia y originalidad.

La legislatura española se agota y las izquierdas no están preparadas. Ya sea en verano, cuando habrán pasado los cuatro años desde las últimas elecciones, o a finales de noviembre en caso de que Pedro Sánchez pulse el botón electoral este lunes, Comuns, Sumar, IU y Más Madrid no tienen todavía definida la estructura ni tampoco el candidato. El fracaso de los decretos de vivienda ha hecho remover el tablero político y este sábado Ada Colau ha activado el modo electoral con un llamamiento urgente. "Es el momento de grandes alianzas. La ciudadanía no entendería que cada uno fuera por su lado", ha exclamado en la inauguración de unas jornadas de la Escuela de Imaginación Política que organiza la Fundación Sentido Común que preside la misma Colau.

El debate en torno a los dos decretos de vivienda que se votaron este viernes en el Congreso de los Diputados ha dejado tan descolocados a algunos partidos que en los últimos días se han multiplicado, en ambientes parlamentarios, los rumores sobre una inminente convocatoria electoral en el Estado. Por segunda vez en los últimos años, Pedro Sánchez ha iniciado un periodo de reflexión, ahora para decidir si ha llegado el momento de avanzar las elecciones. Diversas fuentes conectadas con la Moncloa y consultadas por el ARA reconocen que es un escenario que está sobre la mesa. El primer domingo disponible sería el 29 de noviembre.

Lo intentó en 2010 con un gobierno socialista –entonces con Àngel Ros de alcalde– y vuelve a ser ahora el PSC quien impulsa la prohibición del velo integral en las calles de Lérida. Es una de las novedades que incorpora la ordenanza de civismo que este viernes ha aprobado la Paeria, gracias al pacto entre los socialistas y Junts. "Con igual fundamento de garantizar la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática, queda prohibido llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos", especifica el artículo 12. Será considerado falta leve y comportará multas de entre 400 y 750 euros, aunque antes de multar se advertirá a las mujeres que lleven, entre otros, burka o niqab, que ha quedado prohibido en la ciudad.

Roger Español (Tarragona, 1974) fue uno de los miles de activistas que el 1 de octubre de 2017 defendieron las urnas y los colegios electorales donde se celebraba el referéndum de independencia. Él se llevó la peor parte, cuando una de las balas de goma que la Policía Nacional disparó en Barcelona le vació el ojo derecho. Hoy, nueve años después, todavía busca que se haga justicia y ha hecho sentar en el banquillo de los acusados a cuatro de los policías que participaron en aquellas cargas, entre ellos el escopetero que le disparó. Serán los únicos agentes juzgados por la violencia policial del 1-O.

Entre 1984 y 2024, de forma invariable, el independentismo (o, más bien, el soberanismo) siempre tuvo mayoría en el Parlament de Catalunya. Pero el final del Procés hundió las perspectivas electorales de los partidos que lo habían impulsado y se desbrozó el camino para que Salvador Illa accediera al Palacio de la Generalitat. El tercer presidente socialista llegaba, además, con todas las cartas para romper la maldición de los presidentes de un solo mandato y, sin prácticamente oposición, se esperaba que pudiera consolidar su liderazgo.

Aunque no se vio por televisión, las esteladas llenaron las gradas del Camp Nou en el partido de hace dos semanas contra el Athletic Club. Una imagen que hacía tiempo que no se veía en el estadio azulgrana y que el independentismo ha reivindicado como uno de los brotes verdes de un nuevo inicio que algunos de sus ideólogos comienzan a vislumbrar a corto plazo. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), publicado en junio, rompió una preocupante dinámica para el sí: marcó el mejor porcentaje (45%) desde marzo de 2019, seis puntos más que unos meses atrás. Y esta misma semana, todos los presidentes de la ANC han dejado a un lado las desavenencias para fotografiarse juntos, reivindicando una Diada de unidad.

"Si presido la Generalitat, la consejera de Interior será Núria Parlon, que ha sido excelente en políticas de seguridad, y, como quiero profesionalizar la gestión en Cataluña, el director general de la Policía será Josep Lluís Trapero, que es un ejemplo de servidor público". El anuncio estrella del entonces candidato Salvador Illa en el último debate de la campaña electoral de 2024 fue situar al tándem Parlon-Trapero al frente de las decisiones de seguridad. A Illa (y también a Trapero) le advirtieron de las contraindicaciones de situar a un policía a hacer de político, pero, ya como presidente, el mensaje que quería transmitir era el de confianza plena en un experto condecorado –protagonista mediático y, hoy también cinematográfico, de la persecución de los terroristas de la Rambla– y, de paso, reparar la injusticia que percibía que había cometido el gobierno Aragonès destituyéndolo como jefe de los Mossos.

El nuevo modelo de financiación ha superado la primera votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el apoyo de Cataluña y las Islas Canarias (además del gobierno español) y el voto en contra de todas las autonomías gobernadas por el PP y por el PSOE. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), se muestra satisfecha.

Ya hace casi dos meses que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la amnistía, pero, de momento, todo sigue igual. Los tribunales españoles mantienen bloqueados numerosos casos, incluso los directamente afectados por la decisión del TJUE, como el de los CDR y el del Tribunal de Cuentas. La última decisión, de este jueves, llega del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que mantiene suspendida la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los responsables del segundo gobierno del 1-O. El TSJC presentó en 2024 una prejudicial a la justicia europea preguntándole si la malversación podía ser amnistiada. Como el TJUE todavía no ha respondido sobre esta cuestión, los magistrados Fernando Lacaba, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos –que firman el auto–, reafirman su decisión de seguir esperando.

Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, 10.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos en la última gran crisis migratoria —hasta la actual— en la ciudad autónoma. Coincidiendo con aquellas fechas, el teléfono móvil del presidente español, Pedro Sánchez, fue infectado con el software espía Pegasus. También lo fueron el de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura y antiguo embajador español en Marruecos, Luis Planas. ¿Quién les espió? Como en la entrada masiva de este verano en Ceuta, el gobierno español asegura que no tiene ninguna certeza, pero desde el primer minuto las investigaciones internas (y el sentido común) han apuntado a los servicios secretos marroquíes. Este jueves, desde el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para recordarlo: ¿Qué documento o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo de Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?".

La concejala de la CUP en Moyá, Lakshmi Roset Sala (Moyá, 1995), se plantó el viernes pasado cuando el vídeo en el que criticaba la ampliación del matadero acumuló cientos de mensajes machistas sobre su físico y su afiliación política.

El presidente de la Generalitat comienza este miércoles un viaje oficial que lo llevará a pasar 48 horas en Ucrania, acompañado del conseller de Exteriores, Jaume Duch, y también se encontrará con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Illa llegará a Kiev en un momento especialmente complicado, ya que hace seis días consecutivos que caen misiles en la ciudad, donde este martes murieron al menos 12 personas en un ataque ruso contra infraestructuras ferroviarias.

Pedro Sánchez cree que Felipe VI debe viajar a Ceuta y a Melilla. Pedro Sánchez constata que Felipe VI no ha ido nunca a Ceuta ni a Melilla. Pedro Sánchez anuncia que Felipe VI irá a Ceuta y a Melilla. Y Pedro Sánchez pide que sea la Casa Real la que responda si Felipe VI está de acuerdo con ir a Ceuta y a Melilla. Cuatro respuestas durante la entrevista en la Cadena SER de este lunes que evidencian las tensiones que hay entre la Moncloa y la Zarzuela en la gestión de la crisis de Ceuta. El presidente del gobierno español podría haberse limitado a tirar balones fuera –como hace en muchas otras cuestiones–, pero ha preferido dejar meridianamente clara la posición de su ejecutivo. Él ya ha decidido que el rey hará la visita y solo está en discusión cuándo será: "Cuando se den las condiciones".

La crisis humanitaria en Ceuta se ha enquistado un mes después de la llegada masiva de inmigrantes. Miles de personas continúan malviviendo en las calles y la tensión crece a medida que pasan los días. Ni se ha garantizado una salida a los inmigrantes –ya sea a España o devolviéndolos a Marruecos– ni se ha normalizado la situación tal como exigen los vecinos. Y eso que por Ceuta han ido pasando el presidente del gobierno español y muchos de sus ministros, y que también se ha convertido en un lugar de peregrinación de la oposición. La derecha y la extrema derecha, de hecho, se han instalado aferrándose a Ceuta como el posible detonante que haga caer definitivamente a Pedro Sánchez. La competición entre sus tótems, que pugnan por ser reconocidos como los referentes morales de la derecha, se parece cada vez más a las ridículas batallas de aura que comienzan a viralizarse en las redes.

"Les queremos convocar a todos a una movilización permanente", decía el entonces presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, subido al techo de un coche de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. Sus palabras quedaron incorporadas al informe policial que sirvió de base para su encarcelamiento y el de Jordi Sànchez (ANC) unas semanas más tarde. Según la policía, ellos dos controlaban a los miles de personas que estaban concentradas ante la consellería de Economía para protestar contra las primeras detenciones del Procés y "jamás" usaron este control para desconvocar la concentración. El informe policial obviaba que, segundos después, subido al mismo coche y con el mismo megáfono en la mano, Cuixart pedía acabar con la manifestación: "Les pedimos, en la medida de lo posible, de manera tranquila, que en pocos momentos disolvamos esta convocatoria". Las imágenes, grabadas por manifestantes, se visualizaron durante el juicio en el Tribunal Supremo.

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) atiende a ARA para explicar la especial protección de los menores inmigrantes que están en Ceuta bajo tutela de las autoridades españolas.

Aunque había sido impulsora, el 'Procés' cogió a Solidaritat con el pie cambiado. En 2012, el partido que se había hecho un hueco dos años antes proclamándose heredero de las consultas populares, quedó fuera del Parlament. Alfons López Tena (Sagunto, 1957) era el candidato. Este notario, hijo de notario, que pasó siete años (2001-2008) en el CGPJ a propuesta de CiU, continuó militando en el espacio hasta 2015, esperando ver hacia dónde tiraba el independentismo. Pero en 2014, con la consulta del 9-N, ya lo tuvo claro. En conversación con 'ARA' explica cómo lo que pasó a partir de entonces le hizo convencerse de que todo aquello fue "una farsa". De hecho, aquel mismo día, conjuntamente con un grupo de personas, empezaron a popularizar el concepto "processisme": aquel movimiento que dice que anhela la independencia, pero que, en realidad, no quiere que llegue nunca. Alejado de los partidos "processistas", ha acumulado críticas, por ejemplo, por participar en un simposio de Societat Civil Catalana en 2018 ("Fui a defender mi tesis de los populismos autoritarios que, también, detecto en el 'Procés'") o por decir en 2023 que votaría al PSOE para evitar que la extrema derecha llegue al poder en España.