Desde el referéndum del 1 de octubre de 2017 el independentismo aparece dividido en las manifestaciones del Once de Setiembre. Hace seis años que partidos y entidades no han logrado reencontrarse estratégicamente en ningún rumbo compartido y este año, en el que la Diada está marcada por la investidura española, no ha sido una excepción. La aritmética de las elecciones del 23 de julio ha situado al independentismo en medio del tablero de juego español, pero los actores soberanistas de esta partida no están de acuerdo sobre cómo jugarla: desde el ANC hasta Òmnium , pasando por Esquerra, Junts y la CUP, tienen una receta diferente. En cualquier caso, la movilización de las bases este Once de Setiembre ha vuelto a ser multitudinaria pese al baile de cifras: 115.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, y 800.000 de acuerdo con los organizadores.

A la negociación con el PSOE para saber si es posible una ley de amnistía todavía le quedan muchos capítulos, pero ya se puede intuir cuál será uno de los primeros escollos de las conversaciones: si esta ley también debería amnistiar a los policías que tienen causas abiertas por el Proceso, la mayoría vinculadas a las cargas policiales del 1- O. Hay voces que se niegan en redondo, mientras que otras consideran que, si de lo que se trata es de anular todas las causas judiciales, esto debe ser para todos, también para a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según el último recuento realizado por el ARA, nunca ha habido una condena por la brutalidad policial del día del referéndum –que dio la vuelta al mundo–, pero hay 161 agentes que siguen en el punto de mira de la justicia.

Nueva amonestación a España por el espionaje con el programa Pegasus a unos sesenta independentistas, el caso conocido como Catalangate destapado en abril de 2022. Si en junio era el Parlamento Europeo quien daba un toque de atención al Estado por aquellos hechos, ahora es el Consejo de Europa quien se suma a las críticas por haber hecho uso de este software espía. Este organismo da toda la credibilidad a las denuncias de los afectados y avisa de que ha habido "graves implicaciones para los derechos humanos fundamentales de las personas atacadas", como "el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión". Lo que viene a decir es que, en aras de la "seguridad nacional", los estados no pueden hacer lo que quieran. Para rematarlo, pide un "moratoria" en el uso de estos programas espía hasta que exista una regulación europea precisa sobre cómo utilizarlos. No solo España sale maltrecha en el informe; también Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaiyán.

Matemáticamente, los siete diputados de Esquerra y los siete diputados de Junts son igual de decisivos para desatascar la investidura de Pedro Sánchez, pero, por ahora, todos los focos apuntan sólo hacia el partido de Carles Puigdemont, mientras que se dan prácticamente por descontados los votos de los republicanos. Ante este escenario, el partido de Oriol Junqueras ha empezado a rebelarse para tratar de ganar peso en la negociación y en el debate público. Es clave acabar jugando un papel importante en la investidura española, ya sea para poder reivindicar después los frutos de un eventual acuerdo, o para ir a una repetición electoral con las mejores cartas posibles.

La aritmética endemoniada de las elecciones españolas ha hecho que uno de los escenarios plausibles sea que el candidato a la investidura, sea Sánchez o Feijóo, fracase en el primer intento de ser investido. No sería el primer caso, ni probablemente el último, pero la historia dice que empezar la legislatura con mal pie tiene normalmente un precio elevado a pagar. Una investidura se realiza en dos tiempos: en la primera votación el candidato debe conseguir la mayoría absoluta y, de lo contrario, en 48 horas se vota de nuevo y se necesita una mayoría simple. Éstas son las cuatro personas en Catalunya y España que han perdido una investidura.

España se acerca inevitablemente a una paradoja política: mientras la única posibilidad de que haya gobierno en el Estado pasa por una coalición de centroizquierda PSOE-Sumar con acuerdos con los soberanismos periféricos, la mayoría de comunidades autónomas estarán controladas por la derecha y la extrema derecha. Este viernes el PP y Vox han firmado un pacto para gobernar juntos Aragón, lo que supone que 11 de los 19 gobiernos autonómicos tengan ya un ejecutivo liderado por los populares. Además, de estos 11, en cuatro Vox estará presente en el consejo ejecutivo. Por ejemplo en Aragón, donde tendrán nada menos que una vicepresidencia. El PP aún podría anotarse otros dos territorios: Murcia y Ceuta.

Ya es tradición que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cierre el curso político con una comparecencia ante los medios de comunicación y así lo ha hecho este martes después de la última reunión del Govern antes del paro estival. El ejecutivo tiene siempre muchos frentes abiertos, pero hay uno que ahora mismo se lleva toda la atención: la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Aragonés ha sido claro: si el líder socialista quiere los votos de ERC para volver a ser presidente, tendrá que aceptar dar un "nuevo impulso a la negociación para que Catalunya vote su futuro y acabe la represión". Ahora bien, el presidente catalán ha querido poner el énfasis en que, por encima de todo, si Sánchez quiere ser presidente debe mover ficha y presentar su propuesta para Catalunya, algo que hasta ahora no ha hecho. "Aquellos que quieran la investidura deben moverse. Pedro Sánchez debe moverse y atender la agenda catalana", ha dicho.

La negociación del independentismo catalán con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez ya se ha puesto en marcha, aunque sea porque ERC y Junts han empezado a poner condiciones sobre la mesa para delimitar el perímetro del terreno de juego. Son condiciones de dos tipos: del ámbito económico-social y del ámbito nacional. A continuación las ordenamos, de mayor a menor posibilidad de ser asumidas por el PSOE.

La negociación para la investidura del próximo presidente español será larga y, este domingo, la atención se ha concentrado en el intercambio epistolar entre los dos aspirantes a la Moncloa: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El popular le ha enviado una carta al socialista reclamándole una reunión esta misma semana para abordar su investidura. Sánchez ha rechazado la invitación. El argumento del presidente español es que primero es necesario que se constituyan las Cortes españolas –el 17 de agosto– y después, cuando el rey Felipe VI proponga un candidato a la investidura, ya se verán.

En septiembre se cumplirán doce años desde que Oriol Junqueras llegó al frente de Esquerra y este julio, por primera vez bajo el junquerismo, el partido ha entrado en un ciclo electoral a la baja. Son sólo dos comicios retrocediendo, pero los 300.000 votos perdidos en las municipales y los 400.000 votos en las generales han hecho saltar las alarmas. El partido republicano busca respuestas a este fenómeno y, por ahora, la principal conclusión es que no existe una explicación inequívoca. O, al menos, que no existe una explicación única.

Las elecciones españolas del domingo han situado a los partidos independentistas en un escenario de cierta contradicción: han retrocedido como nunca en las urnas, pero a la vez siguen siendo decisivos en Madrid. Ante este esquema, este miércoles ERC y Junts se han emplazado desde el Parlament a hacer "frente común" al Congreso para negociar de forma conjunta con el PSOE si hay posibilidad de investir a Pedro Sánchez. La interpelación mutua ha parecido sincera, ya que por primera vez se ha hecho sin demasiados reproches de por medio. Ahora bien, ya existen muchos precedentes de estas interpelaciones en la unidad que fracasan antes incluso de empezar. ERC y Junts también coinciden en otro punto: si Pedro Sánchez quiere ser investido, que dé el primer paso.

ERC sabía que repetir las dos victorias de las elecciones generales del 2019 en Catalunya era una quimera, pero aspiraba a moderar la caída, algo que finalmente no ha logrado. Descendió a la cuarta posición en votos y perdió 400.000 papeletas y casi la mitad de sus diputados en Madrid, que pasaron de 13 a 7. Ahora bien, aunque no pudieron frenar la sangría de apoyos que ya se detectó en las elecciones municipales de mayo, los republicanos tienen dos motivos para ver al vaso medio lleno: mantienen el liderazgo del bloque independentista i vuelven a ser importantes para una eventual investidura de Pedro Sánchez. En definitiva, tienen menos cartas que en la partida de hace cuatro años, pero deben seguirse teniendo en cuenta. Eso sí, Esquerra no podrá ser decisiva por sí misma como en el 2019: ahora los votos de Junts también son fundamentales para Sánchez.

A primera hora de la mañana una nube de coches de la Policía Nacional han salido de la comisaría de la Verneda, en Barcelona, y se han desplazado hasta Sitges. Este miércoles era el día D de una investigación que hace un año y dos meses que se alarga, y que se centra en presuntas irregularidades en el ayuntamiento de esta ciudad del Garraf. El juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú tiene bajo la lupa a trece personas por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Los agentes han registrado varios departamentos del consistorio y han dejado para el final el Ayuntamiento, donde han subido hasta el despacho de la alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC), y la han detenido.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a Laura Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, casi seis años después de que se iniciara una investigación de origen rocambolesco. Quién sabe si Laura Borràs hubiera acabado en el banquillo de los acusados si una cartera no hubiera depositado un sobre en el buzón que no tocaba.

Ha llegado el día en el que el expresidente del PP Pablo Casado ha comparecido ante el juez investigado por las mentiras que dijo ahora hace unos meses sobre la inmersión lingüística en las escuelas catalanas. En su declaración este lunes en sede judicial, ha admitido que no contrastó las declaraciones que hizo en diciembre del 2021 porque eran unos hechos que salían en los medios de comunicación y consideró que no había que hacerlo. A pesar de todo, ha asegurado que "lo volvería a hacer las veces que hiciera falta" para "defender los derechos fundamentales de todos los españoles".

El Parlament tenía que ser este jueves el escenario donde se escribiera el epitafio de la negociación de los presupuestos catalanes. Todo estaba dispuesto para que el PSC y ERC escenificaran en el pleno de la cámara sus divergencias sobre la B-40 –la autopista que los enfrenta desde hace semanas– y que esta discusión acabara certificando el fracaso de las conversaciones sobre las cuentas. Pero en un giro que ha cogido por sorpresa a todo el mundo, ERC ha anunciado que aceptaba la construcción de esta carretera, un gesto a la desesperada para hacer reflexionar a los socialistas. El PSC ha celebrado el cambio de criterio y se ha abierto a retomar la negociación, pero no se ha movido de su no a las cuentas y mantiene la incógnita de si los aprobará.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció este jueves al atardecer que suprimiría el delito de sedición y modificaría el de desórdenes públicos y lo justificó con la idea de que esto acercaría España a los estándares europeos en este tipo de delitos. Pero ¿cómo se tratan en Europa? Entre los casos que la Moncloa ha estudiado como referencia están el francés, el italiano, el alemán y el belga.

Las descalificaciones de la derecha española contra el catalán y el modelo de inmersión lingüística son recurrentes, pero esta vez podrían tener consecuencias judiciales. Según ha podido saber el ARA, un juez de Barcelona investiga al expresidente del Partido Popular Pablo Casado por un posible delito de injurias –y no descarta uno de calumnias y otro de odio o discriminación– por unas polémicas declaraciones de diciembre del año pasado. Además, lo ha citado a declarar el 30 de enero. Esto es consecuencia de la querella que presentó la Generalitat contra el ya ex líder y que ha sido admitida a trámite después de un buen periplo judicial. Esta vez, las palabras del popular podrían no salirle gratis.

La lucha del independentismo en la esfera internacional está construida a través de múltiples batallas que a veces tienen desenlaces con gusto a victoria y otros con gusto a derrota. Dentro del primer grupo se podría catalogar el último informe del Consejo de Europa titulado La libertad en el discurso político: un imperativo para la democracia. El documento, al que ha tenido acceso el ARA, reclama un "nivel de protección" de este derecho "especialmente elevado para los políticos", también cuando "sus propuestas impliquen cambios en la Constitución" y lleguen a plantear "incluso la independencia".

La posible reforma del delito de sedición entra en su fase decisiva. Tal como están dispuestas las cartas encima de la mesa, ahora mismo hay una oportunidad real para que el PSOE y Esquerra lleguen a un acuerdo, pero no está ni mucho menos garantizado. Según ha publicado el diario El País, el gobierno español estaría dispuesto a reducir a la mitad la pena por este delito. ERC por ahora no dice ni que sí ni que no, pero avisa de que será "muy exigente" con este reforma.