El 29 de mayo de 2021 el ARA publicó este retrato del paso de Valls por Barcelona con motivo de su adiós.

Después de dos años de caída, Barcelona vuelve a ganar población. Según los datos del padrón a 1 de enero de 2023, en la ciudad viven 1.660.435 personas, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año anterior que supone pasar página del bache que representaron los años de la pandemia. De hecho, la cifra de vecinos es ahora la más alta desde 1991 si se deja a un lado el pico del 2020, justo antes de la crisis del covid, que fue el momento récord.

"Hoy gobiernan en minoría gracias a los votos de PP y BComú y en contra de la opinión de la mayoría". "Usted es alcalde por accidente, le votamos como mal menor". Así han recibido, primero Xavier Trias, de Junts, y después Ada Colau, de BComú, el discurso inicial del nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el pleno que da el pistoletazo de salida oficial al curso político: el que aprueba la nueva estructura municipal. Una sesión que ya ha dejado ver a los dos exalcaldes (Trias y Colau) ocupando sendos puestos entre las sillas de la oposición. Ambos han coincidido en la crítica a la ambigüedad inicial del gobierno de Collboni y en pedirle que se posicione de forma clara sobre con quién va a gobernar. Si lo hará, de nuevo, con los comuns, o si buscará el entendimiento con Junts.

Una de las opciones que estuvieron sobre la mesa antes de las últimas elecciones municipales –y sobre todo antes de que Xavier Trias confirmara que intentaría desbancar a Ada Colau– era que el exconseller Santi Vila volviera a la política reconvertido en alcaldable. No terminó pasado, pero Vila sí trabajará para el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado hoy la puesta en marcha de un comité asesor en materia de grandes infraestructuras como puerto o aeropuerto. Santi Vila será su presidente. El nuevo órgano tendrá naturaleza consultiva e integrará a personas expertas en el campo de la infraestructura. "La mirada a corto plazo de ordenar el espacio público es compatible con la de largo plazo para ordenar las infraestructuras", ha dicho Collboni.

Cuando se pregunta a los barceloneses por el principal problema de la ciudad, la respuesta más repetida en los últimos cinco años es la misma: la inseguridad. El gobierno municipal aseguraba, el año pasado, que, aun así, la cifra de delitos que se cometen en la ciudad iba a la baja y que, por tanto, lo que había era una cuestión de percepciones. Sin embargo, los últimos datos sobre hechos delictivos rompen esta dinámica y evidencian un repunte: los delitos han subido un 13,7% durante el primer semestre de este año si se compara con los datos del año pasado. Y los hurtos, que representan uno de cada dos delitos ocurridos en la ciudad, crecen un 17,2%. Se han denunciado 50.116 en seis meses. Es decir, 278 todos los días, 11,6 cada hora. Un día tipo en la ciudad, la policía realiza 72 detenciones (una cifra que va al alza) y 770 identificaciones por diversos motivos. De hecho, durante los primeros seis meses de 2023 se han realizado un 23,2% más de detenciones que el año anterior y un 15% más que en 2019.

Este jueves toma forma el nuevo gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidido por el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni (que ha sido elegido con 83 votos a favor, una abstención, un voto en blanco y uno nulo ) y con los 36 alcaldes metropolitanos en el consejo. Uno de los cambios de la nueva etapa es, como ha podido saber el ARA, que la Agencia de Transparencia, que se puso en marcha en julio del 2015 bajo la presidencia de Ada Colau, dejará de existir como tal. El área estaba dirigida por la abogada Gemma Calvet, que ya ha sido destituida, y su objetivo era implementar políticas de transparencia y de gobierno abierto en la línea de lo que también hacían otras instituciones. Lo de las paredes de cristal.

El gobierno de Jaume Collboni ha presentado este martes lo que no esconde que es uno de los planes que más "ilusión" les hace: el que han bautizado como Pla Endreça, que es la palabra que más ha utilizado el nuevo alcalde estas primeras semanas para defender mejoras en limpieza y seguridad. Éstas son, de hecho, las dos preocupaciones que más volvieron a repetir los barceloneses en la edición de la encuesta de servicios municipales que se presentó el lunes y que marcaba la cifra más alta de vecinos preocupados por la seguridad de los últimos 30 años y cronificaba la suciedad como gran problema. Una situación que el gobierno socialista asegura que es inadmisible si se tienen en cuenta los recursos que se destinan a limpiar (es el mayor contrato de la ciudad) y, por ello, ya amenazó empresas concesionarias con más sanciones.

Si hasta ahora el gobierno de Jaume Collboni ha ido asumiendo el grueso de los proyectos puestos en marcha por el de Colau (como la reforma de la ronda San Antonio o las restricciones a los grupos turísticos en Ciutat Vella), este viernes ha anunciado la primera renuncia. Las damnificadas son las reformas tácticas que debían realizarse en cinco chaflanes de la calle Aragó: los bautizados como ecochaflanes, que eliminaban plazas de coche (y reubicaban contenedores) para ganar espacios de estancia con nuevo mobiliario, jardineras y bancos. El Ayuntamiento ha comunicado que hará sólo uno, de ecochaflán, el de Aragón con Bruc, y que lo hará sin el cuestionado urbanismo táctico. Será, pues, una obra pensada ya para ser definitiva porque los de Collboni creen que así se integrará mejor en su entorno y porque rechazan utilizar urbanismo táctico fuera del contexto de emergencia. Denuncian su elevado coste de mantenimiento y, en algunos casos, los problemas de accesibilidad porque crea nuevas rampas y escalones, y lo avalan con un informe del departamento de Obres i Manteniment del Eixample fechado el 6 de julio.

El cadáver que se encontró el 11 de julio en la playa de Roda de Berà es de una niña argelina de solo ocho meses que viajaba en una patera con sus padres. Habían salido desde Cherchell, en Argelia, el 21 de marzo y naufragaron entre Denia y las islas Baleares, el punto al que tenían previsto llegar. En la embarcación viajaban 15 personas, entre ellas los padres de la criatura. Ninguno sobrevivió.

Uno de los cambios que Barcelona empezó a realizar, el año pasado, con el despliegue de la nueva contrata de limpieza es mover el contenedor marrón para que estuviera junto al trío de recogida selectiva –papel, vidrio y plástico– y no aislado con el gris. La idea era dejar claro que la orgánica es una fracción más de la recogida selectiva e intentar mejorar sus índices. Pero este plan tendrá una excepción: las nuevas calles pacificadas de la superilla del Eixample, como Consell de Cent. Estos días se están reinstalando progresivamente los contenedores que se retiraron para poder realizar las obras, muchos de los cuales se habían trasladado a las calles transversales. Vuelven todos... menos los marrones, que no tendrán espacio en los nuevos ejes verdes. Las superilles no son para los contenedores de orgánica.

Si el 23-J se confirma el triunfo de la derecha en España, las cosas se moverán más rápidamente de lo previsto dentro de las paredes del Ayuntamiento de Barcelona. La capital catalana quedaría convertida en una especie de baluarte progresista y esto podría acelerar la entrada de los comunes en el gobierno que lidera Jaume Collboni, que ahora cuenta con solo los diez concejales que las urnas dieron al PSC. La entrada de los de Ada Colau (con ella o sin ella) en el gobierno municipal es un paso que prácticamente todo el mundo ya da por hecho al Ayuntamiento. Y desde las filas de su partido, algunas voces no esconden que un triunfo de la derecha en las elecciones generales podría ser el "acelerador" para presentar un acuerdo de las fuerzas progresistas en Barcelona lo antes posible. Oficialmente, los comunes insisten en la senda del tripartito, que ya defendían en las negociaciones para la investidura, y explican que no se ha entrado aún a negociar nada. Dan por hecho que Collboni no podrá gobernar solo con diez concejales y llaman a configurar un gobierno de izquierdas lo más amplio posible, que sume también ERC. Y los republicanos dicen que no cierran la puerta a hablar de ello, pero que todavía no han mantenido conversación formal alguna en este sentido.

Si una cosa ha dejado la pandemia en Barcelona, además de calles pacificadas con urbanismo táctico, es un incremento del número de terrazas. En su balance final, el Ayuntamiento cifró en 1.131 las terrazas que habían aparecido o habían crecido durante los años del covid. Este martes la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) se ha armado con una batería de cifras, obtenidas del mismo Ayuntamiento, para denunciar lo que consideran un crecimiento "exponencial y excesivo" y reclamar que el mandato que viene se cambien las reglas del juego con una nueva ordenanza que regule mesas y sillas en la calle. Según su balance, en 2019 en Barcelona había 4.217 permisos de terraza (que ya eran casi el doble de los que había en 2000) y la última cifra ya es de 6.501 licencias. Y esto se traduce en un incremento de más de 11.000 mesas (11.653) en cuatro años hasta situarse en las 30.427. Y, según denuncia el movimiento vecinal, también en un crecimiento más que notorio del espacio público ocupado con mesas y sillas: se pasa de 44.496 metros cuadrados en 2019 a 75.802, un aumento de más del 70%.

"El problema ya no es solo que un ayuntamiento fije como criterio para una contratación que se hagan trabajos sin remunerar, sino que, cuando se les pregunte, defiendan que esto es correcto, que vean bien pedir a alguien que trabaje sin cobrar". Es la queja que hace llegar un lector, indignado con las bases del contrato menor con concurrencia que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir los servicios de un fotógrafo para el área de Seguridad y Prevención, la que capitanea Albert Batlle (PSC). Según se establece, lo que se valora es, con 70 de los 100 puntos posibles, que el licitador ofrezca el precio más ajustado sin que llegue a ser anormalmente bajo. Y los 30 puntos restantes se obtienen solo si los candidatos se prestan a hacer más trabajos fuera del contrato... y sin ninguna remuneración.

En 2008, en época del alcalde Jordi Hereu, Barcelona ya decidió que tenía que poner freno a la proliferación de tiendas de souvenirs en el centro de la ciudad. Las camisetas con mensajes que intentan ser graciosos sobre la ciudad, las flamencas, los trencadissos y los sombreros de mexicano ya se habían ido de madre. Entonces, había 56 establecimientos autorizados para vender objetos de recuerdo (la mayoría, muy tronados) en toda Ciutat Vella, y el Ayuntamiento aprobó un plan especial que blindaba esta cifra. La regulación, endurecida en 2018, también establece que el resto de comercios, aunque no sean de souvenirs como tal, pueden tener como máximo el 20% de su espacio destinado a estos productos a condición de que esta parte de la oferta, que no es la principal de la tienda, esté agrupada y no visible desde la calle. Los incumplimientos de la norma, que después se fue extendiendo a otros puntos de la ciudad, fueron flagrantes desde el mismo momento de la puesta en marcha. Al año siguiente ya había una treintena de tiendas con expedientes abiertos en el centro. Y se han hecho todavía más evidentes ahora, cuando la sangría de la pandemia y la falta de turistas han dejado muchas persianas bajadas en el Barrio Gótico, locales que en muchos casos han reabierto con oferta enfocada al turista. Más souvenirs. Solo hay que dar un paseo por calles como Ferran para comprobarlo.

Veinticinco años después de firmar su acuerdo de hermanamiento con la ciudad israelí de Tel-Aviv, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido que es momento de pararlo. La alcaldesa Ada Colau ha anunciado esta decisión, así como la suspensión temporal de todas las relaciones entre la ciudad y el estado de Israel. Ya ha mandado una carta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que le comunica la medida como repulsa a la política de "persecución" y "apartheid" hacia el pueblo palestino. Unas horas después ha llegado la respuesta del ministerio de Exteriores de Israel: el portavoz del departamento, Lior Haiat, ha afirmado que la decisión de Colau "es un refuerzo para extremistas, grupos terroristas y antisemitas".

"Ahora tengo muy claro que votaría que no en un referéndum". Así de contundente ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando le han preguntado en una entrevista en Ràdio 4 por su visión sobre el Procés. Colau ha dicho que es "absolutamente legítimo" que se plantee un referéndum pactado para decidir el futuro de Catalunya y ha añadido que se tendría que hacer con "condiciones y consenso". Y ha avanzado que ella votaría en contra porque cree que se tiene que avanzar hacia un mundo con menos fronteras y porque, ha dicho, sabe que "no habría reconocimiento internacional".

En abril de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un plan que permitía aplicar criterios urbanísticos para, en la práctica, impedir que abrieran nuevos locales de juego y apuestas en la ciudad. El objetivo era hacer más restrictivas las normas del Govern, que es quien otorga las licencias y que ya tenía un tope fijado para estas actividades en el conjunto del país, y garantizar que, a partir de entonces, la cifra de 51 establecimientos de este tipo que hay en la ciudad (35 salones de juego, 15 bingos y 1 casino) se mantuviera e, incluso, tendiera a la baja. Se estipulaba que no podría abrir ninguna sala de juego a menos de 800 metros de cualquier centro educativo, ni a 450 metros de equipaciones como centros de salud o bibliotecas.

"No sabemos quién los coloca, pero los retiramos y los vuelven a colocar". Es la explicación que dan desde el Ayuntamiento de Barcelona a la proliferación, estas últimas semanas, de carteles que señalan atractivos turísticos del centro de la ciudad con el nombre escrito en castellano. Desde Arco de Triunfo a Mercado de Santa Catalina o Ramblas de Cataluña (escrito así, en plural). El nombre de la parada de metro de Jaume I, eso sí, aparece en catalán. Pero algunos contienen puntos polémicos más allá de la lengua, que no es el catalán como en los carteles que instala el Ayuntamiento: alguno, como se ha denunciado en las redes, señala el camino para llegar al Museu Picasso y lo acompaña con un dibujo de Miró, que también podría guiar hacia la Rambla a pesar de que el cartel especifica que se refiere la Rambla de Catalunya... ¿Por qué? Ahora mismo, no lo sabe nadie. O solo el autor o autores de la propuesta.

La crisis en el grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona se hizo evidente la semana pasada, cuando uno de los tres concejales que mantiene la formación naranja en el Ayuntamiento, Paco Sierra, presentó un escrito al consistorio proclamándose líder de grupo. Una posición que entonces ocupaba Luz Guilarte, que era, además, la candidata confirmada para las elecciones municipales del año que viene. Sierra hizo el movimiento con suficiente mayoría para que rigiera, porque tenía el apoyo de la concejala Noemí Martín, que es quien apenas hace unos días ha cogido el relevo de Celestino Corbacho en la formación. Representaban, por lo tanto, la mayoría: dos de tres concejales que tiene ahora el grupo municipal. Y esto hizo que el Ayuntamiento aceptara el cambio de nombre. La comunicación aportada por el concejal Paco Sierra presentaba "una más que apariencia de responder a la voluntad mayoritaria del grupo", según la secretaría general del Ayuntamiento. Pero Ciudadanos emitió un comunicado dejando claro que no compartía el movimiento y que había decidido expulsar a Sierra. Y el proceso de expulsión sigue abierto.

El gran reto de Barcelona en materia de movilidad exige conseguir que, en poco más de un año, uno de cada cuatro desplazamientos que en 2018 se hacían en coche o moto pasen a hacerse con medios de transporte sostenible. Sea en bici, andando o en transporte público. Esto supondría eliminar medio millón de trayectos diarios con vehículo privado. Las cifras no son nuevas, porque el Ayuntamiento de Barcelona ya presentó su propuesta de Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2024 ahora hace dos años, pero entonces había que abrirlo al debate con las entidades que forman parte del Pacto para la Movilidad. Y esto es lo que ha culminado ahora, cuando el documento ha incluido el 84% de las alegaciones presentadas (374), según remarca el gobierno municipal, que este martes lo llevó a trámite en comisión y que confía en aprobarlo en el pleno de finales de mes.