La guerra en Irán ha vuelto a poner la inflación en el centro del debate económico. Como ya ocurrió con la invasión de Ucrania, el repunte de los precios energéticos empieza a trasladarse al resto de la economía y vuelve a tensionar el coste de la vida. La OCDE anunciaba esta semana un aumento de la inflación alrededor del 3% para este 2026.

Hace unos días, en la presentación de la Nota de Economía de la Generalitat dedicada a la prosperidad compartida, el economista Branko Milanovic recordó una idea que ayuda a entender muchas de las tensiones políticas que vivimos en Occidente. Hace años que hablamos de polarización, desconfianza en las instituciones o crisis de las democracias liberales. Pero a menudo nos cuesta conectar estos fenómenos con los cambios económicos que han marcado el mundo en los últimos años.

La prestación universal por hijo/a ha vuelto al centro del debate público. La discusión se ha centrado sobre todo en el coste y la viabilidad presupuestaria. Pero mientras miramos a los números hay un dato que no se mueve: en Catalunya, más de uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o de exclusión social. Ante esto, quizá la cuestión no sea sólo si es necesaria o no una nueva prestación, sino ver qué modelo de apoyo público a la crianza tenemos, y para quien sirve.

A raíz de Groenlandia, Ucrania y el futuro de la OTAN, estos días se habla mucho de las diferencias en política exterior entre Estados Unidos y Europa. Pero no podemos pasar por alto la brecha cada vez mayor que existe en política interna. A principios de año, la fundación Heritage, uno de losthink tanksmás influyentes de EE.UU., publicaba uninforme para "salvar a América salvando a la familia", mientras la administración Trump anunciaba la congelación temporal de los fondos federales destinados a servicios para niños y ayudas a familias. El tiempo y el coste de tener hijos se presentan como una responsabilidad que se resuelve principalmente dentro de los hogares, a menudo a cargo de las mujeres, con una presencia cada vez más reducida del soporte público.

Estamos viviendo un comienzo de año paradójico. La política -especialmente la internacional- es cada vez más inestable: conflictos abiertos, alianzas difusas y decisiones que tensionan el orden global. También a nivel nacional, la fragilidad parlamentaria y la ausencia de presupuestos dificultan cualquier reforma relevante. Y, sin embargo, la economía parece avanzar con una sorprendente calma. Los mercados se mantienen estables y el crecimiento, tanto en Estados Unidos como en Cataluña y España, ha superado muchas previsiones.

Es muy difícil que te toque el Grossa, pero muy fácil que tengas una discusión política en Nochebuena. Concretamente, tienes una probabilidad de un 20% de tener una discusión "fuerte" sobre política, según elAtlas de la Polarización 2025 de la organización More in Common. El panorama de división social que emerge de ésta y otras investigaciones es preocupante. Una de cada cuatro personas del Estado se ha sentido "atacada o fuertemente criticada" por expresar sus opiniones en público.

Nunca habíamos tenido tanta información al alcance, tantos datos para entender el mundo y tantas herramientas para contrastarla. Y, sin embargo, nunca había sido tan fácil perderse entre noticias falsas, titulares tendenciosos y medias verdades. Esa misma contradicción se ha instalado también en el debate público: nunca se había producido y utilizado tanta evidencia para orientar las políticas y, al mismo tiempo, nunca los políticos habían estado tan polarizados y tan poco dispuestos a escuchar lo que dicen los datos.

Hace dos años ya nos pasó con el aceite. El año pasado con el chocolate. Y ahora nos pasa con los huevos. Con cada viaje al supermercado, una sensación repetida: los productos más básicos de nuestra compra cada vez cuestan más. El precio de los huevos ha subido más de un 20% en un año, y en algunos supermercados la docena supera ya los 5,4 euros –hasta 6,5 euros en el caso de los ecológicos–. Cuando un producto tan elemental como los huevos se convierte en tema de debate en el Congreso, sabemos que algo pasa.

En 2019 terminé un máster en economía en Londres. Poco antes de graduarme, representantes del gobierno británico visitaron la universidad para presentar su programa de acceso rápido al servicio civil (Fast Stream). Era una salida profesional atractiva para jóvenes economistas interesados en la política pública: un proceso de acceso muy competitivo, pero ágil y basado en competencias, con pruebas digitales, incorporación al año siguiente, salario de entrada y rotaciones entre ministerios mientras te formabas para desempeñar tareas de liderazgo y gestión pública.

Tres años después de la reforma que debía poner orden al régimen de los autónomos, el gobierno español vuelve a tropezar con la misma piedra: el malestar de un colectivo que se siente despreciado. La propuesta de aumentar las cuotas en los próximos tres años ha durado poco.

Cataluña crece. El PIB avanza a un ritmo superior al de la mayoría de países europeos y el empleo se ha recuperado con fuerza después de los años de crisis. Pero ese dinamismo no llega a todo el mundo: cada año son más los hogares catalanes que tienen dificultades para llegar a fin de mes –hoy en día ya son uno de cada diez–. Los salarios han subido, sí, pero más lo ha hecho el coste de la vida. Mientras la economía se expande, el poder adquisitivo de buena parte de la población se estanca. Y ese desajuste explica por qué, pese a crecer, no vivimos mejor. Pero esta realidad no es igual para todos. Mientras una parte de la población ve cómo su salario pierde capacidad de compra, otra sigue acumulando rentas y beneficios. El último informe de la CNMV es un buen ejemplo de ello: los cargos directivos de las empresas de el Ibex cobran 55 veces más que sus empleados. Esta brecha creciente no sólo es síntoma de la desigualdad: pone en cuestión cómo se reparten los beneficios del crecimiento. El verdadero reto no es crecer más, sino crecer con equidad.

Siempre hemos oído que en Barcelona no se puede construir más. Por un lado, el Besòs y el Llobregat; por el otro, Collserola y el mar Mediterráneo. Un ejemplo clarísimo de la ley de la oferta y la demanda que se explica en cualquier primer curso de economía: cada vez más gente quiere vivir en la ciudad, pero no hay suelo para edificar. Pero no es solo Barcelona. Ni solo la presión turística o los pisos de Airbnb. El problema es más profundo: no tenemos suficientes viviendas disponibles y cada vez son más caras.

Pocas cuestiones generan hoy tanta unanimidad como la dificultad para acceder a una vivienda. Es una queja que aparece en la calle, en las comidas familiares o en los encuentros entre amigos, y que este verano confirmaba el último barómetro del CEO. Desde el pasado año es la principal preocupación en Catalunya, por delante del descontento con la política, la inmigración o la inseguridad. Y nueve de cada diez personas aseguran que encontrar un hogar adecuado a sus necesidades es una tarea muy complicada.

Lo peor que puede ocurrir con una ayuda pública es que no llegue a quien debe llegar y que, en los que sí les llega, no tenga los resultados deseados. La última evaluación de el Airef sobre el ingreso mínimo vital (IMV) se publica con esa doble advertencia: la prestación no llega a quien más la necesita y, cuando lo hace, puede generar efectos no deseados. Sólo reciben el IMV la mitad de las familias que podrían tenerlo, y reduce la probabilidad de trabajar de quienes lo reciben. Sin embargo, no es un fracaso inevitable, sino una oportunidad de repensar el diseño –y la función– de la política del IMV. Si queremos que sea una herramienta útil contra la pobreza, es necesario redefinirla con más inteligencia y confianza en la ciudadanía.

Hace días que Catalunya arde. El asfalto hierve en las ciudades, los pisos se ahogan en los barrios más densos y en muchos pueblos la sombra es un lujo escaso. La ola de calor no da tregua, rozamos temperaturas récord día tras día. Pero no todo el mundo la vive igual. Para algunos, es una molestia; para otros, una amenaza.

"Debemos continuar, y lo haremos". Así de contundente respondía Pedro Sánchez al ser preguntado por el caso Koldo y la crisis de confianza que sacude a su gobierno. Continuar puede ser suficiente para el PSOE, pero no lo es para un sistema que, si no cambia, permite que tramas como ésta sean posibles. El informe de la UCO revela cómo Ábalos, Cerdán y Koldo supuestamente buscaron "modificar el sistema de pujas", "tener más control" de los interventores y manipular el proceso técnico para que operadores afines ganaran con puntuaciones hinchadas. Y todo esto no lo sabemos porque lo haya detectado ninguno de los múltiples organismos anticorrupción existentes en España –ni oficinas de integridad, ni agencias de transparencia, ni tribunales de control interno (tenemos tantas y tantas)–, sino una investigación judicial que ha requerido meses de trabajo policial y pruebas tan claras como las conversaciones grabadas entre los mismos implicados.

Los últimos datos del mercado laboral han vuelto a superar expectativas y confirman una tendencia sorprendente: la economía catalana y la española mantienen el pulso en un contexto europeo de enfriamiento. En las últimas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) el organismo internacional destacaba a la española como la única gran economía que mejora hasta un 2,5% en 2025. El Airef y elOCDESin embargo, advierten que las repercusiones de la política de Trump –y la incertidumbre que genera– pueden reducir este crecimiento, pero nunca por debajo del 2,3%.

Más de 460.000 niños y niñas catalanes viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, uno de cada tres. la economía no deja de crecer –por encima de la española y la europea– y con una tasa de paro tan baja como no la veíamos desde antes de la crisis financiera de 2008.

Los aranceles son una tentación muy americana que siempre ha terminado mal. Por lo menos, cuando se aplican de forma masiva. Como señala el Financial Times, en 1828 los llamados aranceles de la abominación, para proteger a la industria manufacturera del Norte, estuvieron a punto de llevar a la secesión de Carolina del Sur. En los años 30 del siglo pasado, los aranceles de una administración americana que claramente no los necesitaba para proteger a unas empresas competitivas –como las de hoy en día– agravaron la Gran Depresión.

En abril del 2020, poco después del estallido de la pandemia, 159 millones de hogares americanos recibieron un cheque de 1.200 dólares (más 500 por cada niño). Esta medida, conocida como pagos de impacto económico o cheques de estímulo, se repitió en diciembre de 2020 y marzo de 2021. En pocos días, el gobierno de Trump logró llegar a una gran mayoría de ciudadanos americanos. Y los primeros en recibir la ayuda fueron aquellos que ya tenían su información fiscal registrada porque habían presentado la declaración de la renta en años anteriores. El ingreso fue directo a sus cuentas bancarias. Una medida ágil que proporcionó a millones de familias un pequeño respiro económico en un momento de máxima emergencia.