El jueves el ARA abría en portada: “La expectativa de un final rápido de la guerra anima los mercados”. Efectivamente, el miércoles el Ibex-35 había subido un 3,16% porque se había extendido la convicción de que la guerra acabaría pronto. Sin embargo, el mismo jueves el índice perdía parte de las ganancias del día anterior. Es tanto como decir que las bolsas –o sea, los financieros– no tienen las ideas claras sobre cómo impactará la guerra sobre la economía. Desde la caída de la primera bomba, el Ibex-35, igual que el Dow Jones norteamericano, solo ha caído un 5%. Para que nos hagamos una idea de lo que hace la bolsa cuando empieza una crisis de verdad, a finales de 2007, y en pocas semanas, el Ibex-35 cayó un 33%, y no empezó a recuperarse hasta siete años después. En contraste con el desconcierto de los financieros, los ingenieros muestran un sólido pesimismo. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado un decálogo de medidas que sugiere que adopten los gobiernos para ahorrar energía, y el comisario de la Unión Europea ha enviado una carta a los gobiernos sugiriendo, entre otras cosas, racionar la gasolina, fomentar el teletrabajo e incluso prohibir la circulación de vehículos privados los domingos (una medida en vigor durante la crisis energética de los años 70). El fundamento de esta visión es que las infraestructuras energéticas del golfo Pérsico han sido tan dañadas que, aunque la guerra acabara hoy, el suministro no podría recuperar la normalidad hasta dentro de unos cuantos meses.En este contexto, es interesante comparar la respuesta del gobierno español a la del chino. El primero ha reaccionado bajando el IVA que grava a los combustibles, que ha pasado del 21% al 10%. Esto ha hecho que, a pesar de que el precio de la gasolina ha subido un 15%, el consumidor solo percibe un aumento del 4%. En cambio, el gobierno chino subió los precios un 13% el pasado día 23. El primero, implícitamente optimista, trata de ganar tiempo, mientras que el segundo –prudente– prepara a su población para lo peor, y prefiere que comience a ahorrar combustible desde el primer momento.

El bien más preciado de cualquier sociedad es su cohesión y, por el contrario, la peor amenaza es la fractura. El debate sobre la inmigración, que empezamos a empezar, debe centrarse, pues, en esta cuestión.

"La burguesía catalana siempre ha casado a sus hijas con vinos de La Rioja", se me lamentaba, hace muchos años, Miquel Torres. Efectivamente, Cataluña producía enormes cantidades de vino, pero de calidad mediocre. Los vinos del Priorat, por ejemplo, se compraban al por mayor para mezclarlos con otros vinos o directamente con gaseosa. La situación ha cambiado de forma espectacular, pero no por casualidad. Ya el primer gobierno Pujol creó un instituto dedicado en exclusiva a mejorar la situación y creó una escuela de viticultura y enología. Después vendrían las cátedras, las denominaciones de origen y los esfuerzos de un enorme número de empresarios, periodistas y restauradores unidos por la voluntad de crear vinos de calidad.

El pasado martes, el presidente Illa, entrevistado en TV3, se manifestaba sobre el acuerdo de financiación autonómica al que han llegado el gobierno central y ERC en los siguientes términos: "¿Es un buen acuerdo para Catalunya? ¡No, buenísimo!"

El intenso proceso inmigratorio que España está experimentando desde que se inició el siglo XXI está definiendo tres realidades territoriales claramente diferenciadas:

En las últimas dos semanas se han publicado un buen número de opiniones sobre la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y PSOE. Muchas de estas opiniones se han referido al principio de ordinalidad, y creo que una aclaración es oportuna.

El viernes, la vicepresidenta del gobierno español presentó públicamente la propuesta del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Fuera de Catalunya, la propuesta ha suscitado una furibunda oposición por parte del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, en ambos casos porque consideran que no sólo favorece excesivamente a Catalunya, sino que supone una ruptura del sistema de solidaridad que debe garantizar el Estado, y que lo hace porque el presidente Sánchez ha cedido al chantaje de ERC. Dentro de Catalunya, son bastantes las voces –Juntos y la patronal Foment, entre ellas– que le denuncian por el contrario, añadiendo que consideran que queda corto respecto a los compromisos adquiridos por el PSOE y por el PSC en los pactos de investidura. ¿Quién tiene razón?

La semana pasada fui llamado al Parlamento para dar mi opinión sobre un proyecto de ley, actualmente en trámite, que modificaría la ley del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET). Quisiera compartirla con los lectores, pero para ello tengo que realizar un rápido diagnóstico de nuestro turismo.

El pasado día 5, el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, propuso a la sociedad española un pacto social en favor de la inmigración evitando el carácter ideológico y partidista que caracteriza al debate y centrándolo en los efectos económicos que está teniendo la evolución demográfica.

Hace cuatro semanas publiqué un artículo en el que ponía de manifiesto que la inmigración poco remunerada –la que atraen nuestro turismo, nuestra agricultura y nuestros servicios de atención personal– socava el estado del bienestar, dado que los impuestos y contribuciones sociales que estas personas soportan son inferiores al coste de los servicios que recibirán a lo largo de su vida.

El Govern acaba de aprobar una muy genérica "Estrategia Ferroviaria de Catalunya", lo que da pie a un comentario sobre los retos que afrontamos, que por razón de espacio restringiré al transporte de pasajeros.

Una de las lecciones de economía que más provecho me han hecho la recibí de uno de los economistas más importantes del siglo XX, Paul Samuelson. Explicaba que la economía funciona como una nevera de refrescos que consistiría en un tubo abierto por ambos extremos; por uno se introduciría una botella tibia, y la presión haría emerger por el extremo contrario una botella fría. La idea es simple: que es necesario invertir recursos para poder obtener resultados. Hasta ahí, todo muy evidente. ¿Pero qué ocurre cuando un "populista" (era su expresión) dice que no es necesario introducir ningún refresco, sino que basta meter la mano dentro del tubo para extraer una botella fría? Y cuando ésta se acabe, volver a repetir la operación una y otra vez. En la medida en que el auditorio esté dispuesto a cerrar los ojos a la realidad (y siempre hay muchos dispuestos a hacerlo), el populista triunfará políticamente. El problema es que cuando su mandato acabe los que queden tendrán que introducir muchas botellas antes de poder extraer ninguna.

Hasta hace poco en Catalunya había un consenso político favorable a la inmigración. Por parte de la derecha, porque la inmigración proporciona una mano de obra —en casa, en el campo y en la fábrica— en ausencia de la cual habría que subir salarios, o proceder a una costosa automatización de procesos, o cerrar. Por parte de la izquierda, en aras de la solidaridad y de la historia de la clase trabajadora durante el siglo XX.

"Hacer país se hace así", tuiteaba el conseller de Presidencia inmediatamente después de que se hiciera pública la noticia del fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell. Sin duda, el desenlace es positivo para Catalunya, y también sin duda la política ha tenido mucho que ver en ello.

El pasado martes, el INE hizo públicas las primeras estimaciones sobre las cifras macroeconómicas de las comunidades autónomas correspondientes al año 2024. El ARA del día siguiente dedicaba a ello dos piezas: el editorial (del que he tomado el título de este artículo) y otra dentro de las páginas de Economía. En el primero, muy acertadamente, se destacaba que el crecimiento del PIB —que mide el tamaño de la economía— no es tan importante como el del PIB per cápita —que divide el PIB entre la población y mide, por lo tanto, la prosperidad material. En lenguaje llano: el PIB es cuánto producimos entre todos; el PIB per cápita, a cuánto tocamos. Obviamente, lo importante es el segundo.

Las negociaciones sobre la financiación singular y las noticias sobre otras referidas a la participación de la Generalitat en la gestión de Aena hacen oportuna una reflexión sobre la relación de los catalanes con España.

"Solo vamos a superar la división en Europa si la voluntad de cambio recibe un amplio apoyo democrático. Las decisiones a las que nos enfrentamos son demasiado importantes como para ser resueltas con soluciones tecnocráticas"

"Atribuir el reciente dinamismo económico de Madrid en relación a Cataluña a su condición de capital plantea varios problemas: 1) Cataluña fue más dinámica que Madrid durante el franquismo (…) 2) Durante las primeras décadas de democracia (1978–2000), Cataluña mantuvo un dinamismo comparable al de Madrid. 3) El retroceso relativo de Cataluña empieza en los años 2000 y se acelera a partir de 2012. (…) Cualquier explicación, por tanto, debe centrarse en lo que cambia en 2000 y, sobre todo, en 2012. (…)"

"Nunca segundas partes fueron buenas"