El Informe Fénix —del cual soy coautor— ha conseguido generar debate. No tanto como querríamos, pero sí más de lo que esperábamos. En este artículo querría responder algunas de las críticas que está recibiendo de manera más recurrente.1. El PIB per cápita no es (tan) importante. Algunos autores han sugerido que el hecho de que un sector productivo crezca a base de atraer una gran cantidad de inmigrantes pagándoles poco reduce las medias de productividad (del trabajo, por hora trabajada) y de renta, pero que esto no implica necesariamente ningún perjuicio para el resto. Andreu Mas-Colell, por ejemplo, escribía en el ARA: “Hago constar que esto no significa necesariamente empobrecimiento, ni para los autóctonos ni evidentemente para los inmigrantes”. Xavier Sala i Martín ha sugerido lo mismo enfatizando que el PIB per cápita es una media, y que, por tanto, puede bajar sin que la situación de muchos se vea afectada. Este argumento olvida un efecto que todo el mundo puede observar: el impacto del aumento de la población sobre el acceso a la vivienda y a los servicios públicos: “Si yo soy pobre pero el inmigrante lo es más, me quita la beca comedor”. Cuando tenemos en cuenta estos impactos, me temo que el crecimiento de los sectores poco productivos sí que comporta —necesariamente— un empobrecimiento muy general. (Más técnicamente, la crítica también olvida el efecto Balassa-Samuelson, de acuerdo con el cual los salarios de la mayor parte de los sectores de la economía dependen de los salarios en los sectores exportadores, pero este es un argumento para economistas académicos.)2. El derrotismo. Francesc Reguant ha destacado el tono delInforme: “querría expresar mi sorpresa sobre el tono extraordinariamente negativo del informe [...] Esta visión catastrofista es claramente exagerada e imprudente”.

El 1 de noviembre de 2010 Mas ganó las elecciones al Parlament de Catalunya con suficiente contundencia para gobernar. Al día siguiente, el ARA dedicaba su portada a "la agenda del nuevo presidente": 1) Adelgazar la administración, 2) Suprimir el impuesto de sucesiones, 3) Renegociar la deuda de la Generalitat, 4) Refer y acabar el Cuarto Cinturón, 5) Eliminar los 80 km/h. En el lenguaje popular distinguimos entre los políticos que pretenden cambiar el mundo y los que se quieren limitar a “gestionar”. Para entendernos, los primeros quieren aprobar el matrimonio homosexual y los segundos que los trenes lleguen a la hora; los primeros quieren cambiar el sistema educativo y los segundos que el curso comience en la fecha prevista y con las plantillas al completo. Mas se presentaba como un gestor que pondría orden después de los dos tripartitos de izquierdas que se habrían caracterizado por decisiones que frenaban el país. También consideraba –muy en línea con una ideología neoliberal que gozaba de mejor salud que en la actualidad– que las cuentas de la Generalitat podrían equilibrarse a base de recortar gastos innecesarios.Mas fracasó, no hace falta decirlo: quince años después, la administración catalana no se ha adelgazado, tanto el impuesto de sucesiones como los 80 km/h en los accesos de Barcelona siguen en vigor, el Cuarto Cinturón sigue en obras y estamos pendientes de la condonación de un 15% de la deuda del FLA. El malestar lo devoró, y acabó liderando un movimiento independentista en el que no creía. Un movimiento que –hay que recordarlo– empezó con un caos del servicio de Cercanías, cinco años antes del inicio del Procés.

La población catalana ha pasado de 6,2 millones en 2000 a 8,2 en 2026. Se trata de un crecimiento extraordinario en el contexto europeo que ha puesto contra las cuerdas el acceso a la vivienda y la escuela; en el primer caso por el aumento de la demanda, y en el segundo por la súbita alteración de la composición cultural del alumnado. No se trata de un cambio completamente imprevisto, ya que en el año 2002 el Idescat hizo públicas unas proyecciones cuyo escenario “medio-alto” ha resultado sorprendentemente acertado, pero también es cierto que aquel dato se situaba entre un “escenario bajo” de 6,7 millones y un “escenario alto” de 8,9.La última proyección del Idescat –publicada en 2024– dice que la población catalana se situará en 2050 entre los 8,1 y 9,9 millones. Se trata de un rango muy amplio, ya que equivale a decir que la población tanto puede iniciar el declive como continuar creciendo muy rápidamente. En este contexto, el documento Proencat, que es el que guía la política de descarbonización, prevé que se situará en los 8,6 millones, por debajo del “escenario medio” del Idescat.No obstante esto, y por las razones que sean, lo que ha hecho fortuna es predecir que Cataluña alcanzará los 10 millones de habitantes de aquí a 25 años. La consejera Sílvia Paneque (“Cataluña pronto tendrá 10 millones”) y la diputada Elena Díaz (“La Cataluña de los 10 millones no es inviable”) han hecho referencia a ello reiteradamente; el presidente Illa también lo ha hecho, aunque de manera más cauta. El diputado David Cid, de Catalunya en Comú, se ha referido a ello como un escenario no solo probable sino deseable (“Somos 8 millones, y si somos 10, mejor”). En cambio, Oriol Junqueras lo ha considerado un escenario menos atractivo (“La prioridad no es ser 10 millones”).Resulta claro que lo más importante que ha pasado en Cataluña en los últimos 25 años es el crecimiento demográfico; mucho más que el Procés independentista, por poner un ejemplo. Obviamente, si en 2050 Cataluña tiene alrededor de 10 millones de habitantes, el crecimiento demográfico volverá a ser lo más importante que habrá pasado. En consecuencia, prepararse para ello (como proponen Illa, Paneque o Díaz) está más que justificado.

En los últimos meses he formado parte de un equipo de economistas que hemos estado reflexionando sobre la evolución de la economía catalana y sus perspectivas. Nos hemos centrado en el concepto de salarios “altamente subvencionados”. Consideramos que lo son aquellos que no permiten que el trabajador contribuya –vía impuestos y contribuciones sociales– a pagar ni siquiera aquellos servicios públicos que consumirá directamente a lo largo de su vida (sin incluir los muchos de que disfrutará indirectamente). Hemos calculado que este límite se situaba, el año 2023, en 27.500 € brutos, que el año 2026 equivaldrían a 30.000 €.Dado que la sociedad debe complementar el coste de los servicios de los que se benefician estos trabajadores, por un lado se deduce que el empresario los remunera por debajo de su coste, y, por otro, que el cliente final se beneficia de una subvención encubierta, ya que no paga el coste completo del servicio que recibe.Todas las sociedades que gozan de un sistema fiscal progresivo y de un estado del bienestar potente tienen muchos trabajadores que cobran por debajo del nivel que hemos definido. Esta no es, pues, la cuestión. Lo que nos ha interesado es la existencia de sectores que cumplen tres condiciones.La primera, que no solo ocupen trabajadores “altamente subvencionados”, sino que la media salarial se sitúe por debajo de aquel nivel, porque es como si todos sus trabajadores lo fueran. En este caso hablamos de actividades “altamente subvencionadas” y consideramos que la sociedad se ha de plantear si han de existir o si han de remunerar tan poco a sus trabajadores.La segunda, que sean muy creadores de empleo. El sector primario, por ejemplo, es un sector “altamente subvencionado”, pero no está creando puestos de trabajo, y, además, tiene el valor social adicional de combatir la desertización del territorio.La tercera, que el beneficiario último sea un no residente, porque esto significa que la subvención va de los contribuyentes a personas que no lo son, de manera que el país se empobrece a través de unas exportaciones que, en el fondo, se venden por debajo de su coste.Desafortunadamente, una buena parte del crecimiento catalán de los últimos 25 años ha sido protagonizado por actividades económicas que cumplen estas tres características. Este protagonismo es el que explica por qué el enorme crecimiento de la economía catalana de los últimos 25 años –no excepcional en el marco español, pero sí en el europeo– no se ha traducido en un bienestar más elevado para el catalán medio, sino, por un lado, en un flujo inmigratorio que presiona el mercado de la vivienda y satura los servicios públicos, y, por otro lado, en el estancamiento de los salarios.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 representa una ruptura con el anterior y, en general, con la tradición de la política española de promoción de vivienda asequible. Los volantazos suelen responder al desconcierto, pero es que, además, este cambio en concreto no ha gustado al socio minoritario del gobierno español –Sumar–, que apuesta por una tercera vía diferente. ¿Podemos arrojar un poco de luz a la oscuridad?Tradicionalmente, la política había consistido en la ayuda al promotor facilitándole y bonificándole la financiación, pero el Plan 2022-2025, mucho más agresivo, partía del principio de que el problema era el precio y la incapacidad de muchas familias modestas para hacerle frente. En consecuencia el centro pasó a ser la ayuda al inquilino: 40% del alquiler en el caso de familias con ingresos bajos; 250€ mensuales a los menores de 35 años durante dos años; hasta el 100% del alquiler a colectivos vulnerables (víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc).Este enfoque no podía sino fracasar, porque si el problema es que falta vivienda, ayudar a unas familias a acceder a lo poco que hay no hace sino trasladar el problema a otras, que ahora se quedarán sin. El Plan 2026-2030 parte del principio –mucho más sensato– de que el problema es de falta de oferta, y, por tanto, lo que hace es crear un incentivo para que los promotores privados construyan. El incentivo es generoso: una subvención de entre 85.000 y 110.000 euros por vivienda. Teniendo en cuenta que el coste de construcción ronda los 1.200 €/m², la subvención equivale a la totalidad del coste de una vivienda de 80 o 90 m², de manera que para que al promotor le salgan los números solo hace falta que el alquiler cubra el coste del solar. Este enfoque funcionará porque impulsará la construcción, pero tiene dos problemas. Antes de abordarlos, sin embargo, hay que examinar por qué no gusta a Sumar y qué es lo que prefiere este partido.A Sumar no le gusta que se pongan dinero del contribuyente en los bolsillos de empresas privadas. Es una inquietud comprensible, pero ya hemos visto por qué no puede funcionar –de hecho, por qué no ha funcionado– ponerlo en los bolsillos de los particulares más necesitados. Consciente de este problema, Sumar apuesta por la lucha contra la especulación; es decir, contra quienes cobran alquileres altos, y de ahí la insistencia en la congelación de alquileres y en las limitaciones a los “grandes tenedores”. Después hablaremos de los especuladores, pero ahora lo que importa es que este enfoque tiene exactamente las mismas limitaciones que la ayuda directa a los inquilinos más desfavorecidos: en el caso de la congelación, por ejemplo, ayuda a los que ya tienen un contrato, pero no ayuda nada a los que no tienen ninguno.Si dejamos de lado la estética, pues, el Plan 2026-2030 está mejor enfocado que las alternativas: impulsará la construcción, que es lo que hay que hacer ahora. Otra cosa es que también resulte del todo oportuno limitar los beneficios extraordinarios que están obteniendo los propietarios a causa de una situación de escasez. No estamos hablando de la retribución que un mercado idealizado concede al esfuerzo o al riesgo, sino de una retribución inmerecida y estéril que proviene exclusivamente de la suerte. Ahora bien, ya he avanzado que el esquema tiene dos problemas. Lo primero es que –más pronto que tarde– la totalidad de las ayudas serán capturadas por los propietarios de los solares vía aumento de su precio. Es un mecanismo que la mayor parte de los economistas académicos ignoran, pero que fue descrito con precisión por los padres de su disciplina –Adam Smith y David Ricardo– hace más de 200 años. Mientras los solares sean escasos, todas las ayudas acabarán en los bolsillos de sus propietarios.Esto nos lleva al segundo problema, que no es sino el crecimiento de la demanda. Está bien impulsar la construcción, porque es lo que ahora hace falta, pero sin olvidar cuál es el origen del problema, que no es sino una inmigración exageradamente elevada, una irresponsable apuesta por el turismo urbano y una política exitosa de captación de estudiantes extranjeros por parte de centros educativos públicos y privados.

En un artículo anterior argumenté que es imperioso reducir el ritmo de nuestra inmigración si queremos salvar la cohesión social, dado que su impacto sobre la vivienda y sobre la escuela está siendo devastador. No son los únicos servicios públicos e infraestructuras que están bajo presión, pero sí los más críticos.

El jueves el ARA abría en portada: “La expectativa de un final rápido de la guerra anima los mercados”. Efectivamente, el miércoles el Ibex-35 había subido un 3,16% porque se había extendido la convicción de que la guerra acabaría pronto. Sin embargo, el mismo jueves el índice perdía parte de las ganancias del día anterior. Es tanto como decir que las bolsas –o sea, los financieros– no tienen las ideas claras sobre cómo impactará la guerra sobre la economía. Desde la caída de la primera bomba, el Ibex-35, igual que el Dow Jones norteamericano, solo ha caído un 5%. Para que nos hagamos una idea de lo que hace la bolsa cuando empieza una crisis de verdad, a finales de 2007, y en pocas semanas, el Ibex-35 cayó un 33%, y no empezó a recuperarse hasta siete años después. En contraste con el desconcierto de los financieros, los ingenieros muestran un sólido pesimismo. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado un decálogo de medidas que sugiere que adopten los gobiernos para ahorrar energía, y el comisario de la Unión Europea ha enviado una carta a los gobiernos sugiriendo, entre otras cosas, racionar la gasolina, fomentar el teletrabajo e incluso prohibir la circulación de vehículos privados los domingos (una medida en vigor durante la crisis energética de los años 70). El fundamento de esta visión es que las infraestructuras energéticas del golfo Pérsico han sido tan dañadas que, aunque la guerra acabara hoy, el suministro no podría recuperar la normalidad hasta dentro de unos cuantos meses.En este contexto, es interesante comparar la respuesta del gobierno español a la del chino. El primero ha reaccionado bajando el IVA que grava a los combustibles, que ha pasado del 21% al 10%. Esto ha hecho que, a pesar de que el precio de la gasolina ha subido un 15%, el consumidor solo percibe un aumento del 4%. En cambio, el gobierno chino subió los precios un 13% el pasado día 23. El primero, implícitamente optimista, trata de ganar tiempo, mientras que el segundo –prudente– prepara a su población para lo peor, y prefiere que comience a ahorrar combustible desde el primer momento.

El bien más preciado de cualquier sociedad es su cohesión y, por el contrario, la peor amenaza es la fractura. El debate sobre la inmigración, que empezamos a empezar, debe centrarse, pues, en esta cuestión.

"La burguesía catalana siempre ha casado a sus hijas con vinos de La Rioja", se me lamentaba, hace muchos años, Miquel Torres. Efectivamente, Cataluña producía enormes cantidades de vino, pero de calidad mediocre. Los vinos del Priorat, por ejemplo, se compraban al por mayor para mezclarlos con otros vinos o directamente con gaseosa. La situación ha cambiado de forma espectacular, pero no por casualidad. Ya el primer gobierno Pujol creó un instituto dedicado en exclusiva a mejorar la situación y creó una escuela de viticultura y enología. Después vendrían las cátedras, las denominaciones de origen y los esfuerzos de un enorme número de empresarios, periodistas y restauradores unidos por la voluntad de crear vinos de calidad.

El pasado martes, el presidente Illa, entrevistado en TV3, se manifestaba sobre el acuerdo de financiación autonómica al que han llegado el gobierno central y ERC en los siguientes términos: "¿Es un buen acuerdo para Catalunya? ¡No, buenísimo!"

El intenso proceso inmigratorio que España está experimentando desde que se inició el siglo XXI está definiendo tres realidades territoriales claramente diferenciadas:

En las últimas dos semanas se han publicado un buen número de opiniones sobre la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y PSOE. Muchas de estas opiniones se han referido al principio de ordinalidad, y creo que una aclaración es oportuna.

El viernes, la vicepresidenta del gobierno español presentó públicamente la propuesta del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Fuera de Catalunya, la propuesta ha suscitado una furibunda oposición por parte del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, en ambos casos porque consideran que no sólo favorece excesivamente a Catalunya, sino que supone una ruptura del sistema de solidaridad que debe garantizar el Estado, y que lo hace porque el presidente Sánchez ha cedido al chantaje de ERC. Dentro de Catalunya, son bastantes las voces –Juntos y la patronal Foment, entre ellas– que le denuncian por el contrario, añadiendo que consideran que queda corto respecto a los compromisos adquiridos por el PSOE y por el PSC en los pactos de investidura. ¿Quién tiene razón?

La semana pasada fui llamado al Parlamento para dar mi opinión sobre un proyecto de ley, actualmente en trámite, que modificaría la ley del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET). Quisiera compartirla con los lectores, pero para ello tengo que realizar un rápido diagnóstico de nuestro turismo.

El pasado día 5, el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, propuso a la sociedad española un pacto social en favor de la inmigración evitando el carácter ideológico y partidista que caracteriza al debate y centrándolo en los efectos económicos que está teniendo la evolución demográfica.

Hace cuatro semanas publiqué un artículo en el que ponía de manifiesto que la inmigración poco remunerada –la que atraen nuestro turismo, nuestra agricultura y nuestros servicios de atención personal– socava el estado del bienestar, dado que los impuestos y contribuciones sociales que estas personas soportan son inferiores al coste de los servicios que recibirán a lo largo de su vida.

El Govern acaba de aprobar una muy genérica "Estrategia Ferroviaria de Catalunya", lo que da pie a un comentario sobre los retos que afrontamos, que por razón de espacio restringiré al transporte de pasajeros.

Una de las lecciones de economía que más provecho me han hecho la recibí de uno de los economistas más importantes del siglo XX, Paul Samuelson. Explicaba que la economía funciona como una nevera de refrescos que consistiría en un tubo abierto por ambos extremos; por uno se introduciría una botella tibia, y la presión haría emerger por el extremo contrario una botella fría. La idea es simple: que es necesario invertir recursos para poder obtener resultados. Hasta ahí, todo muy evidente. ¿Pero qué ocurre cuando un "populista" (era su expresión) dice que no es necesario introducir ningún refresco, sino que basta meter la mano dentro del tubo para extraer una botella fría? Y cuando ésta se acabe, volver a repetir la operación una y otra vez. En la medida en que el auditorio esté dispuesto a cerrar los ojos a la realidad (y siempre hay muchos dispuestos a hacerlo), el populista triunfará políticamente. El problema es que cuando su mandato acabe los que queden tendrán que introducir muchas botellas antes de poder extraer ninguna.

Hasta hace poco en Catalunya había un consenso político favorable a la inmigración. Por parte de la derecha, porque la inmigración proporciona una mano de obra —en casa, en el campo y en la fábrica— en ausencia de la cual habría que subir salarios, o proceder a una costosa automatización de procesos, o cerrar. Por parte de la izquierda, en aras de la solidaridad y de la historia de la clase trabajadora durante el siglo XX.

"Hacer país se hace así", tuiteaba el conseller de Presidencia inmediatamente después de que se hiciera pública la noticia del fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell. Sin duda, el desenlace es positivo para Catalunya, y también sin duda la política ha tenido mucho que ver en ello.