Pocos –quizás ninguno– asuntos públicos hay más importantes que la mejora del deplorable estado de la enseñanza en Cataluña. Por eso resultan preocupantes los mensajes que dedicó el presidente Illa en su discurso del lunes pasado. Fundamentalmente, concretó dos objetivos: aumentar el esfuerzo presupuestario hasta el 6% del PIB (tal como establece la vigente ley de educación de Cataluña) y construir un “consenso con los partidos y la comunidad educativa” después de un “debate nacional sobre el futuro de la educación”.¿Por qué resultan preocupantes estos dos objetivos? En primer lugar, porque la ley vigente —en el marco de la cual se ha producido este constante deterioro de los resultados educativos— ya fue producto de un consenso, el cual ya fue celebrado en su momento —el año 2009— como si garantizara algo bueno. De hecho, las únicas voces discordantes lo fueron por motivos que poquísimo tenían que ver con la calidad de la enseñanza (por parte de IC, la persistencia de un sector concertado, y por parte de la derecha, los temas lingüísticos). ¿Un nuevo consenso diagnosticará y enmendará las causas del fracaso pisando los callos que hagan falta, o, al contrario, se convertirá en un ejercicio de eludir las dificultades y dejarlo todo tal como está? Es mucho más probable lo segundo que lo primero, porque la dinámica de los consensos es normalmente pactar lo que es fácil y aparcar lo que no lo es. De hecho, el inmediato entusiasmo de Junts aceptando la propuesta del presidente así lo pone de manifiesto, dado que los partidos no se entusiasman cuando se trata de tomar decisiones que perturben el statu quo.En cuanto a aumentar los recursos presupuestarios, no se puede estar en contra, pero hay que remarcar que la evidencia empírica —tanto a escala internacional como española— pone de manifiesto que no hay ninguna relación entre gasto por alumno y resultados (para ser más concretos, la OCDE estima que sí que la hay cuando la cantidad que se destina no llega a los 75.000 dólares por alumno entre los 6 y los 15 años, pero no a partir de esta cifra, y la nuestra es muy superior a este límite). Si hubiera relación, Madrid no se situaría en resultados a la cabeza de las comunidades españolas, donde sí que se situarían el País Vasco o Extremadura. Desde el punto de vista de la equidad, un análisis llevado a cabo en España para medir el impacto del esfuerzo presupuestario sobre la “resiliencia académica” —es decir, la capacidad de los alumnos para superar el nivel que se asocia a su nivel socioeconómico— concluye que este impacto es despreciable, lo que es tanto como decir que no es de prever una mejora de los resultados de nuestros alumnos provenientes de la inmigración o de la pobreza por el solo hecho de que vertamos más dinero al sistema.En conclusión, la receta de Illa nos puede llevar perfectamente a una situación igualmente mediocre, pero mucho más cara. Eso sí, después de muchos abrazos entre los representantes de los partidos e incluso de los agentes sociales.La consejera Niubó no me entusiasma (¿cómo podría entusiasmarme si calificó de “política-ficción” la hipótesis de que los resultados de las pruebas PISA habrían sido todavía peores si los centros catalanes, en vez de excluir al 23,2% de los alumnos porque presentaban discapacidades lingüísticas, cognitivas o conductuales, se hubieran limitado a excluir al 5%?). No me entusiasma, pero debo decir que sus declaraciones en Catalunya Ràdio cuatro días antes del discurso del presidente Illa me parecen mucho más acertadas y, por tanto, prometedoras.Donde el presidente dice aumentar la dotación presupuestaria, Niubó habló de la necesidad de “reordenar el sistema antes de poner más recursos”. Donde él dice construir un consenso, ella dijo “recuperar el papel de los libros y de la lectura”, reforzar las bibliotecas escolares y “mantener la inclusión, pero poniendo más énfasis en el éxito educativo”; es decir, apuntaba a cambios concretos sin esperar a consensuarlos.¿La situación de la educación reclama más recursos y reclama consensos? Sí, pero, por encima de todo, reclama liderazgo por parte de un gobierno que proponga reformas que no gustarán a todo el mundo (¿cómo podrían gustar a todo el mundo si la excelencia siempre es el producto del esfuerzo?) y que deben suponer una ruptura con algunas prácticas que han sido impuestas en nombre de la equidad y del bienestar de los niños y que, por tanto, algunos considerarán que hay que defender con uñas y dientes.Precisamente porque el modelo actual es fruto de un consenso, modificarlo exige valentía. ¿La tendrá, el Gobierno? No lo sé, pero su ausencia se traduciría necesariamente en la mediocridad del país y en el ascenso de los partidos que se presentan como capaces de acabar con una situación que da múltiples señales de decadencia, los cuales no son precisamente los que participaron en el consenso del año 2009.

El gobierno español ha liderado la oposición a la creación de centros de deportación extraterritoriales, es decir, centros situados fuera de la Unión Europea donde se desplazarían forzosamente los demandantes de asilo, mientras se tramita su solicitud, y aquellos inmigrantes irregulares objeto de una orden de expulsión mientras se resuelve su ejecución. Como se sabe, había sido el gobierno de Giorgia Meloni quien había liderado la idea, y ya dispone de dos centros en Albania con capacidad para 3.000 personas. Aunque la Comisión había manifestado reticencias, forman parte de la política europea de gestión de fronteras a partir de la aprobación, por parte del Parlamento, del Pacto Europeo de Migración y Asilo.Como se sabe, los centros en Albania no acaban de funcionar porque la justicia italiana ha visto muchos problemas en ellos. Paradójicamente, España está construyendo el primer centro de deportación extraterritorial europeo plenamente operativo. En Ceuta.Por una parte, Sánchez está recibiendo una presión enorme para no trasladar a la Península a ninguna de las miles de personas que entraron irregularmente y que no quieren volver a Marruecos. Esta presión no solo le llega de los partidos de la oposición, sino también de muchas cancillerías europeas, muy incómodas con la reciente regularización masiva de inmigrantes en España. También sabe que la opinión pública española lo vería con muy malos ojos. Ha tanteado la posibilidad de trasladar allí a un colectivo especialmente sensible —chicas menores no acompañadas— y hacerlo a centros privados y a cargo del Estado, pero no ha tenido mucho éxito. Por otra parte, que una parte significativa de quienes protagonizaron la entrada acabasen consiguiendo llegar a la Península constituiría un precedente suicida. La política oficial es, pues, que todos los que entraron ilegalmente serán expulsados excepto quienes tengan derecho a asilo y los menores no acompañados que no puedan ser retornados a Marruecos con garantías suficientes. Las expulsiones, sin embargo, serán muy lentas, como se ha apresurado a advertir el ministro Torres.Mientras tanto, las administraciones están proporcionando a los migrantes centros donde puedan dormir, ducharse y recibir atención médica y alimentos. El resto del tiempo, estos miles de personas, mayoritariamente hombres jóvenes, deambulan sin mucho que hacer por una ciudad de 80.000 habitantes con muy poco trabajo para ofrecerles. Haría falta un milagro para que este estado de cosas no desembocara en conflictos, y, de hecho, estos han empezado muy rápidamente. Las autoridades españolas necesitan tiempo para emitir órdenes de expulsión con las garantías que exige la ley, pero, una vez lo hayan hecho, el gobierno marroquí no pondrá fácil su ejecución. ¿Por qué lo tendría que hacer si su interés estratégico es desestabilizar Ceuta y Melilla? 

Como reacción a las manifestaciones contra la masificación que han tenido lugar recientemente en Menorca (como en el resto de las Baleares), circula por la isla un post con el título de este artículo publicado en la web Pensar en tiempos de IA. El post es anónimo, pero parece que el autor estaría vinculado a un foro del Círculo Jefferson.Se trata de un post bien documentado, que cuestiona con datos las impresiones subjetivas de quien tratando de disfrutar de la playa de la Macarella se encuentra sin sitio ni para el coche ni para la toalla, o de quien se encuentra en un atasco cuando trata de llegar a Punta Nati para contemplar la puesta de sol.El autor parte de la constatación de que la densidad de Menorca es relativamente baja, incluso en el momento de mayor presión, en agosto. Esta densidad es de unos 300 habitantes por km², cuando la cifra equivalente de Malta es de 1.860, seis veces superior. El autor, sin embargo, considera que “Malta es un caso extremo que no propongo imitar”; en cambio, le parece “especialmente interesante” la comparación con Madeira, cuya densidad media es de 332, y se pregunta “por qué una isla que ni siquiera en su momento de mayor presión alcanza la densidad habitual de Madeira consigue sentirse tan saturada”.Esta observación lleva al autor a concluir que Menorca no está saturada porque haya demasiada gente –autóctonos, inmigrantes y turistas–, sino porque no dispone de la capacidad para sostenerlos. A partir de aquí examina cada uno de los cuellos de botella en los que se manifiesta la saturación: la vivienda, el agua, la energía, la movilidad y la capacidad de las playas más atractivas, y concluye que todos tienen una solución que permitiría aumentar la población de Menorca:En cuanto a la vivienda, propone densificar Ciutadella y Maó (29.000 habitantes cada una), emulando Funchal, la capital de Madeira, que cuenta con 100.000 habitantes, recordando que las ciudades son más eficientes y menos contaminantes que la urbanización diseminada. En cuanto al agua, propone evitar fugas, reutilizar aguas depuradas y desalinizar. La desalinización exige energía, pero la energía podemos generarla. En cuanto a la movilidad, podemos ofrecer transporte colectivo y construir más infraestructuras. En cuanto a la saturación de las playas, se trata de “aumentar la oferta de cosas que hacer” en otro lugar, porque “una de las maneras de proteger un bien escaso es aumentar la oferta de sus sustitutos”.En definitiva, nos dice que “antes de administrar la escasez, lo que debemos preguntarnos es qué parte podemos solucionar aumentando la oferta”, lo cual es cuestión de inversión y de tecnología, y la conclusión es que es perfectamente posible una Menorca con más población y con más turistas. El post me parece extremadamente interesante porque formaliza lo que han ido haciendo las élites menorquinas en las últimas décadas: aumentar la capacidad de la isla año tras año. En el fondo, lo que el autor propugna es que Menorca siga haciendo lo que ha estado haciendo desde los años 1960. Llegados aquí, los lectores pueden preguntarnos si es cierto que en Menorca cabe más gente. La respuesta es que sí: el autor se fija en Madeira, pero podría haberlo hecho en Hong Kong o Singapur, islas con una superficie comparable a la de Menorca, donde viven, respectivamente, 7,5 y 6,1 millones de personas. 

Hoy hace dos años que Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat. Su discurso de investidura –su programa de gobierno– quedó eclipsado por la fugaz aparición en el espacio público del president Puigdemont, pero vale la pena revisarlo.Se trata de un discurso bien construido, caracterizado por la promesa de rigor y por la buena voluntad. No evita la referencia a los problemas del país –la pobreza, los resultados educativos, la deriva a la baja de los salarios, el encarecimiento de la vivienda, la debilidad de las infraestructuras para hacer frente al reto climático, etc.–, pero no incluye un diagnóstico; Illa afirmó que los resultados educativos eran malos, que los salarios eran bajos y que la vivienda era inaccesible para demasiada gente, pero en ningún momento explicó el porqué.No resulta sorprendente, por tanto, que resulte imposible de localizar en aquel discurso la terapia propuesta, a pesar de que puede adivinarse que se trataba de poner más dinero a los servicios públicos, de impulsar el crecimiento económico (“decisiones valientes para que Cataluña gane peso”) y de administrar con consensos (“gobernar para todos”, “dialogar con todos”, “pactar con ayuntamientos y sociedad civil”, “ambición pero pragmatismo”, “consensuar siempre que se pueda”, etc.)La materialización práctica de aquellas ideas resultó ser el plan “Cataluña lidera”, presentado medio año después. La idea central era la potenciación del crecimiento económico, y, de hecho, la referencia a “liderar” no parecía sino referirse al objetivo de que el PIB de Cataluña volviera a superar al de Madrid, ya que el sorpasso estaba siendo mal digerido por las élites locales. Dos años después del discurso de investidura es difícil no llegar a la conclusión de que la terapia aplicada está resultando equivocada: Cataluña continúa creciendo muy deprisa económicamente, pero no solo la vivienda, la sanidad y la enseñanza públicas están peor que hace dos años, sino que todo indica que de aquí a dos años habrán empeorado, ya que la población sigue creciendo a un ritmo muy superior a la capacidad de respuesta de estos servicios: ¿alguien duda de que los resultados de PISA de 2025 habrían sido peores que los de 2022 si los centros hubieran excluido solo un 5% del alumnado? En cuanto al servicio de Cercanías –el cuarto pilar del estado del bienestar que ha hecho aguas–, aunque se está trabajando en ello, buena parte de las inversiones no se están concentrando en la potenciación del servicio sino en el soterramiento de vías urbanas, y lo que quedará por hacer cuando finalice el vigente plan 2020-2030 será mucho más de lo que se habrá hecho.

Que la xenofobia está aumentando en Cataluña es un hecho, y es un hecho repugnante para quienes veneramos el concepto de los derechos humanos universales.El desencadenante de este fenómeno es el flujo migratorio que hemos estado recibiendo desde principios de siglo, y si queremos combatirlo, lo primero que debemos hacer es afrontar de cara una verdad incómoda: que la inmigración perjudica inevitablemente a algunos, y muy concretamente a los miembros de las clases populares. ¿Por qué? Porque la inmigración presiona a la baja los salarios (cuando los empresarios tienen dificultades para cubrir vacantes, la alternativa a subir el salario es contratar a un inmigrante), porque presiona al alza el precio de la vivienda (¿es que no tiene nada que ver el hecho de que hayamos pasado de 6 a 8 millones de habitantes de manera rapidísima y sin preverlo?) y porque dificulta el acceso a los servicios públicos (“si yo soy pobre pero el inmigrante lo es más, me quita la beca-comedor”). Ante estos hechos, la gente de bien —a la izquierda y a la derecha– tiende a responder con dos argumentos. El primero, que el fenómeno es inevitable (por nuestro envejecimiento, por su falta de alternativas...); el segundo, que la inmigración es buena para la economía porque hace aumentar el PIB, y, por tanto, nos permite dedicar más recursos a la financiación de los servicios públicos y compensar, por tanto, a los que en puedan resultar perjudicados. Desafortunadamente, ambos argumentos son falsos.

La Cámara de Comercio acaba de publicar una nota que cuestiona un aspecto fundamental del Informe Fénix. Para simplificar, el informe dice que la economía catalana tiene un problema de productividad que la hace insostenible, y que la causa principal es una: el crecimiento desmesurado de unos pocos sectores exportadores poco productivos que pueden crecer gracias a la incorporación masiva de mano de obra remunerada con salarios bajos. En cambio, el documento de la Cámara concluye que el problema de productividad –del cual nadie duda– no estaría concentrado en esta clase de sectores, sino que sería generalizado en toda la economía catalana. Por su parte, Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, se apuntaba desde un artículo en el ARA en que afirmaba que “los datos […] confirman [que] el problema de productividad es transversal”.El primer problema con esta conclusión es que es equivocada. El segundo es aún más grave, y es que lleva a la inacción. Para entendernos: el debate es si la enfermedad tiene una causa localizada que permite una intervención focalizada o si el mal es difuso y, por lo tanto, lo que el enfermo necesita es reposo y buenos alimentos.¿Por qué la conclusión es falsa? La Cámara la basa en el análisis de la productividad de los diferentes sectores de la economía catalana. A falta de mejores datos, considera los diez macrosectores que proporciona Eurostat. Es un camino que los autores del Informe Fénix emprendimos y que no nos llevó muy lejos. Para que el lector se haga cargo del problema, los diez macrosectores son tan diversos que no tiene sentido comparar sus productividades (aparentemente, ¡la de las actividades inmobiliarias sería cinco veces superior a la de la industria!). Para colmo, el turismo no es ninguno de estos diez sectores. La Cámara lo identifica sistemáticamente con el sector “Comercio al por mayor y al por menor, transporte, hostelería y actividades de comida y bebida”. Se trata de una identificación arriesgadísima, ya que este sector es cinco veces más grande que el turismo (por ejemplo, solo el 8% del comercio al por menor se dirige al turismo).Un enfoque más fértil debe partir del hecho de que la productividad de una economía está determinada por la de sus actividades exportadoras, aunque estas solo representen una fracción relativamente modesta del total. Puede parecer paradójico, pero este hecho es el que explica por qué a pesar de que los cuartetos de cuerda, los trabajadores de McDonald’s, las camareras de piso y los bomberos aeroportuarios hacen en todas partes exactamente lo mismo de la misma manera, resultan mucho más productivos en Suiza que en Cataluña (y, por tanto, allí cobran mucho más).Partiendo de este punto, la productividad de Cataluña está determinada por la de su manufactura y la de su turismo, ya que esto es fundamentalmente lo que exportamos.

El Informe Fénix —del cual soy coautor— ha conseguido generar debate. No tanto como querríamos, pero sí más de lo que esperábamos. En este artículo querría responder algunas de las críticas que está recibiendo de manera más recurrente.1. El PIB per cápita no es (tan) importante. Algunos autores han sugerido que el hecho de que un sector productivo crezca a base de atraer una gran cantidad de inmigrantes pagándoles poco reduce las medias de productividad (del trabajo, por hora trabajada) y de renta, pero que esto no implica necesariamente ningún perjuicio para el resto. Andreu Mas-Colell, por ejemplo, escribía en el ARA: “Hago constar que esto no significa necesariamente empobrecimiento, ni para los autóctonos ni evidentemente para los inmigrantes”. Xavier Sala i Martín ha sugerido lo mismo enfatizando que el PIB per cápita es una media, y que, por tanto, puede bajar sin que la situación de muchos se vea afectada. Este argumento olvida un efecto que todo el mundo puede observar: el impacto del aumento de la población sobre el acceso a la vivienda y a los servicios públicos: “Si yo soy pobre pero el inmigrante lo es más, me quita la beca comedor”. Cuando tenemos en cuenta estos impactos, me temo que el crecimiento de los sectores poco productivos sí que comporta —necesariamente— un empobrecimiento muy general. (Más técnicamente, la crítica también olvida el efecto Balassa-Samuelson, de acuerdo con el cual los salarios de la mayor parte de los sectores de la economía dependen de los salarios en los sectores exportadores, pero este es un argumento para economistas académicos.)2. El derrotismo. Francesc Reguant ha destacado el tono delInforme: “querría expresar mi sorpresa sobre el tono extraordinariamente negativo del informe [...] Esta visión catastrofista es claramente exagerada e imprudente”.

El 1 de noviembre de 2010 Mas ganó las elecciones al Parlament de Catalunya con suficiente contundencia para gobernar. Al día siguiente, el ARA dedicaba su portada a "la agenda del nuevo presidente": 1) Adelgazar la administración, 2) Suprimir el impuesto de sucesiones, 3) Renegociar la deuda de la Generalitat, 4) Refer y acabar el Cuarto Cinturón, 5) Eliminar los 80 km/h. En el lenguaje popular distinguimos entre los políticos que pretenden cambiar el mundo y los que se quieren limitar a “gestionar”. Para entendernos, los primeros quieren aprobar el matrimonio homosexual y los segundos que los trenes lleguen a la hora; los primeros quieren cambiar el sistema educativo y los segundos que el curso comience en la fecha prevista y con las plantillas al completo. Mas se presentaba como un gestor que pondría orden después de los dos tripartitos de izquierdas que se habrían caracterizado por decisiones que frenaban el país. También consideraba –muy en línea con una ideología neoliberal que gozaba de mejor salud que en la actualidad– que las cuentas de la Generalitat podrían equilibrarse a base de recortar gastos innecesarios.Mas fracasó, no hace falta decirlo: quince años después, la administración catalana no se ha adelgazado, tanto el impuesto de sucesiones como los 80 km/h en los accesos de Barcelona siguen en vigor, el Cuarto Cinturón sigue en obras y estamos pendientes de la condonación de un 15% de la deuda del FLA. El malestar lo devoró, y acabó liderando un movimiento independentista en el que no creía. Un movimiento que –hay que recordarlo– empezó con un caos del servicio de Cercanías, cinco años antes del inicio del Procés.

La población catalana ha pasado de 6,2 millones en 2000 a 8,2 en 2026. Se trata de un crecimiento extraordinario en el contexto europeo que ha puesto contra las cuerdas el acceso a la vivienda y la escuela; en el primer caso por el aumento de la demanda, y en el segundo por la súbita alteración de la composición cultural del alumnado. No se trata de un cambio completamente imprevisto, ya que en el año 2002 el Idescat hizo públicas unas proyecciones cuyo escenario “medio-alto” ha resultado sorprendentemente acertado, pero también es cierto que aquel dato se situaba entre un “escenario bajo” de 6,7 millones y un “escenario alto” de 8,9.La última proyección del Idescat –publicada en 2024– dice que la población catalana se situará en 2050 entre los 8,1 y 9,9 millones. Se trata de un rango muy amplio, ya que equivale a decir que la población tanto puede iniciar el declive como continuar creciendo muy rápidamente. En este contexto, el documento Proencat, que es el que guía la política de descarbonización, prevé que se situará en los 8,6 millones, por debajo del “escenario medio” del Idescat.No obstante esto, y por las razones que sean, lo que ha hecho fortuna es predecir que Cataluña alcanzará los 10 millones de habitantes de aquí a 25 años. La consejera Sílvia Paneque (“Cataluña pronto tendrá 10 millones”) y la diputada Elena Díaz (“La Cataluña de los 10 millones no es inviable”) han hecho referencia a ello reiteradamente; el presidente Illa también lo ha hecho, aunque de manera más cauta. El diputado David Cid, de Catalunya en Comú, se ha referido a ello como un escenario no solo probable sino deseable (“Somos 8 millones, y si somos 10, mejor”). En cambio, Oriol Junqueras lo ha considerado un escenario menos atractivo (“La prioridad no es ser 10 millones”).Resulta claro que lo más importante que ha pasado en Cataluña en los últimos 25 años es el crecimiento demográfico; mucho más que el Procés independentista, por poner un ejemplo. Obviamente, si en 2050 Cataluña tiene alrededor de 10 millones de habitantes, el crecimiento demográfico volverá a ser lo más importante que habrá pasado. En consecuencia, prepararse para ello (como proponen Illa, Paneque o Díaz) está más que justificado.

En los últimos meses he formado parte de un equipo de economistas que hemos estado reflexionando sobre la evolución de la economía catalana y sus perspectivas. Nos hemos centrado en el concepto de salarios “altamente subvencionados”. Consideramos que lo son aquellos que no permiten que el trabajador contribuya –vía impuestos y contribuciones sociales– a pagar ni siquiera aquellos servicios públicos que consumirá directamente a lo largo de su vida (sin incluir los muchos de que disfrutará indirectamente). Hemos calculado que este límite se situaba, el año 2023, en 27.500 € brutos, que el año 2026 equivaldrían a 30.000 €.Dado que la sociedad debe complementar el coste de los servicios de los que se benefician estos trabajadores, por un lado se deduce que el empresario los remunera por debajo de su coste, y, por otro, que el cliente final se beneficia de una subvención encubierta, ya que no paga el coste completo del servicio que recibe.Todas las sociedades que gozan de un sistema fiscal progresivo y de un estado del bienestar potente tienen muchos trabajadores que cobran por debajo del nivel que hemos definido. Esta no es, pues, la cuestión. Lo que nos ha interesado es la existencia de sectores que cumplen tres condiciones.La primera, que no solo ocupen trabajadores “altamente subvencionados”, sino que la media salarial se sitúe por debajo de aquel nivel, porque es como si todos sus trabajadores lo fueran. En este caso hablamos de actividades “altamente subvencionadas” y consideramos que la sociedad se ha de plantear si han de existir o si han de remunerar tan poco a sus trabajadores.La segunda, que sean muy creadores de empleo. El sector primario, por ejemplo, es un sector “altamente subvencionado”, pero no está creando puestos de trabajo, y, además, tiene el valor social adicional de combatir la desertización del territorio.La tercera, que el beneficiario último sea un no residente, porque esto significa que la subvención va de los contribuyentes a personas que no lo son, de manera que el país se empobrece a través de unas exportaciones que, en el fondo, se venden por debajo de su coste.Desafortunadamente, una buena parte del crecimiento catalán de los últimos 25 años ha sido protagonizado por actividades económicas que cumplen estas tres características. Este protagonismo es el que explica por qué el enorme crecimiento de la economía catalana de los últimos 25 años –no excepcional en el marco español, pero sí en el europeo– no se ha traducido en un bienestar más elevado para el catalán medio, sino, por un lado, en un flujo inmigratorio que presiona el mercado de la vivienda y satura los servicios públicos, y, por otro lado, en el estancamiento de los salarios.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 representa una ruptura con el anterior y, en general, con la tradición de la política española de promoción de vivienda asequible. Los volantazos suelen responder al desconcierto, pero es que, además, este cambio en concreto no ha gustado al socio minoritario del gobierno español –Sumar–, que apuesta por una tercera vía diferente. ¿Podemos arrojar un poco de luz a la oscuridad?Tradicionalmente, la política había consistido en la ayuda al promotor facilitándole y bonificándole la financiación, pero el Plan 2022-2025, mucho más agresivo, partía del principio de que el problema era el precio y la incapacidad de muchas familias modestas para hacerle frente. En consecuencia el centro pasó a ser la ayuda al inquilino: 40% del alquiler en el caso de familias con ingresos bajos; 250€ mensuales a los menores de 35 años durante dos años; hasta el 100% del alquiler a colectivos vulnerables (víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc).Este enfoque no podía sino fracasar, porque si el problema es que falta vivienda, ayudar a unas familias a acceder a lo poco que hay no hace sino trasladar el problema a otras, que ahora se quedarán sin. El Plan 2026-2030 parte del principio –mucho más sensato– de que el problema es de falta de oferta, y, por tanto, lo que hace es crear un incentivo para que los promotores privados construyan. El incentivo es generoso: una subvención de entre 85.000 y 110.000 euros por vivienda. Teniendo en cuenta que el coste de construcción ronda los 1.200 €/m², la subvención equivale a la totalidad del coste de una vivienda de 80 o 90 m², de manera que para que al promotor le salgan los números solo hace falta que el alquiler cubra el coste del solar. Este enfoque funcionará porque impulsará la construcción, pero tiene dos problemas. Antes de abordarlos, sin embargo, hay que examinar por qué no gusta a Sumar y qué es lo que prefiere este partido.A Sumar no le gusta que se pongan dinero del contribuyente en los bolsillos de empresas privadas. Es una inquietud comprensible, pero ya hemos visto por qué no puede funcionar –de hecho, por qué no ha funcionado– ponerlo en los bolsillos de los particulares más necesitados. Consciente de este problema, Sumar apuesta por la lucha contra la especulación; es decir, contra quienes cobran alquileres altos, y de ahí la insistencia en la congelación de alquileres y en las limitaciones a los “grandes tenedores”. Después hablaremos de los especuladores, pero ahora lo que importa es que este enfoque tiene exactamente las mismas limitaciones que la ayuda directa a los inquilinos más desfavorecidos: en el caso de la congelación, por ejemplo, ayuda a los que ya tienen un contrato, pero no ayuda nada a los que no tienen ninguno.Si dejamos de lado la estética, pues, el Plan 2026-2030 está mejor enfocado que las alternativas: impulsará la construcción, que es lo que hay que hacer ahora. Otra cosa es que también resulte del todo oportuno limitar los beneficios extraordinarios que están obteniendo los propietarios a causa de una situación de escasez. No estamos hablando de la retribución que un mercado idealizado concede al esfuerzo o al riesgo, sino de una retribución inmerecida y estéril que proviene exclusivamente de la suerte. Ahora bien, ya he avanzado que el esquema tiene dos problemas. Lo primero es que –más pronto que tarde– la totalidad de las ayudas serán capturadas por los propietarios de los solares vía aumento de su precio. Es un mecanismo que la mayor parte de los economistas académicos ignoran, pero que fue descrito con precisión por los padres de su disciplina –Adam Smith y David Ricardo– hace más de 200 años. Mientras los solares sean escasos, todas las ayudas acabarán en los bolsillos de sus propietarios.Esto nos lleva al segundo problema, que no es sino el crecimiento de la demanda. Está bien impulsar la construcción, porque es lo que ahora hace falta, pero sin olvidar cuál es el origen del problema, que no es sino una inmigración exageradamente elevada, una irresponsable apuesta por el turismo urbano y una política exitosa de captación de estudiantes extranjeros por parte de centros educativos públicos y privados.

En un artículo anterior argumenté que es imperioso reducir el ritmo de nuestra inmigración si queremos salvar la cohesión social, dado que su impacto sobre la vivienda y sobre la escuela está siendo devastador. No son los únicos servicios públicos e infraestructuras que están bajo presión, pero sí los más críticos.

El jueves el ARA abría en portada: “La expectativa de un final rápido de la guerra anima los mercados”. Efectivamente, el miércoles el Ibex-35 había subido un 3,16% porque se había extendido la convicción de que la guerra acabaría pronto. Sin embargo, el mismo jueves el índice perdía parte de las ganancias del día anterior. Es tanto como decir que las bolsas –o sea, los financieros– no tienen las ideas claras sobre cómo impactará la guerra sobre la economía. Desde la caída de la primera bomba, el Ibex-35, igual que el Dow Jones norteamericano, solo ha caído un 5%. Para que nos hagamos una idea de lo que hace la bolsa cuando empieza una crisis de verdad, a finales de 2007, y en pocas semanas, el Ibex-35 cayó un 33%, y no empezó a recuperarse hasta siete años después. En contraste con el desconcierto de los financieros, los ingenieros muestran un sólido pesimismo. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado un decálogo de medidas que sugiere que adopten los gobiernos para ahorrar energía, y el comisario de la Unión Europea ha enviado una carta a los gobiernos sugiriendo, entre otras cosas, racionar la gasolina, fomentar el teletrabajo e incluso prohibir la circulación de vehículos privados los domingos (una medida en vigor durante la crisis energética de los años 70). El fundamento de esta visión es que las infraestructuras energéticas del golfo Pérsico han sido tan dañadas que, aunque la guerra acabara hoy, el suministro no podría recuperar la normalidad hasta dentro de unos cuantos meses.En este contexto, es interesante comparar la respuesta del gobierno español a la del chino. El primero ha reaccionado bajando el IVA que grava a los combustibles, que ha pasado del 21% al 10%. Esto ha hecho que, a pesar de que el precio de la gasolina ha subido un 15%, el consumidor solo percibe un aumento del 4%. En cambio, el gobierno chino subió los precios un 13% el pasado día 23. El primero, implícitamente optimista, trata de ganar tiempo, mientras que el segundo –prudente– prepara a su población para lo peor, y prefiere que comience a ahorrar combustible desde el primer momento.

El bien más preciado de cualquier sociedad es su cohesión y, por el contrario, la peor amenaza es la fractura. El debate sobre la inmigración, que empezamos a empezar, debe centrarse, pues, en esta cuestión.

"La burguesía catalana siempre ha casado a sus hijas con vinos de La Rioja", se me lamentaba, hace muchos años, Miquel Torres. Efectivamente, Cataluña producía enormes cantidades de vino, pero de calidad mediocre. Los vinos del Priorat, por ejemplo, se compraban al por mayor para mezclarlos con otros vinos o directamente con gaseosa. La situación ha cambiado de forma espectacular, pero no por casualidad. Ya el primer gobierno Pujol creó un instituto dedicado en exclusiva a mejorar la situación y creó una escuela de viticultura y enología. Después vendrían las cátedras, las denominaciones de origen y los esfuerzos de un enorme número de empresarios, periodistas y restauradores unidos por la voluntad de crear vinos de calidad.

El pasado martes, el presidente Illa, entrevistado en TV3, se manifestaba sobre el acuerdo de financiación autonómica al que han llegado el gobierno central y ERC en los siguientes términos: "¿Es un buen acuerdo para Catalunya? ¡No, buenísimo!"

El intenso proceso inmigratorio que España está experimentando desde que se inició el siglo XXI está definiendo tres realidades territoriales claramente diferenciadas:

En las últimas dos semanas se han publicado un buen número de opiniones sobre la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y PSOE. Muchas de estas opiniones se han referido al principio de ordinalidad, y creo que una aclaración es oportuna.

El viernes, la vicepresidenta del gobierno español presentó públicamente la propuesta del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Fuera de Catalunya, la propuesta ha suscitado una furibunda oposición por parte del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, en ambos casos porque consideran que no sólo favorece excesivamente a Catalunya, sino que supone una ruptura del sistema de solidaridad que debe garantizar el Estado, y que lo hace porque el presidente Sánchez ha cedido al chantaje de ERC. Dentro de Catalunya, son bastantes las voces –Juntos y la patronal Foment, entre ellas– que le denuncian por el contrario, añadiendo que consideran que queda corto respecto a los compromisos adquiridos por el PSOE y por el PSC en los pactos de investidura. ¿Quién tiene razón?

La semana pasada fui llamado al Parlamento para dar mi opinión sobre un proyecto de ley, actualmente en trámite, que modificaría la ley del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET). Quisiera compartirla con los lectores, pero para ello tengo que realizar un rápido diagnóstico de nuestro turismo.