Los fetiches de la vivienda
Lo que hace más intratable el problema de la vivienda es que se procura por todos los medios desvincularlo de su causa principal, que no es sino la inmigración.
En los últimos cuatro años Cataluña ha ganado 441.000 habitantes (de 7,8 millones a 8,23), lo que equivale a 110.250 por año, cifra que exigiría construir un mínimo de 31.500 viviendas cada año solo para acoger a la población que llega, sin que este ritmo permitiera reducir en absoluto el déficit que arrastramos. Para eliminarlo, habría que doblarlo durante al menos una década.
Es evidente que es necesario construir más viviendas, pero también debería ser evidente que cualquier política creíble de vivienda debe empezar por frenar el crecimiento demográfico.
Los obstáculos psíquicos para llegar a esta conclusión son diversos. El primero es el fatalismo, que les dice a muchos que el flujo que recibimos es una consecuencia inevitable de la baja natalidad catalana y del alto nivel de vida del que disfrutamos. No hace falta hacer referencia a los ejemplos de Corea o Japón para desmontar este fatalismo: basta con consultar los flujos migratorios que están recibiendo el País Vasco y Francia, que en el mismo periodo han visto aumentar su población proporcionalmente en una tercera parte y una cuarta parte del ritmo catalán, respectivamente.
Como se trata de proponer soluciones sin afrontar el problema real, estas son necesariamente irracionales.
Ya he hecho referencia a la construcción de viviendas, una solución necesaria pero insuficiente. Mejorar el transporte ferroviario es también sensato, pero irreal en unos plazos que eviten que las costuras de nuestra sociedad salten por los aires.
Uno de los fetiches predilectos de la clase política, y en particular de la izquierda, es la ley: escribir en un papel una fórmula que elimine los efectos de la escasez real. Los dos decretos que el gobierno del PSOE no consiguió aprobar se inscribían en esta línea: no es que fueran inocuos; aportaban algún efecto paliativo que redistribuía rentas en contra de los propietarios y en favor de los inquilinos, lo cual, en las actuales circunstancias, no puede ser calificado más que como positivo. Sin embargo, su aprobación no suponía la creación de ninguna vivienda nueva (tampoco era su intención) y, por tanto, dejaba la escasez exactamente como estaba.
Otro fetiche, en este caso defendido por la derecha, por algún economista mediático e incluso por algún catedrático de economía despistado, es la reducción de los impuestos que gravan la vivienda. Como el constructor primero y el comprador después soportan diversos impuestos (ITP, AJD, IVA o TP, por ejemplo), se defiende que su reducción comportaría una reducción del coste de la vivienda. Todos los economistas deberíamos saber –al menos desde la publicación de La riqueza de las naciones, en 1776– que, en una situación de escasez, los precios inmobiliarios son (en palabras de Adam Smith) “el máximo que el comprador puede pagar”, cosa que implica que la reducción de los impuestos se traduciría en un aumento equivalente del precio.
Un tercer fetiche es la transformación de viviendas de propiedad privada en pública. Se defiende, por ejemplo, que si las viviendas de protección oficial construidas durante el franquismo no hubieran sido privatizadas, hoy la situación sería mejor. Debería ser evidente que la escasez de viviendas sería exactamente la misma, y que exactamente el mismo número de personas que ahora no encuentran seguirían sin encontrar, y que los propietarios privados tendrían, por tanto, exactamente el mismo poder de negociación que ahora. También debería ser evidente que incluso en el caso hipotético de que todas las viviendas fueran de propiedad pública, el déficit seguiría siendo exactamente el mismo que ahora. A menudo se pone de ejemplo la situación de Viena, donde el parque público de viviendas es muy elevado, olvidando que el crecimiento demográfico de Austria es también poco más de la cuarta parte del catalán.
Finalmente, consideremos el tema de la seguridad jurídica. Es evidente que el nerviosismo de nuestros legisladores, la animadversión de ciertas fuerzas políticas hacia los propietarios inmobiliarios, el rechazo a los desahucios y la increíble tolerancia hacia las ocupaciones ilegales no crean el clima adecuado para que el capital privado –ni el público, aunque esto nunca se explicite– fluya hacia la construcción de vivienda. Se puede imaginar un escenario más razonable en el cual, por ejemplo, si una familia vulnerable no puede hacer frente al alquiler, su protección vaya a cargo de la sociedad y no de un propietario en concreto. Sin embargo, de aquí no se deduce que la simple creación de un marco regulatorio razonable resolvería un problema de dimensiones descomunales y que, como hemos visto, crece mucho más rápidamente que nuestra capacidad de resolverlo a base de construir.
