Esta semana saltaba en los medios de comunicación la noticia de que Adriana Lastra dimitía de su cargo de vicesecretaria general del PSOE y dejaba sus funciones en la dirección del partido. En un comunicado escrito por ella misma apuntaba que se habían producido cambios importantes en su “vida personal que exigen tranquilidad y reposo”. A sus 43 años, y con un embarazo de riesgo, la dirigente socialista daba un paso al lado en sus responsabilidades orgánicas. El papel de la diputada asturiana ha sido importante en los últimos años en la gobernabilidad española y la vida del partido y, por lo tanto, es lógico que la dimisión generara noticia. Sería razonable que la conversación pública hubiera versado, por ejemplo, sobre las implicaciones y consecuencias de esta dimisión en la reorganización del partido. O en lo que suponía respecto a las transformaciones de la correlación de fuerzas en la dirección socialista. Hasta aquí todo correcto.

Por primera vez en la historia, unas elecciones en Castilla y León adquieren interés estatal. La campaña electoral se ha nacionalizado y los resultados surgidos de las urnas tienen repercusión más allá de la propia comunidad. El propio Pablo Casado ha apostado por tener una intensa presencia –no muy exitosa en términos de comunicación política– y ha aparecido día sí día también en un pueblo o granja del territorio castellanoleonés. Pero, paradójicamente, y aunque los medios no se hayan hecho mucho eco de ello, en estas elecciones también se ha hablado de los problemas y las necesidades del territorio, de las provincias olvidadas. Y se ha hecho con un lenguaje y una aproximación diferentes de los de los grandes partidos, con una mirada empoderada desde la proximidad. No en balde la fragmentación en el legislativo es la más alta de la historia: hay hasta 8 candidaturas.

En un artículo publicado en El món de demà, Alfons Aragoneses, profesor de historia del derecho, reflexionaba sobre el llamado “régimen del 78”. Con esta expresión se refería al conjunto de problemas estructurales que se arrastran en el estado español desde hace décadas: el no reconocimiento institucional de la plurinacionalidad, la “cartelización” de los partidos que sostienen el bipartidismo (con lógicas de confusión partido-gobierno-estado), la connivencia entre poderes políticos y económicos que fomenta una estructura productiva de poco valor añadido o el continuismo organizativo y cultural en el poder judicial. A pesar de compartir este diagnóstico, el autor aportaba una interesante mirada crítica a la locución: el origen de las disfunciones citadas no se tiene que buscar tanto en "el 1978" sino en el despliegue que se hace del texto constitucional sobre todo después de 1981. En otras palabras, si bien es cierto que la Constitución es fruto de unos equilibrios de fuerza determinados que hacen que en algunos temas se quede corta, también lo es que la carta magna tenía mucho más recorrido del que se hizo efectivo a lo largo de los 80 y posteriormente. A este pensar en pequeño contribuyeron los consensos conservadores post-23-F de los dos grandes partidos estatales (y algunos periféricos) y también el protagonismo de ciertos actores institucionales: un caso paradigmático es el del Tribunal Supremo cortando las alas a las visiones constitucionales más abiertas. Todo esto puede parecer una disquisición intelectual, pero desde mi punto de vista esta aproximación tiene efectos prácticos: abre la puerta a la posibilidad de actuar desde ahora mismo. No es necesario esperar un cambio de régimen o una nueva constitución para exigir transformaciones profundas.

La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha sido agobiante, y ha doblado el resultado que ella misma consiguió hace un par de años (de 30 a 64 escaños). Explotando la fatiga pandémica y enarbolando la bandera más neoliberal del PP, con unas intervenciones simplistas, burlonas y demagógicas, ha conseguido revalidar su presidencia. Ahora bien, hay que contextualizar este resultado. Desde mi punto de vista el factor más importante que opera en esta contienda electoral es la recomposición del ala derecha del tablero: una parte importante del votante del PP vuelve a casa (por el hundimiento de Ciudadanos y porque Vox llega a su techo electoral –en campaña no se ha visto mucha diferencia entre Ayuso y Monasterio–). Sin ir más lejos, justo antes del terremoto ocurrido en el sistema de partidos, Esperanza Aguirre conseguía 72 parlamentarios y UPyD 8 en la contienda de 2011. Madrid es una comunidad sociológicamente de derechas (o al menos, lo son aquellos que van a votar): el PP la gobierna ininterrumpidamente desde 1995. El tamayazo (2003) consolidó su hegemonía.

Muchas seguro que recuerdan esa campaña gubernamental del Póntelo, pónselo, no exenta de polémicas y gesticulaciones. Era finales de los ochenta y la única manera de hacer frente al VIH, y al desarrollo del sida, era mediante la prevención. Había que generalizar el uso del preservativo para evitar la propagación de una enfermedad que en esos años todavía era mortal. Ciertamente fue un gran ejercicio de propaganda pública para fomentar los valores de la solidaridad y la importancia del cuidado a uno mismo y a los otros, poniendo en el centro idea de bien común. Ahora bien, no se partía de la nada. A menudo las instituciones van detrás de los movimientos sociales, y este caso no era una excepción. El sida fue desde el primer momento una enfermedad estigmatizada a la que, en el mejor de los casos, se destinaban pocos recursos. La autoorganización comunitaria y la ayuda mutua se habían ido tejiendo desde abajo, desde la precariedad y la improvisación, a partir de los descubrimientos científicos que iban desvelando las incógnitas del virus. Las estrategias de educación en salud fueron impulsadas desde el activismo, ya sea LGTBI+ y otros movimientos sociales, ya sea desde colectivos de afectados.

Quizás de forma optimista, algunos debates que vi en campaña electoral me gustaron. Ciertamente, una conversación a nueve con la espada de Damocles de unas elecciones cerca no puede tener demasiado fondo. Pero pienso que como país hemos avanzado. Vi más respeto y reconocimiento mutuo entre las diferentes personas candidatas en relación a las anteriores contiendas. Y, sobre todo, se volvió a hablar de modelo de país y de políticas públicas. De cómo se podría hacer frente a la emergencia económica y social una vez se haya estabilizado el reto sanitario. Es verdad que el conflicto nacional-territorial sigue abierto y el hecho de que haya presos políticos y exiliados pone palos en las ruedas para avanzar en todos sentidos. Pero también lo es que después de una década volvamos a oír a nuestros y nuestras políticas hablar de desigualdad, precariedad y pobreza; de servicios públicos y política tributaria; de una estructura productiva debilitada; de la centralidad de los cuidados y desmontar del patriarcado; de las deudas ambientales y la urgente transición ecológica; de la equidad territorial... Todavía tímidamente y de manera anecdótica, con una gramática que quizás no tienen demasiado rodada, en algunos casos demasiado enganchados al programa electoral a modo de argumentario... Pero solo al andar se hace camino.