Cuando el Parlamento francés estableció por ley en el 2010 la primera prohibición de utilizar el velo integral en Europa, llegó a decirse que la República "no podía ser vivida con el rostro velado". El vivre ensemble, pues, llevó al legislador galo a declarar, en el preámbulo de la norma, que "nadie puede, en el espacio público, llevar una vestimenta destinada a ocultar su rostro". Por tanto, el fundamento de esta prohibición no fue tanto el argumento clásico de la laicidad republicana —invocada años atrás para erradicar el velo de las escuelas— como un factor vinculado a la seguridad y el orden público: el hecho de que las personas no pueden enmascarar su identidad detrás de una prenda. No se trata de un planteamiento nuevo. En la escuela nos contaban el famoso motín de Squillace, la revuelta popular que tuvo lugar en Madrid durante el reinado de Carlos III, motivada, entre otras cosas, por la prohibición de llevar capas largas y sombreros de ala ancha que permitían ocultar el rostro.

Según la encuesta anual del ICPS, el 52,4% de los catalanes se muestran a favor de la inmigración pero dos tercios quieren limitar su acceso, quizá por el efecto "agenda" provocado por el envenenado debate político. El endurecimiento de la opinión interna coincide con la tendencia a favorecer las expulsiones en otros países, política que se ha revelado fracasada. Durante su primer mandato, Donald Trump se comprometió a deportar cada año a 1 millón de extranjeros en situación irregular en Estados Unidos para acabar con un tercio de los 11 millones que se estimaba había en ese país. El balance final fue de 1,2 millones de deportaciones formales (removales, con orden de expulsión). Un fracaso, si se tiene en cuenta que se vio superado por Obama (2.749.706 en ocho años). Esto se explica por diferentes motivos: primero, porque la política migratoria depende de la cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales, que, en muchos casos –en las ciudades y estados santuario–, se negaron a colaborar con el Inmigration and Customs Enforcement, conocido por las aterradoras siglas ICE y aparte de topar con la juerga emisores. El colapso del sistema fue notable: no había suficientes jueces de inmigración ni recursos administrativos que evitaran los enormes retrasos en los trámites.

En La democracia en América, Alexis de Tocqueville decía que en Estados Unidos el poder se manifiesta en la sociedad porque los estadounidenses no obedecen a un hombre sino a la ley. Claro que el pensador y ministro francés tuvo esa impresión hace casi 200 años, cuando todavía no se había iniciado la deriva cesarista del virtuoso sistema político estadounidense en manos de Donald Trump. Uno se pregunta: dónde están los famosos pesos y contrapesos y los perros guardianes (watchdog) ¿que históricamente habían denunciado los abusos de poder en ese país?

Los escándalos en torno al PSOE, de corrupción y relativos a conductas de acoso machista, aparte de ser muy preocupantes porque cuestionan la probidad del sistema político y minan la credibilidad de la ciudadanía, auguran una alternancia cada día más probable a favor de la derecha ultramontana. A este contexto hay que añadir las decisiones judiciales incompatibles con el estado de derecho, por así decirlo finamente. Algunos expertos, como el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, han hablado abiertamente de golpes de estado judicial. El episodio más grotesco últimamente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras una instrucción de muy bajo nivel. Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena pertenecen al sector más conservador de la judicatura.

Los grupos Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Comunes, Compromís y Más por Mallorca han presentado una proposición de ley para garantizar el plurilingüismo real en el Estado por la vía de corregir el sesgo monolingüe de las instituciones estatales y asegurar el derecho efectivo de la ciudadanía a relacionarse en cualquier lengua oficial. Se trata de un compromiso adquirido por el PSOE en el momento de constituirse el Congreso de los Diputados, en agosto de 2023, como el de promover la institucionalización del catalán en la UE, pero cocinado más lentamente y con la ventaja de que sólo depende de las mayorías en el Parlamento español.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia que da la razón a la justicia española por restringir los derechos políticos de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras por su encarcelamiento por el referendo del 1-O y durante las elecciones de diciembre del 2017. La decisión del tribunal de Estrasburgo, 9 juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena violara varios artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos y sus protocolos, y coincide con el Tribunal Constitucional español en que le avaló para apreciar la concurrencia de indicios razonables de delitos graves. Y eso que, como dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los dirigentes habían llamado a los ciudadanos para manifestarse pacíficamente y los actos violentos aislados no se les podían atribuir.

Malos tiempos para el catalán, también en las administraciones públicas. Un juez del juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona ha aplicado un riguroso test de proporcionalidad a la exigencia del nivel B2 de catalán para hacer de operario de cementerio en Vic, aunque se trata de un nivel intermedio-alto (o intermedio avanzado), lo que quiere decir, según el Marco Europeo (MECR), que eres apto para expresarte con fluidez en problemas sin dificultades con situaciones cotidianas y profesionales. Se trata del mismo requisito que fijan las bases de la convocatoria de dos plazas de chófer polivalente del Parlament, también impugnadas.

"Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada", dijo Pedro Sánchez en marzo de 2018. Y en noviembre de 2022, Salvador Illa reprochó a Pere Aragonès que "Catalunya no tuviera presupuesto aprobado con todo lo que está pasando en el mundo". Claro que las circunstancias han variado, ambos entonces estaban en la oposición y hoy gobiernan. Ahora el presidente español dice ilusoriamente que cumplirá con su obligación, y la consellera de Economía, Alícia Romero, asegura que si no hay presupuesto "no se acaba el mundo ni cae Catalunya". Son dos formas distintas de salir del paso, marcadas una por el optimismo de la voluntad y la otra por el pesimismo de la razón, que diría Gramsci.

Parece que Pedro Sánchez, que ha visto cómo su entorno familiar es asediado por una fronda judicial instigada por la ultraderecha, ha caído definitivamente del caballo como un san Pablo y se ha dado cuenta de que "hay jueces haciendo política" que hacen un "daño terrible" al poder judicial. En algún momento hora la izquierda española tendrá que reconocer –y no en una entrevista televisiva– que la Transición no supuso tampoco ninguna "ruptura" con el poder judicial del régimen autocrático anterior y que las "reformas" realizadas en los años 80 fueron tan débiles que lo han lastrado en términos de democracia liberal plena.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha escuchado de primera mano los argumentos a favor y en contra de la amnistía a lo largo de dos vistas dedicadas a estudiar las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, contempladas en el artículo 257 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Hemos tenido que llegar hasta aquí porque la derecha política y judicial española, a pesar de tratarse de una cuestión eminentemente interna, decidió hace tiempo trasladar su guerra particular a todas las instancias continentales posibles, como antes a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, para retrasar –más que hacer ilusoria–.

Está previsto que Pedro Sánchez proponga una batería de medidas para combatir la corrupción. Veremos. Existe el peligro de abordar el fenómeno como si se tratara de un problema de avidez o falta de probidad de varios políticos o funcionarios, dado que la proliferación de casos obedece a una mezcla de cosas: la prorrogada cultura picaresca que ha caracterizado a la política española (y catalana) durante los largos períodos no democráticos, oligarquías debido al modelo económico neoliberal imperante –que ha forjado una serie de contravalores que hace que sea más eficiente aceptar un cierto grado de transgresión si actúa como palanca de progreso material.

Por lo que se ve, el caso Ábalos/Cerdán/Koldo va camino de tener más episodios que Nizaga de poder. Cada día aparecen más evidencias o se producen declaraciones en sede judicial en las que, por cierto, los investigados no reconocen ni siquiera su voz, ya se sabe. infraestructuras ferroviarias o carreteras a tres grandes empresas que resultaban recurrentemente beneficiarias.

El nuevo fracaso recogido por la demanda de oficialidad del catalán en la Unión Europea nos deja un listado –por lo visto, dinámico y evolutivo– de estados miembros a favor y en contra, así como de los que por lo visto se limitan a manifestar dudas, y también un episodio de lo más grotesco: los esfuerzos del Partido Popular de Feijóo, con la torpedear ese reconocimiento con presiones a varios jefes de gobierno conservadores y ultraderechistas europeos.

Una de las cosas más abracadabrantes de la última encuesta del CIS es que el poder judicial es la segunda institución española mejor valorada y que todas las suspicacias sobre su falta de neutralidad se concentran en su actuación sobre los partidos políticos. Lo hemos sabido precisamente la misma semana que el Tribunal Supremo ha denegado, en primer lugar, la amnistía a Carles Puigdemont, sosteniendo de forma delirante que obtuvo con el Proceso un "beneficio personal de carácter patrimonial" y que ello encaja de forma muy retorcida dentro de la desgracia y evitable excepción que prevé la ley de amnistía. En segundo lugar, el mismo alto tribunal ha informado en contra de un indulto a Oriol Junqueras, que podría exonerarle de la condena de inhabilitación porque, a juicio de tan sabios togados, y en contra de la opinión de la Fiscalía, eso sería tanto como sustituir el indulto parcial e irrevocable a otro pena de cárcel otorgado a su pena de cárcel 1870.

Con los años se ha demostrado que, en el estado de las autonomías, las inversiones del Estado tienen un papel relevante tanto para configurar las políticas públicas como para premiar o castigar a los distintos territorios en función, primero, de si se aprueban, y después de si se ejecutan. Estos días hemos sabido que, según la Intervención General del Estado (IGAE), durante el primer semestre de 2024 sólo se gastó un 20% en Cataluña, 456 millones de euros, que se sitúa en la cola de todas las comunidades autónomas, mientras que en Madrid, por ejemplo, se supera el 57%, con 694 millones de euros.

Con la sangre que nos hicieron sudar los halcones fiscales del norte durante la crisis financiera y lo que costó que movilizaran los recursos para hacer frente a la pandemia de covid, y ahora en cuatro días la Comisión de la UE ha decidido aflorar 800.000 millones de euros para abordar los problemas de seguridad propiciados por la locura de Donald Trump. La diferencia con la primera crisis es que ahora el dictado no proviene solo de la troika europea que impuso el austericidio tras la crisis financiera de 2008, sino de la OTAN y de EE.UU., que combina los temores de algunos países fronterizos con la Rusia de Putin y las clásicas demandas de los estadounidenses de una mayor contribución a la defensa atlántica. La diferencia con el esfuerzo hecho durante la crisis pandémica es que ahora no hay un euro de subvenciones gratuitas, los créditos se reducen a 150.000 millones de euros y el resto deberá aportarlo cada gobierno. La única ventaja, que ya es mucho decir, es que los propios adaliles de la frugalidad luterana están ahora dispuestos a modificar los objetivos de estabilidad presupuestaria para que toda la "inversión" defensiva no compute en los topes de déficit y de deuda.

Ahora resulta que no sólo el AVE es radial. También las Cercanías tienen punto de salida y de llegada en el km 0 de la Puerta del Sol si hacemos caso de la negativa de los sindicatos de trabajadores de Renfe a plegarse al traspaso acordado entre la Generalitat y el Estado. Un ejemplo más de la defensa de un modelo jacobino de servicio público disfrazado de reivindicación de unos derechos sociales que nunca han estado en cuestión. A la España del estado de las autonomías no le sienta la mentalidad policéntrica que impera en otros estados compuestos o en la propia UE. La pulsión centrípeta de las élites políticas y económicas de la España de matriz castellana-andaluza, y la definitiva musculación de Madrid no permiten siquiera que Barcelona sea el Frankfurt o el Milán de España. Enterrado está el sueño de muchos federalistas e incluso el pacto tácito al que hizo referencia Antoni de Capmany en las Cortes de Cádiz, por el que Castilla tenía que hacer la política mientras en Catalunya le dejaban hacer los negocios.

La moción de censura interruptus de Ripoll ha puesto de nuevo de relieve la dificultad que tienen algunos partidos tradicionales para relacionarse con las fuerzas políticas emergentes de ultraderecha o populistas, ya sean islamófobas o hurguen en las frustraciones provocadas por el deterioro de la prosperidad de las clases populares por culpa del abandono de las élites. No quiero decir con esto que algunas de las razones de Junts para no secundar la moción de censura no deban ser consideradas, porque van a caballo entre las dudas que pueden generar este tipo de situaciones incómodas y el omnipresente cálculo partidista entre fuerzas que hacen frontera electoral, aunque pueda generar incomprensión. Así de cruda es la política.

Pronto hará una semana que miles de personas clamaron por cuarta vez en Valencia por la dimisión de Carlos Mazón a causa de su gestión de la DANA. Antes, el Parlament de Catalunya había pedido lo mismo, en forma de petición testimonial, claro, porque no servía para apremiarle a resignar el cargo. Pero puso de relieve que en nuestro entorno no se suele dimitir por responsabilidad política. Sorprende, sin embargo, que la cámara catalana pueda instar al presidente de la Generalitat de abajo a dimitir y no pueda cuestionar a la monarquía como institución ajena al principio democrático. Y esto se debe a que el Tribunal Constitucional consideró, a instancias del gobierno de Pedro Sánchez, que el Parlamento se extralimitaba en sus funciones y que el rey estaba cubierto por la inviolabilidad. La diferencia es que, en ese caso, el gobierno socialista dijo que actuaba por "sentido de Estado", o lo que da igual, que había que proteger al responsable de la ominosa alocución del 3 de octubre, como antes se había hecho con su emérito progenitor, a pesar de las conocidas malvestados, con el pretexto de no abdicar porque el brécol ya pudía.

Decía Winston Churchill, auténtico recordman mundial de frases ingeniosas, que la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras. No consta que el célebre premier británico –y premio Nobel de literatura, no se olvide– añadiera patatas a este singular menú, como sí hizo Joan Laporta hace unos días en relación a sus adversarios. Sin embargo, lo que dijo el presidente azulgrana sobre este tubérculo –con un estilo más prosaico que el de Churchill– evidencia que la admonición de Churchill puede predicarse de todos los colectivos con dimensión pública, no solo el político, se trate de dirigentes deportivos, de medios de comunicación más o menos convencionales o de las redes.