El mapa global del gas natural licuado (GNL), así como el de las materias primas, está patas arriba desde hace tiempo. Primero por la guerra en Ucrania y por el hecho de que en Europa se cerrara el grifo de este combustible con Rusia. Ahora se ha sumado la guerra en Irán después del ataque de los Estados Unidos e Israel y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz –por donde circulaba entre una cuarta y una quinta parte del crudo y del gas natural de todo el mundo–, así como una escalada de la tensión en el mar Rojo. El contexto ha obligado a muchos países a buscar gas bajo las piedras –metafórica y literalmente– y a dibujar rutas marítimas inimaginables, o como mínimo inusuales, hasta el punto de que durante los ocho primeros meses de 2026 (entre enero y agosto) el puerto de Barcelona ha visto cómo se cargaban 7.439 toneladas de GNL de los tanques de la planta de regasificación con destino a Tailandia. En concreto al puerto de Bangkok, según datos de las cargas de GNL, a las cuales ha tenido acceso el ARA.

"Si tuviera alguna cosa que anunciar, serías el primero en saberlo después de mis nietos", aseguró la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, cuando un periodista de Bloomberg le preguntó si dejaría la institución para ir al Foro Económico Mundial. El rumor sobre una posible salida anticipada de Lagarde circula desde hace meses en la prensa económica. En febrero el Financial Times adelantó que se planteaba dejar el cargo antes de que terminara su mandato, en octubre de 2027, para permitir que Emmanuel Macron y Friedrich Merz pudieran influir en la elección de su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Fadi Elhusseini (1975, Franja de Gaza) se ha estrenado este jueves como flamante embajador de Palestina en España, en Madrid, en el que ha sido su primer acto público desde que presentó las credenciales ante Felipe VI. El terreno de juego era amable. Primero, porque le ha acompañado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (Izquierda Unida), que ha sido y es una de las voces más contundentes del gobierno español contra la ofensiva en Gaza, como se ha evidenciado de nuevo este jueves: "La posición de la sociedad española [sobre Palestina] es nítida [...]. [Benjamin Netanyahu] es un criminal de guerra", ha afirmado la ministra.

El desahucio de Maricarmen, una vecina madrileña de 87 años que va en silla de ruedas, ha sacudido a todo el Estado. El caso de esta anciana se ha convertido en simbólico por su vulnerabilidad, y las protestas, que este miércoles se concentraron ante su edificio para intentar impedir que la echaran de casa, han tenido eco político. Los partidos a la izquierda del PSOE no han tardado en exigir al gobierno español un nuevo decreto de vivienda. Sumar, el socio minoritario, pide que se apruebe ya en el consejo de ministros de la semana que viene y que incluya entre otras cosas la expropiación del piso de Maricarmen a sus propietarios, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. Pero con ellos no es suficiente para que el paquete de medidas salga adelante en el Congreso. Pedro Sánchez necesita los votos de todos los partidos del bloque de investidura y eso incluye a Junts. Tras la ruptura de la relación con los socialistas, la emergencia residencial ha hecho que las negociaciones volvieran al tablero de juego.

El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, se ha consumado este miércoles en el cuarto intento de echarla de casa. A pesar de que desde este martes por la tarde cientos de vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de la capital española se habían concentrado e instalado fuera del edificio, los antidisturbios de la Policía Nacional han ejecutado la sentencia de desahucio, lo que ha dado lugar a momentos de gran tensión: el Sindicato ha denunciado el uso de "violencia" por parte de la policía, con golpes en la cabeza a los manifestantes, así como el uso de gas pimienta. La propiedad del inmueble, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., planteaba un incremento del alquiler hasta los 1.650 euros, que Maricarmen no podía afrontar: tiene una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 euros de alquiler, porque tenía un contrato de renta antigua. A pesar de los intentos de negociación, el fondo se ha cerrado en banda. Ahora la vecina no sabe dónde irá y, de momento, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que tiene una "plaza de emergencia" en una residencia. "Es una tragedia social", ha afirmado el presidente español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa desde Nueva York, que ha señalado directamente al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid como responsables de no haber evitado este desahucio.

La frontera entre Ceuta y Marruecos se despertará este miércoles con más seguridad de lo habitual. Ante los mensajes en las redes sociales sobre un nuevo intento de cruzar la frontera aprovechando la convocatoria de elecciones legislativas en el país norteafricano, el gobierno español ha decidido reforzar los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad autónoma. La decisión se ha conocido el mismo día que Pedro Sánchez ha reconocido, desde los Estados Unidos, que "queda claro" que "el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló" con la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. "Hemos pedido respuestas y acciones [a las autoridades marroquíes]", ha dicho el presidente español este martes en una entrevista a la CNN en la que ha elevado el tono con Marruecos.

"Que nadie tenga que elegir entre el entusiasmo ciego y el miedo". Es el objetivo del gobierno español cuando defiende la necesidad de regular la inteligencia artificial (IA), sobre todo en un momento en que se está cuestionando la entrada a trompicones en una era marcada por esta tecnología. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo ha resumido así este lunes, antes de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentara desde la Moncloa IA360. Plan para un despliegue responsable de la IA. Se trata de una estrategia orientada a regular y fomentar el uso ético de la inteligencia artificial y que el gobierno español quiere desplegar en los próximos 12 meses. La intención es dar el salto de ser la "séptima potencia mundial en dinamismo de la IA a la quinta potencia".

Quién le habría dicho a Gabriel García Márquez que en un campo de trigo que ya no se cultiva –legado de lo que en un pasado fue el distrito madrileño de Villaverde, como su nombre indica– se instalaría un recinto llamado Macondo Park. El nombre del pueblo que se imaginó el escritor colombiano en Cien años de soledad es con el que Shakira ha decidido bautizar su residencia europea en Madrid, donde se queda desde este viernes hasta el 11 de octubre, cuando pondrá punto final a la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Son un total de 12 conciertos y, solo en dos días, la colombiana ya ha cantado ante más de 100.000 personas.

Después de un mes y casi veinte días durmiendo al raso, la idea de poder tener un techo, ni que sea en un campamento provisional, es lo que ha llevado a numerosos migrantes en Ceuta a salir corriendo a primera hora de este viernes para conseguir una plaza en las instalaciones que el gobierno español ha levantado en el puerto de la ciudad autónoma. Un total de 1.700 lo han conseguido. "Hemos trasladado con éxito y sin incidentes relevantes a las personas", ha valorado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a través de la red social X.

La escalada de precios, en particular de los combustibles, por la guerra en Irán aboca al gobierno español a continuar desplegando ayudas dirigidas a familias, empresas y los sectores más afectados como el del transporte o el sector agroalimentario (con el inicio de la guerra, se puso en marcha un paquete de medidas que decae este 30 de septiembre). Lo dan por hecho en el ministerio de Economía y así lo ha trasladado el titular de esta cartera, Carlos Cuerpo, a sindicatos y patronales en una reunión este jueves.

El gobierno español tiene vía libre para reubicar a los inmigrantes en las instalaciones del puerto de Ceuta. La Audiencia Nacional ha decidido finalmente denegar la suspensión temporal de la instalación del campamento, tal y como pedía un sindicato policial aduciendo motivos de seguridad. Será el ministerio del Interior, explica el auto judicial, el que se encargará de establecer las condiciones de seguridad para los agentes policiales y también para los inmigrantes. Este miércoles saltaron todas las alarmas cuando la Audiencia Nacional aceptó de forma "cautelarísima" la suspensión del campamento, pero ha tardado solo unas horas en cambiar de posición. Fuentes del gobierno español celebran la rapidez de la decisión judicial ante la urgencia social que hay en las calles de Ceuta y señalan que la previsión era que hoy mismo se pudieran instalar más de 1.700 personas. "Reiteramos que los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para sacar adelante el operativo", explican desde el ejecutivo estatal. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de la crisis, ha celebrado en un vídeo la decisión: "Es una magnífica noticia porque nos permitirá iniciar los expedientes y que los migrantes puedan ser retornados si no tienen derecho a quedarse", ha dicho, asegurando que esto acercará a Ceuta a la "normalidad". La decisión del miércoles, aunque era temporal, causó "perplejidad" al gobierno español y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto palabras este jueves a este sentimiento. "Hay quien quiere que hagamos magia", ha manifestado en una entrevista en TVE, recordando la falta de espacio en la ciudad para que los inmigrantes que todavía malviven allí puedan tener garantizadas las necesidades básicas. El titular de Transportes ha alertado de la falta de ubicaciones alternativas para situar el campamento: "Ir al puerto no es un capricho".Puente no se ha privado de criticar los vaivenes del gobierno ceutí con el campamento y lo ha acusado de "profunda deslealtad". "El señor Vivas, más allá de la defensa de Ceuta de palabra, no ha colaborado con el gobierno español en ningún momento", ha lamentado refiriéndose al presidente ceutí, y ha profundizado en el choque entre el gobierno estatal y el de la ciudad autónoma. "Hay personas individuales que parece que han atendido el llamamiento del señor Aznar de quien pueda hacer que haga", ha añadido en una entrevista en la Cadena Ser el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en referencia a algunos magistrados "corruptos". "Cada vez me cuesta más encontrar argumentos para defender que hay imparcialidad en todas las decisiones", se ha sumado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista en RNE.

El Congreso de los Diputados ha vuelto a dejarle claro al gobierno español que no tiene mayoría para legislar. La Moncloa se lleva una nueva derrota en la cámara baja española, que ha tumbado el real decreto ley para regular los grupos de presión o de interés, popularmente conocidos como lobbies. Son los grupos que buscan incidir en la agenda legislativa de la política tejiendo vínculos con los partidos políticos, los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados o en el Senado o el mismo gobierno español.

La estabilidad de la red eléctrica depende entre otras cosas de los cables, las estaciones o las subestaciones. Es decir, de la infraestructura, como se evidenció después del apagón eléctrico masivo de abril de 2025. En un momento en que se quiere avanzar hacia la electrificación de la economía, tal como se plantea en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, el reto para que esta estabilidad esté garantizada es mayúsculo. Es en este contexto que el gobierno español hace tiempo que ha asumido que se tiene que reforzar y modernizar, sobre todo porque se quiere continuar impulsando el incremento del consumo eléctrico. Y este miércoles se ha dado un paso más: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado una inversión histórica de 17.000 millones de euros en el marco de la Planificación eléctrica hasta el 2030 y que apenas se está tramitando.

El dinero para ampliar el aeropuerto de El Prat quedó fuera del Segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el periodo 2021-2026 porque el proyecto descarriló por la falta de consenso entre la Generalitat y el Estado. Cinco años después, el escenario es diferente: con el proyecto de nuevo sobre la mesa, el DORA III (2027-2031) incorpora una partida para hacer posible esta ampliación, aunque no es la más importante. De hecho, el dinero que se destinará durante este periodo (191,9 millones de euros) servirá para las "actuaciones preparatorias". Es decir, para los trámites iniciales, pero no para las obras de ampliación, tal como ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en rueda de prensa este martes. Entre estas actuaciones está la redacción del proyecto y las compensaciones medioambientales en caso de que la ampliación prospere.

España lleva tiempo sacando pecho por haber conseguido contener el precio del recibo de la luz en comparación con otros países del entorno en un contexto marcado por la fuerte tensión y volatilidad del mercado energético global. La razón principal: el despliegue de las energías renovables, que abaratan el precio mayorista del pool eléctrico –disminuyen el consumo de gas, que es más caro–. Nada que pueda ir en la dirección contraria agrada al gobierno español, que ahora teme que el despliegue de la industria de los centros de datos por el auge de la inteligencia artificial (IA) vaya, precisamente, hacia aquí.

"Inviable". "Lo veo difícil". "Ya estamos en precampaña". Son algunas de las reflexiones que diferentes voces sindicales y empresariales hacen cuando se les pregunta sobre la posibilidad de acuerdos tripartitos lo que queda de legislatura española. Pedro Sánchez se hizo la primera foto a tres bandas en enero de 2020, tras un acuerdo con la patronal española CEOE y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes. "Ha sido fruto del diálogo social y tiene como base la concesión solidaria de los agentes sociales", señalaba entonces Sánchez, que agradeció a los máximos dirigentes sociales –Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT) y Antonio Garamendi (CEOE)– su "voluntad de acuerdo". Más de seis años después, algunos ven aquel diálogo, pero también aquella voluntad negociadora como un espejismo. Aunque hay quien no pierde la esperanza: "Agua pasada no mueve molino".

El 30 de julio por la mañana el ejército español ya hablaba de "caos migratorio" en la frontera entre Marruecos y Ceuta con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "saturadas" ante la entrada de miles de personas. Pero el goteo de llegadas de migrantes a Ceuta provenientes del país alauita, sobre todo nadando, había sido una constante a lo largo del mes de julio, hasta superar con creces los datos del año anterior.

Sí que hubo advertencias: al menos sí que el CNI alertó tanto a Marruecos como al gobierno español de convocatorias masivas en las redes sociales para entrar en Ceuta. Lo hizo con una nota informativa a los servicios de inteligencia marroquíes el día antes de la crisis y también por Whatsapp a la delegación del ejecutivo en Ceuta y a mandos de la Guardia Civil. También informes de los cuerpos de seguridad previos a la crisis alertaban de un posible aumento de las entradas irregulares a raíz de la sentencia del Supremo del 8 de julio que rechazaba las devoluciones en caliente por mar. Esto es lo que se desprende de los informes y de las comunicaciones que el consejo de ministros acordó desclasificar este martes y que ha publicado a través de la web de la Moncloa. Unos avisos que, según el gobierno español, no fueron suficientes para anticipar la entrada masiva de migrantes.

93 pisos disponibles. Es la oferta inicial de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, en Cataluña. Este lunes, el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado el portal donde se ofrecerán los inmuebles disponibles que gestiona la entidad pública. De momento, cuenta con una oferta inicial de 800 pisos en todo el Estado, 93 de los cuales en Cataluña, repartidos entre Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, tal como ha podido comprobar el ARA a través del portal web.

El curso ha comenzado con las alarmas encendidas en los sindicatos, pero también en la administración pública, después de que el grupo Volkswagen haya puesto en juego la marca Seat, lo que ha situado en el punto de mira a la fábrica de Martorell. "Martorell no desaparecerá", ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este lunes por la mañana durante una intervención en el Ateneo de Madrid. El mensaje busca dar tranquilidad, sobre todo a los empleados, y también se han sumado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este lunes. De hecho, todos ellos se han apresurado a reivindicar la marca Seat: "Es histórica", ha afirmado Sordo. "Es un producto que hay que seguir reivindicando", ha reiterado.