Sonaba la canción Los niños del barrio cuando los líderes del Frente Amplio han salido este sábado en Madrid ante más de un millar de militantes que esperaban conocer el proyecto que aglutina a las izquierdas en el Estado en las elecciones del 29-N. Pero no estaban todos. Faltaban los niños de Podemos, con quienes la posibilidad de concurrir conjuntamente en Madrid, Barcelona y otros territorios se esfumaba este viernes por la noche después de una negociación "agónica", reconocen algunas voces de este espacio, que han llegado al acto sin prácticamente haber dormido. Tampoco estaba Gabriel Rufián, que se había erigido en el rostro aglutinador de todas las fuerzas a la izquierda del PSOE para frenar la amenaza de un gobierno PP-Vox. Ni Yolanda Díaz, que hace tres años era la candidata de este espacio –entonces bajo el nombre de Sumar– a la presidencia del gobierno español. Este sábado tenía un acto paralelo en una universidad. Hoy vuelve a la primera línea política Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la presidencia del gobierno español y número uno por Barcelona –Ernest Urtasun saldrá como número dos de la candidatura en la capital catalana–, y Emilio Delgado será el número uno por Madrid.

Con el tiempo ya agotado, el divorcio de las izquierdas estatales se ha consumado. Las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos para concurrir juntos a las elecciones del 29-N han fracasado —solo habrá listas unitarias en las Islas Canarias y en el País Valenciano. "El Frente Amplio ha hecho todo lo posible por construir una alianza política lo más amplia y diversa posible", han apuntado pasadas las doce de la noche desde la formación que, entre otras, encabeza Ada Colau. La medianoche era el plazo para registrar las coaliciones para los comicios al Estado del 29-N. Ahora, todavía habrá que definir las listas de candidatos que se deben presentar antes del 26 de octubre.

Hace días que las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI) han entrado en juego en la antesala de la campaña electoral del 29-N. Primero Vox cuestionó la sostenibilidad del sistema de pensiones, y esta semana el PP se ha hecho un lío con la subida de las prestaciones en un futuro a pesar de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dejar clara su postura: "Las pensiones son innegociables y se acabó. Se actualizarán conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos su viabilidad, sin duda", ha afirmado este jueves el dirigente popular.

Una marea de miles de camisetas de color verde se acerca este miércoles al mediodía a la Puerta del Sol. "Educación pública de todos y para todos", se lee en letras blancas estampadas. Son los docentes de la escuela pública no universitaria de la Comunidad de Madrid, que comienzan una huelga general indefinida. Avanzan caminando por una de las calles que desemboca en el kilómetro cero de la capital española. Al llegar, rodean las casi 2.000 tiendas de campaña que continúan instaladas en la plaza desde hace casi veinte días: la primera se colocó la noche del 26 de septiembre.

"Pedro Sánchez no ha sido socialdemócrata, sino socialista". Un exdirectivo de alto nivel del Ibex-35 resume así la política que, a su parecer, ha llevado a cabo el gobierno español durante esta última legislatura en lo que respecta a la relación del Estado con las empresas, especialmente las consideradas estratégicas. Pero también en lo que respecta a la política económica –la regulación– sobre sectores de gran peso. Una afirmación, sin embargo, que probablemente cuestionarían los partidos a la izquierda del PSOE, particularmente Podemos.

Con doce años de retraso, el mes de enero, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba un nuevo modelo de financiación autonómica. Era la primera vez que se llegaba tan lejos desde la reforma de 2009, también impulsada por el PSOE, aunque aquella reforma llegó con el consenso de todas las comunidades gobernadas por los socialistas –las del PP votaron en contra– y también con el aval específico del tripartito que entonces pilotaba la Generalitat. Una situación muy diferente a la actual, porque Montero presentó una reforma que solo han avalado Cataluña y las Canarias y que ha tenido que superar un ciclo electoral adverso para la Moncloa. "¿Quieres que me envuelva con una estelada en Andalucía?", decía la exministra a ERC, recuerda una fuente consultada. Los comicios andaluces de mayo –con Montero de candidata socialista–, de hecho, hicieron retrasar el calendario. Tanto, que ni siquiera ha llegado a la mesa del consejo de ministros.

El Banco de España ha incrementado sus previsiones de inflación, que sitúa, para este año y el 2027, muy por encima de los objetivos que marca el Banco Central Europeo (BCE). El organismo monetario ha presentado este viernes el informe trimestral de previsiones macroeconómicas, en las cuales también pronostica el crecimiento de la economía española.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha la maquinaria para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 a las puertas de la campaña electoral del 29-N. De hecho, no descarta que la subida se pueda aprobar incluso en plena campaña –comienza el 13 de noviembre– y quiere que el nuevo incremento tenga en cuenta la inflación. Díaz ha evitado dar una cifra –por ejemplo, si la subida debería ser superior a la inflación media prevista para este 2026–, pero ha reconocido que "muchas familias se resienten por el impacto de la inflación". "Es una evidencia", ha dicho en rueda de prensa este jueves. Además de los precios, la ministra ha encargado a los expertos del SMI, con quienes se ha reunido este jueves, que tengan en cuenta otros elementos, como la productividad y el contexto económico.

Las pensiones entran en la campaña de las elecciones del 29-N. De hecho, suele ser así cada vez que hay una convocatoria electoral, por la sensibilidad del debate para una buena parte de la población –por no decir toda– en edad de votar: actualmente hay 9,54 millones de pensionistas en todo el Estado que reciben una pensión contributiva (la mayoría por jubilación). Pero el cálculo de esta prestación depende sobre todo de quien todavía no la recibe y confía en recibirla en un futuro: los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social y, en particular, los que todavía tienen años de carrera laboral por delante.

11 de noviembre. Esta es la fecha acordada entre los sindicatos para convocar una huelga general por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida en todo el Estado, la primera desde 2012 –si no se tiene en cuenta la huelga de 2025 por Palestina, que convocaron los sindicatos minoritarios–. En Cataluña será la segunda en el mismo periodo de tiempo, después de la convocada en octubre de 2017 contra la represión policial del 1-O.

Tras la fuerte sequía de 2023, parecía que el campo volvía a respirar en lo que respecta a la siniestralidad agrícola fruto del clima y los fenómenos climáticos extremos. En 2024 la siniestralidad en el conjunto del Estado descendió, pero ha repuntado de nuevo este 2025 con las granizadas como protagonistas.

"[La guerra en Oriente Medio] Solo puede tener un impacto positivo en los resultados". La frase la verbalizó el ex consejero delegado de Indra José Vicente de los Mozos en abril de este año, durante la presentación de los resultados de la compañía en el primer trimestre. El hecho es que no hace falta esperar a que termine 2026 para entender hasta qué punto los conflictos bélicos son una oportunidad de negocio para las empresas españolas de la industria de la defensa y aeroespacial. En casi diez años han multiplicado por dos la facturación con un impulso importante y sostenido desde la guerra de Ucrania y el cambio de paradigma militar en Europa, que quiere recuperar la autonomía militar. Así, han pasado de una facturación consolidada de 11.840 millones de euros en 2016 a facturar 18.034 millones en 2025, según datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la principal patronal del sector, publicadas ayer lunes.

Habrá huelga general por la crisis de la vivienda antes de las elecciones españolas del 29-N. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, secundan el paro reclamado desde hace días por el Sindicato de Inquilinas, que este domingo ya tenía el apoyo del sindicato CGT, según ha podido saber el ARA de fuentes conocedoras de las conversaciones. CCOO y la UGT, los dos sindicatos con más presencia en las empresas, se habían mostrado hasta ahora cautelosos y estaban a la expectativa de la decisión que tomara Pedro Sánchez: si convocar o no elecciones anticipadas. La presión, sin embargo, sobre ellos ha crecido con cuentagotas, sobre todo después de las movilizaciones de este fin de semana en todo el Estado con miles de personas saliendo a las calles. Después de una última reunión este lunes por la tarde, los sindicatos mayoritarios se han acabado decantando por secundar la propuesta, tal como han informado en un comunicado conjunto.

Con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29-N y la disolución del Congreso decaen todas las iniciativas legislativas que estaban en marcha en la cámara baja española, excepto las iniciativas legislativas populares (ILP) y las iniciativas promovidas por las comunidades autónomas. De esta manera, reformas que había impulsado el mismo gobierno de Pedro Sánchez quedarán en un cajón. Otras medidas que ni siquiera han llegado a dar el salto al Congreso podrían pasar por el consejo de ministros, pero no verán la luz –solo se pueden aprobar reales decretos ley que convalide la diputación permanente, donde el gobierno español puede aprobar cosas porque la mayoría es diferente de la del pleno del Congreso (podría ser el caso de los dos decretos de vivienda que descarrilaron la semana pasada), o reales decretos ordinarios (reglamentos) que no tengan que pasar por el Congreso.

El Congreso ha tumbado los dos decretos de vivienda del gobierno español. Con uno decae la posibilidad de que se pongan en marcha los llamados contratos de alquiler indefinidos: se pierden las prórrogas automáticas de los contratos que en algunos casos irían acompañadas de indemnizaciones a los inquilinos –si no se cumple con la ley–. Con el otro decreto decae una batería de medidas, muchas de las cuales sociales, también en materia de vivienda. Son estas medidas las que han puesto en alerta a los movimientos por el derecho a la vivienda. Entre otras cosas, desaparece la moratoria de algunos desahucios a familias vulnerables.

El Sindicato de Inquilinas lleva días flirteando con la idea de una huelga general ante la emergencia habitacional. De hecho, después de que hayan caído los dos decretos del gobierno español este viernes, esta ha sido la primera proclama: "¡Hacia la huelga general!" Es también el lema bajo el cual han convocado manifestaciones en todo el Estado para este fin de semana. Pero no son los únicos. El planteamiento también está sobre la mesa de CCOO y la UGT, que mantienen conversaciones con el movimiento por el derecho a la vivienda para valorar la opción de un paro, según confirman diferentes fuentes sindicales consultadas por el ARA. "No se ha dicho que no al escenario de una huelga general. Está abierto", indican las mismas fuentes.

Jarro de agua fría para el gobierno español, los partidos de izquierda y los movimientos por el derecho a la vivienda que este jueves por la noche continúan acampados en la Puerta del Sol y la plaza Catalunya. Junts exige al ejecutivo de Pedro Sánchez que retire el decreto antidesahucios o votará en contra, pero la Moncloa ha cerrado la puerta en seco: "El gobierno de coalición progresista no retirará ninguno de los dos decretos de vivienda", han afirmado fuentes gubernamentales este jueves por la noche, tras conocer la decisión de los juntaires. Junts también votará en contra del decreto con la prórroga automática de los contratos.

El primer decreto de vivienda –el decreto antidesahucios– incluye algunas medidas que van acompañadas de compensaciones y bonificaciones a propietarios e inquilinos. De hecho, este ha sido y es uno de los puntos de la discordia de la negociación con Junts, sobre todo en lo que se refiere a las ayudas a los propietarios. La memoria económica del decreto, a la cual ha tenido acceso el ARA, pone cifras al impacto de algunas de estas medidas, mientras que otras no las cuantifica. Solo entre deducciones y bonificaciones fiscales, el ministerio de Economía estima un coste de 1.280 millones de euros a las arcas públicas, según han señalado fuentes gubernamentales a la ACN.

La patronal catalana Pimec se mostraba este miércoles favorable a los decretos de vivienda del gobierno español, si bien apelaba a un "acuerdo amplio y duradero". En cambio, en la patronal española CEOE –Foment del Treball forma parte de ella– el tono ha sido bien distinto. Su presidente, Antonio Garamendi, ha reconocido públicamente que él votaría en contra y hasta ha puesto las propuestas y a sus impulsores en el lado malo de la película: "Algunos piensan que van de Robin Hood y no son conscientes de que representan al sheriff de Nottingham", ha dicho Garamendi durante su intervención en la Asamblea General de la CEOE de este jueves, en la que ha sido reelegido presidente por cuatro años más.

El gobierno español es optimista, pero el hecho es que, a 48 horas de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, todavía no tienen los apoyos garantizados. Ni para el primer decreto ley, con una amplia batería de medidas como la suspensión de los desahucios e incentivos fiscales –ya publicado en el BOE–, ni para el segundo, que prorroga de manera automática los contratos de alquiler, que se publicará oficialmente este jueves. De momento, el gobierno español solo cuenta con el voto afirmativo de EH Bildu y de Esquerra, ya que así lo ha anunciado su presidente, Oriol Junqueras, aunque el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que se mirará hasta la "última coma". Mientras tanto, Junts, Podemos y el PNV mantienen la incógnita. De hecho, es con estas dos formaciones con quienes el gobierno español tiene que hacer más malabares para satisfacer sus exigencias, muy a menudo contrapuestas. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas ha exigido a los grupos que convaliden los dos decretos.