La última semana de curso antes de las vacaciones de verano acabó marcada por la entrada de miles de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta. Una tragedia migratoria que ha desencadenado en una emergencia humanitaria en la ciudad autónoma. Al principio, el gobierno español, que justo salía de la crisis por los graves incendios en el Estado, intentó esquivarla teniendo un perfil bajo públicamente –Pedro Sánchez solo se desplazó allí el pasado 31 de julio– y apelando rápidamente a una recuperación de la "normalidad". La semana del 10 de agosto, sin embargo, se vio empujado a incrementar su presencia en la ciudad autónoma con la visita de casi un ministro al día.

Una crisis sin precedentes como la de la pandemia de la covid-19 llevó a una solución sin precedentes: los fondos antipandemia para la reconstrucción. Un maná europeo de 750.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos que rompió algunos tabúes –por ejemplo, el del control estricto de la deuda–, pero también mantuvo concesiones a los países del norte que lo hacían salomónico: se puso techo a las transferencias y el control del dinero adjudicado se endureció.

Los fogones de la cocina de la ONG de Ceuta Luna Blanca continúan funcionando al máximo. Lo hacen desde la entrada el 30 y 31 de julio de decenas de miles de personas –entre 70.000 y 80.000– que cruzaron la frontera con Marruecos. Pocas horas después salieron o fueron retornadas la inmensa mayoría. En Luna Blanca preparan 2.750 desayunos, 2.750 comidas y 2.750 cenas diarias, que reparten entre los migrantes que continúan malviviendo en la ciudad, pero al principio de la crisis humanitaria habían llegado a repartir más de 6.000 raciones al día.

"No es cierto". Con estas tres palabras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado a todos los diputados que este viernes, durante su comparecencia en el Congreso, se han referido a avisos previos sobre una entrada de personas a Ceuta –Marlaska las ha cifrado en 72.000– el pasado 30 de julio. "No digan que alguien veía venir lo que pasaría el día 30 [de julio] porque no es cierto", ha sentenciado Marlaska, que ha arrancado su intervención haciendo una llamada a la calma en Ceuta y rechazando los discursos "partidistas" que "inciten al odio".

La peor crisis migratoria de los últimos años que se ha cobrado al menos 140 vidas está llevando Ceuta al límite. Este jueves, centenares de personas han bloqueado durante más de dos horas el acceso de un camión de la Cruz Roja a la playa del Trampolín, donde la organización distribuye alimentos a los inmigrantes que aún permanecen allí desde la entrada del pasado 30 de julio. Después, los manifestantes, muchos de ellos cargando banderas de España, palos y piedras, han roto el cordón policial de la playa de Benítez, han asaltado el campamento donde duermen estas personas desde hace casi un mes y han prendido fuego a dos parasoles de paja que se habían convertido en unas barracas improvisadas por los migrantes para refugiarse del raso.

El gobierno español y las comunidades autónomas han acordado dar luz verde a 25 millones de euros extraordinarios para reforzar los recursos de Ceuta para la acogida de los menores migrantes no acompañados. Lo han votado por unanimidad los consejeros de Infancia y Juventud en la conferencia sectorial que se ha celebrado este jueves. Pero no han asistido las comunidades en las que Vox tiene estas competencias después de los acuerdos con el PP; es decir, Aragón, Castilla y León, y Extremadura. De hecho, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha explicado que no solo se han ausentado de la reunión, sino que también han transmitido por escrito que estaban en contra de la partida presupuestaria extra.

El gobierno español y el gobierno de Ceuta continúan buscando espacios donde ubicar temporalmente a las personas inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio y que todavía malviven en la calle. La intención es que, una vez estén "acotados" en espacios temporales, se puedan registrar y "retornar" al país de origen de acuerdo con la ley, ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa este miércoles. Torres también ha prometido más recursos para agilizar los trámites y hacer posible los retornos. Hay que tener en cuenta que la ley obliga a hacer expedientes individualizados y estudiar los casos uno a uno.

Antonio Garamendi será proclamado presidente de la patronal española CEOE por cuatro años más y encadenará así su tercer mandato. Y no necesitará elecciones. El próximo 1 de octubre, cuando está convocada la asamblea de la organización empresarial para decidir quién debe seguir al frente, Garamendi será nombrado presidente automáticamente. El motivo es que no le ha salido ningún rival –había tiempo de presentar una candidatura hasta este lunes a las 23:59 horas– y, tal como se recoge en el artículo 41 de los estatutos de la patronal, esto permite que sea presidente sin necesidad de votación. "Solo hay un candidato [Antonio Garamendi]", confirman desde la CEOE.

El CNI ha vuelto a entrar en escena respecto a la crisis en Ceuta. El papel de los servicios de inteligencia era una de las claves de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso. Sobre ella y su ministerio ha planeado la incógnita de qué sabía el CNI sobre la entrada de decenas de miles de personas –unas 80.000– los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Y en particular, si los servicios habían advertido de la posibilidad de la crisis migratoria. La pregunta ha desencadenado en un lío entre esta cartera, el ministerio del Interior y la Delegación del gobierno español en Ceuta, ya que todos quieren defender su actuación. Mientras que Robles asegura que el CNI trasladó información a Interior y a la Delegación, estos matizan que en ningún caso se les avisó de una entrada masiva de migrantes.

Casi un mes después de la entrada de decenas de miles de personas inmigrantes en Ceuta (que Pedro Sánchez definió como una "violación de la integridad territorial" del Estado), el gobierno español declarará la "situación de interés para la seguridad nacional" y aceptará constituir un "mando único" que estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se aprobará en el consejo de ministros de este martes, el primero tras el periodo estival.

Su rastro se ha perdido en el Mediterráneo. Y cada vez que se habla de las personas inmigrantes que han intentado cruzar este mar, el balance se hace más siniestro. Y doloroso. Como una herida abierta. Son los cuerpos desaparecidos de la crisis migratoria en Ceuta, que nunca podrán ser identificados o, incluso, localizados. Las estadísticas poco o nada pueden decirnos de ellos, aunque, para hacerse una idea de la magnitud de la tragedia, hay quien ha retenido en la memoria el número de correos electrónicos que entraron el primer día que se puso en marcha la oficina de denuncia de desaparecidos de la Guardia Civil, el pasado 4 de agosto. "160 correos en un día", revelan fuentes policiales a el ARA. Esto no quiere decir que, con el paso de los días, familiares o amigos no pudieran contactar con la persona de la que no sabían nada. Pero, de entrada, no tenían ninguna noticia desde el 30 de julio, cuando, junto con decenas de miles de personas, intentó cruzar nadando la frontera entre Marruecos y Ceuta. Una travesía que, para muchos, ha acabado en naufragio.

Semana de alto voltaje para el gobierno español: con movimiento en la Moncloa, donde se celebrará el primer consejo de ministros tras el paréntesis del verano, pero sobre todo con movimiento en el Congreso. Hasta ocho ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez comparecerán para rendir cuentas por la gestión de la crisis en Ceuta cuando aún planean muchas incógnitas.

La frontera entre Marruecos y Ceuta ha sufrido la tragedia migratoria más letal de España. Más de tres semanas después no se tiene una cifra definitiva de las personas que entraron nadando; tampoco de las que continúan sobreviviendo en la calle. No se sabe cuántas personas han desaparecido y solo se han identificado seis personas de un total de 82 cuerpos recuperados en aguas españolas. Esta es la cronología:

La intención de las administraciones públicas de vaciar la playa de El Trampolín de Ceuta choca con el temor de muchos inmigrantes a ser deportados a la fuerza a Marruecos. Hasta en dos ocasiones (jueves por la mañana y viernes por la mañana) han sido desalojados para ser trasladados a los centros de acogida temporal, y en ambas ocasiones han vuelto a ocupar la arena. Al miedo a que los envíen al otro lado de la frontera se suma la evidencia de que las 1.800 plazas abiertas por el gobierno español en dos espacios son del todo insuficientes para atender a todos los inmigrantes, cuyo número sigue siendo una incógnita. Ante esta situación, muchos de los que el jueves fueron desalojados del campamento de la playa han vuelto este viernes al no tener un lugar donde refugiarse.

Justo cuando empezaba a salir el sol, la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron este jueves un enorme dispositivo en la playa de El Trampolín de Ceuta para desalojar a los miles de inmigrantes –no hay cifras oficiales para saber cuántos son– que malvivían allí en condiciones inhumanas desde la entrada masiva de finales de julio. Escoltadas por la policía y con el apoyo de entidades sociales, unas 1.700 personas han ido desfilando a pie hasta los dos primeros centros de acogida temporal que el gobierno español acaba de abrir para intentar que la ciudad africana recupere la normalidad rota por la llegada de miles de inmigrantes. Tan solo unas horas después, cuando las brigadas municipales aún limpiaban basura y todo tipo de enseres que los inmigrantes habían usado para levantar un campamento precario, unas 500 personas han vuelto, lo que ha obligado a detener los trabajos de las brigadas municipales. Su temor es que, en un lugar oficial, sean devueltos a Marruecos, como han explicado algunos a el ARA.

El ministerio de Juventud e Infancia trabaja para trasladar a la Península hasta a 500 niñas y adolescentes inmigrantes no acompañadas que ahora están en Ceuta, según explican fuentes del ministerio. La propuesta es que el gobierno de la ciudad autónoma mantenga la tutela de las menores y que la guarda y custodia pase a las entidades sociales que gestionan centros de acogida. Es la solución que han encontrado para acelerar el trámite habitual por el cual la tutela pasa a ser de la comunidad de acogida, que es la que tiene las competencias.

Todo el mundo parece buscar una "solución" para Ceuta. Hace una semana, el gobierno español y el PP coincidían plenamente en la idea del retorno de todos los inmigrantes que continuaban en la ciudad autónoma. También en la priorización de la reagrupación familiar en el caso de los menores. La cuestión era que aquellas personas que seguían en Ceuta también acabaran marchándose. De hecho, el goteo de retornos no ha cesado, explican fuentes policiales a l’ARA, y algunas ONG sospechan que entre los primeros casos se hayan cometido ilegalidades.

El intercambio de reproches no es una anomalía en la política española. Y Ceuta, que desde hace semanas vive una emergencia humanitaria, no es la excepción. El gobierno de Pedro Sánchez acusa ahora al PP de ir a Ceuta a "tensionar" aún más la situación, mientras los populares elevan el tono contra el ejecutivo central y su gestión de la crisis. Lo hace la dirección del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, pero también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que un día después de reunirse con la portavoz del gobierno Elma Saiz ha afirmado que se sienten "abandonados" por parte del ejecutivo central, en declaraciones a los medios de comunicación este martes por la tarde. Horas antes, Feijóo también ha criticado que el ejecutivo de Pedro Sánchez está "ausente" e "indiferente" ante la situación en Ceuta.

Dieciocho días después de la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta, la Comisión Europea mantiene su posición sobre el futuro de los migrantes que continúan en la ciudad autónoma. El ejecutivo comunitario ha defendido que se retorne a todos, incluidos los más de dos mil menores que han entrado sin familiares adultos y a quienes el derecho comunitario y la misma ley de extranjería española otorgan una protección especial. Bruselas argumenta que el derecho de la Unión Europea también prevé que sean retornados. "Continuamos insistiendo en que la expectativa es que todos los que estén irregularmente en Ceuta sean retornados", ha dicho el portavoz de la comisión de Asuntos Internos, Markus Lammert, este martes en rueda de prensa.

El choque político por la situación en Ceuta escala cuando la crisis humanitaria aún se hace evidente en la ciudad. La tensión entre el gobierno de Ceuta y el ejecutivo de Pedro Sánchez ha subido de decibelios después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), haya amenazado con ir a los tribunales si la Moncloa no "soluciona" la crisis en un plazo de 30 días. Un camino, por ahora inconcreto, que tiene el apoyo de Génova, que ha encontrado en la crisis migratoria un nuevo filón para desgastar a Pedro Sánchez. Mientras tanto, el gobierno español evita entrar en el cuerpo a cuerpo, defiende su actuación y la "colaboración" entre instituciones, en palabras de la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que este lunes se ha trasladado a Ceuta por primera vez desde la entrada de miles de personas el 30 de julio, a pesar de que entre sus competencias está la de velar por una red de acogida de los solicitantes de asilo.