Las pensiones entran en campaña: cómo funciona el sistema español y qué dice Vox

MadridLas pensiones entran en la campaña de las elecciones del 29-N. De hecho, suele ser así cada vez que hay una convocatoria electoral, por la sensibilidad del debate para una buena parte de la población –por no decir toda– en edad de votar: actualmente hay 9,54 millones de pensionistas en todo el Estado que reciben una pensión contributiva (la mayoría por jubilación). Pero el cálculo de esta prestación depende sobre todo de quien todavía no la recibe y confía recibirla en un futuro: los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social y, en particular, los que todavía tienen años de carrera laboral por delante.

Pero vayamos por partes. El debate ha vuelto a escena a raíz de unas declaraciones del diputado de Vox en el Congreso, José María Figaredo: "El sistema de pensiones [en España] es un zombi. Ha quebrado", ha afirmado Figaredo en una entrevista en el diario El Debate. De momento, el modelo actual, con todas sus reformas recientes, ha superado los exámenes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). También los de Bruselas, aunque ha cuestionado el incremento del gasto, que, a juicio de la Comisión Europea, es demasiado alto. Sea como sea, de momento no ha sido necesario activar medidas de ajuste.

Después del dardo contra el modelo, Figaredo se limitó a decir (no entró en detalles) que Vox propone una "reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos".

En respuesta a sus palabras, han salido en tromba diferentes miembros del gobierno español, empezando por el mismo Pedro Sánchez: "Mensaje para los pensionistas de hoy y para los de mañana. El único fondo que nos importa es el fondo de pensiones", ha escrito en X, donde ha compartido un vídeo en el que critica a la oposición por "sembrar la preocupación" sobre la viabilidad del sistema. "El sistema público de pensiones no está en riesgo", dice Sánchez. Desde el ejecutivo español han acusado al PP y a Vox de querer recortar y privatizar el modelo.

¿Qué sistema tiene hoy el Estado?

El Estado actualmente tiene un sistema público de pensiones llamado de reparto. Esto significa que una parte de las cotizaciones de los trabajadores que están en activo sirve para pagar las pensiones a las que se deben hacer frente en el momento.

Va ligado a un principio de solidaridad: las aportaciones de los trabajadores son obligatorias y las prestaciones definidas y garantizadas (pensión de jubilación, orfandad, viudedad, entre otras) tanto para los pensionistas actuales como para los del futuro. Lo regula la administración.

En los últimos años, el sistema ha sido objeto de una reforma importante impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez para mejorar las prestaciones de los pensionistas, pero al mismo tiempo garantizar que se puedan seguir pagando en el futuro. Los cambios, pues, han tenido un impacto en el gasto –ahora las pensiones se vuelven a revalorizar con la inflación y antes lo hacían teniendo en cuenta un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida que el PP aprobó en 2013 y que supuso un recorte del fondo–. Pero también sobre los ingresos del sistema para cubrir este gasto. Por ejemplo, se ha potenciado prorrogar la jubilación con incentivos, mientras que se penaliza la jubilación anticipada, se ha creado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) –un incremento de las cotizaciones– para llenar la llamada hucha de las pensiones, y los sueldos más altos aportan más.

Esto, sin embargo, siempre se ha hecho bajo la atenta mirada de Bruselas porque el modelo impacta directamente en las cuentas públicas –por eso se pone en el punto de mira la sostenibilidad–. Hay que tener en cuenta también que el mercado laboral tiene un papel muy importante: cuando no funciona, las cotizaciones caen y las arcas de la Seguridad Social, que deben cubrir las prestaciones, se resienten. Por tanto, existe un cierto temor a que se disparen la deuda y el déficit públicos. También entran en juego elementos como el envejecimiento de la población.

De hecho, en el caso español, la preocupación está puesta en el gasto futuro por la jubilación de los baby-boomers, la generación más numerosa —se prevé que el año 2050 sea el de máxima tensión para el sistema en lo que respecta al gasto.

¿A qué se refiere Vox cuando habla de "capitalización"?

Es este cuestionamiento a la sostenibilidad del sistema al que se aferra Vox para plantear que hace falta un modelo nuevo de hoy para mañana. Un cambio, sin embargo, que los expertos ven imposible. "Los cambios en materia de pensiones se tienen que hacer muy poco a poco. De hecho, es como se ha hecho siempre", apunta Montserrat Guillén, catedrática de economía financiera de la UB y una reconocida experta en la materia.

Cuando Vox apunta a un modelo mixto se refiere a combinar el modelo de reparto con un modelo de capitalización. Este último implica, en esencia, abrir la puerta a una privatización del sistema cuando se plantea como individual y obligatorio y de sustitución del sistema público. ¿Cómo? A través de la creación de un plan de pensiones privado desde que se empieza a trabajar para que cada cotizante se pague después su pensión. "Detrás hay una idea de liberalizar [el sistema público] [...]. Ahora mismo son propuestas electoralistas", añade la profesora de la UB.

Guillén reconoce que muchos países de la Unión Europea han caminado hacia este modelo mixto público-privado –también es el que más gusta en Bruselas–. Empezando por Alemania, donde incluso es obligatorio tener un plan privado que se alimenta con un porcentaje de lo que se cotiza. En otros países, el trabajador puede elegir. "Con los sueldos que tenemos aquí [en el Estado] ahora mismo es muy difícil", avisa la catedrática. En todo caso, España sí que ha aplicado cambios para corregir posibles problemas: por ejemplo, alargando la edad legal de jubilación. "En Alemania ya está en los 70 años", recuerda Guillén.