Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha vuelto a poner de manifiesto un problema jurídico de nuestro ordenamiento: ¿las mesas de los Parlamentos tienen la obligación de llevar a cabo un control material, con carácter general, de la inconstitucionalidad de las propuestas de resolución presentadas por diferentes grupos parlamentarios? En efecto, la sala primera del Tribunal Constitucional, en una sentencia del 23 de febrero de este año, anuló los acuerdos de admisión a trámite de la mesa del Parlament de Cataluña de unas propuestas de resolución presentadas con ocasión del debate sobre la orientación política general del Gobierno de septiembre del año 2022. Algunos apartados de estas iniciativas reconocen la legalidad y legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual se podría interpretar que comportan un reconocimiento con la eventual existencia de unos posibles efectos jurídicos, que podría ser objeto de control constitucional. Sin embargo, otros apartados se limitaban a expresar meros objetivos políticos, como por ejemplo los que instaban al Gobierno a que se desarrollasen competencias propias, con el fin de reducir la dependencia económica y política del estado español, a efectos de preparar el ejercicio del derecho de autodeterminación; los que instaban a fortalecer la soberanía económica, fiscal y financiera de la Generalitat; los que proponían sentar las bases de un proceso constituyente; los relativos al objetivo de la internacionalización de la realidad nacional de Cataluña, y los que se referían a la conveniencia de actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios, en la garantía de los derechos sociales básicos de la mayoría de la población en diferentes sectores. En todos estos últimos casos solo se expresa una mera declaración política que difícilmente se podría interpretar que comportase ningún efecto jurídico, en el sentido de su incidencia en la creación, modificación o derogación de normas jurídicas. No está de más recordar que las mesas de los Parlamentos son órganos de dirección del trabajo parlamentario. Así, la mesa del Parlament, como órgano rector colegiado del Parlament y integrado por el presidente, dos vicepresidencias y cuatro secretarías, ejerce funciones parlamentarias, funciones presupuestarias y funciones relativas a la organización de la administración de la cámara. El ejercicio de las funciones parlamentarias de la mesa se centran en la calificación, la admisión a trámite y la decisión sobre la tramitación de los escritos y documentos de índole parlamentaria.

La presidenta de la Comisión Europea manifestó recientemente que se revisarán unas propuestas de reglamento en relación con los Fondos Estructurales de la Unión Europea, tal y como anunció este diario. La razón de esta revisión está en las reivindicaciones, entre otros, de algunos parlamentos de los Estados miembros como el Bundesrat alemán.

Uno de los temas que están generando mayor controversia en los Parlamentos europeos en los últimos años es el llamado discurso de odio. En los Parlamentos de nuestro entorno se han producido manifestaciones que pueden interpretarse como llamadas públicas al odio contra minorías étnicas o raciales o como apología de la violencia o el terrorismo. En las últimas legislaturas es frecuente oír en el Parlament de Catalunya, en los debates parlamentarios, alusiones, con mayor o menor relación, implícita o expresa, con supuestos vínculos entre inmigración y delincuencia. Estas manifestaciones plantean la duda a los órganos de dirección del Parlamento, por un lado, de intervenir para asegurar las reglas de orden establecidas en los reglamentos de los Parlamentos y, por otro, advertir a los oradores parlamentarios sobre este tipo de discurso.

La negociación y aprobación de la ley de amnistía ha puesto de manifiesto la relación entre las normas de derecho de la Unión Europea y las normas del ordenamiento jurídico interno del estado español. En este contexto, uno de los aspectos relevantes de la ley de amnistía ha sido la determinación de la noción de terrorismo, a raíz de la instrucción de la causa de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional.