Ya se pueden imaginar que, a estas alturas, en el PSOE bullen los rumores y las especulaciones sobre qué pasará si pierde las elecciones. Lo que pasará si gana también provoca, porque no es muy probable que los socialistas puedan rehacer fácilmente las alianzas de 2023. Ahora bien, esto tendría un premio de consolación en el caso de que Sánchez consiga que su partido sea el más votado. También en este caso se tendría que decidir qué se hace con relación al liderazgo de la organización. En la peor de las hipótesis, es decir, si el PSOE es la segunda fuerza política en número de diputados y no tiene posibilidad de pactar, ¿cuáles serían las perspectivas para la continuidad del secretario general socialista? Naturalmente, puede haber circunstancias –por ejemplo, si el partido queda por encima o por debajo de los cien diputados– que modifiquen los planes para el futuro más inmediato. Pero en estos momentos el entorno de Sánchez asegura que su decisión, si pierde, es quedarse al frente de la oposición para jugar fuerte contra el nuevo gobierno.

La pregunta más habitual estos días entre los mismos periodistas del Congreso es: "Y tú, ¿qué crees que pasará el 29 de noviembre? ¿Quién ganará? Es curioso comprobar que, de entrada, prácticamente todo el mundo da por descontado que se impondrá el PP y que gobernará con el apoyo de unas cuantas decenas de diputados de Vox, entre 50 y 70. Sin embargo, si el interpelado pone cara de que no está seguro, su interlocutor también empieza a buscar argumentos para dar consistencia a su predicción, como si necesitara convencerse a sí mismo de que su vaticinio tiene mucho fundamento y está cantado.

Nadie podría decir ahora con seguridad ni siquiera qué participación habrá en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero si en el conjunto de España hay la mitad del interés que reina en el interior de la M-30 de Madrid, será bastante elevada. La que se presenta como la madre de todas las campañas ha tenido un inicio inesperado, a raíz de las reacciones ante el desahucio de Maricarmen Abascal y su muerte el miércoles. El PSOE tiene puestas todas las esperanzas en la movilización que se ha puesto en marcha a raíz de estos hechos. Los socialistas son maestros en el manejo de los climas emocionales, pero en este caso ni siquiera hace falta. La reacción por el caso Maricarmen ha sido bastante espontánea porque había mucha frustración acumulada por el problema de la vivienda. Algún día tenía que explotar y lo ha hecho ahora, cosa que ha dado una oportunidad a Pedro Sánchez para intentar vencer todas las previsiones.

Tentaciones sí que las hay. ¿De qué? De convocar elecciones, naturalmente. ¿De quién? Del único que tiene algo que decir sobre esta cuestión, que es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Este fin de semana hablará de ello con su núcleo duro. Hay expectación por lo que pueda explicar el lunes a la ejecutiva del PSOE, que se reúne en la sede central de la calle Ferraz. No será una reunión más. De hecho, en el partido dicen que puede haber noticias incluso antes del lunes. El clima que dejó el fracaso de la votación de los dos decretos sobre medidas para abordar el problema de la vivienda y los desahucios es de los que provocan incendios. En el gobierno hay diversas opiniones. En el partido se abre paso la idea de que ahora puede ser un buen momento para lanzarse a la piscina, que es la hora de tirar los dados.

El desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid es uno de esos hechos que marcan una etapa de la vida española. Tiene una enorme carga simbólica, como en la década de los ochenta la tuvo el Cojo Manteca, un chico con discapacidad que entonces tenía 20 años y que se hizo famoso por cómo cargó contra el mobiliario urbano en las manifestaciones estudiantiles que en 1987 tuvieron lugar en Madrid. El significado de la salida de la protagonista actual en todos los informativos es bien distinto del que tuvo Jon Manteca Cabañes, que nació en Arrasate en 1967 y murió en Orihuela en 1996. No obstante, las imágenes que los unen tienen muchas cosas en común, aunque la protesta ha sido llevada a cabo sin duda con más dignidad por Maricarmen Abascal, porque el Manteca pasó a la historia gráfica del país golpeando con sus muletas todo tipo de cristales y cabinas de teléfono, cuando eran una dotación obligada en las calles de las ciudades.

La crisis de Ceuta tiene que acabar ya, cuanto antes mejor. Cada día que pasa el gobierno pierde cuota de credibilidad, por la ineficiencia demostrada y por el retraso con el que reaccionó. Es fácil pedir soluciones inmediatas y difícil llevarlas a cabo, y a pesar de ello es insofrible asistir al drama cotidiano que sufre la ciudad, sus habitantes y los inmigrantes que conservan alguna esperanza de llegar a la península Ibérica y poder establecerse en ella. En las actuales condiciones encuentro que serán muy pocos los que consigan este propósito. Y, mientras pasan los días, crece la sensación de improvisación y de impotencia. Las imágenes de este viernes pasado dan una idea del descontrol prácticamente absoluto en el que viven todas las partes implicadas, incluidos los cuerpos de seguridad del Estado. Hay que aumentar el número de participantes en las operaciones para acabar con el desorden reinante. No se está haciendo lo suficiente ni al ritmo idóneo.

La recta final de la legislatura tendrá seguramente más interés del que se podía pensar meses atrás, en especial para Cataluña y la política catalana. Obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez sufrirá porque es muy improbable que consiga aprobar el proyecto de presupuestos que se ha vuelto a comprometer a presentar este año. Y seguramente a la crisis de Ceuta le queda mucho tiempo. Pero hay otro objetivo que se podría alcanzar durante las próximas semanas. Se trata de la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y los otros miembros de su ejecutivo que están pendientes de las sentencias que debe dictar el Tribunal Constitucional sobre esta materia. Es bien cierto que el Supremo nunca habría aplicado por su cuenta la ley de amnistía al líder de Junts, pero en esta recta final de la legislatura hay una concatenación de circunstancias que hacen verosímil lo que hasta ahora había sido imposible.

La crisis migratoria de Ceuta supone una grave complicación más para un gobierno fatigado, ya sin aliados permanentes, pero dirigido por un presidente decidido a continuar y terminar la legislatura. Cada vez parece más inverosímil la hipótesis de un milagro que permita a los socialistas rehacer el año que viene alianzas y proyectos para una nueva etapa en el poder. El debate del jueves en el Congreso puso de manifiesto la soledad de Pedro Sánchez, criticado por el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Pero una vez más consiguió permanecer en pie, sin caer exhausto sobre la lona. Feijóo intenta golpear cada vez con más fuerza al líder socialista y tumbarlo definitivamente. Ya no hay ningún tipo de respeto ni consideración entre ambos. Y a pesar de ello siempre queda en el ambiente la sensación de que el presidente del PP tendrá que continuar esperando, porque sus golpes –que serían bien contundentes contra otros oponentes– no hacen mucho efecto en Sánchez, que no muestra síntomas de buscar otra salida que la de jugárselo todo a una carta cuando sea que convoque las próximas elecciones generales.

Este ha sido –o quizás deberíamos decir que aún está siendo– un final de curso de drama y locura. Los incendios en diversas provincias y los hechos de Ceuta dan escalofríos. Nos estábamos acostumbrando a ver las imágenes cotidianas de cientos de personas acogidas en polideportivos mientras esperaban angustiadas noticias sobre el fuego y sobre su casa y sus pertenencias, cuando nos han asaltado imágenes aún más duras, como las de las decenas de miles de inmigrantes –sobre todo jóvenes, muy jóvenes– pasando de Marruecos a Ceuta, en lo que el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "violación de la integridad territorial de España". Una situación de emergencia, sin duda, que ha provocado reacciones de todo tipo. Y es aquí donde encaja la idea de la locura, por la capacidad que esta situación y estas imágenes tienen de disparar los comentarios y las iniciativas más bárbaras e inaceptables.

Describir estos días la vida del PSOE equivale a redactar la crónica de una desolación. Si ya era difícil dar un crédito total a las manifestaciones iniciales meramente exculpatorias del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero seguidas de un silencio de más de dos meses, su aparición televisiva para dar explicaciones no ha hecho otra cosa que agravar la situación, en especial en el terreno político. En el ámbito judicial puede ser diferente, porque hay otras reglas del juego. La defensa jugará fuerte la carta de pedir la nulidad de las actuaciones, basándose en problemas procesales y garantías de derechos fundamentales. Tampoco es una batalla fácil, pero Zapatero tiene un abogado con experiencia en este capítulo, Víctor Moreno Catena. Se trata de un catedrático precisamente de derecho procesal que durante seis años (1988-1994) ocupó altos cargos en el ministerio del Interior, primero como secretario general técnico y más tarde como subsecretario.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apoyando la ley de amnistía española es un paso sumamente importante para conseguir que algún día esta norma se pueda aplicar finalmente sin exclusiones ni restricciones. Pero de momento no es suficiente para parar la larga partida de ajedrez que en los ámbitos políticos y judiciales se juega desde 2017 –y antes– en torno a esta cuestión. Resulta evidente que la razón de estado sigue presente en la actitud que mantienen instituciones, organismos e instancias de todo tipo, junto con el núcleo de poder de la magistratura conservadora, bien asentado en la cúpula del organigrama del edificio estatal. Para darse cuenta no hace falta ser un independentista radical. Basta con haber seguido con algún interés los acontecimientos de los últimos años.

La semana que viene será una de las más importantes de esta legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene anunciada para el jueves, día 16, la publicación de su sentencia sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. Se trata de la resolución de la justicia europea sobre las impugnaciones que presentaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas contra el perdón a los líderes del procés independentista, encabezados por el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont. Tanto en el Constitucional como en el Supremo hay mucho interés en conocer la decisión del TJUE, porque ambos tribunales tienen sentencias pendientes sobre la aplicación de esta ley, que ha provocado en el ámbito judicial tanta o más controversia que en el terreno político.

Estos días, cuando se me ocurre provocar al personal diciendo que no veo definitivamente decididas las próximas elecciones generales –ya sean este año o el que viene–, me encuentro con reacciones de incredulidad y hasta de crítica severa a mi alrededor. Si en el grupo que intercambia opiniones hay alguien de derechas o liberal, la interrupción es inmediata, y me dicen cosas como “Te has bebido el entendimiento”, “Vas muy perdido” o “Parece mentira que lo puedas pensar”. En cambio, si en el mismo núcleo hay alguien de izquierdas –dé lo mismo si radical, moderado o de medias tintas– lo que manifiesta primero es falta de fe, pero acompañada inmediatamente de expresiones del tipo “¿Quieres decir?”, “¿Y en qué te basas para creerlo, eso?” o si el interlocutor es aficionado a la ironía “Eso te lo debe haber explicado Félix Tezanos”, el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), siempre acusado de barrer a favor de los suyos, los socialistas. Esta diferencia entre las respectivas reacciones revela que la derecha está muy esperanzada con recuperar el poder, y lo ve prácticamente hecho. Y también refleja que la izquierda vive con un acentuado sentimiento de derrota anticipada, pero en el fondo deseando que haya un giro inesperado, un golpe de suerte inverosímil, o sencillamente un milagro que les permita continuar en el poder.

El futuro de la vida política española se juega en estos momentos en dos escenarios diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propios ritmos y liturgias, lo que hace que sea difícil acertar en los pronósticos. El primer campo es el judicial y el segundo, el estrictamente político. Pongo por delante el de la justicia, porque, hoy por hoy, si cae el gobierno de Pedro Sánchez no será por problemas de gestión, por graves errores en las decisiones clave del ámbito económico o las relaciones exteriores. El asedio al ejecutivo no lo está consiguiendo hacer la oposición, sino las unidades especializadas en delitos económicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con los jueces y tribunales implicados en la persecución penal del PSOE. No estoy hablando de lawfare, sino de una situación de hecho, en la que la actualidad política viene marcada por el contenido de los atestados y las diligencias de los sumarios.

Esta había de ser una “semana horribilis” para el PSOE –una más–, pero el hecho es que la ha aguantado bien. De momento, los socialistas demuestran que tienen una mala salud de hierro. Cuando quieren sentirse bien, empiezan a hablar de economía y de la buena marcha de los indicadores. Es su espejo preferido, ante el cual se ven favorecidos. Es como un resorte psicológico para situaciones de emergencia, por ejemplo en los debates en el Congreso. Se registra mucha agitación parlamentaria a su alrededor –sobre todo en el Senado, que es el paraíso del PP, donde tiene una mayoría holgada– pero los socialistas ni caen ni ponen la rodilla en tierra.

Era evidente que esto no podía durar. El viaje del Papa a España ha tenido un gran éxito, por la claridad de los mensajes —los espirituales y los políticos—, la buena organización y la atención con que se ha seguido por todas partes. Pero este clima de intensa convocatoria a la concordia y el trabajo a favor del bien común, desde la unidad, quedará vinculado a efectos internos con el recuerdo de una etapa en que el país vivió atrapado en una realidad de desconcierto continuo. León XIV, es innegable, ha dejado el listón muy alto, tan elevado como la cruz que corona la torre central de la Sagrada Familia. La palabra clave de este viaje ha sido dignidad, la concepción de la persona como titular de derechos inalienables e irrenunciables, merecedora del máximo respeto. Querría creer que, por eso, el aplauso en el Congreso duró casi siete minutos, porque en el hemiciclo exista un mínimo común denominador sobre la relación que la cámara debe tener con los ciudadanos.

Después de dos semanas de sobresaltos, la visita del Papa ofrece la posibilidad de un paréntesis de paz y cierta tregua. León XIV llega con un programa muy cargado con el que el gobierno español espera tener la oportunidad de cambiar transitoriamente el escenario. Es una visita histórica y hay que concentrar la atención en las palabras del pontífice, sobre todo en relación a su intervención en el Congreso, este próximo lunes.

En estos momentos la vida política española se parece mucho a las imágenes congeladas que a veces se quedan así, fijas, en la pantalla del televisor o de algún otro dispositivo. Esperamos el siguiente paso, algo tiene que pasar, pero nadie toma la iniciativa. La imputación del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado todo tipo de hipótesis y comentarios de preocupación pero no ha traído cambios sustanciales en las relaciones entre las fuerzas políticas.

Junto con las noticias sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional, estos días me ha resultado imposible no recordar la estrecha relación que mantuve con José Luis Rodríguez Zapatero hace un cuarto de siglo, cuando decidió presentarse como candidato a la secretaría general del PSOE. Era junio del 2000, y aquel diputado de 40 años casi desconocido no tenía todas las garantías de que ganaría. Indirectamente, recibió la ayuda de Alfonso Guerra, que impulsó la presentación de la exministra Matilde Fernández para dividir el voto y dificultar la victoria de José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha. La cuarta candidata era Rosa Díez, que más tarde fundaría otro partido, ya desaparecido: Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Ha llegado el día. Este domingo Andalucía vota en unas elecciones que son autonómicas y que muchos percibirán como unas auténticas primarias. Pero en cierto sentido también se trata de una final, una cita en la que están en juego el estado de ánimo y las posibilidades con que el PP habrá de afrontar lo que queda de legislatura en el conjunto del Estado. Si el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, consigue revalidar su mayoría absoluta, en la calle Génova de Madrid, donde los populares tienen su sede central, sonarán muy fuerte las campanas. Y si no obtiene este resultado también las harán sonar, pero emitirán un sonido diferente, más contenido, porque habrá que ir a buscar a Santiago Abascal, el líder de Vox, para intentar garantizarse una nueva mayoría parlamentaria. Y por las experiencias anteriores ya se sabe que una operación de este tipo es siempre un dolor de cabeza.