Hay debates que parecían enterrados, pero que resucitan. Así como el viernes pasado el PP celebró la Diada del País Valenciano o también celebra la festividad de Galicia del 25 de julio (no hace falta decir que este lunes estuvo en las calles de Madrid y Barcelona haciendo lo mismo con la Hispanidad), en Cataluña hace años que los populares hacen novillos. Pero eso podría cambiar pronto. Con el final del Procés, la Diada es vista de otra manera por parte del PP. De hecho, este año no había ninguna orden interna para prohibir la asistencia de sus dirigentes a los actos institucionales del Once de Septiembre, como sí había existido otros años. El líder del PP en la ciudad de Barcelona, Daniel Sirera, decidió presenciar el acto solemne de izada de la senyera protagonizado ante el Parlament. Fue un gesto que no había compartido internamente, pero que lo tenía pensado, y que puede marcar un punto de inflexión de cara al año que viene, tal y como ha constatado el ARA en conversación con diferentes dirigentes del partido.

Al día siguiente del acuerdo de Gabriel Rufián con ERC para convertirse en el candidato del partido a las elecciones españolas, con un entendimiento con Podemos incluido, ha habido movimientos en la izquierda española. En concreto, los cuatro partidos del Frente Amplio –Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes– han emitido un comunicado conjunto en el que proponen a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a la presidencia del gobierno español.

El Día de la Hispanidad en Barcelona ha evidenciado que el PP y Vox tienen estrategias antagónicas en Cataluña. La tradicional manifestación del españolismo civil en el paseo de Gracia, que ha reunido a 1.700 personas según la Guardia Urbana, ha estado marcada por el clima electoral. A pesar de que el lema de la marcha era "Cataluña con Ceuta" y estaba llena de banderas de la ciudad autónoma, la convocatoria de elecciones españolas ha sido la verdadera protagonista. El partido de Santiago Abascal es consciente de que en el Principado están fuertes, ahora más que el PP en las encuestas, pero los populares capean el temporal del sorpasso pronosticando el triunfo que dan por seguro en el Estado. La fuga destacable de votantes o simpatizantes de Aliança hacia Vox en las elecciones españolas –al menos cerca de un 22%, según el CEO– permite entender la multiplicación de mensajes para seducir al votante de Sílvia Orriols en pleno 12 de octubre. Hay que tener en cuenta que Aliança no se presenta a estos comicios.

La batalla de Gabriel Rufián por unir a las izquierdas españolas todavía dará capítulos por escribir. A pesar del pacto alcanzado el domingo que le convierte en cabeza de lista por ERC con un entendimiento con Podemos, que le permite hacer campaña por España, el portavoz en Madrid ha salido al paso para asegurar que todavía trabaja para unir a la organización de Oriol Junqueras con los partidos progresistas del Estado. "Lo intentaré hasta el final", ha dicho en X.

Después de una semana de negociaciones, ERC ha confirmado que Gabriel Rufián será el candidato del partido en las próximas elecciones generales. Lo ha hecho en un comunicado en el que ha anunciado que será el número uno de la lista de los republicanos por Barcelona. Según el entorno de Rufián, él ha llegado a un entendimiento con Podemos para que el partido morado "no se presente en Cataluña" y pida el voto para ERC, cosa que confirman fuentes de la dirección del partido de Oriol Junqueras.

Precampaña de alto voltaje en España para los comicios del 29 de noviembre. En pleno 2026, ocho años después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno español, el PP dibuja un escenario apocalíptico si no ganara de la mano de Vox para impulsar un "cambio contundente", mientras que el gobierno español promete, ahora sí, resolver los problemas de la vivienda con valentía y luchar contra los que "mueven los hilos" y perjudican a las clases populares. En la localidad andaluza de Dos Hermanas y en Madrid, socialistas y populares han contrapuesto dos modelos de país aparentemente antagónicos empleando un lenguaje que hace tiempo que denota agresividad.

"A Pedro Sánchez no lo investiremos porque hemos salido escaldados". De esta manera respondía el secretario general de Junts, Jordi Turull, esta semana a la periodista Ariadna Oltra en Els matins cuando le preguntaba qué haría su partido si volvieran a ser decisivos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado en estos tres años para que la conclusión de Junts sea esta? ¿Qué se ha roto y, sobre todo cuándo, si al final parece que se podrá aplicar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont? El ARA ha reconstruido los momentos clave de esta tortuosa relación que empezó el verano de 2023 después de años de poco contacto a raíz del Procés.

Terremoto político en el Alt Empordà. El gobierno municipal de Junts, liderado por Lídia Ferrer, ha decidido mantener a Roger Pinart, el concejal de El Port de la Selva que eligió la esvástica por delante de la alpargata, en una de las últimas polémicas relacionadas con Aliança Catalana. La dirección del partido de Carles Puigdemont ha exigido la destitución fulminante de Pinart –que no milita en Junts pero forma parte del ejecutivo municipal–, pero Ferrer ha decidido darle "apoyo total". En declaraciones a l'ARA, Ferrer defiende su "magnífico trabajo como concejal de Seguridad" en el consistorio, donde es segundo teniente de alcalde, y resta importancia a su polémico tuit a favor de la esvástica. La alcaldesa admite el choque con la dirección de Junts, pero deja claro que en ningún caso le destituirá y que el partido debe respetar su decisión.

Cambio de tono de Salvador Illa. Este miércoles era el primer pleno del Parlament después de la amnistía total a Carles Puigdemont y los exiliados, pero también del adelanto electoral en España, y el presidente de la Generalitat ha entrado de lleno en precampaña electoral en la sesión de control. El líder socialista, y gran valedor de Pedro Sánchez, se ha referido una vez tras otra a los comicios españoles del 29 de noviembre y ha cargado de manera contundente contra la oposición. "Tres siglas, PP, Vox y Junts; un solo voto, bloquear el acceso a la vivienda", ha espetado, en referencia a los dos decretos que las tres formaciones rechazaron la semana pasada.

Tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su retorno a Catalunya, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que había sobre él, si bien diversas personas destacadas del entorno del exjefe del Gobierno han expresado públicamente que Puigdemont debería volver tras los comicios. Un parecer distinto del gobierno español, que recuerda que tiene luz verde para el retorno inmediato: "Puigdemont podría volver hoy si quisiera", ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. "Es una decisión que le corresponde a él", ha añadido. De momento, el Govern sí que ha atendido la petición de Puigdemont para que la oficina que tiene como expresidente, que se encontraba en el Palau Centelles de Barcelona, se traslade a unas dependencias en la calle Dr. Roux, 51-63 que son propiedad de la Generalitat, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado por terminada la etapa "de represión política" posterior al 1-O después de que el Tribunal Constitucional haya avalado por completo la amnistía. La decisión supone, ha dicho, una derrota para los diversos poderes públicos españoles que han puesto palos en las ruedas a la aplicación de la ley "por razones estrictamente políticas". La comparecencia institucional del exjefe del Gobierno se ha producido esta tarde, pocas horas después de que el Tribunal Supremo haya anunciado también el levantamiento de su orden de detención, lo que supone el primer paso definitivo para que regrese del exilio a Cataluña. El líder de Junts ha reivindicado la "enorme importancia política" de la ley, que desautoriza la represión y evidencia que "este no era el camino". Ahora bien, ha advertido de que el conflicto político con el Estado sigue vigente: "En términos de la relación Cataluña-España, hoy no se soluciona nada [...]. La amnistía no es en sí misma una solución", ha reivindicado desde Waterloo.

Definitivamente, Junts ha marcado perfil propio en el Congreso en una semana en la que todas las miradas apuntaban hacia los de Carles Puigdemont. La presión de la izquierda no ha surtido efecto y los juntaires han tumbado los decretos de vivienda, y han contribuido a una crisis institucional que amenaza con llevar al Estado a unas nuevas elecciones. El balance que hace el partido es positivo: son el único partido catalán –además de las delegaciones del PP y Vox– que se ha distanciado de las propuestas de la Moncloa. De hecho, fuentes juntaires explican que no han parado de recibir "felicitaciones" de pequeños propietarios, que les habían reclamado tumbar los decretos (algunas de las cartas las publicó el mismo partido en las redes).

Los tiempos judiciales quisieron que la última sesión del juicio contra los policías nacionales que vaciaron el ojo de el activista Roger Español se celebrara un 1 de octubre, siete años después del día del referéndum en el que el activista independentista fue mutilado. La sesión ha comenzado con demora: se ha suspendido hasta la una del mediodía porque el inspector imputado había alegado "un problema de salud" y se ha reanudado cuando ha vuelto del hospital. Todo ello ha provocado que el juicio tenga que acabar finalmente el viernes. La jornada de este jueves ha contado con las declaraciones del inspector responsable del operativo, de dos subinspectores y del escopetero que disparó a Español. Unas declaraciones, sin embargo, han quedado eclipsadas por el discurso final de la defensa de Español, que incluso ha recurrido a una sentencia de Manuel Marchena y a otra que se dictó por el caso de Esther Quintana, para desmontar la versión policial del 1-O.

Uno a uno, el decreto antidesahucios había ido consiguiendo los votos necesarios para salir adelante este viernes en el Congreso, hasta que ha llegado el momento de Junts. En una reunión telemática por la noche, la dirección de Junts ha anunciado que se sumará al no si el gobierno español no retira el decreto para volver a aprobarlo –con diversas modificaciones– la semana que viene en el consejo de ministros. Un pulso al cual la Moncloa ya ha respondido diciendo que no los retirará. Antes, Podemos había confirmado que votará a favor de los dos decretos de vivienda aprobados a raíz del caso Maricarmen, y que el PNV y Coalición Canaria darán el sí al primero y el no al segundo, haciendo caer también la renovación automática de los alquileres y las indemnizaciones a los inquilinos.

Junts llevará a votación este jueves la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tiene pocos números de prosperar, porque uno de los socios del Gobierno, ERC, ya ha cerrado la puerta a votar a favor. Ahora bien, los juntaires, además de querer reprobar a Illa, también quieren que el Parlament pida el cese de las consejeras de Interior y Educación, Núria Parlon y Esther Niubó, por las crisis abiertas en sus dos departamentos. La CUP también plantea reprobar la gestión del Gobierno por "el incumplimiento sistemático" de los acuerdos del Parlament, igual que el PP, aunque en su caso, por la "subordinación" que consideran que tiene el ejecutivo catalán al español y a los partidos independentistas. Más allá de estas peticiones, en el debate de este jueves los grupos también llevan a votación una batería de medidas en materia de vivienda justamente la semana que en el Congreso se deben convalidar los dos decretos de vivienda que el consejo de ministros aprobó el martes después de una negociación in extremis.

El segundo día del debate de política general ha servido para constatar la distancia del gobierno de Salvador Illa con el principal partido de la oposición, Junts, pero también para constatar la presión que los socios, Esquerra y Comuns, están dispuestos a ejercer hasta que acabe la legislatura. Los juntaires son los que han cargado más fuerte contra el presidente de la Generalitat: la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha calificado a Illa de ser el "peor presidente que ha tenido la Cataluña moderna" y ha propuesto reprobarlo. Esquerra y Comuns tampoco han sido nada aduladores; todo lo contrario, le han instado a cumplir de una vez por todas con los acuerdos de investidura y también los derivados de los presupuestos de este año. Illa, como es habitual, ha optado por esquivar las críticas, sobre todo las de Junts, y con un tono optimista ha vuelto a tender la mano a todas las fuerzas políticas, menos a Vox y Aliança Catalana.

Pasos adelante para la ley de amnistía, a pesar de que dos años después todavía no haya beneficiado a cuatro de cada diez independentistas encausados. Si en el mes de junio la norma se había estancado en la mitad, en las últimas semanas –después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– la cosa se está acelerando, según datos recopilados por Alerta Solidària. En concreto, el 62% de los independentistas ya han sido amnistiados, aunque, curiosamente, la lista todavía no incluye ni a la treintena de encausados en el Tribunal de Cuentas ni a los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo, los dos casos en los que el TJUE validó explícitamente la medida de gracia. La semana que viene se espera que el Tribunal Constitucional (TC) dé también un paso decisivo para que queden amnistiados Carles Puigdemont y los consejeros de su Gobierno perseguidos por malversación.

Salvador Illa da el pistoletazo de salida oficial al curso político con nuevas promesas, sobre todo en vivienda. El presidente de la Generalitat ha anunciado en el debate de política general en el Parlament que el Govern impulsará un fondo antidesahucios; las compras compartidas y temporales entre administraciones y ciudadanos que no llegan a pagar la entrada de un piso, y la ampliación de los préstamos de emancipación de los jóvenes.

La calle también presiona pocas horas antes de que el gobierno de Pedro Sánchez lleve al consejo de ministros el nuevo decreto ley de vivienda. También en Barcelona, donde este lunes el presidente español, Pedro Sánchez, ha realizado diversos actos y ha cerrado el día en el Palacio de Congresos de Cataluña en la entrega de premios de La Vanguardia. 2.000 personas según la Guardia Urbana y 20.000 según los organizadores se han reunido en la avenida Diagonal para reclamar que el nuevo decreto incorpore, entre otros, la prórroga indefinida de los contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios.

Ya está hecho y dicho. Solo falta que se concrete oficialmente quién relevará al cardenal Joan Josep Omella como arzobispo de Barcelona y cuándo. Antes de hacerse público, eso sí, el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo –el enviado del papa León XIV–, estuvo en Tarragona la semana pasada, de martes a viernes, para encontrarse con el arzobispo de la diócesis y primado de Cataluña, Joan Planellas.