La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha visto el documental de 3Cat que destapa los abusos que sufrieron miles de jóvenes haciendo la mili en el Estado. Lo explicó ella misma este martes por la tarde en el Senado cuando trató de quitarse de encima la presión de Junts para que se aclaren las vejaciones, torturas y violaciones durante el servicio militar obligatorio en el ejército español y, concretamente, las 1.900 muertes que la investigación periodística del programa Sense ficció estima que se produjeron por este motivo. Tanto la primera parte del documental, emitida a finales de 2024 bajo el título Et faran un home, como la segunda, Et faran un home: Morts silenciades,que la amplía con más testimonios, publicada a mediados de 2026, han provocado que los partidos independentistas y soberanistas hayan exigido la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

La llegada de Francisco a la Santa Sede supuso un cambio de paradigma en las relaciones con los partidos políticos españoles. Si bien la Iglesia católica en el Estado todavía arrastra la impronta del papel represor que tuvo durante el franquismo, el talante del anterior papa supuso que entrara aire fresco en la institución, que en la última década ha exhibido una mayor sintonía con las formaciones de izquierdas. La apuesta del papa argentino por una Iglesia más centrada en los colectivos vulnerables en detrimento de los asuntos doctrinales –justamente los que los separan de los sectores progresistas–, a la que da continuidad su sucesor, León XIV, ha hecho que el ejecutivo de Pedro Sánchez haya erigido al Vaticano en un aliado internacional ante el auge de la extrema derecha mundial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán, Leire Díez y otras personas conformaron un grupo para impulsar un “conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas” con la voluntad de “proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales” que afectan al PSOE y, “directa o indirectamente”, a Pedro Sánchez o “ciertos miembros” del gobierno español. Es uno de los elementos que constan en uno de los informes a los que tuvo acceso el ARA y que forma parte del sumario de la causa que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desafiado a Alberto Núñez Feijóo a reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo si quiere convencer al partido para que se sume a una moción de censura instrumental para hacer caer a Pedro Sánchez y convocar elecciones. "Si tiene una oferta seria, las cosas serias se explican en reuniones, y él [Feijóo] sabe que las reuniones con Junts, con la máxima dirección [...], se tienen que hacer en Waterloo", ha dicho en El matí de Catalunya Ràdio. La propuesta ha pillado a Feijóo en el Cercle d'Economia, pero no ha querido responder explícitamente a la petición de Turull. El líder popular ha vuelto a defender la moción de censura, pero ha avisado: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos".

La moción de censura planea con fuerza sobre el debate político desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi dos semanas. Aunque el PP se resiste a presentarla, Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en la estrategia de presión a los aliados de la investidura de Pedro Sánchez y este lunes se ha ofrecido, especialmente a Junts y al PNB, para poner punto final a la legislatura. En una entrevista a Telecinco, y después de que el presidente español se conjurara este fin de semana para resistir en la Moncloa, el líder del PP ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos para una moción de censura instrumental. El objetivo sería hacer caer el gobierno del PSOE, asediado por los casos de presunta corrupción, y convocar elecciones de manera inmediata. "Decencia y elecciones", ha resumido.

Si la anterior legislatura española (2019-2023) estuvo marcada por las causas judiciales contra el independentismo, la actual se ha convertido en un auténtico campo de minas judicial para el PSOE. El hilo conductor entre ambas fue, además, la amnistía, que Pedro Sánchez se comprometió a aprobar para tener los votos de ERC y Junts para la investidura. Si bien su aplicación, cuando hace dos años que se aprobó, aún no se ha culminado –con más de un centenar de políticos, activistas y cargos públicos con procedimientos pendientes de resolver–, uno de los efectos palpables que ha tenido la medida es el enfado de la derecha política y judicial por la concesión de los socialistas. De hecho, la legislatura comenzó con las protestas constantes ante la sede del PSOE alentadas por la extrema derecha y también por cargos del PP.

Después de una semana atónitos con el caso Zapatero y la causa que apunta a una trama dentro del PSOE, los socialistas contraatacan. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado al Congreso comparecer para informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas". Es decir, para hablar de los escándalos que rodean su partido. Así informan fuentes del gobierno español, que aseguran que no tienen "nada que ocultar" y ningún problema para tratar, si el PP lo quiere, las causas que afectan al PSOE y también las del PP, como la Kitchen, que está en pleno juicio. En el PSOE se han conjurado para resistir en la Moncloa. La comparecencia no tiene fecha aún, pero será después del 19 de junio, cuando habrá el próximo Consejo Europeo del cual Sánchez también quiere dar cuentas.

La vorágine judicial que afecta al PSOE se traduce en ruido en el Congreso, pero no en movimientos tectónicos. La moción de censura, que es la herramienta parlamentaria que podría provocarlos, sobrevuela la cámara baja sin perspectiva de que el PP, el único partido de la oposición con suficientes diputados para registrarla, fuerce una. Este inmovilismo se explica por el hecho de que Junts y el PNB, los aliados de la investidura de Pedro Sánchez con más opciones de desmarcarse, se resisten a alinearse con Alberto Núñez Feijóo –y de rebote con Vox– por mucho que en los últimos días hayan subido el tono contra los socialistas.

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado en la Audiencia Nacional dos semanas más tarde de lo previsto. El juez José Luis Calama ha aceptado la petición de aplazamiento de la defensa del expresidente español y lo convoca los días 17 y 18 de junio. Inicialmente, estaba citado la semana próxima, martes día 2. En una providencia, Calama ve procedente retrasar la declaración por la extensión de la causa, tal como había solicitado el abogado del exlíder socialista, Víctor Moreno Catena, ya que no tuvo acceso hasta este lunes. En paralelo, el exlíder del PSOE ya se ha empezado a defender públicamente de las acusaciones.

La empresa de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav, tenía un rol de "coordinación operativa" con la presunta trama de tráfico de influencias del expresidente español. Esta es la conclusión a la que llega la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el sumario: "Se observa que la relación mercantil, unida a los vínculos personales existentes entre los partícipes, no se limita a contactos esporádicos". El cuerpo policial reclamó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, entre otras cosas, acceder al contenido de los correos con el nombre de dominio @whathefav.com.

Plus Ultra es la empresa que está en el epicentro de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate público de 53 millones de euros que recibió presuntamente gracias a la influencia del expresidente español. Ahora bien, la aerolínea no es el único cliente del entramado societario de Julio Martínez Martínez dirigido supuestamente por el exlíder socialista desde la sombra. Tanto la UDEF en los informes policiales como el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto de imputación hablan de una organización consolidada que buscaba lucrarse gracias a la "intervención directa" de Zapatero en "operaciones internacionales de alto valor". La comisión recibida presuntamente de los directivos venezolanos de Plus Ultra sería solo una de las vías de ingresos de la trama.

Ya hace tiempo que el PP vive en un día de la marmota. Cada vez que estalla un escándalo judicial del entorno político más cercano a Pedro Sánchez, ronda la idea de forzar una moción de censura. Es lo que ha pasado estos días con la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en la Audiencia Nacional. Igual que pasó con las investigaciones contra José Luis Ábalos, primero, y Santos Cerdán, meses más tarde, en tramas de presunta corrupción. ¿Debería impulsar Alberto Núñez Feijóo una moción de censura para intentar acortar la legislatura? La conclusión a la que ha llegado por ahora Génova es la misma que en los casos anteriores. El PP no dará ningún paso sin tener los apoyos garantizados.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llega a la conclusión –al final de uno de los dos informes filtrados de la investigación del rescate público de Plus Ultra y el presunto cobro de comisiones por parte de José Luis Rodríguez Zapatero por haber intercedido– que hay "indicios suficientes" contra el expresidente del gobierno español. Son 185 páginas en las que la UDEF analiza las comunicaciones intervenidas en terminales informáticos de empresarios vinculados tanto a la aerolínea como al exlíder socialista, así como los movimientos de las cuentas bancarias de Zapatero —a quien consideran el líder de la red organizada— y de su entorno. Pero ¿qué tiene exactamente la UDEF contra el expresidente español para hacer esta afirmación, que ha conducido a su imputación en la causa de la Audiencia Nacional?

José Luis Ábalos, en prisió preventiva por el caso de las mascarillas, alza la voz tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida a TVE desde la prisión de Soto del Real, el exministro de Transportes se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra y ha afirmado que fue el expresidente español quien, tal como apunta la Audiencia Nacional, habría presionado para que la aerolínea recibiera los 53 millones de euros del gobierno español en 2021, durante la pandemia de covid-19. El exsecretario de organización del PSOE, de hecho, asegura que se enteró del rescate cuando llegó al consejo de ministros. "Zapatero se me saltó y habló directamente con Pedro Saura [secretario de estado de Transportes]", afirma.

Después de la imputación el martes del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, nuevo movimiento de la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha ordenado bloquear 490.780 euros de las cuentas del exdirigente socialista, el importe que recibió de la sociedad en el epicentro de la instrucción, Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. El magistrado, según informan fuentes del tribunal, también ha ordenado el bloqueo de todas las cuentas de las otras mercantiles investigadas en la causa.

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.

Después de cuatro años congelado, el PP catalán tendrá su congreso. Por fin, el líder estatal, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes en una intervención a puerta cerrada que el partido celebrará el congreso autonómico el próximo 27 de junio. La previsión es ratificar el liderazgo de Alejandro Fernández, que, después de fuertes tira y afloja con el dirigente gallego, ha conseguido una relación pacífica con la dirección estatal, sobre todo gracias al papel del secretario general, Miguel Tellado.

Juanma Moreno Bonilla ha entrado entre aplausos en la sede estatal del PP al día siguiente de las elecciones andaluzas. Pese al regusto agridulce de su victoria, este lunes entre las filas populares se reivindica el "espectacular" resultado obtenido por el candidato popular. En declaraciones a los medios a la entrada de la junta directiva estatal del partido, Moreno Bonilla ha defendido que, por mucho que se haya quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, los 53 escaños son un resultado "suficientemente contundente" como para dejar a Vox fuera de su futuro ejecutivo autonómico. "Es un resultado muy bueno que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha afirmado. De momento, Vox no ha puesto el precio de entrar en el gobierno, como sí hizo en Extremadura y Aragón, a la espera de que comience la negociación. Moreno ha explicado que aún no ha mantenido contactos con los de Santiago Abascal.

Juanma Moreno recuerda haber estado "obsesionado" con ser presidente de Andalucía desde el 22 de octubre de 1995. Aquel día, con 25 años, fue elegido presidente de Nuevas Generaciones del PP andaluz. Lo que en aquel momento parecía el sueño imposible de una joven promesa de la derecha se convirtió en realidad el 18 de enero de 2019, cuando tomó posesión del cargo y se convirtió en el primer jefe del ejecutivo andaluz no socialista de la historia. Lo hizo a pesar de haber obtenido los peores registros del PP en décadas —fue segunda fuerza con 26 diputados y un 20,75% de los votos— gracias a un pacto con Cs y Vox. Casi siete años y medio después, Moreno ha conseguido convertir esta carambola con la que desbancó al PSOE en un liderazgo hegemónico. Tal como explica él mismo en su libro Manual de convivencia (Espasa, 2025), la "perseverancia" es una de las cualidades que lo representan.

Andalucía es la última parada antes de las elecciones municipales y de las generales previstas en 2027. La región más poblada del Estado pone fin al ciclo electoral autonómico que comenzó el 21 de diciembre en Extremadura y que, cinco meses más tarde, culmina con una cita clave para medir las fuerzas del PP, el PSOE, Vox y la izquierda alternativa. Después de que las elecciones en Aragón del 8 de febrero y en Castilla y León del 15 de marzo dibujaran un panorama prácticamente calcado al extremeño, con victorias del PP insuficientes para gobernar en solitario, estas elecciones pueden suponer un cambio de guion para los populares, bajo el liderazgo del presidente andaluz, Juanma Moreno.