Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) se ha convertido en una presencia mediática diaria desde el 30 de julio. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el territorio que preside, es la causa. Vivas ha actuado de altavoz incansable del malestar que ha generado entre la población de la ciudad autónoma y ha puesto cara a la ofensiva política del PP contra la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez. Las comparecencias de este barón popular, uno de los más veteranos del Estado, han ido subiendo de tono a medida que, con el paso de los días, no se ha recuperado la normalidad. Aunque dentro del PP Vivas es uno de los llamados moderados, en esta ocasión se ha convertido en ariete contra el gobierno español por la gestión de la crisis migratoria.

Que Vox vuelva a gobernar en cuatro autonomías, en coalición con el PP, es una de las novedades que ha dejado este curso político. Tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el balance para la extrema derecha es que ha obtenido cuatro vicepresidencias de ejecutivos autonómicos a las que hay que sumar cinco consejerías más. Esto ha supuesto un nuevo giro estratégico para los de Santiago Abascal tras la decisión de abandonar las responsabilidades de gobierno hace dos años. La etapa de oposición a los populares, que ha sido de crecimiento electoral de Vox, ha dado paso a una nueva fase en la que el partido apuesta por gestionar. Se les abre ahora la posibilidad de aplicar sus políticas en las carpetas que han arrancado de la negociación con el PP, como son las de agricultura, ganadería, gestión forestal, servicios sociales, familia, turismo, cultura y, de nueva creación aplicando su propio marco, de desregulación.

El intercambio de reproches no es una anomalía en la política española. Y Ceuta, que desde hace semanas vive una emergencia humanitaria, no es la excepción. El gobierno de Pedro Sánchez acusa ahora al PP de ir a Ceuta a "tensionar" aún más la situación, mientras los populares elevan el tono contra el ejecutivo central y su gestión de la crisis. Lo hace la dirección del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, pero también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que un día después de reunirse con la portavoz del gobierno Elma Saiz ha afirmado que se sienten "abandonados" por parte del ejecutivo central, en declaraciones a los medios de comunicación este martes por la tarde. Horas antes, Feijóo también ha criticado que el ejecutivo de Pedro Sánchez está "ausente" e "indiferente" ante la situación en Ceuta.

Hace ya veinte días que salió a la luz el escándalo del ático de lujo de Isabel Díaz Ayuso y la polémica continúa persiguiendo a la presidenta madrileña. La trifulca política y mediática es intrínseca de la forma de hacer de la líder del PP de Madrid, pero el tipo de operación y la gestión comunicativa que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid en las últimas semanas ha convertido este episodio en el que más daño puede hacer a la dirigente popular, a solo diez meses de los comicios autonómicos.

El choque político por la situación en Ceuta escala cuando la crisis humanitaria aún se hace evidente en la ciudad. La tensión entre el gobierno de Ceuta y el ejecutivo de Pedro Sánchez ha subido de decibelios después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), haya amenazado con ir a los tribunales si la Moncloa no "soluciona" la crisis en un plazo de 30 días. Un camino, por ahora inconcreto, que tiene el apoyo de Génova, que ha encontrado en la crisis migratoria un nuevo filón para desgastar a Pedro Sánchez. Mientras tanto, el gobierno español evita entrar en el cuerpo a cuerpo, defiende su actuación y la "colaboración" entre instituciones, en palabras de la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que este lunes se ha trasladado a Ceuta por primera vez desde la entrada de miles de personas el 30 de julio, a pesar de que entre sus competencias está la de velar por una red de acogida de los solicitantes de asilo.

La reanudación de la actividad parlamentaria en el Congreso, en septiembre, tendrá como una de las tareas pendientes desbloquear la aprobación de las conclusiones sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Dos años y medio después de que se constituyera la comisión de investigación sobre el 17-A, los grupos parlamentarios ya han redactado sus propuestas finales, pero todavía no las han sometido a votación. Las diferencias entre los partidos de la mayoría plurinacional, que se han constatado en los documentos registrados y durante las sesiones, los han abocado a tener que negociar para tratar de aprobar un texto consensuado. Hoy por hoy, según diversas fuentes parlamentarias consultadas por el ARA, no hay un acuerdo definitivo, si bien las partes se han emplazado a volver a intentarlo a la vuelta de las vacaciones. El principal escollo es que se pongan de acuerdo PSOE y Junts, que son los que tienen posiciones más enfrentadas.

La central nuclear de Almaraz gana tiempo. El gobierno español ha autorizado este viernes la ampliación de la vida útil de sus dos reactores tras el informe favorable de hace un mes del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, tal como se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las unidades I y II de la planta hasta el 8 de junio de 2030. Cabe recordar que, hasta ahora, la central nuclear extremeña tenía permiso para operar un reactor hasta 2027 y otro hasta 2028, y era la primera que debía cerrar del Estado.

Las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, al rey Felipe VI por haberse hecho una fotografía con el agitador de extrema derecha Javier Negre son inusuales por el hecho de que el posicionamiento habitual del PSOE es el de no cuestionar la monarquía. El gobierno de Pedro Sánchez no ha querido abrir nunca el melón del debate entre monarquía o república, y ya hace más de diez años que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –presidido desde hace ocho por el socialista José Félix Tezanos– no pregunta por la institución.

La crisis en Ceuta está reabriendo la caja de los truenos: la relación diplomática entre Rabat y Madrid, siempre sensible, puede tensionarse y amenazar con desencadenar en un choque entre los dos países que se sume a la lista de idas y venidas que han marcado la relación bilateral. El tono de cautela del gobierno español con Marruecos empieza a distar del que está utilizando el país alauita, que los últimos días ha acusado a España de "dificultar" el retorno de los migrantes, pero también ha cuestionado la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque no es la primera vez que lo hace, en este contexto genera más alarmismo. Rabat presiona ahora con el acuerdo de extradición que tiene con España y abre la puerta a "suspenderlo". Al mismo tiempo, pero, dice que está dispuesto a "elaborar un plan" con España, un país "amigo", para "resolver definitivamente el problema migratorio", según ha afirmado el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a Efe este miércoles por la tarde.

La estrategia de defensa del empresario Julio Martínez Martínez se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para José Luis Rodríguez Zapatero. El amigo y presunto testaferro del expresidente del gobierno español la ha puesto en práctica esta semana aconsejado por la abogada María Dolores Márquez de Prado. Es de quien iba acompañado este martes cuando compareció como investigado en la Audiencia Nacional, un escenario que Márquez de Prado conoce muy bien. Esta reconocida penalista ejerció de fiscal allí durante diecisiete años. Una etapa en la que se ganó el apodo de "indomable". Justamente por ser un quebradero de cabeza para otro exlíder socialista, el expresidente español Felipe González durante su etapa en la Moncloa.

En el tercer aniversario de las elecciones del 23-J y a las puertas del parón estival, Pedro Sánchez ha recibido un nuevo aviso de que su objetivo de aprobar los primeros presupuestos generales del Estado de la legislatura es casi una quimera. El Congreso ha tumbado el segundo y último intento del gobierno español de aprobar la vía de estabilidad (los objetivos de déficit y deuda), que es el primer paso preceptivo para llevar las cuentas del 2027 a la cámara baja este otoño. Tal como ocurrió la semana pasada, los votos en contra de PP, Vox y Junts han hecho que fracase. En una entrevista en TVE previa al debate, la portavoz juntaire en la cámara baja, Miriam Nogueras, ya había avanzado que los de Carles Puigdemont no tenían ninguna intención de cambiar de posicionamiento, si bien el ministro de Hacienda, Arcadi España, se mostraba "esperanzado" a la entrada en el hemiciclo apelando a la "racionalidad", por el hecho de que lo que se votaba hoy es dar más margen fiscal a las autonomías.

Alberto Núñez Feijóo da por acabada la legislatura en el Estado, si bien al mismo tiempo asume que aún se alargará unos meses durante los cuales espera que la situación del PSOE se complique más por las investigaciones judiciales en marcha y su debilidad parlamentaria. "Pedro Sánchez afronta su última Navidad en la Moncloa. No merece otra cosa que el mayor castigo electoral posible porque ha sido una desgracia para este país", ha afirmado este miércoles en una comparecencia de balance del curso político. De aquí a las próximas elecciones españolas, el presidente del PP ha esperado sumar en más ocasiones con Junts y Vox en el Congreso para desgastar aún más al presidente del Gobierno. "Hemos votado de la misma manera en 170 ocasiones", ha subrayado. En este sentido, el líder del PP ha argumentado que "hace un mes que [Sánchez] ignora que ha sido cesado políticamente", en referencia a la iniciativa aprobada en la cámara baja, con los votos de PP, Junts y Vox, que pedía la dimisión del líder socialista. "Ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría, no da más de sí", ha sentenciado.

A pesar del cambio de estrategia de Julio Martínez, que incrimina al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, la Moncloa mantiene su guion. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de ayer, la portavoz, Elma Saiz, defendió el crédito concedido a la aerolínea durante la pandemia y, además, aseguró que desde el ejecutivo español “siguen manteniendo la presunción de inocencia” de Zapatero. Saiz no quiso salirse de ahí: se negó a comentar las versiones de Julio Martínez Martínez (alias Julito) y también del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que señalan al expresidente como pieza clave del rescate, como hace la Policía Nacional a través de la UDEF, y se limitó a decir que la instrucción judicial está en una fase inicial.

José Luis Rodríguez Zapatero negó hace un mes, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, haber ejercido "ni la más mínima influencia" en el rescate público de Plus Ultra. La versión que ha expuesto, a menos de un día de declarar ante el mismo magistrado como investigado, el empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el "lugarteniente" del expresidente español en la trama, pone en entredicho al exlíder socialista. En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, Martínez Martínez afirma que Plus Ultra abonó el 1% del importe del rescate, que ascendió a 53 millones de euros, como "honorarios" por el hecho de que Zapatero "hiciera de mediador en la obtención de la ayuda pública". Unos dineros que se canalizaron a través de un entramado empresarial a nombre de Martínez. "En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", asegura sobre el rol del exlíder socialista en el rescate.

La respuesta del PP ante el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont es una demostración más de la estrategia que quieren aplicar los de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. Desde Génova defendieron que hay que dejar atrás la pantalla del 'procés' para "abrir un nuevo tiempo que permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes". "Más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad". Esta es la receta que el líder del PP ya puso en escena durante el congreso de los populares catalanes de hace tres semanas. Su aspiración es conseguir que el eje social y económico se imponga al nacional y que su proyecto sea atractivo, principalmente con propuestas en materia económica, para un elector tanto de Junts como del PSC y de Vox.

La violencia de la ocupación israelí de Cisjordania no da tregua a Basel Adra (At-Tuwani, 1996) ni siquiera durante una breve estancia en Madrid. El mismo día que interviene en la inauguración de una cumbre internacional sobre la reconstrucción cultural de Palestina, coorganizada por los ministerios de Cultura español y palestino, el multipremiado director del documental No other land se levanta con la noticia de un "brutal ataque" de colonos israelíes a un pueblo adyacente al suyo. Antes de atender a ARA en un hotel del centro de la capital española, Adra contempla en el móvil imágenes que ha recibido de vecinos heridos. "En marzo los colonos ya dispararon a dos hermanos de esta misma familia. Uno de ellos, de 28 años, fue asesinado, y el otro ha quedado paralítico", explica. Es el día a día en Masafer Yatta, una comunidad palestina al sur de Cisjordania que lleva años luchando contra los planes de Israel para eliminar el conjunto de pueblecitos que la componen. Su historia de resistencia saltó a la fama a raíz del film de Adra, ganador de un Oscar en 2025, que también lo ha convertido a él en un altavoz internacional de la causa palestina. "El documental tuvo mucho impacto en todo el mundo, pero es muy difícil para nosotros porque sobre el terreno la situación no para de empeorar", reflexiona, visiblemente cansado tanto de este rol, que hasta ahora no ha aportado soluciones para su pueblo, como del "inhumano" trayecto que hay que hacer para salir del territorio ocupado por Israel y de vivir bajo el acoso constante de los colonos y del ejército israelí.

Durante tres días Madrid se ha convertido en un expositor de la cultura palestina. Los museos Reina Sofía, Thyssen y el Prado y el Círculo de Bellas Artes han acogido mesas redondas, recitales y espectáculos de danza abiertos al público, así como una conferencia ministerial de una treintena de delegaciones internacionales convocadas por los ministerios de Cultura español y palestino para hablar de la reconstrucción cultural de una Palestina devastada por el genocidio y la ocupación perpetrados por Israel. El resultado político de la cumbre ha sido una declaración final que hace un llamamiento a crear un "pacto para la resiliencia de la cultura palestina", sin que se hayan plasmado aún compromisos concretos, y que expresa la "preocupación profunda" ante la situación actual.

Uno de los ejes del argumentario de PP y Vox en las últimas semanas ha sido el de señalar que el gobierno español estaría, supuestamente, tratando de alterar el censo electoral con la incorporación masiva de personas de origen extranjero. La ley de nietos, que concede la nacionalidad española a familiares de exiliados durante el franquismo, y la regularización extraordinaria de inmigrantes, que da permiso de residencia y trabajo a personas que ya estaban en el Estado, han estado en el foco de las críticas de la derecha y la extrema derecha españolas. No solo por el impacto que auguran que podría tener en los resultados de los próximos comicios españoles —la regularización no da derecho a voto, mientras que la ley de nietos sí que da esta posibilidad— sino también en la estructura social y el acceso a los servicios públicos. Ahora es Junts quien se ha sumado parcialmente a estas tesis.

Una semana después de que el gobierno español activara el mecanismo para presentar unos presupuestos del Estado para 2027, el Congreso ha dado un primer revés a la iniciativa de Pedro Sánchez. El PP, Vox y Junts han tumbado la vía de estabilidad, uno de los pasos preceptivos para llevar las cuentas a la cámara española este otoño. Ahora bien, a pesar de este primer fracaso parlamentario, el ejecutivo español puede sacar adelante el proceso igualmente. Y así lo hará ante una derrota en el Congreso que en la Moncloa ya tenían asumida y que no alterará sus planes. "Algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o derrota del gobierno, pero se equivocan. La verdadera cuestión es si las comunidades autónomas tendrán más recursos", ha argumentado el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el debate en la cámara baja.

No se ha tenido que esperar mucho a la primera reacción del gobierno español por la condena del hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que es uno de los miembros del gobierno que se ha mostrado más beligerante contra la justicia, ha asegurado que la sentencia es un intento de desbancar al PSOE del gobierno español. "Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones con la única finalidad de derrocar un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", ha sentenciado.