"La imagen del gobierno de la Comunidad de Madrid es la Fórmula 1 el fin de semana pasado". Con estas palabras Isabel Díaz Ayuso dejó claro lo importante que es el Gran Premio de automovilismo, bautizado como Madring, para su proyecto político. La presidenta madrileña se ha volcado en el evento y lo ha convertido en escaparate de su modelo de gestión, ignorando las críticas que ha generado entre los vecinos, la oposición e incluso pilotos que participaron en el circuito urbano. La líder del PP de Madrid lo ha defendido contraponiendo un supuesto derrotismo de la izquierda, que querría una capital empequeñecida, con la espectacularidad y "éxito rotundo" de Madrid, que acoge grandes eventos y demuestra al mundo una "capacidad organizativa extraordinaria". La F1 llega en un momento delicado para Ayuso: el escándalo del ático de lujo no se desvanece y este mismo viernes ha admitido que fue a ver el inmueble sin intención de vivir allí y la jueza ya ha dado un paso para investigar el asunto.

Nadie ha querido comprar el ático de lujo de Isabel Díaz Ayuso. La subasta del inmueble ha quedado desierta, según consta en la documentación de Planifica Madrid, que se ha conocido finalmente este jueves. Que el intento de vender el polémico ático ha sido, de momento, frustrado, se ha sabido pocos minutos antes de que el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que es el presidente de Planifica Madrid –la empresa pública que adquirió el inmueble por 6,3 millones de euros y lo puso posteriormente a la venta por casi 6,8–, compareciera en el pleno de la Asamblea de Madrid. Era una comparecencia muy esperada para aclarar las incógnitas sobre la operación y que no ha convencido a la oposición. Lo que sí que ha respondido el consejero es que volverán a poner a subasta el inmueble porque están determinados a venderlo.

La gestión de la crisis de Ceuta está atravesada por las decisiones judiciales. La Audiencia Nacional ha paralizado la instalación del campamento de inmigrantes en el puerto de Ceuta. Una iniciativa del gobierno español para ubicar a un millar de personas de forma temporal y con la que había chocado con el ejecutivo ceutí. Ahora bien, ha sido un sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien ha provocado que se detenga con una petición cautelarísima. La sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional lo ha acordado, a petición del SUP, hasta que pueda estudiar la documentación del ministerio de Transportes y resuelva la medida cautelar.

Un mes y medio después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la crisis en la ciudad autónoma continúa marcando la agenda y los ataques en la política española. Ahora bien, como ha pasado en las grandes catástrofes previas que ha tenido que gestionar el ejecutivo de Pedro Sánchez en coordinación con las comunidades del PP, como la dana en el País Valenciano o los incendios del verano en Madrid y Castilla y León, el debate está derivando en un choque competencial. El ejemplo claro es la situación de los menores inmigrantes que todavía están en Ceuta, de los cuales actualmente hay 2.084 filiados y entre 700 y 1.000 deambulando por la calle. Sobre la delicada situación un mes y medio después, Sánchez ha sido tajante: "Que se lo pregunten a [Juan Jesús] Vivas", ha dicho en declaraciones saliendo del hemiciclo del Congreso. Es decir, el presidente español señala directamente al gobierno de Ceuta.

¿Regalar pasaportes españoles? [...] Eso se ha acabado" y "El pasaporte se tiene que merecer". Las frases las pronunció este julio Alberto Núñez Feijóo en el marco de su balance del curso como líder de la oposición. En medio de la polémica por la ley de amnistíadel gobierno español, e inmerso en una competición con Vox por la dureza en el discurso sobre inmigración, el presidente del PP ya proponía un endurecimiento de las condiciones para acceder a la nacionalidad española. Tan solo dos meses después, y en plena crisis en Ceuta, los populares van un paso más allá: plantean ahora retirar la nacionalidad a los españoles de origen extranjero que cometan delitos graves.

Cataluña 40, Madrid 0. Esta es la afirmación que han hecho Isabel Díaz Ayuso y el PP de la Comunidad de Madrid sobre los costes de dinero público de la Fórmula 1. Mientras que el equipo de la presidenta madrileña esgrime esta controvertida comparativa en millones de euros, la izquierda madrileña, asociaciones de vecinos afectados por el Gran Premio de Madrid y entidades ecologistas, como Greenpeace, han puesto en duda el relato de los populares y rechazan que sea cierto que la organización de este gran evento no vaya en detrimento del erario público.

Al día siguiente de que Isabel Díaz Ayuso compareciera durante más de dos horas en la Asamblea de Madrid sin dar explicaciones sobre el ático de lujo, los ataques de la oposición han provocado la reacción de la presidenta madrileña después de que la hayan acusado de "corrupción". "El ático y el chao, pescao serán el epitafio de su vida política", ha rematado este viernes la portavoz de Más Madrid en la cámara autonómica, Manuela Bergerot. La líder de la oposición ha argumentado que la compra del inmueble de 6,3 millones de euros es "la demostración definitiva" de que Ayuso "es una corrupta". En la misma línea, el PSOE ha denunciado que la líder del PP de Madrid "se ha creído Dios y se ha emborrachado de poder". "El ático es un antes y un después. Se le ha acabado el chollo y la carrera política", ha asegurado la portavoz socialista, Mar Espinar.

Primera dimisión tras la desclasificación de los documentos sobre la crisis de Ceuta. Según confirman fuentes del gobierno español al ARA, el jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma, Carlos Sanz, ha dimitido después de que se conociera que habló con el CNI el día antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Unos mensajes en los que se le advertía de convocatorias masivas para cruzar la frontera. Según el delegado del gobierno ceutí, Miguel Ángel Pérez Triano, Sanz no le informó de esta conversación con los servicios de inteligencia españoles y ha descartado abandonar el cargo. En un comunicado posterior a la dimisión de Sanz, la delegación del gobierno ha insistido en que "no sabía nada" de los mensajes alertando de una llegada masiva de migrantes.

Después de un verano perseguida por el escándalo del ático de lujo, en el que ha sido el episodio más comprometido de su carrera política, Isabel Díaz Ayuso ha tratado de pasar página a la crisis reivindicando que tanto ella como su ejecutivo están en plena forma y tienen "más ganas que nunca". Es el mensaje y la energía que ha querido transmitir este jueves en una comparecencia de dos horas en la Asamblea de Madrid, que celebra el debate del estado de la región, en el que la presidenta madrileña no ha ofrecido más explicaciones sobre la polémica compra del inmueble. "Hablemos de cuestiones que realmente importan" con "optimismo e ilusión", reivindican desde el PP de Madrid. La bancada popular ha aplaudido en pie la intervención de Ayuso, a quien incluso voces internas habían puesto en cuestión por la gestión de la polémica del ático de lujo, y su líder ha sacado pecho de su proyecto sin hacer ninguna autocrítica y centrando su discurso en desgranar una cascada de anuncios –"100 nuevas medidas" de diversos ámbitos– y en atacar a Pedro Sánchez.

Pocas horas antes de que el gobierno español desclasifique los informes sobre Ceuta, Pedro Sánchez se ha defendido de los ataques del PP y Vox en el Congreso por la gestión de la crisis migratoria. "No tenemos nada que ocultar", ha defendido el presidente del gobierno español durante la primera sesión de control tras el parón estival. Sánchez ha asegurado que su ejecutivo "no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país y de ningún poder". "Yo puedo ser un perro, pero no tengo amo", ha remachado el líder socialista, haciendo referencia al apelativo de Perro Sanxe, con el que se le quiso desacreditar en el pasado, aunque él haya conseguido acabar haciendo bandera de ello.Por contra, ha acusado al PP y a Vox de llevar una "correa" de Israel y Estados Unidos.

Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) se ha convertido en una presencia mediática diaria desde el 30 de julio. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el territorio que preside, es la causa. Vivas ha actuado de altavoz incansable del malestar que ha generado entre la población de la ciudad autónoma y ha puesto cara a la ofensiva política del PP contra la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez. Las comparecencias de este barón popular, uno de los más veteranos del Estado, han ido subiendo de tono a medida que, con el paso de los días, no se ha recuperado la normalidad. Aunque dentro del PP Vivas es uno de los llamados moderados, en esta ocasión se ha convertido en ariete contra el gobierno español por la gestión de la crisis migratoria.

Que Vox vuelva a gobernar en cuatro autonomías, en coalición con el PP, es una de las novedades que ha dejado este curso político. Tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el balance para la extrema derecha es que ha obtenido cuatro vicepresidencias de ejecutivos autonómicos a las que hay que sumar cinco consejerías más. Esto ha supuesto un nuevo giro estratégico para los de Santiago Abascal tras la decisión de abandonar las responsabilidades de gobierno hace dos años. La etapa de oposición a los populares, que ha sido de crecimiento electoral de Vox, ha dado paso a una nueva fase en la que el partido apuesta por gestionar. Se les abre ahora la posibilidad de aplicar sus políticas en las carpetas que han arrancado de la negociación con el PP, como son las de agricultura, ganadería, gestión forestal, servicios sociales, familia, turismo, cultura y, de nueva creación aplicando su propio marco, de desregulación.

El intercambio de reproches no es una anomalía en la política española. Y Ceuta, que desde hace semanas vive una emergencia humanitaria, no es la excepción. El gobierno de Pedro Sánchez acusa ahora al PP de ir a Ceuta a "tensionar" aún más la situación, mientras los populares elevan el tono contra el ejecutivo central y su gestión de la crisis. Lo hace la dirección del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, pero también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que un día después de reunirse con la portavoz del gobierno Elma Saiz ha afirmado que se sienten "abandonados" por parte del ejecutivo central, en declaraciones a los medios de comunicación este martes por la tarde. Horas antes, Feijóo también ha criticado que el ejecutivo de Pedro Sánchez está "ausente" e "indiferente" ante la situación en Ceuta.

Hace ya veinte días que salió a la luz el escándalo del ático de lujo de Isabel Díaz Ayuso y la polémica continúa persiguiendo a la presidenta madrileña. La trifulca política y mediática es intrínseca de la forma de hacer de la líder del PP de Madrid, pero el tipo de operación y la gestión comunicativa que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid en las últimas semanas ha convertido este episodio en el que más daño puede hacer a la dirigente popular, a solo diez meses de los comicios autonómicos.

El choque político por la situación en Ceuta escala cuando la crisis humanitaria aún se hace evidente en la ciudad. La tensión entre el gobierno de Ceuta y el ejecutivo de Pedro Sánchez ha subido de decibelios después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), haya amenazado con ir a los tribunales si la Moncloa no "soluciona" la crisis en un plazo de 30 días. Un camino, por ahora inconcreto, que tiene el apoyo de Génova, que ha encontrado en la crisis migratoria un nuevo filón para desgastar a Pedro Sánchez. Mientras tanto, el gobierno español evita entrar en el cuerpo a cuerpo, defiende su actuación y la "colaboración" entre instituciones, en palabras de la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que este lunes se ha trasladado a Ceuta por primera vez desde la entrada de miles de personas el 30 de julio, a pesar de que entre sus competencias está la de velar por una red de acogida de los solicitantes de asilo.

La reanudación de la actividad parlamentaria en el Congreso, en septiembre, tendrá como una de las tareas pendientes desbloquear la aprobación de las conclusiones sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Dos años y medio después de que se constituyera la comisión de investigación sobre el 17-A, los grupos parlamentarios ya han redactado sus propuestas finales, pero todavía no las han sometido a votación. Las diferencias entre los partidos de la mayoría plurinacional, que se han constatado en los documentos registrados y durante las sesiones, los han abocado a tener que negociar para tratar de aprobar un texto consensuado. Hoy por hoy, según diversas fuentes parlamentarias consultadas por el ARA, no hay un acuerdo definitivo, si bien las partes se han emplazado a volver a intentarlo a la vuelta de las vacaciones. El principal escollo es que se pongan de acuerdo PSOE y Junts, que son los que tienen posiciones más enfrentadas.

La central nuclear de Almaraz gana tiempo. El gobierno español ha autorizado este viernes la ampliación de la vida útil de sus dos reactores tras el informe favorable de hace un mes del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, tal como se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las unidades I y II de la planta hasta el 8 de junio de 2030. Cabe recordar que, hasta ahora, la central nuclear extremeña tenía permiso para operar un reactor hasta 2027 y otro hasta 2028, y era la primera que debía cerrar del Estado.

Las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, al rey Felipe VI por haberse hecho una fotografía con el agitador de extrema derecha Javier Negre son inusuales por el hecho de que el posicionamiento habitual del PSOE es el de no cuestionar la monarquía. El gobierno de Pedro Sánchez no ha querido abrir nunca el melón del debate entre monarquía o república, y ya hace más de diez años que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –presidido desde hace ocho por el socialista José Félix Tezanos– no pregunta por la institución.

La crisis en Ceuta está reabriendo la caja de los truenos: la relación diplomática entre Rabat y Madrid, siempre sensible, puede tensionarse y amenazar con desencadenar en un choque entre los dos países que se sume a la lista de idas y venidas que han marcado la relación bilateral. El tono de cautela del gobierno español con Marruecos empieza a distar del que está utilizando el país alauita, que los últimos días ha acusado a España de "dificultar" el retorno de los migrantes, pero también ha cuestionado la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque no es la primera vez que lo hace, en este contexto genera más alarmismo. Rabat presiona ahora con el acuerdo de extradición que tiene con España y abre la puerta a "suspenderlo". Al mismo tiempo, pero, dice que está dispuesto a "elaborar un plan" con España, un país "amigo", para "resolver definitivamente el problema migratorio", según ha afirmado el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a Efe este miércoles por la tarde.

La estrategia de defensa del empresario Julio Martínez Martínez se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para José Luis Rodríguez Zapatero. El amigo y presunto testaferro del expresidente del gobierno español la ha puesto en práctica esta semana aconsejado por la abogada María Dolores Márquez de Prado. Es de quien iba acompañado este martes cuando compareció como investigado en la Audiencia Nacional, un escenario que Márquez de Prado conoce muy bien. Esta reconocida penalista ejerció de fiscal allí durante diecisiete años. Una etapa en la que se ganó el apodo de "indomable". Justamente por ser un quebradero de cabeza para otro exlíder socialista, el expresidente español Felipe González durante su etapa en la Moncloa.