La posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont vuelva a Cataluña en verano se aleja. El motivo es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) todavía no ha comunicado la fecha en la que se pronunciará sobre la amnistía. La práctica habitual de este órgano es que avise con un mes de antelación, de modo que desde el Tribunal Constitucional (TC) ya no esperan una resolución de las cuestiones prejudiciales en relación a la malversación antes de junio. Este calendario de la justicia europea complica las perspectivas de que el TC pueda resolver el recurso del líder de Junts antes de las vacaciones de agosto, según confirman a el ARA varias fuentes del Constitucional.

Doble no de Junts en el Congreso, que ha tumbado tanto el consorcio de inversiones pactado entre el PSOE y ERC como el decreto que prorroga los contratos de alquiler. Un posicionamiento que ha convertido a los juntaires en el blanco de las críticas y de la indignación de la izquierda durante el pleno de este martes por la tarde. En el primer caso, tanto los republicanos como los socialistas, así como el Govern, han reprochado a Junts que bloquee la tramitación de la proposición de ley, presentada por ERC, que plantea constituir un nuevo organismo mixto entre el Estado y la Generalitat. Este ente debería garantizar la ejecución de las inversiones que el gobierno español presupuesta para Cataluña, que, tradicionalmente, no se acaban llevando a la práctica totalmente.

Ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal y ahora tampoco Soraya Sáenz de Santamaría recuerdan nada de la operación Kitchen. Este lunes ha sido el turno de la exvicepresidenta española, que ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, exhibiendo problemas de memoria similares a los del expresidente del PP. "No lo recuerdo" ha sido la frase que más ha repetido en un interrogatorio que ha durado escasamente un cuarto de hora. Sáenz de Santamaría, que también fue portavoz del ejecutivo de Rajoy entre 2011 y 2016, ha afirmado que no tuvo "constancia alguna" de esta operación durante su época de gobierno.

Juanma Moreno podría ahorrarse "el lío" de un pacto con Vox, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El PP mantendría la mayoría absoluta, si bien la opción con "más probabilidad" es que sea por la mínima. El CIS pronostica que el candidato popular obtendría 55 escaños, que es justamente el número de diputados que hacen falta para no depender de ningún otro grupo parlamentario en la cámara andaluza. Es un resultado, sin embargo, que empeora el que obtuvo Moreno en 2022, cuando se situó en 58 escaños. Ahora bien, Vox también va a la baja y obtendría 13 diputados, que es uno menos que hace cuatro años, y no sería determinante. En cambio, el PSOE mejoraría ligeramente resultados sin opción de desbancar a la derecha.

Ni una semana después de que el PP y Vox llegaran a un acuerdo en Extremadura, las dos formaciones siguen el mismo camino en Aragón y también han llegado a un pacto para investir al popular Jorge Azcón. Los populares y el partido de extrema derecha han anunciado el entendimiento esta tarde en una comparecencia conjunta de Azcón y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco. Una escenografía calcada a la que siguieron en Extremadura para exponer una receta en línea con la extremeña, en la que la prioridad nacional en las políticas públicas ha sido la clave de bóveda. Pero en este caso ha vuelto a aparecer el anticatalanismo furibundo que ha caracterizado a la derecha en la región y eso permite entender que haya un punto esencial que recoge la defensa de la "libertad ante el adoctrinamiento" con dos medidas estrella: "liberar Aragón de la imposición del catalán" y encarrilar la "supresión del Instituto Aragonés del Catalán". Es decir, el PP y Vox han pactado eliminar el catalán en Aragón.

La cesión discursiva ante Vox en Extremadura, con la aceptación del "principio de prioridad nacional", ha tenido el fruto esperado para el PP. Después de un primer intento frustrado hace un mes y medio, la candidata popular, María Guardiola, ha sido investida como presidenta este miércoles con los votos de los populares y de la extrema derecha, que dobló resultados en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Ahora bien, en el mismo momento, en el Congreso, los populares han tumbado una moción de Vox en la que defendía el principio de "prioridad nacional" para el acceso a las políticas públicas. ¿Por qué se ha producido este contraste? Desde que cerraron el pacto, los dos partidos se han discutido públicamente sobre qué significaba este concepto, ya que para la extrema derecha (y así se reflejaba en la moción tumbada) se trata de priorizar a los ciudadanos con nacionalidad española por delante del resto; mientras que el PP entiende el concepto diferente: quiere condicionar las ayudas al tiempo y la contribución al territorio independientemente de la nacionalidad.

¿Por qué un hombre puede decidir libremente cuándo destruir esperma congelada y una mujer no puede hacerlo con sus óvulos? Esta anomalía, establecida en la ley actual, se ha debatido este martes por la tarde en el Congreso, que dará un primer paso para eliminar esta "discriminación". Una iniciativa del PSOE que el pleno ha tomado en consideración y que plantea equiparar la regulación sobre la crioconservación de los ovocitos a la del semen de tal manera que las mujeres no tengan que estar obligadas a conservarlos durante toda su vida fértil. Hoy por hoy, la única vía para destruirlos es la acreditación con el dictamen de dos expertos de que la mujer ya no puede quedarse embarazada. En cambio, el hombre puede decidir cuando quiera y sin ninguna tutela si quiere deshacerse de su semen depositado en biobancos. Vox es el único partido que se ha posicionado en contra de la propuesta.

En una época en que la política internacional está en primer plano, los líderes españoles se buscan padrinos fuera para fortalecerse a escala interna e intentar ganar la partida electoral. El presidente español, Pedro Sánchez, es quien tiene la estrategia más descarada en este sentido, al erigirse en uno de los líderes de la izquierda mundial este fin de semana en Barcelona, pero también el resto de espacios políticos van más allá de las fronteras para buscar referentes. Estos días el PP y Vox han hecho una demostración con la recepción de María Corina Machado –que utilizan para cargar contra el gobierno español– y hace pocos días era la derrota de Viktor Orbán en Hungría la que marcaba la política española.

Un mismo texto con dos interpretaciones diferentes. Cuatro días después de que el PP y Vox anunciaran un acuerdo de gobierno en Extremadura, las versiones sobre qué implica la "prioridad nacional" en el acceso a los recursos públicos son contrapuestas. Los populares rebajan el alcance de este enunciado y sostienen que, en ningún caso, será discriminatorio con los extranjeros que residan legalmente en España. Por su parte, Vox asegura que sí que quiere decir que se dará preferencia a las personas con nacionalidad española. "Los españoles primero en ayudas, vivienda y servicios", ha remachado este lunes el portavoz de la extrema derecha, José Antonio Fúster, en rueda de prensa.

Una "explosión de color" en catorce metros de tela da la bienvenida a la gran exposición dedicada a la pintura de Teresa Vall Palou (Lleida, 1951). Más de sesenta obras de la artista leridana, prácticamente todas de gran formato, han sido desde finales de febrero –y aún lo serán hasta principios de mayo– el plato fuerte de la programación del Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) de Fuenlabrada. Situado a unos 20 kilómetros de los principales museos del corazón de Madrid, el CEART es "un centro de referencia para el sur de la Comunidad", con una trayectoria relevante en el ámbito museográfico enfocado al arte contemporáneo. "Muchísimos artistas catalanes han hecho su primera gran exposición aquí en lugar de Madrid", explica a el ARA el responsable de arte del CEART, Juan Carlos Moya, rodeado de las principales composiciones de los últimos diez años de producción artística de Vall Palou, agrupados bajo el título Atmósferas cromáticas.

Mientras Pedro Sánchez recibía a Lula da Silva, presidente de Brasil, con honores militares en Barcelona, en la sede del PP en Madrid se ha hecho una recepción con honores alternativa a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Decenas de afiliados populares, cargos del partido, otros activistas antichavistas y el mismo Alberto Núñez Feijóo se han concentrado en la entrada de la sede de la calle Génova para aplaudir la llegada de Machado. La flamante Nobel de la paz, en plena gira europea, se ha dejado querer por el PP –por la tarde también ha mantenido un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal– al tiempo que ha girado la espalda al gobierno español, con quien ha preferido no reunirse.

Defender acérrimamente las alianzas tradicionales de España mientras la escalada bélica y dialéctica de Donald Trump y Benjamin Netanyahu va en aumento pone al PP en una situación complicada. Alberto Núñez Feijóo ha evitado hasta ahora el choque con los Estados Unidos e Israel incluso cuando han atacado uno de los pilares de los conservadores españoles, como es el catolicismo. Los populares se pusieron de perfil cuando el gobierno israelí vetó la misa del Domingo de Ramos en Tierra Santa, y ahora que el presidente de los EE. UU. ha puesto al papa León XIV en la diana Feijóo ha quedado atrapado entre ambos.

"Ser antisionista en la sociedad israelí es básicamente como una traición. Te pone en conflicto con los amigos y la familia. Es ir en contra de tu propia identidad. Te ven como un loco". Nadav Finebooch, de nacionalidad israelí, pero residente en Madrid desde 2023, resume así a el ARA la contradicción y el ostracismo que genera ser disidente en Israel y alzar la voz contra el "genocidio" perpetrado por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Finebooch, lejos de una comunidad en la que se sentía "como si viviera dentro del libro 1984, de George Orwell", se ha unido a un grupo de israelíes establecidos en España que reclaman a la comunidad internacional que sancione a Israel. Aunque celebran que el gobierno de Pedro Sánchez haya abanderado hasta ahora la oposición a Netanyahu con la guerra de Gaza, le piden que actúe todavía con "más contundencia".

Ya el día previo al inicio del juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, el PP avanzó que su estrategia era la de hacer un cortafuegos. "Feijóo no es la Kitchen", proclamaron fuentes del partido. Este ha sido el planteamiento de los populares a lo largo del primer y segundo día de vista oral. El argumentario que repiten los actuales dirigentes del PP tanto en público como en privado es que se trata de un asunto relacionado con el pasado, que no tiene absolutamente nada que ver con Alberto Núñez Feijóo y el equipo del actual presidente popular. En este sentido, la segunda sesión de este martes del juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, ha dado un poco más de aire al PP actual por el hecho de que ha descartado sentar al partido en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo. El PSOE, que ejerce de acusación popular, había pedido suspender el juicio y volver a la fase previa de instrucción para poder imputar tanto al PP como persona jurídica como a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, que había aparecido en audios hablando de la cuestión y citando al entonces presidente español, Mariano Rajoy. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha argumentado que no se puede retrasar aún más el juicio de unos hechos que datan de 2013. “Ya tocaba”, ha subrayado, avalando así la instrucción del polémico juez Manuel García-Castellón, ahora ya jubilado.

La frustración de Alberto Núñez Feijóo por no haber podido gobernar esta legislatura es palpable en el Senado. Ante la imposibilidad de desplegar su programa, en los últimos dos años el líder popular ha utilizado la cámara alta como una especie de expositor de lo que sería la España gobernada por él. Aunque la mayoría absoluta que tiene el PP es estéril porque el Congreso bloquea las iniciativas legislativas, lejos de quedarse quieto y tirar la toalla, el grupo parlamentario popular ha aprobado una cuarentena de leyes en la cámara alta. Hoy por hoy no se pueden aplicar, pero desde el Senado los populares las reivindican mediáticamente como la alternativa a Pedro Sánchez y plantean el trabajo hecho en estas proposiciones de ley como una base desde la cual empezar a trabajar cuando Feijóo llegue a la Moncloa. Un escenario en el que confían a partir de 2027. Este es un retrato de cómo sería una eventual España gobernada por el PP de acuerdo con las iniciativas que han planteado en el Senado:

El gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos han firmado este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y pederastia. Se trata del sistema para reconocer y reparar a las personas para las cuales ya no es posible la vía judicial y que estaba pendiente de detallar desde principios de enero, cuando se llegó a un pacto más genérico para ponerlo en marcha. Finalmente, en el texto no se ha incluido ninguna cifra orientativa de indemnización.

Este 2026 uno de los edificios más icónicos del centro de Madrid celebra su centenario. Se trata de la sede del Círculo de Bellas Artes (CBA), una institución cultural privada y sin ánimo de lucro que se reivindica como una "referencia de libertad e independencia" en la capital del Estado. En los últimos años se ha focalizado en "abrirse a la ciudadanía" con iniciativas como el refugio climático —habilitan un espacio verde y gratuito que el verano pasado usaron 60.000 personas para protegerse del calor; el Festival de las Ideas, que lleva la filosofía a las calles, o la Bienal Ciudad y Ciencia, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona.

La de batalla cultural es un concepto que en la última década ha sido inherente al auge de la extrema derecha mundial. En España, Vox hace años que la libra para tratar de cambiar el marco del debate sobre asuntos como el feminismo, el ecologismo o los derechos LGTBI y normalizar discursos que antes no eran aceptables. Un ejemplo de ello es el tratamiento mediático que ha tenido el proceso de eutanasia a Noelia Castillo esta semana y, en este contexto, llaman la atención las declaraciones de la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, hablando de la importancia de que las instituciones también se enfoquen en "sanar el alma". A medida que se acercan las elecciones a la Comunidad de Madrid, previstas para 2027, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su ejecutivo, adoptan cada vez más elementos de la guerra cultural contra el progresismo. Ayuso ha pedido recientemente a los suyos que extremen la vigilancia para evitar perder la mayoría absoluta con la vista puesta en Vox.

Las rebajas fiscales del decreto anticrisis han recibido el aval del Congreso. El gobierno de Pedro Sánchez, que ya tenía garantizada la aprobación con el sí de Junts, solo ha obtenido el voto en contra de Vox. El PP, que ya no era determinante, finalmente se ha abstenido. Ahora bien, los de Alberto Núñez Feijóo han dejado la puerta abierta a un voto a favor hasta el último momento condicionado a un giro de última hora por parte del gobierno español, que no se ha producido. El PP exigía el compromiso de deflactar el IRPF. En el debate parlamentario de este jueves, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que hoy por hoy el decreto ya es "contundente" y "el más ambicioso" que se ha planteado en toda la legislatura. En cambio, para el PP el paquete de medidas que aprobó el pasado viernes el consejo de ministros es todavía "insuficiente". Sin embargo, no han votado en contra porque "recoge parte de su propuesta de bajadas de impuestos".

No hay sesión en el Congreso de los Diputados que no implique un choque entre Junts y Esquerra. El mismo cabeza de filas de los republicanos, Gabriel Rufián, lo ha admitido este miércoles mientras intervenía en la comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, sobre la guerra de Irán. Desde la tribuna, Rufián ha dicho lo siguiente: "Algunos periodistas catalanes ya escriben la crónica de Rufián ataca a Junts, pues sí. Me da igual porque la gente por suerte tiene otras vías de comunicación para saber qué pasa aquí, Junts miente y hay poco menos de 30 días para decirlo a la gente", ha sentenciado, en alusión a la oposición de los juntaires a convalidar el decreto que prorroga los contratos de alquiler del gobierno español y que se debe votar en el Congreso como máximo de aquí a un mes. "¿Ustedes para quién trabajan? ¿No tienen ningún votante al que se le acabe el contrato de alquiler? ¿Por qué este voto tan autolesivo? ¿Que tienen una empresa inmobiliaria?", ha preguntado a la bancada juntaire. "Si tiran abajo este decreto, les deseo años de ostracismo político y les prometo que me esforzaré mucho para que así sea. Hacen un mal terrible a la gente de este país", ha rematado.