José Luis Rodríguez Zapatero negó hace un mes, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, haber ejercido "ni la más mínima influencia" en el rescate público de Plus Ultra. La versión que ha expuesto, a menos de un día de declarar ante el mismo magistrado como investigado, el empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el "lugarteniente" del expresidente español en la trama, pone en entredicho al exlíder socialista. En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, Martínez Martínez afirma que Plus Ultra abonó el 1% del importe del rescate, que ascendió a 53 millones de euros, como "honorarios" por el hecho de que Zapatero "hiciera de mediador en la obtención de la ayuda pública". Unos dineros que se canalizaron a través de un entramado empresarial a nombre de Martínez. "En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", asegura sobre el rol del exlíder socialista en el rescate.

La respuesta del PP ante el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont es una demostración más de la estrategia que quieren aplicar los de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. Desde Génova defendieron que hay que dejar atrás la pantalla del 'procés' para "abrir un nuevo tiempo que permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes". "Más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad". Esta es la receta que el líder del PP ya puso en escena durante el congreso de los populares catalanes de hace tres semanas. Su aspiración es conseguir que el eje social y económico se imponga al nacional y que su proyecto sea atractivo, principalmente con propuestas en materia económica, para un elector tanto de Junts como del PSC y de Vox.

La violencia de la ocupación israelí de Cisjordania no da tregua a Basel Adra (At-Tuwani, 1996) ni siquiera durante una breve estancia en Madrid. El mismo día que interviene en la inauguración de una cumbre internacional sobre la reconstrucción cultural de Palestina, coorganizada por los ministerios de Cultura español y palestino, el multipremiado director del documental No other land se levanta con la noticia de un "brutal ataque" de colonos israelíes a un pueblo adyacente al suyo. Antes de atender a ARA en un hotel del centro de la capital española, Adra contempla en el móvil imágenes que ha recibido de vecinos heridos. "En marzo los colonos ya dispararon a dos hermanos de esta misma familia. Uno de ellos, de 28 años, fue asesinado, y el otro ha quedado paralítico", explica. Es el día a día en Masafer Yatta, una comunidad palestina al sur de Cisjordania que lleva años luchando contra los planes de Israel para eliminar el conjunto de pueblecitos que la componen. Su historia de resistencia saltó a la fama a raíz del film de Adra, ganador de un Oscar en 2025, que también lo ha convertido a él en un altavoz internacional de la causa palestina. "El documental tuvo mucho impacto en todo el mundo, pero es muy difícil para nosotros porque sobre el terreno la situación no para de empeorar", reflexiona, visiblemente cansado tanto de este rol, que hasta ahora no ha aportado soluciones para su pueblo, como del "inhumano" trayecto que hay que hacer para salir del territorio ocupado por Israel y de vivir bajo el acoso constante de los colonos y del ejército israelí.

Durante tres días Madrid se ha convertido en un expositor de la cultura palestina. Los museos Reina Sofía, Thyssen y el Prado y el Círculo de Bellas Artes han acogido mesas redondas, recitales y espectáculos de danza abiertos al público, así como una conferencia ministerial de una treintena de delegaciones internacionales convocadas por los ministerios de Cultura español y palestino para hablar de la reconstrucción cultural de una Palestina devastada por el genocidio y la ocupación perpetrados por Israel. El resultado político de la cumbre ha sido una declaración final que hace un llamamiento a crear un "pacto para la resiliencia de la cultura palestina", sin que se hayan plasmado aún compromisos concretos, y que expresa la "preocupación profunda" ante la situación actual.

Uno de los ejes del argumentario de PP y Vox en las últimas semanas ha sido el de señalar que el gobierno español estaría, supuestamente, tratando de alterar el censo electoral con la incorporación masiva de personas de origen extranjero. La ley de nietos, que concede la nacionalidad española a familiares de exiliados durante el franquismo, y la regularización extraordinaria de inmigrantes, que da permiso de residencia y trabajo a personas que ya estaban en el Estado, han estado en el foco de las críticas de la derecha y la extrema derecha españolas. No solo por el impacto que auguran que podría tener en los resultados de los próximos comicios españoles —la regularización no da derecho a voto, mientras que la ley de nietos sí que da esta posibilidad— sino también en la estructura social y el acceso a los servicios públicos. Ahora es Junts quien se ha sumado parcialmente a estas tesis.

Una semana después de que el gobierno español activara el mecanismo para presentar unos presupuestos del Estado para 2027, el Congreso ha dado un primer revés a la iniciativa de Pedro Sánchez. El PP, Vox y Junts han tumbado la vía de estabilidad, uno de los pasos preceptivos para llevar las cuentas a la cámara española este otoño. Ahora bien, a pesar de este primer fracaso parlamentario, el ejecutivo español puede sacar adelante el proceso igualmente. Y así lo hará ante una derrota en el Congreso que en la Moncloa ya tenían asumida y que no alterará sus planes. "Algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o derrota del gobierno, pero se equivocan. La verdadera cuestión es si las comunidades autónomas tendrán más recursos", ha argumentado el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el debate en la cámara baja.

No se ha tenido que esperar mucho a la primera reacción del gobierno español por la condena del hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que es uno de los miembros del gobierno que se ha mostrado más beligerante contra la justicia, ha asegurado que la sentencia es un intento de desbancar al PSOE del gobierno español. "Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones con la única finalidad de derrocar un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", ha sentenciado.

El comentario racista de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol todavía trae cola, pero el PP ha optado por ignorar las críticas y quitarle hierro. Después de que Francia protestara por las palabras del expresidente español, que dijo que el conjunto galo es un equipo con mucho "nivel" pero "sin franceses", el gobierno de Pedro Sánchez ha salido este lunes en tromba para utilizar la polémica contra los populares. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido directamente a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy y ha pedido al medio que publicó su crónica futbolística, El Debate, que retire el artículo, el sexto del popular en este Mundial.

Hace medio año, en pleno terremoto en el PSOE por el goteo de presuntos casos de acoso sexual –como el que señala Paco Salazar, ex alto cargo de la Moncloa–, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid instalaron un "punto lila" en la calle Ferraz, frente a la sede socialista, para alertar del "peligro" para las mujeres que consideran que supone el partido de Pedro Sánchez. La provocadora acción contra el PSOE, difundida en las redes sociales de las juventudes populares madrileñas, es uno de los "grandes hitos" que el equipo de Isabel Díaz Ayuso destaca de la etapa de Ignacio Dancausa como líder de la organización juvenil en la región. Con este bagaje, de haber dado "batallas con energía" contra la izquierda y desde una "presencia en la calle sin complejos", este madrileño de 25 años tomará este sábado las riendas de las Nuevas Generaciones estatales del PP, en un plácido congreso –solo hay una candidatura unitaria– que tiene lugar en Valladolid.

"Cualquier genocidio implica también un genocidio cultural". Con esta premisa en mente, Madrid acogerá la semana que viene una cumbre centrada en la "reconstrucción cultural" de Palestina. Treinta delegaciones ministeriales y de organismos como la Unesco y la Liga Árabe se reunirán los días 15 y 16 de julio en la capital española para abordar las consecuencias del "intento de destrucción" perpetrado por Israel y buscarán fórmulas para contribuir a la supervivencia del patrimonio, de las instituciones culturales y de los artistas palestinos amenazados por el conflicto. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anfitrión e impulsor de esta conferencia ministerial, junto con las autoridades palestinas, ha subrayado que el objetivo es "crear una alianza" internacional que ponga en marcha "instrumentos concretos", tanto "políticos" como "financieros", "de apoyo a la cultura palestina", siguiendo el modelo creado para la reconstrucción de Ucrania.

La batalla de PP y PSOE trasciende los asuntos internos y ya tiene consecuencias en la relación con terceros países. Más de tres años después de que el gobierno de Pedro Sánchez suscribiera un tratado de amistad con Francia, en enero de 2023 en Barcelona, todavía no ha entrado en vigor. Uno de los motivos de este bloqueo es la posición contraria de los populares, que consideran que uno de los puntos del documento es inconstitucional. En el PP justifican su oposición porque aseguran que el ejecutivo español ha hecho un "chapuza legislativa". Enmarcan la crítica en su denuncia generalizada de las formas de Sánchez, a quien acusan de pisotear constantemente el estado de derecho, también con este acuerdo bilateral con Francia. El gobierno español, por contra, atribuye al PP una voluntad de "sabotear los intereses de los españoles" por intereses partidistas.

Los fondos europeos antipandemia ya están en plena cuenta atrás. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comparecido este miércoles en el Congreso con el 31 de agosto marcado a fuego, ya que es la fecha fijada para que los hitos y los compromisos del plan de recuperación pactado con la Comisión Europea estén alcanzados. Un cumplimiento del cual depende que lleguen la totalidad de los fondos europeos a los que puede aspirar cada país. Cuerpo ha asegurado que el ejecutivo español "trabaja a marchas forzadas" para conseguirlo y ha explicado que, en este sentido, presentará de forma "inminente", este mes de julio, una "addenda técnica de cierre" al plan de recuperación español para reajustar los hitos pendientes para evitar perder recursos.

Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, una controvertida ley del no nacido. La norma otorga el estatus de miembro de la unidad familiar al embrión, de modo que, desde el momento en que se acredite el embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas por maternidad sin esperar al nacimiento. Se trata de una medida que se enmarca en la guerra cultural contra el progresismo de la presidenta madrileña que, a un año de las elecciones autonómicas, está en plena competición con Vox para evitar que le resquebraje esa mayoría absoluta. De hecho, pocos días después de que Juanma Moreno Bonilla haya tenido que ceder ante la extrema derecha para poder ser investido presidente de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si es presidente del gobierno español, seguirá los pasos de Ayuso e impulsará una ley estatal del no nacido.

Ya hace casi cuatro años –octubre de 2022– que el Congreso aprobó lo que se ha bautizado como ley de nietos. No se trata de una ley como tal sino de una disposición incluida en la ley de memoria democrática que reconoce la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Ante el volumen de peticiones –especialmente en Latinoamérica– y la limitación de los recursos de los consulados en el extranjero, donde se deben procesar las solicitudes, aún quedan cientos de miles pendientes de resolver. Ahora bien, si está en el foco mediático estos días es porque el PP y Vox la han utilizado como argumento para acusar al gobierno español de estar tratando de alterar el censo electoral de cara a las próximas elecciones españolas. ¿De qué estamos hablando exactamente?

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no es el único que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero. La Agencia Tributaria también. Una comunicación que ha remitido la Hacienda española al magistrado revela que hace menos de un mes abrió una investigación fiscal contra el expresidente español y su familia. Concretamente, la Agencia Tributaria inició la inspección contra Zapatero el 15 de junio de este año, cuando ya estaba imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental y pocos días después de que abriera una pieza separada por las joyas encontradas en su despacho. El mismo día se abrió otra investigación fiscal contra su mujer, Sonsoles Espinosa.

PP y Vox han cerrado el último de los pactos pendientes. Después de haberse puesto de acuerdo en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal cierran el círculo en Andalucía con la investidura de Juanma Moreno gracias a los votos de la extrema derecha. El candidato de los populares no superó una primera votación hace dos días, pero este jueves por la tarde sí que ha conseguido salir del Parlament andaluz como presidente después de haber superado 'in extremis' los últimos escollos de la negociación con Vox. De nuevo, la "prioridad nacional" y la incorporación de la extrema derecha al gobierno han formado parte del corpus del pacto y son las dos principales cesiones que el PP lleva ya meses haciendo a Vox para mantener el poder autonómico.

Primero tuvo que pasar por el acicalador de Vox la presidenta extremeña, María Guardiola, a pesar de las dificultades; después fue el turno del Aragón de Jorge Azcón y de la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. Pero aún quedaba el máximo exponente de los moderados del PP, el presidente andaluz, el sorayista Juanma Moreno Bonilla, que también cederá a las pretensiones de Vox, tal como ha asumido él mismo y como quiere la dirección estatal. El acuerdo se está ultimando, pero la única duda que queda es el tempo, es decir, si claudica para la sesión de investidura de este jueves o lo deja para más adelante haciéndose rogar de cara a la opinión pública. En todo caso, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre el PP y Vox consultadas por el ARA, el dilema fue claro desde el principio: "O aceptas las condiciones o elecciones", dijo el equipo negociador de Vox.

Aunque José María Aznar proclamase el famoso "quien pueda que haga" contra Pedro Sánchez, el expresidente español no presiona a Alberto Núñez Feijóo para que registre una moción de censura, a diferencia de lo que hace Vox. El exlíder del PP ha advertido a su partido que no se puede contar con Junts para derribar al jefe del ejecutivo por mucho que los de Carles Puigdemont apoyen puntualmente a iniciativas parlamentarias, de carácter simbólico, contra la continuidad de Sánchez. "El Congreso no puede construir una moción de censura constructiva", ha lamentado Aznar, que lo ha atribuido a que los aliados de la investidura del líder socialista quieren "poder consumar su saqueo al Estado". El expresidente español y del PP ha criticado que la Moncloa ha acabado siendo "una delegación madrileña del secesionismo".

Hace más de seis semanas de las elecciones andaluzas que atar al popular Juanma Moreno Bonilla a Vox. El presidente de Andalucía en funciones, uno de los barones del PP más reticentes a pactar con la extrema derecha, se ha visto obligado a negociar con ellos por el hecho de que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Sin embargo, las conversaciones todavía no han llegado a buen puerto. Es lo que se ha constatado este martes por la tarde en el primer intento de investidura en el Parlament andaluz. Los de Santiago Abascal han votado en contra de hacer presidente a Moreno Bonilla y han esgrimido que todavía no han cerrado un acuerdo programático con el PP. La formación de extrema derecha ha culpado al barón popular de haberse puesto demasiado tarde –Moreno Bonilla esperó más de tres semanas después de los comicios para sentarse a hablar por primera vez–.

La cruzada del PP para hacer caer a Pedro Sánchez topa con el hecho de que depende de los partidos catalanes y vascos para que tenga efectos reales. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo ha recuperado una de aquellas propuestas que los populares tienen en mente para acabar con la dependencia del independentismo en el Congreso de los Diputados y, de rebote, también de Vox, a quien están atados cada vez en más autonomías. El líder del PP ha planteado una reforma electoral que haga que la lista ganadora tenga un "plus" de diputados "para facilitar la estabilidad". Un escenario que habría podido evitar que Pedro Sánchez hubiera gobernado esta legislatura en la que la suma de PP y Vox se quedó a tan solo cuatro diputados de la mayoría absoluta. Es lo que ha defendido Feijóo en una entrevista este lunes a EsRadio, después de que le preguntaran directamente por maneras de evitar que "grupos minoritarios tengan sobrerrepresentación" en la cámara baja.