Más de 7.000 personas han llegado a Canarias en pateras, cayucos y lanchas neumáticas en los últimos 10 días. La ruta atlántica hacia el archipiélago alcanzó su pico de llegadas en 2024 y desde entonces había seguido una tendencia a la baja que se ha roto de golpe en las dos primeras semanas de noviembre: este 2026 ya han llegado unas 20.000 personas, unas 3.000 más que en todo el año pasado. Por eso, el gobierno español este martes ha declarado la emergencia migratoria en Canarias y ha anunciado una partida extraordinaria de 15,18 millones de euros para hacer frente al repunte de llegadas. Con este dinero se habilitarán más plazas de acogida en todo el Estado y se incrementarán los traslados entre las islas y la Península. Según ha podido saber el ARA, algunas de estas personas serán trasladadas a Cataluña.

La asamblea en la acampada de la plaza Cataluña comienza tarde. Ha llovido y están moviendo bancos y sillas a las puertas del campamento para que quepa todo el mundo. Algunas personas se reencuentran después de días sin verse y se abrazan; ya no duermen en la acampada, pero han venido igualmente al encuentro de esta tarde. Explican a ARA que son menos que hace un mes, cuando la protesta por el derecho a la vivienda ocupó el centro de la ciudad, pero que ahora están mejor organizados y todo el mundo se conoce. A medida que la gente llega va formando un círculo alrededor de una hoguera que arde dentro de una papelera. Entre ellos están Sfaw y Juan, que están en la acampada desde la primera semana. Ambos dormían en la calle, vinieron porque se sentían más seguros aquí y ahora piden una alternativa para no tener que volver ante el riesgo de que se desaloje la plaza una vez termine la huelga general de este miércoles.

Las luces de Navidad de Barcelona se encenderán el 26 de noviembre en un acto festivo en el paseo de Gracia, como ya se había hecho en ediciones anteriores. El pistoletazo de salida al encendido de luces este año se dará entre la calle Rosellón y la avenida Diagonal para facilitar la movilidad de las personas que quieran asistir y habrá actos simultáneos en todos los distritos de la ciudad. Una de las incógnitas a estas alturas sigue siendo la iluminación de la plaza Cataluña, que hace semanas que está ocupada por la acampada en defensa del derecho a la vivienda, lo cual ha imposibilitado hasta ahora la instalación de las luces previstas. El consistorio dice que trabaja con diferentes escenarios, en función de cómo evolucione la protesta, para iluminar esta zona del centro de la ciudad, pero ha aclarado que la plaza "no se quedará a oscuras".

Semana clave para el movimiento en defensa del derecho a la vivienda, que después de forzar el adelanto electoral se encamina hacia la primera huelga general del Estado desde el 2012. El catalizador de toda esta efervescencia social ha sido el desahucio de Maricarmen Abascal y los decretos de vivienda que lo precedieron. El Congreso los tumbó en primera instancia y finalmente los acabó aprobando la diputación permanente de la cámara parlamentaria española. Según ha podido saber el ARA, desde su entrada en vigor hace ahora un mes, los tribunales han suspendido 129 desahucios en Barcelona, es decir, prácticamente la mitad de los que estaban previstos en la capital catalana en los últimos treinta días. En la gran mayoría de casos es por la aplicación directa del nuevo decreto, que a grandes rasgos suspende temporalmente los desahucios de las personas vulnerables sin alternativa habitacional para que no se repita un caso como el de esta vecina de Madrid de 87 años, que murió dos semanas después de ser desahuciada.

Medio millar de inmigrantes han llegado a las Canarias desde el pasado sábado en ocho embarcaciones diferentes. A bordo de una de ellas, que tuvo que ser rescatada de madrugada a unos 150 kilómetros al noreste de Arrecife (Lanzarote), encontraron al menos siete víctimas mortales. No se trata de un hecho aislado; son víctimas de la gran crisis migratoria que hace años que se vive en la puerta sur de entrada a Europa. Las rutas que siguen estas personas para huir de sus países de origen han experimentado una profunda reconfiguración en la última década; algunas han crecido y otras han perdido peso, pero los expertos avisan de que no se puede interpretar cada descenso como una solución definitiva ni cada repunte como un fenómeno nuevo; hacen falta más y mejores políticas migratorias para una solución real, advierten.

Ceuta se colapsó este verano con la entrada masiva de miles de migrantes y tres meses después todavía no ha recuperado la normalidad. Este fin de semana el gobierno de la ciudad autónoma alertaba de que hay más de 7.000 personas alojadas en los diferentes campamentos temporales habilitados por el Estado, pero que habría que sumar las que todavía habrían quedado fuera de estos dispositivos. Su estimación es que hay entre 3.000 y 4.000 personas durmiendo en la calle, de las cuales medio millar son menores de edad, casi 100 días después de cruzar la frontera ilegalmente a finales de julio. En cambio, este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el gobierno español ya trabaja para reducir el número de plazas temporales que han habilitado para dar respuesta a la crisis humanitaria y que desmontarán los recursos “tan pronto como sea posible”.

Que se aceleren las tareas de búsqueda, que se destinen los operarios que sean necesarios para hacerlo y que se trabaje de manera ininterrumpida, también de noche. Estas son las tres peticiones que ha hecho la jueza que investiga la tragedia ferroviaria de Urda a la empresa de grúas contratada por Adif-Renfe ante la "urgente necesidad" de localizar todos los posibles restos que podrían encontrarse todavía en el lugar donde están los trenes siniestrados. Se continúa inspeccionando la zona del accidente donde han muerto al menos 69 personas con el objetivo de poder entregarlas a las familias de las víctimas tan pronto como se pueda.

Después de contener las convocatorias Blocus previstas para el sábado en Barcelona, se sigue estrechando el cerco para poner fin a este fenómeno. Este domingo, el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido acusado de ser el "ideólogo" de los disturbios y saqueos que se vivieron en la capital catalana hace una semana. Se trata de un joven de 18 años detenido el sábado 24 que esta mañana ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. El magistrado considera que hay "indicios de conspiración para cometer desórdenes", además del delito de pertenencia a grupo criminal.

La amenaza Blocus ha paralizado el centro de Barcelona sin que se produzcan disturbios como los del sábado pasado. Aunque había convocatorias en diferentes ciudades catalanas, la de la capital era la que la policía se ha tomado más en serio porque tenía hasta tres ubicaciones diferentes. Finalmente, sin embargo, ha quedado en nada. Los Mossos d'Esquadra han identificado a algunos grupos de jóvenes vestidos de negro que no llevaban DNI –hecho que indicaría que querían evitar ser identificados–, pero que sí llevaban objetos como pasamontañas, pirotecnia y, en algunos casos, objetos para romper cristales. En una quincena de estos casos, han llevado a los menores a dependencias policiales y han hablado con sus padres o tutores para que los vinieran a buscar. Muy probablemente, indican fuentes policiales, serán denunciados por realizar preparativos para los disturbios.

Este miércoles, a las 8:53 horas, dos trenes de alta velocidad han chocado entre las poblaciones de Mora y Urda, en Toledo. De momento, el balance de víctimas asciende a más de una sesentena de personas, pero se teme que la cifra aumente todavía más. Repasamos, con imágenes, cómo han sucedido los hechos.

Todavía no se sabe quién está detrás de los disturbios y saqueos del sábado en Barcelona, pero los expertos ya hablan de un "método" que se origina en las redes sociales y que se traslada rápidamente a la calle. Comienza con un llamamiento a la movilización que comparten diversos usuarios anónimos de TikTok. Publican carteles hechos con inteligencia artificial que tienen el objetivo de estimular el malestar de la ciudadanía e incentivar las protestas. Están pensados para llamar la atención y conseguir atraer al mayor número de personas posible. A los usuarios interesados se les redirige a grupos de Telegram y WhatsApp, donde se reúnen cientos de personas, y es desde estos grupos que se organizan con celeridad. Pero su objetivo ya no es manifestarse, sino colapsar la ciudad y realizar pillaje: los miembros saben a qué lugar tienen que ir, a qué hora e incluso cómo deben ir vestidos.

En Europa ya hay dos medicamentos aprobados contra el Alzheimer (aunque en el Estado todavía no han recibido la autorización) y la previsión de los expertos es que en los próximos años se amplíe el arsenal de fármacos para combatir esta enfermedad con más alternativas terapéuticas. Uno de los medicamentos que tiene potencial para formar parte de este grupo es la lamivudina, que históricamente se ha utilizado contra el virus del VIH, pero que en los últimos años diversos estudios han señalado como un prometedor recurso contra el Alzheimer. Un grupo de investigadores catalanes ha demostrado recientemente su seguridad en pacientes con la enfermedad y ahora hacen un llamamiento para conseguir financiación que les permita continuar con sus investigaciones.

Esta semana el Gobierno dará el primer paso para endurecer la normativa actual con el objetivo de combatir los problemas de salud derivados de la exposición intensiva a las pantallas que afecta a los más jóvenes. El martes el ejecutivo catalán aprobará la memoria preliminar del anteproyecto de ley de bienestar digital y protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales, que será la que dotará de un marco jurídico para sacar adelante medidas como por ejemplo la limitación de la inteligencia artificial entre los menores de edad.

Cataluña es la comunidad autónoma donde mueren más personas mientras esperan las ayudas de la dependencia. Entre enero y septiembre de este 2026 ya han muerto 6.976 personas, es decir, 25 muertes cada día, mientras esperaban ser valoradas o recibir una prestación. En Cataluña la lista de espera es de 261 días de media desde que se accede a la ayuda hasta que se recibe, mientras que desde el departamento de Derechos Sociales reivindican que ya han reducido en 64 días el tiempo para acceder a las prestaciones con el despliegue del Plan Cura. El Observatorio Estatal de la Dependencia ha publicado este viernes el informe con las listas de espera de todo el Estado coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma de la ley de dependencia, que amplía los servicios y prestaciones y marca un plazo máximo de tres meses para resolver el reconocimiento de la dependencia.

"Una persona que vive en la calle en Barcelona está todo el día expuesta, rodeada de personas, pero nadie la ve. Es el pico de la soledad", explica Núria Martínez, directora del centro para personas sin hogar Hort de la Vila, en el barrio de Sarrià. En Cataluña nunca ha habido tantas personas durmiendo en la calle como ahora: según el Gobierno son unas 8.000, más de la mitad de las cuales en la capital del país. Trabajar pero no poder pagar un alquiler y tener que dormir al ras es una realidad creciente, ya que el aumento de la precariedad hace que cada vez haya más personas que no se pueden permitir ni pagar una habitación a pesar de cobrar un sueldo. Con este escenario cada vez es más complejo conseguir que se reintegren socialmente y recuperen la autonomía, y los expertos advierten que hacen falta redes de afecto y de apoyo que les permitan romper con la soledad no deseada que sufren, además de acabar con la falta de vivienda accesible y las trabas burocráticas.

De pequeño, Mohammed Fadily conoció a miles de niños como él, menores que vivían en centros de acogida después de haber cruzado la frontera ilegalmente para conseguir una vida mejor en Europa. Solo una veintena lo ha conseguido. "La mayoría ha muerto durmiendo en la calle, están en la cárcel o han vuelto a Marruecos". Cuando llegó en patera tenía quince años y, a pesar de que algunos primos suyos ya vivían en España, ninguno de ellos le echó una mano cuando les pidió ayuda. No hablaba catalán ni castellano y las pocas caras conocidas le dieron la espalda. Su familia estaba a kilómetros de distancia, no la podría visitar hasta llegar a la mayoría de edad. Lo derivaban de un centro a otro sin informarle de nada. La única certeza que tenía era que no conocía a nadie.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado este martes que el gobierno español tiene censados a 3.019 menores no acompañados en Ceuta desde la entrada masiva los días 30 y 31 de julio. Tras el consejo de ministros, la también portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez ha concretado que estos 3.000 niños están "filiados y atendidos", es decir, que se encuentran en los espacios habilitados para menores y, por lo tanto, separados de los adultos. De estos, 89 han sido reubicados en la Península en aplicación del derecho de reagrupación familiar –con familiares directos o con familia extensa–, y 173 más han sido reubicados en diferentes comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 35 de la ley de extranjería.

Hace poco más de dos meses que Raúl Moreno (Barcelona, 1978) está al frente del departamento de Derechos Sociales. El ARA le entrevista por primera vez desde que ha asumido el cargo de consejero en la residencia de personas mayores Ramon Berenguer, en Santa Coloma de Gramenet.

La crisis de la vivienda continúa cebándose con los más vulnerables. Desde esta mañana Natalia y sus hijos, una familia que ha vivido los últimos años en el centro de Barcelona, no tienen casa. Ella es víctima de violencia machista, cobra el ingreso mínimo vital (IMV) y tiene a cargo a dos criaturas de 14 y 3 años. Además, tanto su hijo mayor como ella tienen problemas graves de salud mental. Tiene acreditada la vulnerabilidad, pero los nuevos mecanismos que deben evitar la expulsión de personas como ellos no les han protegido porque, al otro lado de la historia, también hay un caso de vulnerabilidad. La propietaria es una mujer mayor, ya jubilada, que paga la hipoteca del piso donde vive y también podría quedarse en la calle si continúa sin cobrar el alquiler. Aunque Natalia lo ha pedido en diversas ocasiones, no se le ha ofrecido ninguna alternativa, más allá de poder pasar la noche en un albergue: en Barcelona no hay suficientes recursos disponibles para la situación de emergencia actual.

Después de que medio millar de personas hayan pasado doce horas intentando detenerlo, finalmente el macrodesahucio del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, no se llevará a cabo. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha llegado a un principio de acuerdo con el propietario del bloque para comprarlo. La expulsión afectaba a una cincuentena de personas y debía ejecutarse a las 8 horas, pero no ha sido hasta las dos y cuarto de la tarde que los Mossos d'Esquadra se han presentado en el bloque para llevarlo a cabo. Cuando parecía que se haría, a las cuatro y media de la tarde, la situación ha vuelto al punto inicial. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya habían asegurado que trabajaban para detener la operación, mientras el grupo de personas concentradas no paraba de aumentar para hacer presión.